Sociedad y poder

La Crónica, jueves24 de abril

Quizá es impropio de su investidura y sobre todo políticamente impertinente que lo diga, pero será difícil que alguien, sensatamente, ponga en duda la afirmación del presidente de la República acerca de la imagen del PRD y sus aliados: sus comportamientos recientes, “simple y sencillamente los ponen en ridículo”.

Es cierto, aunque no hacía falta que lo dijera. Pero se trata de una verdad parcial. El PRD y socios en esta aventura no son los únicos que están quedando en ridículo.

Al atraco político que cometen esos partidos, se opone el escarnio mediático de la ultraderecha. Frente a la intolerancia cerril de los lopezobradoristas, ha destacado la generalización maliciosa de quienes los comparan con el fascismo corriente. Se trata de exageraciones tan mayúsculas que resultan grotescas, estrafalarias.

La ocupación de las tribunas parlamentarias ha constituido una reiteración, cruda y dura, del talante antidemocrático que impera en el PRD así como de la inhabilidad del gobierno, el PAN y el PRI para asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les asignaron los ciudadanos. Pero ese asalto a los recintos legislativos no ha sido golpe de Estado, ni secuestro del Congreso, como se ha dicho con ligereza.

Las precisiones conceptuales no son, en este caso, florituras académicas. Hace falta definir qué está ocurriendo para entender de qué se trata. Lo que hemos presenciado desde hace dos semanas es un abusivo caso de extorsión política que ha tenido como propósito demorar el debate acerca de la reforma energética. En aras de ese objetivo Andrés Manuel López Obrador, y sus abiertos o vergonzantes seguidores, se han desplegado en tres terrenos simultáneos.

El primero ha sido el ámbito de los recintos legislativos gracias a la adocenada disciplina de senadores y diputados perredistas que, independientemente del bando que asuman dentro de la encarnizada disputa dentro de su partido, resolvieron ceñirse a los dictados del caudillo que hoy por hoy sustituye cualquier decisión o voluntad dentro del PRD.

Su segundo territorio es el de la calle, que no resulta ajeno a las prácticas de las izquierdas pero que en esta ocasión ha sido ocupado no para defender una reivindicación popular y mucho menos democrática –como solían hacer los agrupamientos de esa vocación ideológica– sino para impedir la discusión y en todo caso la decisión nacionales sobre el petróleo. En empleo de las “adelitas” ha sido por sí mismo suficientemente autoritario, caudillista –e incluso machista– para describir la índole antidemocrática de ese movimiento.

El tercer ámbito donde López Obrador y los suyos despliegan influencia y presencia es el de los medios de comunicación. Con la especie de que se les margina y censura, mantienen atemorizados a muchos de los medios y operadores mediáticos más relevantes que, entonces, se esfuerzan para darles cabida con tal de no resultar políticamente incorrectos o, en este caso, propagandísticamente condenables por parte del lopezobradorismo.

En esos tres frentes, los adversarios de las iniciativas presidenciales para la reforma de la industria petrolera han alcanzado un triunfo inicial. Lo que querían antes que nada era impedir la discusión de esas propuestas antes de que terminase el actual periodo de sesiones del Congreso y así lo consiguieron. Un logro adicional para esa controvertible causa ha sido la densa nube de confusión que se ha cernido sobre las propuestas del presidente Felipe Calderón y, en general, acerca de la cuestión petrolera.

Estamos, hasta ahora, ante un triunfo de la marrullería y el atropello políticos. No se trata de un recurso habitual en el litigio parlamentario como se ha querido decir en descargo de los legisladores perredistas. Ocupar la tribuna para defender su derecho a expresarse puede ser legítimo cuando a un diputado o senador se le quiere marginar en la discusión o la decisión legislativas. En ocasiones, la presentación de largas peroratas se convierte en recurso para dificultar la discusión parlamentaria. Lo que hacen ahora los legisladores del PRD, sin embargo, es impedir cualquier intercambio, cualquier debate en los recintos por excelencia adecuados para ello.

Se trata de un atentado a la política, a la deliberación y al desempeño del Congreso. Pero eso no es golpe de Estado como no lo constituyó, tampoco, el desafuero de López Obrador que hace tres años fue considerado de esa manera por algunos apologistas de ese personaje. Tampoco estamos ante un secuestro del Congreso porque, como a pesar de incomodidades y limitaciones ha demostrado la mayoría de sus integrantes, ambas Cámaras han seguido trabajando.

Esa expresión de marrullería política ha prosperado ante la perplejidad del resto de las fuerzas políticas y la confusión de buena parte de la sociedad. En ese río revuelto algún exaltado tuvo la ocurrencia de comparar a López Obrador con Hitler, Pinochet y Victoriano Huerta y, además del beneplácito de las televisoras, obtuvo recursos para comprar tiempo en ellas.

Se trata de un completo despropósito. Si nuestro ambiente público no estuviera tan crispado, el conocido spot habría pasado con más pena que gloria y sería reconocido como expresión de barbaridad e intolerancia. Pero con los ánimos políticos tan soliviantados, hay quienes han querido encontrar razonable la equiparación que se hacía en ese anuncio realizado para denostar a López Obrador y a los partidos que lo respaldan. Más allá de todo eso, el spot es ilegal de acuerdo con las normas aprobadas a fines del año pasado para la difusión de propaganda política.

El anuncio de marras viola la Constitución. No hay vuelta de hoja. Y esa transgresión constitucional ha sido alentada o dispensada por los grupos o personas que hayan contribuido a la difusión del spot, por las empresas de televisión y radio que lo transmitieron, por los medios de comunicación que aplaudieron esa difusión y, hasta ahora, por las autoridades del Instituto Federal Electoral que asisten extrañadas y apocadas ante esa violación de la ley que tienen la responsabilidad de hacer cumplir.

Tendría que ser innecesario, pero a menos de medio año de su promulgación hace falta recordar la más importante de las disposiciones de esa reforma al artículo 41 de la Constitución Política:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

El artículo 41 constitucional se refiere a la propaganda política en cualquier momento y no solamente cuando hay campañas electorales, como se ha llegado a suponer. El Código Federal Electoral, a partir de las reformas recientes, ratifica esas disposiciones y señala sanciones muy precisas para quienes las infrinjan.

En este caso el grupo que suscribe y que aparentemente pagó la difusión del spot, pero además las televisoras y radiodifusoras que lo transmitieron, tendrían que ser sancionados por el Instituto Federal Electoral. Al incumplimiento de la ley en el que ya había incurrido, Televisa añadió una infracción más al seguir transmitiéndolo después de que, el viernes pasado, el IFE había dispuesto que fuera suspendido.

Los consorcios mediáticos están poniendo a prueba la capacidad de los actuales consejeros del IFE para hacer cumplir la ley. Todavía está pendiente la sanción que impondrán –si se animan a hacerlo– a Televisión Azteca y a los partidos que conforman el llamado Frente Amplio Progresista por el spot que hace varias semanas anunciaba un mitin de López Obrador y que fue contratado al margen de la autoridad electoral. Después de esa contravención, hace apenas un mes, la difusión del spot que equipara a AMLO con personajes del fascismo histórico es un abierto desafío a los consejeros del IFE. Ellos reaccionan con tanta parsimonia que pareciera que no se enteran, o no entienden lo que ocurre.

Ante los abusos del ex candidato presidencial y su estridente claque, los promotores del engañoso spot promueven la ofuscación y la polarización. Sería igualmente maniqueo considerar que se trata de fuerzas equivalentes. El de Guillermo Velasco Arzac es, independientemente de los apoyos que pueda tener, un exceso cometido por un ciudadano frente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales en el que han incurrido senadores y diputados federales de PRD, PT y Convergencia. La del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno, A.C.” es una campaña mediáticamente vistosa pero nada más que eso, que realiza un pequeño grupo privado frente a omisiones y acciones de esos tres partidos nacionales que están empecinados en estropear el trabajo legislativo.

El saldo, hasta ahora, es que no hay debate sobre el petróleo. Y cualquiera que sea, cuando ocurra, la decisión acerca de las reformas para esa industria habrá quedado oscurecida por suspicacias y distorsiones promovidas por los prosélitos de López Obrador pero favorecidas, también, por la inhabilidad política del gobierno y el PAN. Ah, claro, y por la taimada actitud del PRI que no encuentra provecho en comprometerse con la reforma petrolera.

Así que el ridículo resulta evidente, pero no es patrimonio de una sola fuerza política.

Ahora que, si atendemos a la acepción precisa y advertimos que ridículo es aquello que provoca risa, entonces habrá que reconocer que la situación nacional se encuentra en las antípodas de ese adjetivo. Está, digámoslo claramente, para llorar.

Revista emeequis, 20 de abril

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Cuando López Obrador envía a sus adelitas y a los legisladores perredistas a entorpecer la discusión a la que está obligado el Congreso no solamente estamos presenciando la reedición de una escaramuza ya conocida. La tentación de asegurar que transcurrimos de la tragedia a la comedia resulta casi inevitable, aunque aquella frase nos queda cada vez más insuficiente.

Si nuestra vida pública deambulara de la confusión trágica al despropósito cómico, tendríamos cierta evolución o al menos nos entretendríamos. Pero cada vez tenemos más afianzada la sensación de que el país no hace sino recorrer un tortuoso, si bien estridente círculo vicioso. Importa poco si estamos moviéndonos de tragedia en tragedia o de comedia en comedia. Porque, una u otra, el resultado incluye el estancamiento de la deliberación pública, la estupefacción y el hartazgo de la sociedad, así como el refocilamiento de la clase política en la rencilla improductiva.

La responsabilidad del PRD y su ex candidato presidencial sigue siendo fundamental en ese atasco de la vida pública mexicana. Empecinado en una soberbia tan, valga la redundancia, autocomplaciente como auto paralizante, Andrés Manuel López Obrador renunció hace tiempo a ser palanca de cambios para el país y considera que su misión política es fastidiar sin tregua al presidente que le ganó las elecciones hace un par de años. En eso consiste el papel de la oposición, podría decirse. Pero una cosa es mandar al diablo a las instituciones –es decir, renegar de ellas con tanta exaltación que se las considera prescindibles— y, otra, tratar de que la vida política institucional se convierta en un infierno.

Por eso el comportamiento de López Obrador y su partido ha sido tan patéticamente emblemático del estancamiento de una vida pública en donde los desplantes sustituyen a las ideas y los reparos a la deliberación. El problema no es que ese personaje insista, al estilo del priismo autoritario en el que no en balde se formó políticamente, en que no hay más verdades que las suyas. Tampoco que siga denominándose presidente legítimo.

Esas y otras extravagancias serían indicativas de la incapacidad de López Obrador para entender una realidad que le ha sido desfavorable y nada más. El problema radica en la subordinación que la mayoría de sus correligionarios, comenzando por los líderes de esas variadas y a su vez peleoneras corrientes perredistas, siguen teniendo respecto de ese caudillo.

Aun sin haber resuelto la vergonzosa disputa por sus elecciones internas, todos los grupos del PRD cerraron filas no en defensa de un proyecto para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestro petróleo sino, simplemente, alrededor de un rechazo tajante, sin argumentos ni matices.

La propuesta que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso tiene aristas discutibles y precisamente por ello es preciso que se le examine con todo rigor. Aunque en ella se advierte un esfuerzo para conciliar las posiciones que buscaban una apertura con pocas restricciones con aquellas que sugieren no hacer nada o hacer muy poco para renovar a la empresa petrolera y su capacidad de crecimiento, la iniciativa del gobierno deja sin resolver algunas dudas fundamentales.

Sobre todo sigue faltando información completa, pero además confiable, para saber si la participación de empresas privadas en la búsqueda y la refinación de petróleo es realmente la mejor opción para el país. Hay quienes, como Cuauhtémoc Cárdenas, proponen reforzar las finanzas de Pemex para que la alianza con empresas privadas no sea necesaria. Parece sensato, aunque esa postura deja sin resolver de dónde obtendría el país el dinero necesario para compensar la ausencia del fortísimo respaldo que los recursos petroleros le otorgan al presupuesto nacional. En todo caso allí se encuentra uno de los nudos de la discusión que hace falta.

Esa deliberación ha sido entorpecida por la taimada indefinición del PRI que sigue apostando al corto plazo, sin comprometerse y pensando únicamente en su recuperación electoral y que buscó demorarse para ofrecer una posición acerca de la propuesta del presidente Calderón.

También la desmañada táctica del gobierno, que no ha tenido una ruta clara para preparar, cabildear, publicitar y defender su iniciativa de reforma petrolera, influyó en la parálisis política que hemos advertido en las semanas recientes. Es difícil que los acercamientos con otras fuerzas políticas los pueda emprender un secretario de Gobernación que ha gestionado contratos de servicios con Pemex en beneficio de su empresa familiar y que, peor aún, inicialmente se negó a reconocer y a explicar esa situación.

Pero en la perplejidad de esta vida pública acicateada por declaraciones catastrofistas y habitualmente ayunas de ideas y propuestas la responsabilidad del PRD, al que por comodidad, costumbre o ignorancia hay quienes siguen considerando de izquierdas, ha sido esencial. Comedia y tragedia, ese partido nacional sigue sin hacerse cargo de la confianza que pese a tan notorios despropósitos le siguen dispensando muchos ciudadanos. Frenar o estorbar la discusión jamás han sido prácticas reconocidas en la izquierda y mucho menos en la política de índole democrática. Pero a López Obrador y su partido hace rato dejaron de interesarles la congruencia y mucho menos las ideas. Y esa, tragedia o comedia, es una realidad imposible de aceptar.

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Texto escrito para la revista emeequis.

En su exilio académico Luis Carlos Ugalde se debe haber carcajeado al conocer las vicisitudes en la elección de los dirigentes del PRD. El partido que con tanta enjundia descalificó en julio de 2006 al entonces presidente del IFE por las aparentes pero nunca demostradas contradicciones del Programa de Resultados Electorales, ahora tuvo que cancelar los datos que surgían de su propio PREP y que no se ajustaban a las previsiones de los líderes nacionales perredistas. Esos dirigentes, que tanto se empeñaron en culpar al presidente del Instituto Federal Electoral por los resultados de la cerrada votación presidencial en donde a la postre fue ganador Felipe Calderón, varios días después de sus propias elecciones no podían establecer con claridad quién ganó la presidencia nacional del llamado partido del sol azteca.

Más allá de la lentitud en el cómputo –que se apoya en una estructura no profesional–, en la votación del PRD menudearon irregularidades y trampas de toda índole. Las acusaciones mutuas y altisonantes de los seguidores tanto de Alejandro Encinas como de Jesús Ortega, dan cuenta de un encono que supera los márgenes de cualquier competencia entre compañeros del mismo partido. Pero sobre todo, esas abundantes y en ocasiones documentadas denuncias indican la descomposición profunda de un partido cuyas prácticas políticas son diametralmente equidistantes a la democracia que adorna una de sus siglas.

Hace tiempo quedó demostrado que la aspiración revolucionaria –si por tal hemos de entender el cambio abrupto y drástico de las estructuras políticas– quedó superada por la historia contemporánea, de tal manera que la segunda de sus iniciales no era más que ornamento nostálgico en el nombre del PRD. La tercera, ahora se comprueba que es motivo de inconsecuencias y traiciones a los principios pretendidamente democráticos de un partido que no ha podido y tampoco ha querido someterse a reglas de tolerancia, respeto, equidad –en suma, de civilidad política–.

Esta no es la primera elección perredista repleta de anomalías. Las votaciones internas de 1999, cuando Amalia García y Jesús Ortega disputaban la presidencia del PRD, fueron anuladas de tantas irregularidades que hubo la primera vez que se realizaron. En 2002, cuando Rosario Robles le ganó al mismo Ortega, se tuvieron que cancelar los sufragios de al menos seis estados. En 2005 no hubo litigio porque no había competencia: Leonel Cota era el anticipadamente designado por Andrés Manuel López Obrador.

La disputa de 2008 por la dirección del PRD resultó llamativa, precisamente, debido a la competencia entre dos opciones fuertes. El respaldo de López Obrador le dio a Alejandro Encinas una gran cantidad de votos pero también la calidad de candidato oficial que se confirmó cuando, inmediatamente después de las votaciones, el pasado domingo 16 de marzo, la dirección del partido se empeñó en presentarlo como vencedor aunque todavía no contaba con datos suficientes de las casillas electorales.

Jesús Ortega y el grupo que lo ha respaldado fue considerado en muchos medios de comunicación –y aparentemente también en algunos segmentos de la clase política nacional– como una auténtica alternativa al liderazgo previsiblemente maniatado que tendría Alejandro Encinas debido a su incondicionalidad a López Obrador. El comportamiento político de los dirigentes de esos dos grupos tiene diferencias de forma. Ortega y sus seguidores son más proclives al diálogo y la negociación. Y aunque Encinas es un político curtido en las tortuosidades de las izquierdas así como en los problemas reales de la gestión pública, entre quienes lo apoyan se encuentran los grupos y personajes más agresivos e intolerantes de ese partido y no pocos bribones habituados a hacer negocio al amparo del PRD.

Sin embargo los proyectos políticos tanto de Ortega como de Encinas y sus respectivos seguidores son igual de pobres y no tienen diferencias sustanciales. Ambos grupos, enfrascados en el pleito recíproco, han tenido nulo interés en la elaboración de ideas que siempre hace la diferencia entre los partidos y en las corrientes que los ocupan. Así que independientemente de quién haya ganado estas elecciones el PRD seguirá siendo un partido de reflejos rápidos pero de pensamiento hueco. Y esa pobreza conceptual y propositiva no es para alegrar a nadie.

La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

La Crónica de Hoy, 22 de noviembre de 2007

   Los mitoteros que irrumpieron en Catedral no tienen disculpa: violentaron el derecho de los fieles que había en ese recinto a celebrar sin sobresaltos una ceremonia religiosa y, con amenazas e improperios, manifestaron una lamentable cuan significativa intolerancia.

   Tampoco tienen disculpa los dirigentes eclesiásticos que han querido aprovechar ese incidente para decirse perseguidos e intimidados. Ninguna autoridad puede, sensatamente, garantizar que no se repita un episodio como ese. La única manera de impedir una nueva agresión radica en desarrollar una auténtica cultura de la tolerancia. Pero la jerarquía de la iglesia católica está muy lejos de la civilidad y el respeto a las posiciones de otros que se requiere para contribuir a esa distensión.

   El PRD quedó colocado contra la pared de exaltaciones y autoritarismos que ese partido, y especialmente el presidente legítimo, han cultivado particularmente desde el año pasado. El mesianismo de Andrés Manuel López Obrador se encuentra tan debilitado como las audiencias que reúne en el Zócalo, pero dejó sembrado un rencor colmado de agresividad que será parte de la sociedad mexicana durante mucho tiempo. Reacio a las soluciones políticas el discurso de un fraude que jamás fue comprobado, pero que en algunos sectores ha tenido el efecto de la mentira repetida un millar de veces, no deja más salida que la confrontación.

   El cacique perredista, cuya hegemonía se mantiene gracias a la condescendencia de todas las corrientes dentro de ese partido, se confronta en el terreno de la retórica y los gestos simbólicos. Pero algunos de sus seguidores más primitivos son capaces de exhibir una intolerancia como la que mostraron cuando entraron en Catedral. Si el PRD fuera una organización seria, el suceso del domingo estaría siendo leído por sus dirigentes como advertencia de un desbordamiento que, aunque protagonizado por grupos minoritarios, podría maltratar muy seriamente la capacidad política de ese partido. Como no lo es, sus líderes consideran que basta con las disculpas a cargo nada menos que de Gerardo Fernández Noroña –profesional de la provocación– y con el sometimiento del secretario general de ese partido a las exigencias de los obispos.

   La Arquidiócesis se ha empeñado en exprimirle todo el jugo político que sea posible a esa inexcusable torpeza de algunos seguidores del PRD. Por primera vez en mucho tiempo la iglesia se puede decir acosada, aunque sea solo por un incidente tan circunstancial como el que suspendió durante 10 minutos la misa del domingo.

   Si la rabia ante las insistentes campanadas que incomodaban a los asistentes del mitin en el Zócalo fue espontánea, confirma el espíritu soliviantado que se mantiene en algunos segmentos de los militantes de ese partido y que se nutre en panfletos como el que ahora lleva a la cinematografía el otrora respetado director Luis Mandoki. La (in) cultura del fundamentalismo político se reproduce, con ánimo autocomplaciente, dentro del PRD y en las periferias de ese partido.

   Y si, como sugieren algunos comentaristas, el piquete de enardecidos aguardaba a las puertas de Catedral esperando la señal para entrar con gritería prefabricada, se habría tratado de una triple torpeza de ese partido. El episodio dominical lesiona la de por sí mala fama del PRD. Además desplazó de la información periodística el mitin y el discurso de López Obrador. Y en tercer lugar le regaló a la jerarquía eclesiástica un pretexto casi inmejorable para fortalecer su presencia pública.

   La cúpula de la iglesia católica y los líderes del PRD, especialmente el ahora ex candidato presidencial, no han tenido malas relaciones. Cuando gobernó la ciudad de México, López Obrador invitaba con frecuencia al cardenal Norberto Rivera y otros clérigos a inauguraciones y convivios significativos para su precampaña política. En reconocimiento al trato deferente que le dispensaban, el entonces jefe de Gobierno les regaló cinco predios en los que se había proyectado la Plaza Mariana, ampliación de la Basílica de Guadalupe, y que tenían un valor de 156 millones de pesos (como informó con todo detalle La Crónica de Hoy el 20 de febrero de 2004). La construcción de ese proyecto quedó congelada y actualmente el destino de esas 3 hectáreas es incierto.

   Mantener esa relación le interesa más al PRD que a la Iglesia Católica. Por eso ayer el secretario general de dicho partido fue al Ministerio Público a presentar una denuncia, por los hechos del domingo, junto con el presidente del “Colegio de abogados católicos”. Armando Martínez Gómez se ha convertido en uno de los personajes más conspicuos del flanco derecho de la vida mexicana: ha estado en la primera línea en el combate contra iniciativas como la ley de sociedades de convivencia y la despenalización del aborto, se opone militantemente a la eutanasia y en julio pasado anunció que presentaría, a nombre del Arzobispado, una iniciativa de reformas constitucionales para que el Estado ofrezca educación religiosa en las escuelas y para permitir que los sacerdotes hagan prédicas políticas desde el púlpito.

   Esta semana, Martínez Gómez acusó a la señora Rosario Ibarra de Piedra de haber instigado la agresión del domingo pasado. El sentido de responsabilidad de esa abnegada luchadora contra la represión es bastante peregrino, pero considerar que dio la voz de alerta para el asalto a Catedral resulta desmesurado. Como es sabido, la señora Ibarra estaba en plena alocución cuando tañían las campanas de Catedral y se preguntó en voz alta a qué podría deberse que el repiqueteo durase tanto. Pero en ningún momento arengó contra la iglesia. Sin embargo el dirigente de los “abogados católicos” denunció que la iniciadora de la irrupción había sido ella. Y ayer el secretario general del PRD lo acompañó a presentar una querella judicial, contra-quien-resulte-responsable, por ese incidente.

   Aunque no es reciente, la avenencia del PRD con la jerarquía eclesiástica nunca había llegado tan lejos. El hecho de que Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general de ese partido, se ponga al servicio del abogado de tantas causas conservadoras, da cuenta de la desesperación que ha cundido en la dirigencia perredista a causa del altercado en Catedral pero, sobre todo, de la profunda confusión que domina las coordenadas políticas de ese partido.

   Por lo general, el PRD ha sido más que condescendiente con los intereses e incluso con el siempre insatisfecho afán de la jerarquía eclesiástica para ganar más presencia e influencia públicas. A contrapelo de las tradiciones laicas que mantienen las izquierdas en casi todo el mundo, en México el PRD y varios de sus principales dirigentes han confundido la defensa de la democracia con las prerrogativas políticas de la iglesia católica. No han querido entender que el laicismo implica separación entre la religión y la política y, también, respeto a las convicciones religiosas –o a la ausencia de ellas– de cada individuo.

   Con la sencillez de quienes tienen conceptos claros, el filósofo Fernando Savater ha escrito sobre tales principios: “Vivir en una sociedad laica significa que a nadie se le puede impedir practicar una religión ni a  nadie se le puede imponer ninguna. O sea, que la religión (incluida la actitud religiosa que niega y combate las doctrinas religiosas en nombre de la verdad, la ciencia, la historia, etc…) es un derecho de cada cual, pero nunca un deber de nadie y mucho menos de la colectividad. Las jerarquías eclesiásticas –ninguna, nunca– no tienen derecho a convertirse en una especie de tribunal general de última instancia que decida lo que es moral e inmoral en la sociedad, lo que debe ser legal o lo que ha de ser prohibido, quién es digno de gobernar y quién debe ser éticamente repudiado. Las autoridades religiosas no son autoridades morales ni legales: pueden establecer lo que es pecado para sus feligreses, no lo que ha de ser delito para todos los ciudadanos ni indecente para el común del público”.

   En la más reciente de sus obras, el pequeño Diccionario del ciudadano sin miedo a saber (Ariel, Barcelona, 2007), Savater precisa: “El laicismo no es una opción institucional entre otras: es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.

   Así que los vocingleros del domingo, al violentar la misa, atentaron contra uno de los fundamentos del Estado laico que es el derecho de todos a profesar las creencias que quieran. Pero también los obispos y sus acólitos violentan frecuentemente esos principios cuando intentan imponer sus concepciones morales al resto de la sociedad. Ahora el representante legal de los intolerantes obispos es escoltado por el secretario general del PRD para presentar una denuncia judicial. Si alguna vez se habló de la iglesia en manos de Lutero, ahora podríamos reconocer que al menos una parte de la izquierda se encuentra en manos… de Norberto.

La Crónica, 23 de agosto de 2007

  El único ganador en el Congreso del PRD fue Andrés Manuel López Obrador. Por encima de las discusiones prolongadas y reñidas, el ex candidato presidencial impuso su voluntad en las decisiones más importantes de esa reunión.

   A pesar de que eran mayoría los delegados de la corriente que aparentemente disiente del liderazgo de ese personaje, finalmente todos coincidieron en ratificar el sometimiento del partido a los caprichos de López Obrador.

   Las huestes manejadas por caciques como Dolores Padierna y que en alusión a su tristemente célebre marido se califican a sí mismas como bejaranistas para que no haya duda sobre las lealtades que las condicionan, vitorearon y abuchearon de acuerdo con el ánimo que imponían las instrucciones de López Obrador. Pero también los delegados de la Corriente Nueva Izquierda, conocida por el sobrenombre de sus dirigentes Jesús Ortega y Jesús Zambrano, terminaron aprobando resoluciones que no tienen otro propósito que complacer al ex candidato presidencial.

   Bejaranos y chuchos se dividieron durante los cuatro días del Congreso que comenzó el pasado jueves 16 de agosto. Y terminaron conviniendo en el tema fundamental tanto para las definiciones políticas del partido como, antes que nada, para los afanes de enfrentamiento que animan a López Obrador: el próximo 1 de septiembre el PRD impedirá, aseguran, que el presidente Felipe Calderón presente su informe de gobierno.

   A esa coyuntural y confrontacionista medida redujeron las corrientes del PRD su decisión más significativa. Nueva Izquierda había logrado definiciones relevantes –como el mecanismo para que a la próxima dirección nacional del partido la elijan los militantes y no los ciudadanos que acudan a urnas abiertas y sin padrón como querían los bejaranistas– pero sus líderes se sobresaltaron cuando las corrientes más radicales los tildaron de gobiernistas.

   El domingo 19, Nueva Izquierda y otros grupos habían conseguido que se aprobara una resolución que propone: “sustitución del llamado informe presidencial por un debate parlamentario y republicano entre poderes sobre el estado de la nación, en el marco de un nuevo régimen político”.

   Esa, después de todo, ha sido una aspiración de los partidos de izquierda durante muchos años: garantizar condiciones para que el titular del Ejecutivo Federal entable una discusión abierta con los senadores y diputados no sólo fortalecería al Legislativo y al equilibrio de poderes sino, junto con ello, sería un paso importante en el avance hacia un régimen de corte parlamentario.

   El mismo PRD, a través del diputado Francisco Javier Santos, presentó recientemente una iniciativa para que cada primero de septiembre, después del mensaje que debe rendir por mandato constitucional, el presidente de la República abra una discusión con legisladores. Todavía hace dos semanas ese diputado insistía en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que tal iniciativa fuese aprobada.

   Sin embargo el día anterior el presidente Felipe Calderón les movió el piso –o quizá, más bien, dejó sin plataforma– a los dirigentes del PRD. El 6 de agosto, como puede recordarse, Calderón recordó que no sólo está dispuesto “sino que me gustaría poder debatir y dialogar con los legisladores”.

   Esa anuencia al diálogo, que en otras circunstancias tendría que haber sido entendida como reconocimiento a una exigencia histórica del PRD y de muchos de sus dirigentes, se convirtió en pesadilla cuando en ese partido fue tomada como tema de inflexión de los grupos más fundamentalistas.

   Toda la semana anterior al Congreso, el PRD se entrampó alrededor de la anuencia o el veto al diálogo con el presidente de la República. Esa, en cualquier democracia, sería una actitud esquizofrénica. El Partido de la Revolución Democrática cuenta con gobernadores, senadores, diputados y muchos representantes y funcionarios más que todos los días mantienen tratos institucionales y políticos con el gobierno del presidente Calderón. Pero como López Obrador insiste en que fue él quien ganó las elecciones del año pasado, cualquier barrunto de acercamiento a esa administración es tenido como apostasía dentro del PRD.

   En este caso, más que ante un cuadro de esquizofrenia nos encontramos con un comportamiento autista. Puede ser comprensible que para López Obrador, como parte del empecinamiento autoritario que le impide entender la decisión en contra suya de un considerable segmento de los ciudadanos, las elecciones hayan estado amañadas. Ya se sabe que atender a razones y sobre todo esgrimirlas no es el fuerte de aquel político tabasqueño. Pero en un partido que hace política todos los días pero que destina su congreso nacional a ensalzar el liderazgo de ese caudillo auto derrotado, tal actitud es de un ensimismamiento prácticamente suicida.

   En eso está el PRD. En la mezcolanza de clanes, claques y clientelas manifiestamente incondicionales a López Obrador es difícil encontrar posiciones reflexivas. Algunos comentaristas que miran desde fuera las vicisitudes de ese partido creyeron identificar una actitud distinta en Nueva Izquierda y sus dirigentes. Pero en esa apreciación había, sobre todo, un obnubilado voluntarismo. Ortega, Zambrano y compañía, indudablemente son dirigentes políticamente más sólidos que sus rivales dentro del PRD. Pero, igual que a aquellos, más que los principios los domina un incontenible pragmatismo.

   En virtud de ese pragmatismo, los chuchos y correligionarios que los acompañan prefirieron refrendar la subordinación antes que crear una interlocución seria con López Obrador. El episodio que más claramente manifestó esa actitud tuvo lugar durante las últimas horas del Congreso.

   Los más devotos a ese ex candidato habían propuesto que, al párrafo acerca de la conveniencia de convertir al informe presidencial en un ejercicio de discusión parlamentario y republicano, se añadiera la frase: “manteniendo nuestro rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República”.

   La contradicción así incorporada era muy clara. Es imposible pretender diálogo con aquel a quien se repudia de esa manera. La decisión de modernizar el informe presidencial para que abra espacios a nuevas formas de relación entre los poderes quedaba como simple propósito emblemático pero sin efectos reales.

   Por eso Nueva Izquierda y sus aliados se opusieron a esa frase. Ganaron por 660 contra 447 votos. Esa votación fue la más emblemática del Congreso porque manifestó claramente la correlación de fuerzas políticas que lo definieron. Con el 60% de los delegados el grupo de Ortega, Zambrano y compañía no hubieran tenido problema para sacar adelante otras decisiones.

   Pero se asustaron y temieron perder la anuencia de López Obrador. Encrespados por esa votación, cerca de 170 delegados obradoristas abandonaron el salón del Hotel Sheraton donde se realizaba el Congreso. Delante de las cámaras fotográficas y de televisión mostraron sus boletas para votar y las rompieron. “Es una burla, una claudicación…es un agandalle” decía Martí Batres de acuerdo con la reseña que publicó CRÓNICA.

   Esa misma tarde, al final de la reunión, Nueva Izquierda presentó una resolución que contradecía la importante votación ganada poco antes y que ofrecía plenas satisfacciones a los incondicionales de López Obrador. EL PRD se opondrá a que el presidente Calderón llegue a la tribuna de San Lázaro el 1 de septiembre “pues no cuenta con la legitimidad que da una elección limpia” dice la moción aprobada sin que muchos de los delegados se enterasen. 

   Al día siguiente, lunes 20, los principales dirigentes del partido se reunieron con López Obrador para darle certezas de que el ensimismamiento respecto del gobierno se mantendrá. Convertida en vocera del ex candidato, Dolores Padierna informó que López Obrador “recibió con muy buena cara” esas explicaciones.

   Durante esos días hubo confusión acerca de los alcances de la decisión del PRD. No era para menos: la votación más importante del Congreso auspiciaba el diálogo en la ceremonia del informe presidencial. Y el acuerdo presentado en letras pequeñitas la desmentía.

   El martes, los coordinadores parlamentarios del PRD tuvieron que ofrecer una conferencia de prensa para explicar esas resoluciones. El rechazo a Calderón y a dialogar con él se mantiene. La idea de que un nuevo formato para el informe presidencial sea parte de la renovación del régimen político queda como intención a mediano plazo.

   Ayer miércoles, en carta a La Jornada, Martí Batres podía ufanarse: “Ya todos los líderes del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón, ni ahora ni después. Qué bueno. Que así sea. Eso quiere decir que la salida de los delegados del congreso no fue una ‘escaramuza de tribus’, como algunos superficialmente la vieron. De lo que se trataba era de cuidar la línea del partido”.

   La línea que con tan estruendoso celo cuidaron ese y otros dirigentes de los grupos fieles a López Obrador fue la que prosperó en el Décimo Congreso. Obradoristas y chuchos quizá tienen apreciaciones, bases políticas y actitudes distintas. Pero todos ellos coinciden en seguir los dictados del caudillo. Para unos y otros, aunque nunca pudieron demostrarlo, en la elección de 2006 hubo fraude. Para todos ellos hay un presidente legítimo. Y a él se someten.

Publicado en La Crónica el jueves 22 de marzo de 2007 

 De la izquierda hay que hablar en plural. Con esa denominación se distinguen tantas prácticas, posturas y tradiciones que resultaría imposible encontrar un denominador común para todas las formaciones políticas y, más aún, para todos los individuos que se consideran de izquierda.

Si hubiéramos de ser rigurosos, habría que recordar que bajo tal nombre solían designarse las posiciones que luchaban por la justicia social, que anteponían los principios al pragmatismo, que hacían de la democracia un compromiso y no una coartada. Pero cuando desde las izquierdas, o con esa fachada, se perpetran abusos e incluso latrocinios, cuando no son la democracia y sus reglas sino los resultados que les convienen, aquellos que están dispuestos a aceptar grupos y personajes de izquierdas y cuando en nombre de ellas se mantienen prácticas clientelares, que trafican con el interés, la representación e incluso la dignidad de las personas, entonces pareciera claro que nos encontramos ante una crisis del concepto, pero sobre todo, de la política identificada con ese flanco de la vida pública.
Cuando hay quienes consideran que son de izquierda políticos tan distantes de los principios y tan distintos del respeto a la democracia como Bejarano, López Obrador, Leonel Cota, Rosario Robles o incluso ahora viejos y nuevos caciques del PRI, evidentemente hay una intensa confusión conceptual —o, en todo caso, un inescrupuloso tráfico de apariencias con la idea misma de la izquierda—. Qué lejanos quedaron, con todo y lo discutibles que en su momento pudieron haber sido, trayectorias y definiciones políticas como las de Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Rafael Galván o Alejandro Gascón Mercado, entre tantos otros dirigentes de izquierda cuya sola enumeración confirma la amplitud pero también la coherencia en postulados sociales y democráticos que los singularizaba.
Lo que por lo general hoy se denomina como izquierda no es sino una colección —que sería patética si en medio de la confusión política de los años recientes no hubiese alcanzado tanta influencia social— de inescrupulosidades, desfachateces y convenencierismos.
De ese panorama y desde perspectivas muy variadas, desde el mes pasado el investigador Roger Bartra, con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert, está animando una serie de discusiones sobre la izquierda, la democracia y la crisis política en México. Los lunes por la tarde han acudido, a sendas reuniones en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dirigentes y analistas como Soledad Loaeza, José Woldenberg, Jesús Ortega, Juan Villoro, Christopher Domínguez y Juan Molinar. Para las reuniones próximas están anunciadas participaciones de Patricia Mercado, Víctor Manuel Durand, Jorge Alcocer, Pablo Gómez, Enrique Krauze y el propio Bartra, entre otros. La semana pasada en ese seminario, en una sesión que comenzó con una brillante y provocadora ponencia de Denise Dresser, dije entre otras cosas lo siguiente.
Cuando las actuales izquierdas mexicanas —o los grupos a los que se acostumbra adjudicar esa denominación— discuten algo, suele ser con la mira puesta en las circunstancias y dificultades más inmediatas. El debate de ideas, que en otros sitios es consustancial a las izquierdas, aquí sólo existe de manera accidental y ocasional.
No siempre fue así. El talante discutidor de las izquierdas mexicanas en otros tiempos se tradujo incluso en desencuentros y escisiones tan intensos como, con frecuencia, irreparables. No nos detendremos aquí en el recuento de las copiosas aunque a veces absortas polémicas que surcaron el panorama de las izquierdas en este país durante por lo menos medio siglo, hasta ya entrados los años 80 de la centuria pasada. Pero es imposible dejar de recordar la intensidad discursiva y con frecuencia la fundamentalista vehemencia con que se discutían asuntos como la caracterización del Estado mexicano, la condición de las vanguardias respecto del conjunto de la sociedad, las distinciones entre partidos de cuadros y partidos de masas, así como la necesidad o la inutilidad de las reformas al régimen político de este país. La índole marginal que durante gran parte de ese periodo tuvieron las izquierdas mexicanas propiciaba que aquellos diferendos se convirtieran, a menudo, en el centro de las inquietudes de sus militantes. Pero si la discusión o la especulación en exceso definían en parte a aquella izquierda ensimismada, muy pronto la impremeditación y el pragmatismo serían distintivos de las fuerzas y coaliciones políticas que la sucedieron.
El espacio de la izquierda mexicana, a diferencia de las izquierdas en otros países, había sido fundamentalmente ideológico. Aunque en la creación de los grandes sindicatos y centrales obreras la participación de militantes de ese signo e incluso las decisiones del Partido Comunista Mexicano resultaron significativas, muy pronto las corrientes de izquierda fueron desplazadas, a veces merced a la persecución y la represión, de las organizaciones gremiales más importantes. A diferencia de los grandes partidos de ese signo en países europeos y en América del Sur, la izquierda mexicana alcanzó una débil implantación en los sindicatos. Más tarde su presencia en los movimientos sociales fue desigual.
No obstante, la izquierda en México había tenido una imagen favorable tanto en la sociedad como, incluso, en áreas del mundo político que podrían haberse considerado antagónicas a ella. En 1932, Vicente Lombardo Toledano, creador del sindicalismo moderno en este país, estipulaba que “el camino está a la izquierda”. Tres décadas más tarde el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, declaró que su gobierno era “de izquierda, dentro de la Constitución”. E incluso en el nada remoto 1995 el entonces secretario general del Partido Acción Nacional afirmó, a propósito de una encuesta acerca de la tendencia ideológica de los militantes panistas, que él se consideraba como de “centro izquierda” (Suplemento Enfoque, Reforma, 2 de abril de 1995. Ese dirigente del PAN, llamado Felipe Calderón, ahora es Presidente de la República.
En la década de los 90, por lo general las encuestas que indagaban acerca de la identificación ideológica de los ciudadanos encontraban que muy pocos se consideraban a sí mismos de derecha. Ocurría la misma reacción que el dirigente socialista Alfonso Guerra identificó en Europa: “Hay pocos que se autoproclaman de derecha, porque el término ha adquirido un tono cultural muy negativo. Todas las derechas se autodefinen ‘de centro’ en una operación de maquillaje ideológico” (Alfonso Guerra, Diccionario de la izquierda. Planeta, Barcelona, 1998).
En México la derecha, al menos en el terreno de las imágenes públicas, tenía escasa implantación social. En este país, más allá de inconsecuencias y enmascaramientos, pretenderse de izquierda era políticamente correcto —incluso antes de que la corrección política, ese inventario de fundamentalismos tan avasalladores como irreflexivos, se hubiera puesto de moda—. Sin embargo en los años más recientes las preferencias a favor de la derecha, como señal de identidad entre los ciudadanos, han venido incrementándose.
En octubre de 2005 la encuesta “Panel México 2006”, realizada por Grupo Reforma y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, encontró que el 24% de los ciudadanos en este país se consideraba entre la centro-izquierda y “muy de izquierda”, en tanto que el 21% se identificaba en alguno de los rangos de la derecha (19% se colocaba al centro, 12% dijo que en ninguna de esas adscripciones y 25% no sabía o no contestó). Eso es algo de lo mucho que ha cambiado en el escenario político mexicano. A diferencia de épocas anteriores, ahora cada vez más mexicanos se consideran de derecha. Aun es preciso saber qué entienden por “derecha” e “izquierda”. En todo caso, por lo menos desde mediados de la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los ciudadanos en México identifica al PAN con la derecha y al PRD con la izquierda. Una encuesta de Consulta Mitofsky levantada en agosto de 2005 encontró que para el 61% de los ciudadanos Acción Nacional era de derecha aunque el 21% consideró que es de izquierda. Al PRI, el 48% lo consideró de derecha y el 31% de izquierda. Y al PRD, el 36% lo calificó de izquierda en tanto que para el 35% de los ciudadanos ese partido era de derecha. Quizá no están equivocados.

Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

Julio 27 de 2006.

[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

La Crónica, 12 y 13 de enero de 2005

Únicamente el desconcierto, el convenencierismo y la desmemoria que dominan en ese partido, explican la designación de José Guadarrama Márquez como candidato del PRD al gobierno de Hidalgo. Considerado alquimista político del PRI durante varias décadas, se marchó recientemente de ese partido cuando encontró imposible obtener la candidatura para el gobierno de su estado. Antiguo profesor normalista, Guadarrama tiene un abundante historial de acusaciones que van desde el asesinato hasta el tráfico de influencias y las irregularidades electorales.

   Muchos de quienes recuerdan esos antecedentes de Guadarrama se encuentran en el partido que hoy lo postula para gobernador. A la denuncia de Agustín Guerrero, el dirigente del PRD en el Distrito Federal, que acusa a Guadarrama del asesinato en la huasteca hidalguense del líder campesino Pedro Beltrán a fines de los años setenta, se añaden abundantes quejas de quienes durante largo tiempo padecieron persecuciones del que hoy es candidato en su partido.

   Los dirigentes nacionales que forzaron la postulación de Guadarrama a pesar de numerosas quejas de los miembros del PRD en Hidalgo, no podrán decir que la de Guadarrama no ha sido una historia conocida.

   Si es les olvidó, podrían acudir al archivo de ese partido en donde debe haber copias de numerosas cartas y desplegados de los perredistas hidalguenses que repudian a Guadarrama. La página electrónica del PRD ha registrado algunas de esas protestas.

   También están las hemerotecas. Entre otros materiales se puede encontrar el reportaje de los periodistas Pascal Beltrán del Río y Fortino Mohedano que apareció en Proceso del 24 de junio de 1989.  En aquellas fechas Guadarrama era delegado del PRI para las elecciones en Michoacán y se recordaba que su carrera política estaba “rodeada invariablemente de acusaciones de diversa índole: represión, malversación de fondos, asesinatos políticos y espionaje de opositores y compañeros de partido”.

   Alumno de la combativa escuela rural de El Mexe Guadarrama, nacido en 1948, fue efímero miembro del Partido Popular Socialista pero pronto se adhirió al PRI, con el cual a los 25 años ganó la presidencia municipal de Jacala. Allí afianzó un poder local que le permitiría aliarse con el viejo dirigente político hidalguense Manuel Sánchez Vite y más tarde con el gobernador Jorge Rojo Lugo. De esa manera llegó a ser secretario general del PRI en el estado.

   En 1981 el entonces nuevo gobernador, Guillermo Rossell de la Lama, propone a Guadarrama para dirigir la empresa paraestatal “Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y Huasteca Hidalguense”. El presidente de la República, José López Portillo, acepta y en ese cargo el hoy candidato del PRD acumula fortuna y más influencia. De acuerdo con aquel reportaje de Proceso:

   “En la sede de la dependencia, en Ixmiquilpan, mandó construir la casa del vocal ejecutivo: una enorme residencia con alberca techada, palapa y 8,000 metros cuadrados de jardín. Designó jueces y agentes del Ministerio Público en los municipios de su área de influencia. Organizó escandalosas francachelas con los recursos del Patrimonio. Dominó a las escuelas rurales, principalmente El Mexe, con cuyas 70 hectáreas de riego hizo fabulosos negocios. Rentó o vendió la maquinaria de la paraestatal. Generó conflictos agrarios para luego resolverlos. Se vio inmiscuido, inclusive, en un homicidio imprudencial; cuando chocó estaba totalmente ebrio —en Mixquiahuala, en 1982— y resultó muerto el profesor rural Eduardo Bautista. La averiguación previa, relativa a ese hecho, simplemente se perdió”.

   En mayo de 1983 Guadarrama es removido de ese cargo, aparentemente debido a denuncias de corrupción como la que había presentado la Coordinadora Regional Otomí “Ñañú” que le imputaba un fraude por más de 300 millones de aquellos pesos. “Se supo entonces –añade esa información periodística– que a punto de abandonar la administración del Patrimonio, los hombres de Guadarrama habían comerciado con los lotes de madera destinados a la construcción de escuelas”.

   Guadarrama ha sido muy activo. Sus denunciantes también. Esa biografía política, repleta de imputaciones e irregularidades, permitirá seguirnos ocupando del ahora candidato del PRD en Hidalgo.

Ahora es perredista

Ayer, entre muchas otras decisiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las demandas de algunos militantes del PRD contra la designación de José Guadarrama Márquez como candidato al gobierno de Hidalgo. Esas reclamaciones eran extemporáneas o no acreditaron “interés jurídico”, en opinión del Trife.

   Pero no es por violentar las reglas internas del PRD que la candidatura de Guadarrama resulta escandalosa. La indignación que dentro y fuera de dicho partido ha suscitado la postulación se debe a los discutibles antecedentes políticos de ese hasta hace poco tiempo miembro del PRI y, ahora, candidato a gobernador.

   El reportaje de Pascal Beltrán del Río y Fortino Mohedano que publicó la revista Proceso el 26 de junio de 1989 y que citábamos ayer menciona algunos momentos delicados –por decirlo de alguna manera– en la trayectoria de Guadarrama.

   De acuerdo con esa información, después de haberse enriquecido en el Patrimonio del Valle del Mezquital fue reemplazado por un ex procurador de Justicia, Jonathan Vega, quien aparentemente tenía el encargo de investigar los manejos financieros de Guadarrama. Sin embargo a fines de junio de 1985 Vega “fue asesinado en la carretera México-Pachuca, cuando viajaba hacia el Distrito Federal”.

   Después de la publicación de ese reportaje Guadarrama envió una carta en donde sostuvo que la muerte de Vega se debió a un accidente de carretera. También negó la denuncia de la Coordinadora Otomí Ñañú que, según la versión reproducida ayer en esta columna, lo habría acusado por fraude durante en el Patrimonio del Mezquital (Proceso, 3 de julio de 1989).

   En 1985 Guadarrama fue designado secretario general de Gobierno. Luego se diría que una de sus tareas fue instalar una peculiar red de espionaje que, según los mencionados reporteros, empleaba a mujeres “para que supieran arrancar, en la intimidad, información confidencial a hombres responsables de la campaña”.

   En aquel reportaje se mencionaba también, aunque sin aclarar de qué manera fue obtenida, una supuesta ficha de la Dirección Federal de Seguridad.

   Ese documento indicaba: “Cargo: Secretaría General de Gobierno. Nombre: José Guadarrama Márquez o José Guerrero Guadarrama. Lugar de nacimiento: Tijuana, BC. Edad: 40 años. Profesión: profesor rural. Años de actividad política: 18. Sector al que pertenece: CNC. Peso cuantitativo específico interno: sí. Externo: no. Nexos con la oposición: sí. ¿Es de confiar?: no. Situación económica al iniciar el cargo: mala. Actualmente: excelente. ¿Tiene negocios en el estado?: sí. ¿Fuera del estado?: sí. Moralidad o fama pública: pésima. Simpatía o arraigo: no…”

   La información atribuida a los servicios de inteligencia del gobierno federal señalaba también: “Goza de mala fama pública. Se le considera deshonesto. Logró tener el control político en gran parte de los municipios del estado a través de negociaciones y concesiones otorgadas a los diferentes grupos… Provoca conflictos, los incita y los resuelve. Ha propiciado invasiones… Involucrado en la venta masiva de concesiones de camiones urbanos, suburbanos y taxis”.

   Una semana después de la publicación de ese trabajo periodístico Guadarrama, en su carta a Proceso, dijo que la ficha de la DFS había sido “urdida por una mentalidad siniestra”. Pero no negaba la existencia de ese documento.

   Durante un cuarto de siglo, numerosos militantes de partidos de izquierda y grupos campesinos en Hidalgo compartieron esos y otros juicios adversos acerca de Guadarrama.

   Priista de toda la vida, ese personaje tenía varios sexenios insistiendo en ser candidato al gobierno de Hidalgo. No lo consiguió en el PRI pero sí, en cambio, en Partido de la Revolución Democrática –en donde militan, o habían estado, muchos de los hidalguenses que aseguran haber sido perseguidos por el ahora candidato a gobernador–.

La Crónica, 7 de abril de 2005

Hoy, Andrés Manuel López Obrador perderá el fuero y ganará la candidatura presidencial. La decisión que –salvo un brusco cambio de último momento– tomará hoy la Cámara de Diputados, pondrá al hasta hoy jefe de Gobierno del DF en el mayor aprieto pero, al mismo tiempo, le brindará la oportunidad más importante de su carrera política.

   En un sistema político y con una vida pública en donde fuera normal que las cuentas pendientes con la justicia se resolvieran de acuerdo con las normas legales, la presentación de ese funcionario ante un tribunal no causaría la expectación ni las indignaciones que hoy se desgranan a favor de López Obrador. Pero la intensa polarización auspiciada por ese mismo personaje y sus rivales, así como las suspicacias que abundan en la apreciación ciudadana de los asuntos públicos, han distorsionado el litigio que hoy protagoniza el jefe de Gobierno.

   Sus defensores, han insistido en que haya una salida política a las acusaciones que hoy están a punto de significarle la pérdida del fuero a López Obrador. Pero esos arreglos son posibles cuando en las partes involucradas hay ánimo de conciliación política.

   La aplicación del orden jurídico no es válido negociarla, pero podría haberse eludido el momento de la ley al que ahora se llega. Sin embargo el más interesado en afianzar la ruta de colisión que hoy nos trae hasta el desafuero ha sido el propio López Obrador.

   Él y sus personeros han insistido en descalificar no solo a las fuerzas políticas que pudieron haber evitado la suspensión de la inmunidad constitucional. Además se han empeñado en desacreditar, injuriar y en ocasiones retar al sistema de impartición de justicia.

   Son conocidos el desprecio de López Obrador por la aplicación de la ley y su decisión para cumplir solamente los ordenamientos que él considera adecuados. Ese es uno de los motivos por los cuales resulta sumamente preocupante la eventualidad de que llegue a la Presidencia de la República. Pero con todo y esa riesgosa mezcla de petulancia, antidemocracia y mesianismo, lo más deseable es que al todavía hoy jefe de Gobierno del DF sus antagonistas puedan enfrentarlo –y derrotarlo– en las urnas.

   Lo más adecuado sería que otras fuerzas políticas resulten capaces de disputarle la Presidencia en las elecciones del año próximo. Por eso es altamente deseable que, en caso de perder el fuero y ser presentado ante un juez, el proceso de López Obrador sea rápido, justo y de una transparencia incontestable. Así, dentro de nueve meses habría recuperado el ejercicio de sus derechos políticos y estaría en condiciones de ser postulado como candidato presidencial de su partido.

   Mientras tanto, la defensa de López Obrador actúa más en el terreno político que en el jurídico. La concentración que esta mañana encabezará en el Zócalo comienza una ruta de itinerario incierto pero de expresiones ríspidas. El recelo de los segmentos más conservadores de la sociedad y el amarillismo mediático, han presentado a esas movilizaciones como si constituyeran atentados inequívocos contra la paz social. Pero si se trata de un diferendo político, nada resulta más natural –y además legítimo– que los simpatizantes del jefe de Gobierno salgan a las calles a manifestarse.

   Esas movilizaciones entrañan riesgos, pero más para López Obrador y su partido que para la tranquilidad del Distrito Federal. En ellas se mostrará el compromiso que quieran mantener con la civilidad o, en caso contrario, el desbordamiento del orden social al que puedan llegar.

   El otro riesgo que corre con esas demostraciones es presentarse ante el país –no solo en el DF, donde sus bonos son más altos que en el resto de la República– como líder de un movimiento que se apoya más en la estridencia que en la legalidad. Y por lo pronto, al darle más importancia al discurso con que arengará en el mitin del Zócalo que a la intervención que leerá delante de los diputados en San Lázaro, López Obrador confirma que sus instrumentos y argumentos no son de índole jurídica sino política.

   Con esos recursos, llegará hoy al día que tanto ha buscado. Sin fuero y ante el juez, López Obrador se mostrará ante la sociedad como perseguido del establishment político –aunque se cuidará de recordar que él ha formado y forma parte la élite del poder en este país–.

   Hará todo lo posible para que lo encarcelen. Se vislumbra en prisión. Desde allí querrá endurecer el mesianismo que hoy le permite tener en un puño a una parte de la sociedad mexicana.

   Sin el fuero, López Obrador se portará como desaforado. El dilema, entonces, será cuánto tiempo, y hasta dónde, le sigue otorgando ese segmento de la sociedad la carta en blanco que hasta ahora le ha dispensado.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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