Sociedad y poder

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

Hace tres años, el joven priista Alan Cristián Vargas Sánchez formaba parte de la organización “Rompiendo paredes” que se oponía a la entonces presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes. Ahora es diputado local por el PRI en el Distrito Federal y acaba de ganar una indeseable pero significativa celebridad al saberse que, como no le habían entregado las llaves para entrar a sus nuevas oficinas, agarró una escalera metálica y rompió un ventanal en las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

Así nomás, por sus pistolas, porque se enojó y porque tiene fuero, Vargas Sánchez puso en práctica el lema del grupo en el cual participaba en septiembre de 2006. Lo hizo de manera literalmente estruendosa, e igual de llamativa ha sido la justificación que pretende esgrimir ante ese comportamiento.

Ayer, entrevistado por la periodista Denise Maerker en “Atando cabos” de Radio Fórmula, el nuevo diputado local negó que se esté aprovechando del fuero:  “No Denise, yo soy un simple ciudadano que pidió el voto y que lo único que quiere es que la Comisión de Gobierno sea respetuosa con todos los diputados”.

El diputado priista se refiere al órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa que, a su juicio, le regateó durante varios días las llaves de su nuevo despacho. En respuesta a quienes consideran que ese retraso, aunque hubiera ocurrido, no disculpa la acción que cometió con ostensible violencia, Vargas insiste: “No justifica nada. Pero no quieren entregar las cosas. Quieren con un acto represor la mayoría perredista hacer y deshacer a nuestra asamblea legislativa”.

La sintaxis no es el fuerte del diputado Vargas Sánchez. La urbanidad tampoco. La demora de los directivos de la Asamblea para darle acceso a las oficinas le parece un acto de represión. Y ante su exabrupto, considera que hay conductas más graves. Los miembros del PRD, explica, “hicieron peor, quemaron camiones de ruta 100, se golpearon con granaderos… no podemos decir que ellos son una blancas palomas y que el malo del cuento soy yo”.

Encontrar en las conductas ajenas disculpas a las fallas propias, es una práctica infantil y, en ciudadanos con responsabilidades públicas, representa una notoria incapacidad para hacerse responsable de sus actos. Qué sencilla y qué nociva la lógica que pretende esgrimir el diputado Cristian Vargas: como hay quienes hacen cosas peores, puedo destruir parte de una oficina pública. Qué tanto es tantito.

Y si bien hay personajes del PRD y de las supuestas izquierdas desarrolladas al cobijo de ese partido que se han habituado a una indefendible incivilidad –allí está, ahora también con fuero y tribuna legislativa, ese paradigma del porrismo obradorista que es Gerardo Fernández Noroña– Vargas Sánchez y algunos de sus correligionarios se pintan solos en este asunto de las grescas con coartada política.

El 11 de septiembre de 2006, Cristian Vargas y varios de sus compañeros de causa entraron a la fuerza a las oficinas de la Fundación Colosio. Al hacerlo, golpearon al empleado de esa institución Miguel Ángel Acosta Ríos. El PRI del DF levantó una averiguación previa por aquella agresión.

Para entonces, a Vargas Sánchez ya se le conocía por bravucón. A comienzos de 2002, cuando Beatriz Paredes y Roberto Madrazo disputaban la dirigencia del PRI, Vargas aún no cumplía la mayoría de edad pero ya era reventador de reuniones políticas. El 30 de enero de 2002, la reportera Claudia Guerrero, del diario Reforma, reseñó así la participación de ese personaje en una reunión de jóvenes priistas:

“Eran pasadas las 14:00 horas cuando el madracista Cristian Vargas abrió fuego para defender a su candidato.

“Parado sobre una de las butacas del auditorio Heriberto Jara, en la sede del PRI, el joven de 17 años abrió sus simpatías en la lucha interna sin importar la imagen que quedara de sus ‘gallos’.

“Dejando de lado el protocolo que obliga a las fórmulas a dirigirse con respeto a sus contrincantes, el integrante del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Cristian Vargas, habló de séquitos, de corrupción y hasta de un Roberto Madrazo al que acusan de tener ‘cola que le pisen’.

“En su primer disparo, calificó como ‘nefastas’ a ‘todas las personas que trae atrás’ la candidata Beatriz Paredes.

“Ante la mirada incrédula de los del presídium, Cristian se envalentonó más y casi a gritos soltó: ‘critican a la maestra por corrupta en el Sindicato y dicen que Beatriz Paredes tiene mucho cerebro, pero no tiene las agallas de Elba Esther, que tiene más huevos aunque traiga falda’.

“La lideresa magisterial sonreía, agachaba la cabeza y se colocaba las manos en la frente”. (Reforma, 30 de enero de 2002).

Esos méritos, pero sobre todo su cercanía con una de las mafias que acapara la explotación de la basura en la ciudad de México, encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, le permitieron a Vargas Sánchez llegar a diputado local. El tráfico de influencias, el clientelismo y la prepotencia, han sido parte de la escuela en la que se formó.

Por eso no fue extraño que, cuando encontró cerrada la puerta de su oficina, arremetiera a golpes contra ella. Tampoco resulta sorprendente que se rehúse a disculparse. Para algo, qué caray, es diputado. Tanto escándalo por una ventana.

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Conocedores, como nadie, de que la forma es fondo –o, por lo menos, de que la forma puede contribuir a moldear la impresión que la gente tiene acerca del fondo– los priistas enviaron anoche a la discusión del Informe, para representarlos, a una mujer joven, atractiva e inteligente. Luz Carolina Gudiño Corro le permitió a ese partido recuperar, en julio pasado, uno de los distritos más difíciles de Veracruz. Ahora la recompensaron con la presencia estelar en la inauguración de la nueva Legislatura.

El contraste no podía ser más evidente. Frente al PAN que busca reafirmarse en un pasado que algunos de sus integrantes todavía consideran insigne y que envió a la tribuna a Manuel de Jesús Clouthier –hijo de aquel candidato presidencial que destacó por bravucón, quedó en tercer lugar en la elección presidencial cuando la confrontación Salinas-Cárdenas y falleció hace dos décadas en un accidente de carretera–, los priistas parecían sugerir que miran hacia adelante. El hijo de aquel Clouthier, ahora diputado, habló de diálogo y dijo que ningún tema es tabú para los panistas. Ya se verá.

Frente a Alejandro Encinas, viejo lobo de la política de izquierdas y uno de los pocos dirigentes del actual PRD que se formó en el antiguo Partido Comunista, el contraste que hacía la joven priista era igualmente drástico. El ex jefe de Gobierno del DF y ahora líder de los diputados perredistas acuñó dos fórmulas vistosas pero a final de cuentas huecas, porque serán entendidas según las convicciones y la conveniencia de cada quien: “tanta negociación como sea posible pero también tanta firmeza como sea necesaria” y, también, “tanto parlamento como sea posible y tanta movilización como sea necesaria”. De esa manera, Encinas buscaba diferenciarse del ala troglodita pero también del segmento que en el PRD hay quienes ven como demasiado condescendiente con otras fuerzas políticas. La joven Gudiño Corro, en cambio, no tuvo que hacer alusión a ningún sambenito y a ninguna escisión en su partido.

Y desde luego el contraste era marcado si se recordaba que alrededor de una hora antes, la tribuna de San Lázaro la había ocupado Porfirio Muñoz Ledo, que a su larga cuan pragmática hoja de servicios políticos ahora añade la circunstancia de representar al Partido del Trabajo. Sea cual sea el partido con cuyas siglas logra posiciones políticas, Muñoz Ledo siempre es notable artífice de la retórica y la política. Su alocución anoche en la Cámara de Diputados fue brillante y enjundiosa. Entró con filo a la delicada y urgente cuestión fiscal y proclamó que el dinero hay que tomarlo de donde abunda, no arrebatárselo a los desposeídos.

Muñoz Ledo era dueño, como pocos, del escenario parlamentario. Exigió que el Poder Legislativo les exija más a las grandes empresas, a la banca ahora desnacionalizada y al gobierno, cuya alta burocracia hace gastos ofensivos. Abrió su intervención con una reprimenda al poder incontrolado de las televisoras. Pintó su raya, así, en uno de los temas delicados en la nueva fase del Congreso y respecto del cual la mayoría de los legisladores tiene demasiado temor a comprometerse con una agenda de reformas.

La diputada Gudiño Corro coincidiría con Muñoz Ledo y otros representantes partidarios que se apresuraron a subrayar que no admitirán incrementos de impuestos a costa de la economía de los más desamparados. Como declaración de principios, se trata de una definición que siempre concitará aplausos. Pero de allí a la indiferencia o incluso el abucheo de la sociedad más inquieta por la cuesta abajo sobre la que corre nuestra política económica, habrá poca distancia si esos legisladores no arriban a propuestas específicas para mejorar los ingresos del Estado –y, desde luego, para propiciar una auténtica redistribución de tales recursos–.

Por eso cuando la representante del PRI anunció, aludiendo al presidente Felipe Calderón como si estuviera presente en el salón de sesiones, “no permitiremos la creación de impuestos a los que menos tienen”, cosechó ovaciones incluso entre diputados de otros partidos. ¿Y luego? La diputada veracruzana enumeró algunas medidas rutinarias. Pero más de uno de quienes la escuchaban alzó la ceja cuando propuso “Menos gasto en publicidad y más inversión social”.

Ojalá y así fuera. Ojalá y los diputados del PRI legislaran para impedir el derroche de recursos fiscales en la contratación de anuncios que ponderan la imagen de los gobernantes. Ahora mismo, en ocasión de la presentación de su Tercer Informe, la oficina de comunicación del presidente Calderón nos atosiga con mensajes radiofónicos y hasta con incómodas y seguramente contraproducentes llamadas telefónicas.

Pero el abuso publicitario no lo practica únicamente el gobierno federal. De hecho, se trata de un recurso intensa cuan dispendiosamente desplegado desde que el PRI ocupaba la presidencia. Y ahora mismo, el gobernante que no solamente gasta en propaganda con notorio exceso sino que además se ha granjeado el respaldo de Televisa, es Enrique Peña Nieto, anticipado pretendiente a la candidatura presidencial en el partido donde forma filas la simpática diputada Gudiño.

Esa legisladora no tendría que mirar demasiado lejos para encontrar ejemplos de propaganda intensa y ofensiva. En su propio estado, el gobernador Fidel Herrera mantiene una constante promoción tanto de sí mismo como del color rojo con el que se ha querido identificar, uniformando personas, edificios públicos, propaganda, paisaje y medios de comunicación.

Así que la diputada Gudiño Corro tuvo que hacer gala de indiferencia política (que es una manera elegante de llamarle al descaro) cuando le reclamó al gobierno del presidente Calderón una conducta que numerosos y notorios gobernadores del PRI no han tenido empacho en practicar.

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Quieran o no, instituciones y gobernantes tendrán que responder a los resultados electorales del 5 de julio. Algunos lo hacen ya magnificando o menospreciando, según les haya ido, las consecuencias de esa votación. Otros, prefieren aparentar que están más allá de las coyunturales decisiones en las urnas.

1. Calderón. El semblante hosco, el discurso severo, hacían evidente la desazón que experimentaba el presidente de la República la noche del domingo electoral cuando ofreció un mensaje por televisión. El saldo de la votación fue, para el gobierno, peor de lo que se había esperado. El presidente Felipe Calderón tendrá que restablecer puentes y hacer política fina, algo que en otros tiempos se le daba bien pero a lo que pareció renunciar hace uno o dos años cuando se dejó aislar para encerrarse en una apreciación complaciente de sus propias acciones y en un discurso monotemático.

El combate a la inseguridad es indispensable, pero evidentemente no bastó para suscitar la confianza de los ciudadanos. El viraje en el discurso tendría que ir acompañado por una reestructuración en el equipo de gobierno, una vez que se ha confirmado que los más amigos no son necesariamente los más eficientes.

El dilema es si Calderón tendrá la agudeza política que hace falta para entender las señales del 5-J, si sabrá renunciar al ensimismamiento en el que se ha sumergido en los años recientes, si será capaz de rescatar los resortes democráticos que a pesar de sus resabios conservadores ha tenido el PAN y si, en consecuencia, querrá y podrá sacudirse la costosa tutela de poderes fácticos en los que ha querido cobijarse (la maestra, las televisoras, el sindicalismo descompuesto) y con resultados tan contraproducentes.

2. El PAN. El talante bravucón terminó por envolver y hacer políticamente ineficaz a Germán Martínez, pero su principal yerro fue aislarse del PAN realmente existente. En vez de convocarlos, el inminente ex presidente panista combatió (incluso utilizando trampas y engaños) a dirigentes, corrientes y grupos que no se le subordinaban dentro de ese partido.

Inhábil para ser partido en el gobierno, el PAN tendría que recuperar la vitalidad que antes supo desplegar en la oposición. No le resultará extraño, puesto que lo fue largo tiempo, actuar como minoría en la Cámara de Diputados. Para ello tendría que sacudirse los intereses que se han enquistado en las cúpulas blanquiazules. Es difícil que lo consiga.

3. El PRI. Sus líderes y adláteres se equivocarían si creen que al PRI no le hacen falta ajustes después del éxito en las urnas. El partido supo funcionar como maquinaria electoral y capitalizó el descontento ante errores e insuficiencias del gobierno. Pero eso no le bastará para mantenerse cohesionado en la designación de su candidato presidencial.

Los priistas aprenderían de sus propios tropiezos si recuerdan los costos que les significó la división de hace cuatro años, cuando sus principales grupos entraron en colisión por esa candidatura. Las ambiciones suelen arrasar con los compromisos. Y a un partido sin principios, si algo lo mueve es la codicia.

La otra dificultad que enfrenta el PRI radica en convencer a los ciudadanos de que es un partido suficientemente renovado para evitar los abusos y autoritarismos que le conocimos durante largas décadas. Por mucho maquillaje que utilicen, será inevitable advertir que se trata de los mismos dirigentes, que proponen el mismo discurso y que practican la misma política del mismo PRI de siempre.

4. El PRD. Algunos de sus líderes más perspicaces han sugerido que, de plano, de los escombros que les dejó el 5-J lo mejor será que surjan dos partidos. Uno, comprometido con el discurso de reformas sin confrontación y con tantos compromisos políticos (con caciques regionales, con las televisoras, con otros partidos, etcétera) que casi se ha vuelto políticamente inocuo y que despliega el grupo de Jesús Ortega. Otro, el de la agresiva pedacería anti institucional de la que forman parte el viejo priismo y el nuevo clientelismo a los que cohesiona López Obrador y con el que coinciden personajes como René Bejarano y Juanito el de Iztapalapa. Sea cual sea su respuesta al resultado que redujo a la mitad sus votos en comparación con la elección de hace tres años, el PRD y sus aliados de antes y ahora tendrían que emprender una reconstrucción mayor si quieren ser competitivos en 2012.

Texto publicado en emeequis

Con 4 de cada 10 votos válidos, el PRI estará en condiciones de cogobernar el país durante los próximos tres años. Las alianzas que pueda entablar especialmente con el Partido Verde, la atonía y dispersión de los partidos reputados como de izquierdas y el descalabro experimentado por el PAN, se conjugan para que el Revolucionario Institucional tenga una cómoda y sin duda influyente mayoría relativa en la Cámara de Diputados.

Se trata de una espléndida noticia para los priistas aunque no necesariamente para la democracia mexicana. Ese es, desde luego, el resultado de una elección razonablemente limpia si se descuentan episodios de violencia como los suscitados en Ecatepec. Pero no puede soslayarse que se trata de una votación condicionada por campañas peor que grises, sin deliberación política alguna, en donde los programas políticos estuvieron ausentes y sometidos a la intervención de las corporaciones mediáticas.

Así es como ayer ganó el PRI, en condiciones que no fueron sustancialmente distintas a las que propiciaron los triunfos del PAN en las elecciones anteriores. Habrá que esperar a disponer de información más extensa para saber con cuántos votos el Revolucionario Institucional consumó esa hazaña y cuántos de ellos se los debe al sufragio duro de quienes siempre respaldan a ese partido. Por lo pronto, en el terreno muy indicativo pero limitado que ofrecen los datos porcentuales, el alrededor de 40% que anoche le reconocían varias encuestas al PRI, comparado con el 29% que se le adjudicaba al PAN, dan cuenta de una voltereta en las preferencias fundamentales de los ciudadanos.

La victoria priista es directamente proporcional al fracaso del PAN. Las dificultades para enfrentar la crisis económica y las consecuencias de enfocar el discurso gubernamental casi exclusivamente en el tema del narcotráfico, parecen estar alcanzando sus primeros efectos en la caída del consenso para ese partido. El presidente Felipe Calderón tendrá ahora, en el PRI, un interlocutor más poderoso pero también acotado por mayores responsabilidades.

El PRI, salvo que tuviera una estrategia suicida, no podrá comportarse como un partido motinero ni podrá apostar simplemente al fracaso del Poder Ejecutivo. Los dos partidos con más adherentes en el país tendrán demasiados flancos en donde la decisión de ambos será definitoria para que haya avances o estancamientos.

Con una mayoría como la que se construirá en San Lázaro, los temas cardinales de la economía tendrán que ser resueltos entre Legislativo y Ejecutivo. Y en otros campos, como la ya mencionada seguridad pública pero también en terrenos como la política social, la educación e incluso la política exterior, tendrá que pensarse en políticas de Estado y no únicamente en políticas de gobierno.

Todo ello implica mayores márgenes de influencia pero también compromisos públicos ineludibles para el PRI. La sonrisa que desde anoche exhibían muchos dirigentes de ese partido tendrá que dar paso a una actitud más reflexiva y a un ejercicio político más responsable.

La caída de casi el 36% que alcanzó hace tres años al 29% que se estimaba anoche, tendría que suscitar ajustes serios en Acción Nacional. La subordinación de ese partido a poderes privados como el que ejercen las corporaciones mediáticas ha sido evidentemente fallida, entre otras cosas porque las televisoras han tenido sus propias apuestas políticas.

La supeditación panista a una dirección nacional que se alejó de algunos de los principios cardinales de ese partido no ha sido un buen negocio político para el presidente Calderón. La gestión de Germán Martínez tendría que modificarse en breve si en ese partido hubiera sentido de la autocrítica.

En donde no lo hay, a la luz de sus vicisitudes recientes, es en el PRD. Los partidarios de la actual dirección nacional querrán entender como un éxito el fiasco de sus ex aliados pero tendrán dificultades para admitir el profundo desprestigio que ha dejado al perredismo con aproximadamente el 14% de la votación nacional.

El 3% o 4% del Partido del Trabajo y el 2% o menos de Convergencia, señalan los límites de la influencia de López Obrador o, dicho de otra manera, las dimensiones de su decadencia política al menos en estas elecciones. Hace 3 años ese candidato alcanzó más del 35% de los votos. Ahora, los partidos que lo respaldaron en aquella aventura apenas arañan el 20% y aquellos que siguen subordinados a él no llegan al 6%.

También quedan acotadas las presencias y clientelas de los partidos-negocio. A pesar de numerosas infracciones legales que aún no han sido del todo juzgadas, el Partido Verde obtiene entre el 5% y el 7% de la votación nacional según las encuestas iniciales. Nueva Alianza apenas lograría superar la barrera del 2% para mantener su registro. El Socialdemócrata se quedaría apenas en 1% y sin registro legal con lo cual nadie perderá excepto el puñado de comerciantes de la política que se apropió de la dirección de ese partido.

Los resultados de la disputa por las gubernaturas, la confirmación de las tendencias que le daban al PAN tres delegaciones del DF y la publicación de los resultados completos en donde se aprecie la presencia testimonial del voto nulo y el peso de la abstención, permitirán tener un panorama más completo de una elección que ocasiona importantes aunque acotadas redistribuciones del poder político en este país.

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La ríspida y grosera respuesta que Televisa publicó contra los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil, es indicio del profundo disgusto que experimentan los directivos de esa empresa cuando se documenta el respaldo que le dan a Enrique Peña Nieto.

La construcción del gobernador del Estado de México como personaje público ha sido una tarea perseverante y amplísimamente difundida por Televisa desde hace varios años. En los meses recientes, los telespectadores han tenido motivos para suponer que Peña Nieto pasa más tiempo en los estudios de San Ángel que en el palacio de Gobierno en Toluca. Su asistencia a festivales y concursos, las menciones que le dedican en programas de cotilleo, la referencia a sitios del Estado de México en las telenovelas y la inclusión de notas sobre actividades suyas sin relevancia periodística alguna pero que atestan los noticieros de Televisa, han hecho de Peña Nieto un personaje muy conocido aunque los ciudadanos no estén enterados de sus capacidades como gobernante.

En su reciente libro Si yo fuera presidente Villamil, que es el reportero más enterado acerca de los intríngulis políticos de los medios de comunicación mexicanos, se ocupa de la alianza de Televisa con el mandatario mexiquense. Para conversar sobre ese texto, fue invitado el lunes por Carmen Aristegui a su programa en MVS Radio. Conocedores ambos del tema y Aristegui además víctima de la prepotencia de Televisa, cuyos directivos no cejaron hasta echarla del exitoso noticiero que tenía en W Radio, los dos sostuvieron una enterada e interesante charla.

Lo que allí se dijo, motivó a los operadores de Televisa a publicar un desplegado a plana entera en varios diarios de la ciudad de México. “Mienten”, les dice ese consorcio a Aristegui y Villamil, pero hay motivos para asegurar que las falsedades en este diferendo han surgido de Televisa.

En medio de varias imputaciones a esos periodistas, Televisa busca disimular el señalamiento principal que da tema al libro de Villamil y que motivó la conversación radiofónica. Y ese es, ni más ni menos, la inusitada cuan desmesurada propaganda que le brinda la televisora al gobernador Peña Nieto.

Periodista de Proceso, Villamil ha informado que Televisa recibe del gobierno del Estado de México entre 800 y 900 millones de pesos anuales para promover la imagen de Peña. La empresa considera que esa cantidad es exagerada porque durante las campañas electorales de 2006 vendió, a todos los partidos, 778 millones de pesos de publicidad. Sin embargo Televisa no indica a cuánto asciende, entonces, la venta de servicios relacionados con la propaganda para el gobernador del Estado de México. Villamil tiene documentos que acreditan pagos por 746 millones de pesos tal sólo en 2005, de tal manera que se puede suponer que esa cifra ha aumentado en los años recientes.

Es muchísimo dinero. Y se trata, peso por peso, de recursos fiscales. Es decir, de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Con más razón Televisa y el gobierno mexiquense estarían obligados a informar de qué tamaño es la inversión para que Peña Nieto esté incluido en el firmamento del Canal de las Estrellas. Pero ni de ese consorcio –tan aparentemente puntilloso para responder ahora a dos de sus críticos– ni del gobierno del Estado de México, en donde se oculta la información de los gastos en publicidad, puede esperarse transparencia alguna.

Cuando quieren justificar la incesante aparición de Peña en notas insustanciales en sus noticieros, Televisa afirma que en el Estado de México hay muchos habitantes y por eso abunda la información acerca de esa entidad. Si esos son los criterios para definir qué noticias difunde Televisa, los acontecimientos que ocurran en Colima o Baja California Sur jamás encontrarán sitio en los programas informativos de esa empresa que, en cambio, estarán saturadas con notas acerca del Distrito Federal, Veracruz o el Estado de México.

Para explicarse por qué invita a Villamil a su programa de radio, Televisa considera que Carmen Aristegui le paga de esa manera al periodista de Proceso la cobertura que le dio al despido que ella padeció hace año y medio.

Se trata de una curiosa pero sintomática –y patética– manera de justipreciar las decisiones editoriales de un espacio de comunicación. Para los funcionarios de Televisa no hay agendas ni prioridades profesionales. El interés noticioso, para ellos no existe. Su concepción de los motivos que puede tener el conductor de un programa se limita al intercambio de favores personales y a las apuestas políticas.

Así es como los directivos de Televisa consideran que se jerarquizan, y difunden, los contenidos informativos. En esa inusual y por eso valiosa develación de sus motivaciones, los directivos de Televisa dejan muy mal colocados a los periodistas de comportamiento profesional que a pesar de todo trabajan en esa empresa.

Peña Nieto se ha convertido en palmaria debilidad de Televisa. Y Televisa es, para sus aspiraciones presidenciales, la debilidad más notoria de Peña Nieto.

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Si los dirigentes del PAN y el PRI realmente quisieran debatir en público, ya lo habrían hecho desde hace días o semanas. Pero, indecisos y confundidos, inquietos más por las tendencias que marcan las encuestas que por los argumentos y las ideas, Germán Martínez y Beatriz Paredes han dejado que se ponga al IFE como pretexto para no debatir. Ayer mismo, el dirigente nacional del PAN dijo que sí habrá debate, cuando el IFE “no se oponga”.

Echarle la culpa al IFE por los desatinos e insuficiencias del resto del mundo político se ha convertido en inopinada pero quizá autoinmolatoria costumbre de los dirigentes partidarios pero también de otros actores de la vida pública. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión había accedido a organizar y transmitir el debate entre Germán Martínez y Beatriz Paredes. Ese evento, que hubiera sacudido aunque fuese momentáneamente el marasmo que ha singularizado a las actuales campañas, se iba a realizar el miércoles pasado por la noche.

Cuando aparentemente los preparativos habían avanzado, el lunes 15 por la noche la CIRT difundió un “Atento comunicado” en donde, de manera sibilina, canceló el debate y acusó al IFE por esa decisión.

El comunicado de los radiodifusores fue tomado en diversos medios como evidencia de la arbitrariedad y la malevolencia que según sus críticos más disgustados –la mayor parte de los cuales se encuentra en las televisoras privadas– campea en la autoridad electoral. Sergio Sarmiento manifestó, por ejemplo: “Ya ni siquiera el debate político está permitido en nuestro país, a menos que lo organice el IFE”.

Pero eso no es cierto. La autoridad electoral no prohibió el debate entre otros motivos porque no tiene facultades para ello. La especie de que el encuentro Paredes – Martínez fue suspendido por culpa del IFE es una mentira propalada por los dirigentes de la CIRT y luego, al menos por los dirigentes de Acción Nacional.

Quienes se opusieron al debate, porque no los invitaron, fueron los líderes del PRD y del Partido Socialdemócrata. Ambas dirigencias se quejaron ante el IFE por la realización inminente de ese evento. Tienen derecho a inconformarse, pero esa protesta hubiera quedado como recurso testimonial de no ser por la decisión de la CIRT –sus dirigentes tendrán sus motivos– para marginarse de la organización del debate.

En su “Atento Comunicado”, los radiodifusores dijeron: “El día de hoy la CIRT recibió comunicaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD) –de manera directa y también a través del Instituto Federal Electoral (IFE) – en las que expresan su inconformidad con la realización del debate referido en los términos en los que ha sido planteado por los partidos solicitantes. Asimismo, se recibió oficio, de alcances imprecisos, por parte del Secretario Ejecutivo del IFE”.

La Cámara de la Radiodifusión no explicó cuáles eran las imprecisiones que identificaba no en la carta, sino en los “alcances” de la misiva del Secretario Ejecutivo del IFE. Eso dio pie a especulaciones que el Instituto Electoral no se tomó la molestia de aclarar.

En su Comunicado, la CIRT concluía diciendo que “manifiesta su plena disposición a analizar las solicitudes de apoyo, como lo ha hecho en otras ocasiones, una vez que la autoridad electoral y los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo al respecto y/o que los abogados que conforman el Comité de Radiodifusión de la CIRT, hayan analizado los alcances legales de realizar debates bajo las nuevas normas electorales”.

En esa confesión de parte  los directivos de la CIRT admiten que no han comprendido las condiciones legales en las que pueden realizarse debates entre los partidos. Ojalá que sus abogados no tarden demasiado en las seguramente sesudas y arduas deliberaciones que deben haber mantenido durante toda la semana. Todo ese esfuerzo se lo habrían ahorrado tan solo con leer el artículo 70 del Código Electoral. Allí se dice que durante las campañas presidenciales el IFE debe organizar dos debates entre los candidatos a ese cargo. Y nada más. No se mencionan los debates entre candidatos a otras posiciones de representación, ni en elecciones intermedias como las que tendremos dentro de 16 días. Y si no se les menciona es porque los partidos y sus candidatos, si así lo desean, pueden tener todos los debates que quieran.

La carta que el Secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, le envió al presidente del Consejo Directivo de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, tiene tres escuetos párrafos. En el primero, como si hiciera falta, recuerda que el IFE es la autoridad que administra el tiempo estatal del que disponen los partidos políticos en radio y televisión.

El segundo párrafo, igualmente retórico, precisa que el IFE regula la contienda electoral.

El tercer párrafo señala: “Así las cosas me permito hacer de su conocimiento los oficios No. RHE/601/09 y PSD/P/P-045/2009 recibidos en esta Secretaría los días 12 y 15 de los presentes respectivamente, remitidos por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Social Demócrata, mediante los cuales manifiestan su preocupación en torno al debate que su Consejo Directivo organiza”.

Y nada más. Se trata de una carta ciertamente ambigua por su ausencia de indicaciones directas, pero allí no hay prohibición alguna. Quizá, y aquí incursionamos en el resbaladizo campo de la especulación, entre las autoridades del IFE había el propósito de evitar el debate para impedir la protesta del PRD y algún otro partido. Como no encontraron asideros legales, se decidieron por esa carta tan desangelada. O quizá, el secretario ejecutivo del IFE simplemente le advertía a la CIRT del contexto político que se estaba creando en torno al multicitado y hasta el día de hoy irrealizado debate. Pero no es tarea del IFE ofrecer advertencias políticas a nadie, ni servir de correveidile de los partidos con ninguna agrupación privada.

Si la carta del IFE hubiera implicado algún exceso respecto de las facultades formales que le confiere la ley, ya estaríamos viendo a los abogados de la CIRT apresurarse para presentar una denuncia contra la autoridad electoral.

Por lo demás, si hay un sector de la sociedad que se ha mostrado militantemente reacio a cumplir con la ley electoral, han sido precisamente los radiodifusores privados y de manera especial los operadores de las televisoras. Así que cuando la CIRT dijo que dejaba de organizar el debate para no incurrir en una infracción legal, quienes hemos atestiguado las tropelías de algunos de los integrantes más conspicuos de esa Cámara tuvimos derecho a proferir una larga, escéptica, estrepitosa carcajada.

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El poder de Televisa le hace daño a México. Así lo reconoció Roberto Madrazo, ex candidato presidencial y ahora crítico del sistema político, entrevistado por Carmen Aristegui.

En una conversación en MVS Radio con motivo del libro que acaba de publicar, el también ex líder nacional del PRI dijo:

“Me pongo a pensar en el enorme poder que tiene una televisora y yo me pregunto hasta dónde es conveniente para nuestro país tanto poder en los medios de comunicación”.

Y un momento después: “No puede haber tanto poder concentrado en un medio de comunicación que le haga tanto daño a nuestro país. Estos monopolios no son buenos para el país”.

A esa conclusión llega Roberto Madrazo Pintado después de años, o décadas, de haber buscado el respaldo de las corporaciones mediáticas y un trienio después de haber quedado desplazado de la contienda por la presidencia de la República debido a la polarización entre los candidatos que reunieron más votos en las elecciones de 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Tardía, aunque todo testimonio de primera mano es útil para reconstruir cómo se toman las decisiones que amalgaman la asociación entre el poder político y el poder mediático, esa apreciación Madrazo la expresó después de que Aristegui le preguntó sobre la Ley Televisa. Como se puede recordar, en marzo de 2006 las campañas presidenciales entraban a su fase más competida y justamente entonces estaban por votarse en el Senado las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión que por su origen, el cabildeo que las impulsaba y sus beneficiarios notorios, fueron denominadas como Ley Televisa.

A pregunta de Aristegui, el ex candidato presidencial confirmó que para forzar la adhesión de los legisladores Televisa les ofreció por lo menos al PRI y al PAN un tratamiento privilegiado en la cobertura de sus campañas. Madrazo relató ayer en el noticiero matutino de MVS radio que la negociación con el Revolucionario Institucional en aquellos meses de 2006 estuvo a cargo de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa: “Lo que ellos estaban vendiendo es que iba a haber durante la campaña un trato diferente o igual, oportunidad de hablar de propuestas. Tú te acordarás que era una campaña muy difícil mediáticamente muy difícil porque los medios estaban polarizando al país; entre la derecha y la izquierda pareciera que no existía nada más que la confrontación”.

Madrazo dice que él no participó en esas negociaciones pero sostiene que aquellas reformas fueron directamente impulsadas por la pareja que mandaba en Los Pinos: “al final, lo que ha sucedido en esa etapa es que Martha Sahagún y Vicente Fox fueron cómplices de la Ley Televisa”.

Como la periodista le replicó “Pero tú también”, Madrazo contestó de inmediato: “Fuimos débiles”.

Según Madrazo, la propuesta para darle trato preferencial al PRI se la hizo Televisa directamente a los coordinadores parlamentarios de ese partido. A pregunta de Aristegui, corroboró que la empresa televisora ofreció un paquete de cobertura política en sus canales.

El viraje de Madrazo respecto de Televisa coincide con las rectificaciones de muchos políticos mexicanos que, cuando han fracasado en sus aspiraciones electorales, encuentran que los directivos de esa televisora se habían granjeado su adhesión a cambio de promesas nunca del todo cumplidas.

Significativa por drástica, esa explicación de Roberto Madrazo queda corta. Antes del que platicó ayer martes en la radio, se han conocido otros testimonios de cómo presionó Televisa a los priistas para que sus senadores respaldaran las reformas que, al año siguiente, serían enmendadas por la Suprema Corte de Justicia.

En abril de aquel 2006 el senador Manuel Bartlett, uno de los legisladores del PRI que votó contra esa iniciativa, relató que poco antes de la sesión en donde se votaría la Ley Televisa, a los miembros de ese grupo parlamentario sus directivos los urgieron para “aprobar de inmediato la citada minuta en sus términos, por convenir a la candidatura de Roberto Madrazo. Ante una votación interna dividida se acordó el voto libre, de conciencia, pero se impuso el voto de la línea. El ‘aparato’ entró en operación, no se permitió la confrontación de las tesis diferentes para la toma democrática de posiciones, no se evaluó el interés público, la vulneración del Estado…el interés superior fue el de los candidatos y sólo el de los candidatos” (Enfoque, suplemento de Reforma. 9 de abril de 2006).

Por esas fechas, unos días antes de que fuese aprobada, el analista político Ricardo Raphael explicó los motivos que tenía el entonces candidato presidencial del PRI para respaldar la Ley Televisa: “Funcionarios de Televisa le enseñaron a Madrazo la enorme cuenta que aún les debe por su desbordada campaña publicitaria. No fue necesario más: a excepción de muy pocos como Manuel Bartlett, el resto de los senadores se plegaron a la línea que les dictó su candidato a la Presidencia”.

Madrazo podría aclarar ese y otros episodios de sumisión de su partido, y de él mismo, a los dictados de Televisa. Ayer, mientras tanto, condensó en una frase las consecuencias que tiene la presencia pública que, en ausencia de contrapesos y regulaciones eficaces, ha alcanzado la empresa de Emilio Azcárraga Jean:

“El problema que yo veo más de fondo… es este poder de las televisoras, particularmente Televisa, que puede construir o destruir honras, prestigios, en segundos”.

Tiene razón Madrazo en su apreciación sobre esa empresa y el poder mediático. Pero el problema que realmente está en el fondo de esta subordinación de la vida pública al predomino de una o dos televisoras, se encuentra en el temor ignorante y reverencial que les tienen el gobierno, los partidos y los legisladores.

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En unos cuantos días, la sociedad mexicana fue capaz de entender y practicar las medidas sanitarias para atajar al virus de la influenza maligna. Pero todavía no guardábamos los cubrebocas cuando, de nuevo, esa misma sociedad sucumbía ante una intoxicación más aturdidora y persistente. La contaminación de la maledicencia encuentra campo fértil entre una ciudadanía cuyas defensas políticas –y, aunque suene tan fuera de moda referirse a ese término– también morales, se encuentran tan degradadas.

La suspicacia se extiende apuntalada en acusaciones inconsistentes, versiones no confirmadas y descripciones incompletas pero tomadas como verosímiles porque todo, o casi todo, resulta creíble en el contexto de esa desconfianza.

Un día el libro de Carlos Ahumada se convierte en best seller no como prueba de lo mucho que se lee en México sino de la intensa necesidad que no pocos mexicanos tienen para encontrar confirmación impresa de las sospechas que han querido abrigar durante varios años. Conocido por sobornar a sus socios políticos, traicionar incluso a su amiga íntima y por vistosas cuan costosas extravagancias, de pronto Ahumada se vuelve fuente confiable simplemente por la gana de chismerío que tanto entusiasma en los medios y que se añade al intenso ruido que aturde y deslumbra pero no deja apreciar la realidad de nuestra vida pública.

No hay revelaciones en el libro de Ahumada, cuyos pasajes más inquietantes fueron copiosamente reproducidos en diarios y revistas. En el universo de corruptos y corruptores allí descrito, nadie se salva pero eso ya lo sabíamos. No será un libro tan leído como comentado. Pero no obstante esa pobreza informativa, su aparición modificó la agenda nacional por lo menos en la apreciación preponderante en los medios de comunicación.

Mucho ruido y pocos hechos verificables, pero en una sociedad forjada en los mitos más que en los datos las confesiones de Ahumada son leídas según conviene a las convicciones pero sobre todo a los prejuicios de cada quien. Los persuadidos de que el señor Amlo es un peligro para México, hallaron en ese texto confirmación de la podredumbre que hubo durante su gestión en el DF. Quienes hace rato intuían que los videoescándalos obedecían a un complot, le agradecen a dicho empresario esa confirmación.

Y como si la auténtica conspiración estuviera en marcha ahora mismo, a la semana siguiente se conocen las parcas aunque devastadoras declaraciones de Miguel de la Madrid. Más que entrevista, lo que difundió Carmen Aristegui fue un extenso monólogo suyo acompañado de lacónicos asentimientos del ex presidente. Pero con eso bastó para que se desatara, cotidianamente aceitada como la tenemos, la maquinaria del escándalo público.

Las acusaciones de De la Madrid serían gravísimas si las acompañara aunque fuese de un dato, una fecha, un testimonio verificables. En ausencia de pruebas, lo único que manifiesta son suposiciones. Desde luego, se trata de conjeturas que alcanzan primeras planas y que le dan vuelo al rebumbio radiofónico porque las dice un ex presidente. Pero justamente por esa responsabilidad pública que tuvo sería exigible que el licenciado De la Madrid fuese más allá de la insidia cuyos efectos él conoce tan bien.

Quizá sea la enfermedad avanzada que dicen que tiene. O simplemente la edad. Pero quizá también es el contexto de habladurías intensas, extensas y constantes en el que nos encontramos, pero algo debe haber profundamente inquietante en la decisión de Miguel de la Madrid para asentir, aunque solamente sea con monosílabos, de la manera en que lo hizo ante la grabadora de Carmen Aristegui. Él tan cuidadoso de las formas que jamás hasta ahora había quebrantado la discreción que se impuso hace 21 años; él tan escrupuloso que creó la Contraloría; él tan preocupado por la opinión publicada que sus memorias parecen informe de notario público.

Algo en este clima de murmuración llevó a De la Madrid a romper con esos incendiarios asentimientos la circunspección de tanto tiempo. Igual que con Ahumada, le creerán los muchos dispuestos a ello y recelarán algunos más. Pero ningún hecho relevante, ningún esclarecimiento útil para saber qué nos ha ocurrido y en dónde estamos, habremos conocido al cabo de este nuevo episodio por el que nos trae el tren de la crispación en el que, con la diligente ayuda de los medios, hemos querido treparnos.

Ah, dicen que ahí viene el libro de Madrazo, otro prócer de la confianza y la transparencia.

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La sorpresa hubiera sido que ofrecieran sorpresas. Los candidatos de los partidos a las diputaciones que estarán en juego en las elecciones del 5 de julio son prácticamente los mismos que se pudieron prever desde meses antes.

Viejos y conocidos dirigentes encabezan las listas plurinominales, en donde cada partido tiene asegurados varios candidatos por circunscripción. Sólo unos cuantos, entre los más curtidos en la supervivencia dentro de cada partido, enfrentarán la prueba de los votos en algunos distritos.

Líderes sindicales insospechables de cualquier proclividad democrática, así como ex legisladores, ex gobernadores, ex funcionarios, nutren las listas del PRI, un partido que no deja de mirar al pasado en buena medida porque eso es lo único cierto con lo que cuenta. La abundancia de ex personajes podría ser tomada como señal de experiencia, pero también manifiesta la incapacidad genética del PRI para renovarse.

Cuadros recientemente confrontados al ejercicio de la administración pública local y federal, unos cuantos de ellos con pericia legislativa, los más surgidos de los arreglos entre los grupos que dominan en ese partido y unos cuantos personajes de la farándula, concurren en las listas de candidatos del PAN. Al concentrar la mayoría de las designaciones distritales y plurinominales, los líderes nacionales panistas ejercieron un poder infrecuente en ese partido pero al mismo tiempo abrieron numerosos flancos de inconformidad interna.

El PRD tampoco se lució por sus novedades. Hubo espacio para todas las corrientes pero ninguna de ellas encontró todas las posiciones que pretendía. Incluso López Obrador, que respalda públicamente a otros partidos y no al suyo, designó a un paquete importante de aspirantes a llegar a San Lázaro. La renovación perredista se ha limitado a los spots en donde Jesús Ortega es amonestado por una niña enfadosa.

Ninguno de los partidos nacionales quiso aprovechar las precampañas que sus propios legisladores establecieron en el actual Código Electoral. Solamente la tercera parte de los 300 candidatos a diputados uninominales por el PAN y la cuarta parte de los candidatos del PRD fueron designados en procesos abiertos a sus militantes. El PRI ni siquiera ese esfuerzo hizo para simular participación interna.

La concentración de tales decisiones en las cúpulas partidarias no es privativa de nuestro país ni resulta, por sí sola, expresión de antidemocracia. Las elecciones primarias, junto con las precampañas que las anteceden, son recursos que tienen los partidos para resolver disputas domésticas y en ocasiones también para llamar la atención de la sociedad.

Pero en situaciones de conflicto y/o estancamiento interno como las que, cada cual con sus matices, sobrellevan los tres partidos nacionales, la apertura de sus procesos internos a la participación de los afiliados implicaba riesgos que ninguna de esas dirigencias quiso correr.

Lo que tampoco hicieron las direcciones nacionales de los partidos fue aprovechar la designación de candidatos para materializar la renovación que, cada cual con sus lemas y prioridades, están empeñados en aparentar. La imagen de Beatriz Paredes rodeada de personajes como el líder sindical de los ferrocarrileros, algún pretérito gobernador mexiquense y varios ínclitos miembros de la clase política que han sido legisladores cuatro o cinco veces, es harto descriptiva de la imposibilidad priista para ser algo más que más de lo mismo que ha sido durante décadas.

Las videodiatribas de Germán Martínez, cuyo principal empeño parece estar concentrado en acentuar la crispación del escenario público mexicano con puyas y pleitos de mozalbete –como si el dirigente de un partido con las responsabilidades que tiene el suyo no encontrase nada mejor que hacer– resultan sintomáticas de la desorientación política que padecen el PAN y el gobierno.

Y el PRD, autorretratado en sus spots, en el menos peor de los casos resulta ser el partido de unos veteranos ciudadanos que se visten de negro para sentarse en torno a una mesa de oficina, hacer aspavientos y luego asentir, al unísono, frente a la cámara que registra sus autocomplacientes cavilaciones.

Esos son nuestros partidos realmente existentes. Ninguno de ellos suscita ganas de votar. Y de los partidos pequeños, todos y cada uno a la caza de canonjías, mejor hablamos en otra ocasión. Más vale evitar la maledicencia, aunque sólo sea por la semana santa.