Sociedad y poder

La Crónica, noviembre 15 de 2007

  La primera reacción ante el categórico triunfo del PRI en Puebla ha sido desempolvar el catálogo de siempre útiles y antaño inevitables lugares comunes: contundente, arrollador, carro completo, ha podido decirse de la operación política que le permitió a ese partido ganar todas las diputaciones de mayoría y casi el 70% de los municipios (entre ellos casi todas las ciudades) en aquella entidad. Ese lenguaje, con el que era usual comentar los incidentes de la vieja política mexicana, viene a cuento porque en las elecciones del domingo se reeditó la escena de un PRI que gana de manera tan impetuosa que pareciera que nada hubiera sucedido en el país durante los últimos años.

   El asombro ante esos resultados es mayor debido a la pésima imagen pública que envuelve al gobernador Mario Marín Torres desde que, en febrero del año pasado, se conoció la procaz conversación telefónica que había sostenido con el desdichadamente célebre empresario Kamel Nacif. Aquel diálogo, en donde el negociante textilero acusado de pederastia agradecía la intervención del gobernador para hostigar a la periodista Lydia Cacho que develó sus tropelías, colocó a Marin en el sótano de las simpatías nacionales. Dentro y fuera de esa entidad se daba por descontado que el gobernador tendría que renunciar y que, a causa de ese desprestigio, la fuerza electoral de su partido declinaría significativamente en Puebla.

   Posiblemente aquella vergonzosa conversación influyó de manera significativa para que en julio de 2006 el PRI obtuviera en Puebla solamente el 23% de los votos en la elección presidencial. Pero desde entonces ese partido desplegó una labor de reconstrucción política que ha tenido como consecuencia el resultado del domingo pasado.

   A muchos observadores de la política mexicana y quizá a no pocos ciudadanos, especialmente en el Distrito Federal, les resulta difícil entender por qué los poblanos avalaron, al votar por su partido, a un gobernador de tan maltratada fama pública y que ha estado involucrado con personajes tan execrables como su interlocutor de aquella bochornosa conversación telefónica. Se requiere tener cara bastante dura para seguir en el escenario público después de la divulgación de aquella charla. Pero evidentemente el resultado electoral, que reivindica al PRI y por lo tanto a ese personaje político, tuvo causas mucho más amplias.

   El Revolucionario Institucional se llevó todas las posiciones electorales en el Congreso local y buena parte de los ayuntamientos porque en Puebla, igual que en casi todo el país, no han desaparecido las redes clientelares ni las prácticas que las han alentado durante largo tiempo. La crisis nacional del PRI posiblemente propició que ese entramado de relaciones caciquiles y corporativas dejase de funcionar con la eficacia de otras épocas. Pero en cuando pudieron recuperarse los viejos operadores electorales de ese partido volvieron a lo suyo, lo cual no es sorprendente. Un gobernador que confiesa haber manipulado al Poder Judicial para perseguir a una periodista incómoda, es perfectamente capaz de acudir a recursos de la vieja política en busca de ventaja en una elección.

   Los priistas en Puebla, además, se beneficiaron de la pésima actuación política de sus adversarios. Los candidatos del PAN, especialmente en la capital del estado, aparentemente confiaron en que se mantuvieran los resultados electorales del año pasado y  llegaron a las campañas tarde y divididos. A diferencia de la tenaz presencia en esa entidad de los dirigentes nacionales del PRI para respaldar a sus correligionarios, los líderes del PAN parecen haberse desentendido de esa elección. Por otra parte los medios de radiodifusión locales tomaron partido por los candidatos del PRI al menos cuando decidieron no transmitir algunos spots panistas en donde se recordaban las conversaciones telefónicas del gobernador Marín.

   También hay que considerar que no todo el PRI en esa entidad se encuentra mimetizado a los intereses ni a los hábitos del gobernador. La  candidata ganadora en la capital del estado, Blanca Alcalá Ruiz, se ha apresurado a manifestar cierta distancia respecto del gobernador.

   La mayoría de los poblanos estuvo ausente de los comicios. En todo el estado la tasa de participación fue cercana al 50% y en las zonas con más ciudadanos registrados, como la propia capital, apenas superó el 40%. Esa circunstancia favoreció a los candidatos del PRI, que suelen tener un voto duro más fiel que el de otros partidos. Las elecciones del domingo en Puebla confirman que, por lo general, la abstención beneficia al Revolucionario Institucional.

   También es posible que en ese resultado haya influido el desinterés del gobierno federal para vencer al partido del gobernador Marín. O, para decirlo de otra manera, quizá tuvo alguna consecuencia el aparente propósito del presidente Felipe Calderón para no enfrentarse a Marín en busca, tal vez, de la adhesión de los legisladores federales que le son fieles a ese gobernador. Esa era una hipótesis que ayer se mencionaba con insistencia en los medios de aquella entidad y que a los candidatos panistas les permitía considerar que perdieron debido a factores externos y no a la debilidad de Acción Nacional en Puebla.

   En todo caso, parece claro que el descrédito que Mario Marín padece en la opinión publicada no es necesariamente compartido por los poblanos. Numerosos comentaristas y conductores se han preguntado, en el transcurso de esta semana, por qué los ciudadanos no castigaron, rehusándose a votar por su partido, la conducta del antipático gobernador.

   Algunas respuestas las podemos encontrar en el análisis de periodistas poblanos como Arturo Rueda, que escribe la columna “Tiempos de Nigromante”. En uno de sus textos de esta semana ese periodista recuerda que en Puebla: “Cientos de organizaciones campesinas, obreras, taxistas, concesionarios, abogados, jóvenes, y hasta la dominación que ejercen pastores y sacerdotes son mecanismos de control político muy difíciles de romper. El priísmo gana y supervive siempre gracias a su control corporativo”.

   El año pasado ese control se debilitó debido a que la situación jurídica del gobernador, cuando fue denunciado el acoso contra la periodista Lydia Cacho, parecía incierta. Gracias a ello y a la polarización política nacional el PAN pudo ganar en Puebla. De acuerdo con Rueda: “Sucede que en el 2006 se disolvieron los controles corporativistas al interior del estado por dos razones. Una, que a causa del escándalo Cacho y la muy alta probabilidad de que Marín fuera destituido de la gubernatura, todas las organizaciones, federaciones y asociaciones dejaron de escuchar las instrucciones del partido y de Gobernación. Y dos, como Madrazo entró derrotado a la elección presidencial, los líderes corporativos no tenían incentivos para participar en la campaña tricolor y prefirieron voltear hacia el panismo, y en especial al perredismo por la victoria casi cantada de López Obrador. Por ello fue que 350 mil votos tricolores se trasladaron a la Coalición por el Bien de Todos”. En aquella ocasión el PAN obtuvo el 37.5% de los sufragios en Puebla y el PRD el 32.3%.

   Más tarde, sin embargo, conforme se alejó la posibilidad de ser llevado a juicio político, Marín recuperó capacidad de maniobra. Siguiendo la reflexión de Rueda, que el año pasado fue despedido del programa que conducía en una radiodifusora en represalia porque se empeñaba en seguir mencionando las acusaciones de Cacho contra el gobernador: “¿qué ocurrió entonces entre julio del 2006 y noviembre del 2007? Pues que con diligencia y paciencia Marín se dedicó a reactivar los controles corporativos que se habían disuelto en la campaña presidencial. La expectativa de permanecer en el poder, la recuperación de su imagen mediática y el gasto desmedido en obras de relumbrón consolidaron el llamado a los líderes que en tropel comenzaron a acudir a Gobernación, desde donde se operaron todos los compromisos”.

   Eso es, al menos en parte, lo que sucedió en Puebla.  El resultado del domingo beneficia políticamente a Marín, aunque no lo descargue de la apreciación pública suscitada por sus complicidades con personajes como Nacif. En Puebla, como en otros sitios del país, el PRI no está desplazado del escenario político aunque para ello tenga que acudir a las viejas prácticas de siempre, con los mismos personajes de siempre. O para machacar otro estereotipo, en este caso monterrosiano, el dinosaurio permanece. Quizá nos habíamos adormilado suponiendo que ya no estaba allí.

ALACENA: Narro, Rector

   También a propósito de la UNAM, con motivo de la decisión que anteanoche y con menos discusión de la que se esperaba tomó la Junta de Gobierno, se ha podido hablar del éxito de viejas prácticas corporativas. Esa sombra sobre su designación forma parte de los retos más importantes del nuevo Rector. El doctor José Narro Robles tiene la experiencia y la sagacidad política necesarias para saber que, además de consolidar avances de la administración saliente, necesita procurar la calidad académica más allá de discursos autocomplacientes como una forma, entre otras, para establecer distancia respecto de su antecesor en la Rectoría.

Publicado en La Crónica el jueves 10 de agosto de 2007

   La derrota del PRI en Baja California tendría que dejar lecciones persistentes: el dinero no basta para ganar una elección. La capacidad de los recursos financieros cuantiosos para comprar publicidad, adhesiones, votos inclusive, tiene límites y la mayoría de los electores en aquella entidad los señaló. Por muy extendida que sea la influencia de Jorge Hank Rhon especialmente en Tijuana (en donde se encuentra más de la mitad de los electores de esa entidad) el derroche de recursos y regalos no fue suficiente para permitirle ganar las votaciones del domingo. Hay algunas cosas que el dinero no compra y entre ellas se encuentra, al menos en ocasiones como la elección reciente, la voluntad de la gente. O al menos, en este caso, a una ajustada mayoría de los bajacalifornianos.

   Casi el 51% votó por el candidato de Acción Nacional, José Guadalupe Osuna Millán, que se benefició del activismo que desplegó en su favor el actual gobierno de la entidad pero, también, de la animosidad que suscitaba el aspirante priista. Una encuesta del diario Reforma encontró que dos semanas antes de las elecciones el 43% de los bajacalifornianos aseguraba que jamás votaría por Jorge Hank.

   Definida por los excesos, la personalidad de ese empresario ha sido claramente repulsiva para la opinión publicada en todo el país. La ostentación grotesca de una riqueza de orígenes fundadamente dudosos, la jactancia ofensiva que apenas era simulada con una cobertura de paternalismo dadivoso, el machismo vulgar, las acusaciones de complicidad criminal que él mismo pareciera ratificar como cuando ha protegido a la familia del asesino material del periodista Héctor Félix, han sido rasgos de un perfil público que nos retrotrae a las peores épocas de la vieja política mexicana. O que, mejor dicho, nos recuerda la vigencia, al menos en algunos casos y segmentos, de esa política clientelar, autoritaria y caciquil.

   Lo más escandaloso no fueron las intenciones de Hank Rhon para ser gobernador sino el respaldo que encontró tanto en las anteriores como en las actuales autoridades de su partido. Promovido por Roberto Madrazo, el hijo del “profesor” mexiquense fue el candidato apoyado, inevitablemente, por Beatriz Paredes. Ante la postulación de Hank Rhon cualquier renovación priista –para no hablar de congruencia, que es un valor prácticamente en extinción en ese y el resto de los partidos– es inverosímil.

   Hay quienes consideran que, con la derrota de ese ex alcalde de Tijuana, el PRI sale ganando porque se han demostrado las crecientes dificultades que enfrentan candidaturas como la que en esta ocasión perdió en las urnas. Pero a esa lectura optimista, es pertinente contrastar dos realidades. La primera, es el hecho de que el PRI nacional movilizó operadores, experiencia y recursos políticos en busca del triunfo de Hank. No se trató de un candidato aislado ni menospreciado por su partido. Y la segunda circunstancia radica en la votación, finalmente minoritaria pero de ninguna manera desdeñable, que alcanzó ese empresario de las apuestas y otros entretenimientos.

   El candidato panista ganó la gubernatura por una diferencia de algo más de 54 mil votos, que constituyeron casi el  7% de los sufragios emitidos el domingo –de acuerdo con la información no definitiva, pero con más del 99% de las casillas contabilizadas, que ofreció el último corte del programa de resultados preliminares–. Osuna recibió casi 400 mil votos y Hank 345 mil, en números redondos. Fueron a las urnas alrededor de 800 mil bajacalifornianos, que constituyeron el 38% de los ciudadanos registrados en la lista de electores.

   El año pasado, en la elección para diputados federales votaron 925 mil bajacalifornianos, es decir 15% más que en esta ocasión. Pero aunque hubo menos votantes, los sufragios a favor del PRI se incrementaron alrededor de 50%. En 2006 ese partido, aliado con el Verde Ecologista, recibió 231 mil votos en la elección para diputados en Baja California. Ahora, como hemos señalado, la misma coalición tuvo 345 mil.

   En cambio los votos para Osuna Millán, postulado por el PAN junto con Nueva Alianza, fueron un 15% menos que los sufragios para esos partidos en la misma elección de 2006. Si recordamos que en los comicios del domingo pasado votó también un 15% menos de bajacalifornianos podríamos considerar, para estar en condiciones de comparar los resultados de ambas elecciones, que los votos para PAN y Nueva Alianza fueron prácticamente los mismos. Es decir, la fuerza electoral de esos partidos resultó prácticamente idéntica a la que alcanzó en la elección del año pasado para diputados federales.

   En esa elección de 2006 los votos por Nueva Alianza fueron 60 mil. Si suponemos que la capacidad electoral de ese partido se ha mantenido sin cambios importantes, es factible considerar que, ahora, 50 mil de los 400 mil votos para Osuna fueron proporcionados por ese partido.

   Si atendemos a esos datos podría considerarse que una parte de triunfo el nuevo gobernador se la debe a Nueva Alianza. Pero no hay que olvidar que, ante todo, Osuna recibió una votación que se mantiene fiel a Acción Nacional. Los votos de Nueva Alianza le permitieron a ese candidato afianzar un margen más holgado frente a Hank Rhon. Pero, si seguimos con tales estimaciones, se puede afirmar que aun sin esos sufragios Osuna hubiera ganado, con un margen de uno o dos puntos y no de casi del 7% con el que superó al candidato del PRI.

   El crecimiento electoral del Revolucionario Institucional solamente puede explicarse con el declive del PRD. El año pasado en la elección de diputados federales la alianza perredista, junto con el PT y Convergencia, alcanzó 179 mil votos. Si le restamos el 15% que resulta de la disminución en la participación ciudadana, esos sufragios podrían haber sido 152 mil. En esta ocasión el PRD se presentó solo y, con otra fórmula, compitieron PT y Convergencia. Entre todos, esos partidos alcanzaron menos de 25 mil votos en la elección para gobernador. Es decir, descontando el descenso en la participación ciudadana, los partidos considerados de izquierda y que el año pasado compitieron juntos recibieron 127 mil sufragios menos. También disminuyó la votación de Alternativa, que cayó de 23 mil entre la mencionada elección del año pasado a poco más de 7 mil votos en los recientes comicios para gobernador. Si seguimos con este ejercicio y a la reciente votación de Alternativa le restamos el 15% tenemos que ese partido sufrió una merma neta de 12 mil 500 votos. PRD, PT, Convergencia y Alternativa perdieron, en suma, cerca de 140 mil votos.

   En proporción con la participación del año pasado, en esta ocasión la votación por el PRI y el PVEM podría haber sido de 197 mil votos (descontando 15% a los sufragios de 2006) si hubiera mantenido la misma adhesión electoral. Pero ahora esa coalición, con Hank como candidato, alcanzó 345 mil votos. No es aventurado suponer que la mayor parte de los votos que en comparación con los comicios anteriores perdieron las izquierdas, se trasladó de manera masiva para beneficiar al PRI. Los 140 mil votos que de acuerdo con este ejercicio dejaron de recibir los partidos de ese signo, bastan casi para explicar la votación del candidato priista.

   Así que el PRI no solamente desplegó una cuantiosa, suntuosa y en varios sentidos agresiva campaña electoral. El dato más importante es el efecto que ese proselitismo alcanzó, muy probablemente, entre las que hace un año fueron clientelas de los partidos de izquierda y de manera fundamental del PRD.

   El domingo pasado en Baja California fue derrotada, por un margen de varios puntos porcentuales, la capacidad del dinero para hacer política. Pero la fuerza del dinero, aunque haya sido exhibida de manera tan ordinaria como hicieron Hank Rhon y su partido, fue capaz de seducir y definir el voto de quienes hace pocos meses simpatizaron con el PRD y otros partidos habitualmente apreciados como de izquierdas. La inconstancia, el desconcierto y el hastío de esos ciudadanos que cambian de opción electoral de manera tan inopinada es una de las lecciones menos atendidas pero, nos parece, más significativas de los comicios en Baja California.

ALACENA: Radio matutina

Mientras sigue sin resolverse la situación de José Gutiérrez Vivó y su noticiero el panorama de la radio informativa por las mañanas, ya muy competido con opciones tan diversas como las que constituyen Carmen Aristegui (W Radio), Leonardo Curzio (Radio Mil) y Óscar Mario Beteta (Radio Fórmula) se enriquece con el retorno, a ese horario, de Javier Solórzano en Radio 13.

La Crónica, jueves 28 de junio de 2007

   La decisión de la Corte para aplazar su sentencia acerca del comportamiento del gobernador de Puebla le dio un respiro –apenas ligero y efímero, pero respiro de todos modos– no solo a Mario Marín sino, junto con él, a su partido. Estos no son, definitivamente, los mejores tiempos para el PRI. A juzgar por lo maltratado que se ve ese partido pero especialmente debido a la obstinación de sus dirigentes para proteger a los priistas más indefendibles no hay un solo elemento que permita guardar alguna esperanza –si es que alguien quisiera tenerla– en el porvenir del Revolucionario Institucional.

   Mario Marín, Ulises Ruiz y Jorge Hank Rohn son, hoy en día, los priistas más visibles. El primero de ellos ha sido acusado por atropellar las garantías individuales de la empeñosa periodista Lydia Cacho. El gobernador de Oaxaca se excedió ostensiblemente en el mando de la fuerza pública para reprimir un movimiento desbordado y exaltado y que había prescindido de cualquier otra demanda para insistir, antes que nada, en la renuncia del mandatario estatal. A Hank Rohn, la autoridad electoral en Baja California le aplicó una ley local que impide la postulación de funcionarios electos cuya gestión no haya terminado, como sucede con él cuya responsabilidad como presidente municipal le impide, según esa disposición, ser candidato a gobernador.

   Personajes de historias diferentísimas, esos notorios priistas viven, hoy, destinos paralelos. La suerte de los tres pende de resoluciones judiciales.

   El caso contra Mario Marín quedó postergado pero antes de ello se conoció el proyecto de resolución que, a la cabeza de la comisión investigadora que había creado la Corte, presentó el ministro Juan Silva Meza. Allí se confirma que el gobernador de Puebla orquestó el acoso judicial contra la periodista Lydia Cacho para congraciarse con su amigo, el empresario textil Kamel Nacif. En esa maniobra el gobernador fue auxiliado por la procuradora del estado de Puebla, por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y por una juez local. Contra todos ellos, se proponen medidas judiciales. Y contra el gobernador, de aceptarse las recomendaciones del ministro Juan Silva, se dejaría al Congreso de la Unión la posibilidad de inhabilitarlo para que fuese sometido a juicio.

   Es altamente posible que, presentado a los legisladores federales, el caso del gobernador Marín no prosperase porque lo defienden sus correligionarios del PRI. Es de esperarse que así ocurra y no en virtud de una elemental solidaridad entre militantes sino debido a la connivencia de intereses y complicidades que constituyen el principal, si no es que el único, elemento de cohesión de ese partido. Además del agravio a la periodista Cacho, en este asunto se ha comprobado la sumisión de la justicia en Puebla a los caprichos del gobernador. Y detrás de todo ello, se mantienen las denuncias acerca de las redes de pederastia de las que podrían ser activos cómplices algunos protegidos de Mario Marín.

   Al comprometerse en la defensa de ese gobernador, el PRI manifiesta de qué lado está en la reivindicación de las leyes y en la defensa de los derechos humanos. Lo mismo le sucede con Ulises Ruiz, cuyo caso también está pendiente de solución en la Suprema Corte. Los dirigentes de la APPO no estuvieron exentos de numerosas culpas. Pero el encarcelamiento al que se encuentran sometidos, las penas desproporcionadas que se les han impuesto y la vigilancia policiaca extrema que se mantiene en Oaxaca, no han cancelado la inquietud social en esa entidad. Ahora no solamente los maestros sino además grupos significativos de empresarios, consideran que la gestión de Ruiz estorba el remedio a las tensiones políticas oaxaqueñas.

   Para salvaguardar a los gobernadores de Oaxaca y Puebla, el Revolucionario Institucional ha puesto en juego su peso parlamentario.   La ecuación que proponen los priistas es tan elemental como impúdica: si Acción Nacional les ayuda a detener las sanciones contra Ruiz y Marín, a cambio el PRI respaldaría la propuesta de reforma fiscal del gobierno federal. Para los priistas, la defensa de esos impresentables gobernadores se ha convertido en prioridad incluso por encima del interés de la sociedad.

   Habrá quien considere que se trata de una medida política, como si la única política posible fuera la del tráfico de influencias y la coacción. También se puede estimar que ese es, simplemente, vulgar chantaje. Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón y el PAN resuelven qué hacer en esos litigios, los líderes parlamentarios del PRI se pavonean ufanándose de la posición estratégica que, según dicen, tiene hoy su partido como fiel de la balanza de las decisiones en ambas cámaras.

   Quizá se equivocan. Indudablemente, aliado con el PRI, Acción Nacional tiene en cada una de las cámaras mayoría suficiente para aprobar la reforma fiscal y cualquier otra iniciativa. Pero también la tendría si contara con los votos del PRD tanto en San Lázaro como en Xicoténcatl. Hace varios meses hubiera sido impensable que los perredistas respaldaran una propuesta del gobierno cuya elección descalificaron con tanto ahínco. Pero hoy, dentro del PRD se abren paso las posiciones de quienes reconocen que si no hacen política (y política es antes que nada el ejercicio de tomar acuerdos en torno a posiciones comunes) quedarían marginados del escenario público.

   Aunque el aniversario de la elección presidencial le dará nueva notoriedad a Andrés Manuel López Obrador y a las posiciones intolerantes dentro del PRD, en distintos frentes los perredistas que ocupan responsabilidades de elección popular ejercen su derecho a ser reconocidos como interlocutores del gobierno. La comida que los gobernadores que son miembros de ese partido tuvieron con el presidente Calderón, así como los encuentros de legisladores perredistas con el secretario de Hacienda, forman parte de esas definiciones políticas.

   Si no fuera con el PRD, el PAN todavía tiene la posibilidad de alcanzar mayoría en ambas cámaras sin contar con el PRI, siempre y cuando entablase acuerdos con varias de las fracciones parlamentarias más pequeñas. Los diputados que no forman filas en ninguno de los tres partidos principales suman 61 (el 12% de los 500 legisladores que hay en esa Cámara) y habría diversas combinaciones para que los 206 diputados panistas lograsen, con algunos de ellos, el mínimo necesario. En el Senado, en donde Acción Nacional tiene 52 de 128 escaños, los legisladores del PVEM, Convergencia y el Partido del Trabajo, además de un senador sin partido, son 17.

   Así que al menos desde el punto de vista aritmético, pero con serias posibilidades de que los números sean políticamente realistas, el PRI no resultaría absolutamente indispensable para que el gobierno y su partido lograsen la fiscal y quizá otras reformas. De hecho, los más interesados para que dentro del PRD prevalezca la línea de obcecación y terquedad de López Obrador son los priistas más dinosáuricos. Mientras el PRD se mantenga refractario a la política y sus decisiones, el PRI le resultará más necesario al gobierno y al PAN.

   ¡Qué paradoja! O qué situación tan emblemática de los intereses que hay detrás de las diversas expresiones de la vieja política, tanto en el priismo elemental como en el segmento más ofuscado del PRD. Hoy en día, la mejor posibilidad que tienen personajes como Mario Marín y Ulises Ruiz para quedar a salvo de la aplicación de la justicia es el endurecimiento en el PRD –para que, entonces, el PRI le resulte indispensable al gobierno y al PAN–. Los extremos se juntan. O, quizá, nunca han estado muy distantes.

   El desconocimiento legal de la candidatura de Jorge Hank Rohn para el gobierno de Baja California se añade a esas vicisitudes del PRI pero, también, confirma hacia donde soplan las adhesiones y afinidades en ese partido. El alcalde con licencia es víctima de una curiosa disposición legal que fue aprobada hace cinco años por su partido. La decisión del Tribunal Electoral de aquella entidad para aplicar la ley invalidando la postulación de Hank, ha sido tomada por priistas dentro y fuera de Baja California como muestra de que hay una confabulación en su contra. Pero la única maquinación que hoy damnifica a ese partido la han cometido los propios priistas. El problema de Hank Rohn no es principalmente el incumplimiento del artículo 42 de la Constitución de Baja California sino el abuso excesivo del poder, la insolente jactancia de un enriquecimiento no siempre claramente lícito, la exhibición de aficiones y costumbres ofensivamente onerosas. La personalidad de Hank Rohn es controvertible ética, pero también estéticamente. A ese individuo, el PRI lo respalda para que sea gobernador.

   Hank, Ruiz y Marín son los tres, aunque con diferentes trayectorias e infracciones, paradigmas de un priismo arbitrario y arcaico que no ha querido desaparecer. Los tres están acusados de atropellos legales de distinta índole pero, además, tienen una pésima fama pública forjada con sus propias y ostensibles acciones. El PRI para protegerlos, presiona con dejar de apoyar reformas de ley. Pero en una alianza parlamentaria ese partido no es necesariamente indispensable. Y de cara a la sociedad, al comprometerse con personajes como ésos el PRI confirma en dónde siguen estando sus verdaderas querencias. ¿Arquetipos? Ah, qué tipos. 

Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

Julio 27 de 2006.

[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

La Crónica, junio 12 de 2005

Ahora que el Poder Judicial lo ha declarado inocente del asesinato por el que estuvo más de 10 años en prisión, Raúl Salinas de Gortari tiene que seguir atendiendo asuntos legales debido a las denuncias de enriquecimiento ilícito que se le han formulado desde hace tiempo. Las cuantiosas sumas de dinero y la ostentación de influencia personal y política que hacía durante el gobierno de su hermano Carlos le ganaron a ese personaje la animadversión –en muchas ocasiones extralógica pero también a partir de elementos reales– de importantes sectores en la sociedad mexicana.

   Pero Raúl Salinas, como ahora tanto se dice, no fue encarcelado por ese enriquecimiento sino porque lo acusaron de haber asesinado a su ex cuñado, el ex gobernador de Guerrero y secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu. El tribunal que examinó el abultadísimo expediente determinó que no había sustento para tales imputaciones de asesinato.

   Diez años con casi cuatro meses habrá estado Raúl Salinas en la cárcel desde que fue aprehendido el último día de febrero de 1995. Ese fue el tiempo que se llevaron la indagación de la PGR y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, su evaluación en sucesivos juzgados, las apelaciones de la defensa y el análisis de todo el expediente hasta la decisión final.

Galimatías judiciales

   Diez años y medio, prácticamente. En ese lapso Raúl Salinas de Gortari estuvo varios años sometido a formas de vigilancia que atentan contra los derechos humanos en la cárcel más rigurosa del país. Luego lo llevaron a otro penal en donde también padecía un régimen penitenciario de excepción porque no le permitían tener las prerrogativas que disfrutaban otros internos.

   Ahora que se ha reconocido su inocencia, no sólo Raúl Salinas tiene asuntos pendientes que debe resolver y aclarar. El encarcelamiento injusto y la difamación de la que fue víctima nadie los va a reparar. Al menos, el caso de Raúl Salinas de Gortari tendría que ser motivo de obligatoria reflexión para el sistema judicial mexicano en todos sus niveles y, también, para la sociedad entera.

   Precisamente en estos días la Suprema Corte de Justicia estableció un convenio para que sus sesiones sean televisadas. Qué bueno. Los asuntos que se discuten en ese organismo resultan, con creciente frecuencia, de tanta importancia nacional que algún interés despertarán sus deliberaciones.

   Pero la transparencia que con esas transmisiones se pretende, alcanzará sólo a la cúpula del sistema judicial. Los motivos y, cuando las hay, las razones de quienes imparten justicia en otros niveles del complejo aparato de justicia que tenemos en este país no suelen ser conocidos, y menos comprendidos, por los ciudadanos. Inclusive cuando los expedientes judiciales alcanzan notoriedad mediática pocas veces se les atiende –y se les entiende– con el esmero que sería necesario.

Irregular investigación

   El del ingeniero Raúl Salinas de Gortari ha sido, desde hace 10 años, un caso seguido con atención mediática y social debido a la notoriedad del acusado y, desde luego, de la víctima cuyo homicidio se le imputó. Pero en la apreciación que predominó acerca de ese caso, pesaron más las consideraciones subjetivas que el examen de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

   La indagación a cargo de la PGR estuvo saturada de tantas irregularidades que, por encima de evidencias, los medios propalaron acerca de ella los rasgos excéntricos y vulgares que muy pronto la definieron. La inhumación clandestina de una osamenta para pretender que era la del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha y el pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez, el único testigo que involucró a Raúl Salinas en la conspiración para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, formaron parte de esa campaña vergonzosa y circense que no buscaba hacer justicia sino, al contrario, impedir su cabal aplicación.

   Cuando no tenía evidencias con frecuencia la Procuraduría General, sobre todo entre 1995 y 1997, las inventaba. Y cuando no contaba siquiera con documentos que parecieran respaldar sus imputaciones, esa dependencia del gobierno federal propalaba filtraciones entre periodistas.

   Ahora se confirma que esas presuntas evidencias nunca fueron suficientes para fincar una acusación sólida contra Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo varios jueces las consideraron satisfactorias y expidieron o ratificaron la sentencia.

   Ese desaguisado se ha resuelto, nomás con 10 años de tardanza, gracias a la resolución que tomó el jueves pasado por la noche en Tribunal Colegiado en Toluca. Pero más allá del asunto estrictamente legal, también en amplios segmentos de la sociedad y en los medios de comunicación se juzgó como asesino, sin pruebas, al hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Montajes de faramalla

   Aunque los montajes de la PGR en aquellos años fueron faramallescos y era imposible tomarlos como concluyentes, en los medios y el mundo político hubo quienes condenaron abiertamente a Raúl Salinas. En la sociedad mexicana prevalecía el convencimiento de que la contratación de una vidente, la osamenta en El Encanto y el soborno a Fernando Rodríguez eran signo de acusaciones falsas. Y sin embargo, en todos esos sectores se mantuvo un ánimo de linchamiento que condescendió con la reclusión de Raúl Salinas aunque se sabía que no había motivos sólidos para culparlo de la muerte de su ex cuñado.

   La contratación de La Paca y sus allegados tendría que haber sido motivo suficiente para que el Procurador y el subprocurador, Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, fueran cesados. Mucho más, el soborno de medio millón de dólares para propiciar una declaración incriminadora contra Raúl Salinas. Pero ni en la clase política, ni en los medios, ni en la sociedad mexicana de esos nada lejanos años, se levantaron suficientes voces para exigir seriedad en la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

   La crisis económica era realmente amenazadora, el país se encontraba estancado en muchos terrenos, los asesinatos políticos y la irrupción guerrillera de 1994 seguían enturbiando el panorama público… Era difícil mirar los acontecimientos con serenidad y abstraerse del clima de crispación que dominaba en aquellos años. Pero aún así no deja de llamar la atención la pasividad, lindante con la complicidad, que con escasas excepciones hubo en la sociedad mexicana –medios y comentaristas críticos incluidos– ante las acusaciones sin suficiente sustento que se enderezaban contra Raúl Salinas. En marzo de 1995 escribimos, recordando al macartismo estadounidense que tan puntualmente había bautizado cuatro décadas antes la escritora Lillian Hellman, que estábamos entrando a un Tiempo de canallas. Posiblemente no hemos logrado salir de esa ominosa etapa.

Mirar e incriminar

   Durante la década reciente, amplios sectores del entramado mediático y de la sociedad mexicana vieron solamente lo que querían ver en el encausamiento contra Raúl Salinas. El soborno para favorecer la declaración de un testigo fue dispensado, o soslayado, como si hubiera sido un asunto menor. Las extravagancias y tropelías del fiscal Pablo Chapa fueron asumidas como anécdotas.

   Llamativos, a esos episodios se les restó importancia como indicadores del timo al que se estaba conduciendo al sistema judicial. Pero a su vez, cobraron tanta relevancia pública que desplazaron la divulgación y discusión de otros rasgos en el juicio contra Raúl Salinas.

   A estas alturas casi nadie se acuerda, por ejemplo, de la manera como el juez Ricardo Ojeda Bohórquez tomó en cuenta, como evidencia contra Raúl Salinas, un segmento de tres segundos en donde, según dijo, se podía apreciar una mirada de complicidad con el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

   Al referirse a esa supuesta evidencia el juez, que en enero de 1999 le impuso a Raúl Salinas una sentencia de 50 años de prisión, advertía que el registro de esa mirada “por sí solo no sería motivo para fincarle una responsabilidad penal, en el delito que se le imputa”. Pero junto con otros elementos, al juez le pareció que esa grabación “sirve de apoyo” a la acusación contra Salinas como autor intelectual del crimen.

Imaginaria complicidad

   El intercambio de miradas ocupa las reflexiones del juez Ojeda entre las páginas 3170 y 3180 de la sentencia que expidió contra Salinas. De ese asunto esta columna se ocupó los días 20 y 21 de mayo de 1999 y vale la pena recordarlo porque ejemplifica la ligereza del proceso cuyo desenlace ahora ha sido rectificado a favor de Raúl Salinas.

   En ese apartado de la sentencia, así como entre las páginas 55267 y 55296 del expediente con las actuaciones judiciales del caso, se analiza un video grabado por reporteros de Televisa el 28 de septiembre de 2004 en el Hospital Español poco después de que, herido de muerte, José Francisco Ruiz Massieu había sido llevado a ese nosocomio. Además de una entrevista con uno de los médicos que trató de impartirle los primeros auxilios en esa grabación se aprecian los gritos, el desconcierto y la expectación de docenas de amigos y familiares que estaban llegando al hospital.

   En el tumulto, de acuerdo con la narración que aparece en las actas judiciales, se alcanza a ver al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha –a quien Fernando Rodríguez González señaló después como la persona que, por indicaciones de Raúl Salinas, le había encargado que contratase a un pistolero para que atentara contra Ruiz Massieu–.

   El video era aparentemente útil como prueba porque, en su declaración ministerial, Rodríguez González dijo que aun cuando él no se encontraba aquella tarde en el Hospital Español Muñoz Rocha, que sí estuvo, le aseguró que en algún momento Raúl Salinas de Gortari se le aproximó, le dio una palmada en el hombro y le dijo “bien”. Ese presunto gesto, a partir de una declaración de tercera mano, fue tomado por el Ministerio Público como señal de que Salinas y Muñoz Rocha estaban coaligados en el crimen.

   Lo que el video mostró fue que en ningún momento Muñoz Rocha y Salinas intercambiaron palabras ni palmada alguna porque estuvieron distantes uno del otro. Pero en vez de considerarlo como demostración de la falsedad del testimonio de Rodríguez González el juez Tercero de Distrito Penal encontró –o quiso encontrar– un indicio de complicidad entre aquellos personajes.

Evidencia en 3 segundos

   La grabación dura 11 minutos con 36 segundos. De ellos, las escenas que sugieren algún acercamiento entre Muñoz Rocha y Raúl Salinas, tienen una extensión de tres segundos. El análisis de ese pequeño segmento, realizado el 21 de febrero de 1997 en el juzgado de Almoloya, era tan subjetivo que cabía preguntarse si el resto de la sentencia estuvo afectada por otros sesgos de esa índole.

   Ante el video examinado cuadro por cuadro, el secretario del Juzgado identificó un momento en el que Muñoz Rocha dirige la mirada hacia los miembros de la familia Salinas que habían acudido al hospital. En una primera descripción dejó asentado que entre muchas otras personas se identificaba “hacia el fondo de la escena, mirando de frente a la cámara, Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie hacia dónde dirige la mirada, porque la nariz del procesado [Raúl Salinas de Gortari] y el pelo de la señora Paulina impiden esa apreciación”.

   Uno de los agentes del Ministerio Público Federal pidió entonces que el secretario del Juzgado determinara a quién miraba Muñoz Rocha. La nueva descripción, indicó lo siguiente: “aparecen en escena seis personas, de espaldas a la cámara, dos de ellas inidentificables por sólo verse el cabello oscuro, uno de ellos alzando una cámara fotográfica, una tercera persona vestida de saco azul rey, que fue identificado como el señor Raúl Salinas Lozano, atrás de él quien fue identificada como la señora Paulina Castañón y a espaldas de ésta el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y al fondo el señor Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie que entre éste y el señor Raúl Salinas haya diversas personas, y la mirada de aquél estaba dirigida hacia éste, apreciándosele a Manuel Muñoz Rocha únicamente el ojo izquierdo. Doy fe”.

   Ante una nueva petición para que fueran certificadas las escenas del siguiente segundo de ese video, el secretario del juzgado dejó establecido: “en la proyección aparecen las personas referidas… con la salvedad de que el inculpado Raúl Salinas de Gortari aparece volteando hacia el lado derecho, sin apreciarse hacia dónde dirige la mirada, por no observar sus ojos en la escena”.

Apreciar sin explicar

   A pesar de la vaguedad de esa descripción el Ministerio Público consideró que allí se probaba que Muñoz Rocha, en el video, “mira fijamente al inculpado”

   Sus defensores y el propio Raúl Salinas alegaron entonces que de una fracción tan pequeña del video no podía concluirse que Muñoz Rocha lo hubiera volteado a ver, específicamente, a él. Las escenas cuadro por cuadro de esos tres segundos no eran suficientemente claras para determinar que Muñoz Rocha miraba sólo a una persona. Además, como dijo el secretario del juzgado, solamente se apreciaba uno de los ojos del entonces diputado.

   Cuando el acusado solicitó que esa apreciación fuera revisada con una impresión ampliada de tales escenas, el juez acordó que tal petición no era procedente, “en virtud de que el Secretario tiene fe pública y sus apreciaciones audiovisuales no ameritan explicación”.

   El juez se empeña tanto en defender a Rodríguez González –que había recibido medio millón de dólares para ofrecer ese testimonio– que incluso le dispensa haber dicho, falsamente, que Raúl Salinas y Manuel Muñoz se habían saludado en el Hospital –lo cual, por otra parte, no hubiera tenido nada de extraño–. “No quiere decir que Fernando Rodríguez haya mentido, ya que a él se lo dijeron, aunque no lo vio” dice la sentencia del juez Ojeda.

   “Lo que sí es innegable –continúa ese fragmento de la extensa sentencia–  es que Fernando Rodríguez no mintió al decir que Manuel Muñoz Rocha se vio con el acusado imprevistamente, en el Hospital Español; sin embargo, al observar el videocasete en cámara lenta… se advierte que es evidente que Manuel Muñoz Rocha trataba de buscar la mirada del acusado y acercarse a él y que en un determinado momento se cruzaron las miradas y se nota en ellas un sentimiento de complicidad y disimulo, aun cuando no se observe ‘una palmada’ como refiere el acusado, ni se escucha que le haya dicho ‘bien’…”

   Aunque en la revisión de uno de los tres segundos pertinentes del video el secretario del Juzgado dejó asentado que si bien Muñoz Rocha veía de frente a la cámara no se apreciaba “hacia dónde dirige la mirada”, el juez decidió considerar que resultaba “evidente” que el entonces diputado priista buscaba la mirada de Raúl Salinas.

   Y aunque en la siguiente escena, según la misma descripción a partir del video exhibido en la audiencia judicial, de Muñoz Rocha se veía “únicamente el ojo izquierdo” y al tercer segundo la mirada de Raúl Salinas no se apreciaba, “por no observar sus ojos en la escena”, el juez Ojeda decidió que, aquella mañana trágica en el Hospital Español, Muñoz Rocha “trataba de buscar la mirada del acusado”.

   Con ese fragmentario registro, el juez que condenó a Raúl Salinas dictaminó: “de la simple observación del video en forma pausada (o cámara lenta) se puede advertir la complicidad y acuerdo que existía entre el acusado y el desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha a través de sus miradas”.

Tribunal mediático

   Desde luego esa fue solamente una, entre otras, de las evidencias que Ojeda Bohórquez utilizó para condenar a Raúl Salinas. Es una sola pero ejemplifica el enorme descuido y, quizá, la prejuiciada malquerencia con que se desarrolló el proceso que tuvo a Raúl Salinas en prisión durante más de 10 años hasta que, el jueves, el Tribunal Colegiado le otorgó el amparo contra esa sentencia.

   El universo de las actuaciones y decisiones judiciales suele ser hermético al escrutinio de una sociedad que, por lo demás, no se detiene a examinar con detalle documentos tan farragosos como los que forman parte de esas diligencias. Pero episodios como el que hemos descrito fueron intencionalmente ignorados por muchos de quienes condenaron a Raúl Salinas, no en los juzgados formales sino en el con frecuencia inicuo tribunal de la opinión pública.

   Más allá del sufrimiento injusto que padecieron Raúl Salinas de Gortari y su familia, tendría que ser tiempo de preguntarnos qué le pasó a la sociedad mexicana que fue capaz no sólo de tolerar sino de, en algunos momentos, aplaudir un empleo tan abusivo de la justicia.

    Podría ser momento para establecer cuántas arbitrariedades judiciales más han sido posibles gracias a los respaldos mediáticos y políticos que han encontrado.

   Prácticamente nadie, sin embargo, se hará esos cuestionamientos. Es políticamente incorrecto. Resultará de mal gusto. Pero una sociedad y un sistema político que no examinan sus propios errores y abusos corren el riesgo de volver a padecerlos.

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La Crónica, 12 y 13 de enero de 2005

Únicamente el desconcierto, el convenencierismo y la desmemoria que dominan en ese partido, explican la designación de José Guadarrama Márquez como candidato del PRD al gobierno de Hidalgo. Considerado alquimista político del PRI durante varias décadas, se marchó recientemente de ese partido cuando encontró imposible obtener la candidatura para el gobierno de su estado. Antiguo profesor normalista, Guadarrama tiene un abundante historial de acusaciones que van desde el asesinato hasta el tráfico de influencias y las irregularidades electorales.

   Muchos de quienes recuerdan esos antecedentes de Guadarrama se encuentran en el partido que hoy lo postula para gobernador. A la denuncia de Agustín Guerrero, el dirigente del PRD en el Distrito Federal, que acusa a Guadarrama del asesinato en la huasteca hidalguense del líder campesino Pedro Beltrán a fines de los años setenta, se añaden abundantes quejas de quienes durante largo tiempo padecieron persecuciones del que hoy es candidato en su partido.

   Los dirigentes nacionales que forzaron la postulación de Guadarrama a pesar de numerosas quejas de los miembros del PRD en Hidalgo, no podrán decir que la de Guadarrama no ha sido una historia conocida.

   Si es les olvidó, podrían acudir al archivo de ese partido en donde debe haber copias de numerosas cartas y desplegados de los perredistas hidalguenses que repudian a Guadarrama. La página electrónica del PRD ha registrado algunas de esas protestas.

   También están las hemerotecas. Entre otros materiales se puede encontrar el reportaje de los periodistas Pascal Beltrán del Río y Fortino Mohedano que apareció en Proceso del 24 de junio de 1989.  En aquellas fechas Guadarrama era delegado del PRI para las elecciones en Michoacán y se recordaba que su carrera política estaba “rodeada invariablemente de acusaciones de diversa índole: represión, malversación de fondos, asesinatos políticos y espionaje de opositores y compañeros de partido”.

   Alumno de la combativa escuela rural de El Mexe Guadarrama, nacido en 1948, fue efímero miembro del Partido Popular Socialista pero pronto se adhirió al PRI, con el cual a los 25 años ganó la presidencia municipal de Jacala. Allí afianzó un poder local que le permitiría aliarse con el viejo dirigente político hidalguense Manuel Sánchez Vite y más tarde con el gobernador Jorge Rojo Lugo. De esa manera llegó a ser secretario general del PRI en el estado.

   En 1981 el entonces nuevo gobernador, Guillermo Rossell de la Lama, propone a Guadarrama para dirigir la empresa paraestatal “Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y Huasteca Hidalguense”. El presidente de la República, José López Portillo, acepta y en ese cargo el hoy candidato del PRD acumula fortuna y más influencia. De acuerdo con aquel reportaje de Proceso:

   “En la sede de la dependencia, en Ixmiquilpan, mandó construir la casa del vocal ejecutivo: una enorme residencia con alberca techada, palapa y 8,000 metros cuadrados de jardín. Designó jueces y agentes del Ministerio Público en los municipios de su área de influencia. Organizó escandalosas francachelas con los recursos del Patrimonio. Dominó a las escuelas rurales, principalmente El Mexe, con cuyas 70 hectáreas de riego hizo fabulosos negocios. Rentó o vendió la maquinaria de la paraestatal. Generó conflictos agrarios para luego resolverlos. Se vio inmiscuido, inclusive, en un homicidio imprudencial; cuando chocó estaba totalmente ebrio —en Mixquiahuala, en 1982— y resultó muerto el profesor rural Eduardo Bautista. La averiguación previa, relativa a ese hecho, simplemente se perdió”.

   En mayo de 1983 Guadarrama es removido de ese cargo, aparentemente debido a denuncias de corrupción como la que había presentado la Coordinadora Regional Otomí “Ñañú” que le imputaba un fraude por más de 300 millones de aquellos pesos. “Se supo entonces –añade esa información periodística– que a punto de abandonar la administración del Patrimonio, los hombres de Guadarrama habían comerciado con los lotes de madera destinados a la construcción de escuelas”.

   Guadarrama ha sido muy activo. Sus denunciantes también. Esa biografía política, repleta de imputaciones e irregularidades, permitirá seguirnos ocupando del ahora candidato del PRD en Hidalgo.

Ahora es perredista

Ayer, entre muchas otras decisiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las demandas de algunos militantes del PRD contra la designación de José Guadarrama Márquez como candidato al gobierno de Hidalgo. Esas reclamaciones eran extemporáneas o no acreditaron “interés jurídico”, en opinión del Trife.

   Pero no es por violentar las reglas internas del PRD que la candidatura de Guadarrama resulta escandalosa. La indignación que dentro y fuera de dicho partido ha suscitado la postulación se debe a los discutibles antecedentes políticos de ese hasta hace poco tiempo miembro del PRI y, ahora, candidato a gobernador.

   El reportaje de Pascal Beltrán del Río y Fortino Mohedano que publicó la revista Proceso el 26 de junio de 1989 y que citábamos ayer menciona algunos momentos delicados –por decirlo de alguna manera– en la trayectoria de Guadarrama.

   De acuerdo con esa información, después de haberse enriquecido en el Patrimonio del Valle del Mezquital fue reemplazado por un ex procurador de Justicia, Jonathan Vega, quien aparentemente tenía el encargo de investigar los manejos financieros de Guadarrama. Sin embargo a fines de junio de 1985 Vega “fue asesinado en la carretera México-Pachuca, cuando viajaba hacia el Distrito Federal”.

   Después de la publicación de ese reportaje Guadarrama envió una carta en donde sostuvo que la muerte de Vega se debió a un accidente de carretera. También negó la denuncia de la Coordinadora Otomí Ñañú que, según la versión reproducida ayer en esta columna, lo habría acusado por fraude durante en el Patrimonio del Mezquital (Proceso, 3 de julio de 1989).

   En 1985 Guadarrama fue designado secretario general de Gobierno. Luego se diría que una de sus tareas fue instalar una peculiar red de espionaje que, según los mencionados reporteros, empleaba a mujeres “para que supieran arrancar, en la intimidad, información confidencial a hombres responsables de la campaña”.

   En aquel reportaje se mencionaba también, aunque sin aclarar de qué manera fue obtenida, una supuesta ficha de la Dirección Federal de Seguridad.

   Ese documento indicaba: “Cargo: Secretaría General de Gobierno. Nombre: José Guadarrama Márquez o José Guerrero Guadarrama. Lugar de nacimiento: Tijuana, BC. Edad: 40 años. Profesión: profesor rural. Años de actividad política: 18. Sector al que pertenece: CNC. Peso cuantitativo específico interno: sí. Externo: no. Nexos con la oposición: sí. ¿Es de confiar?: no. Situación económica al iniciar el cargo: mala. Actualmente: excelente. ¿Tiene negocios en el estado?: sí. ¿Fuera del estado?: sí. Moralidad o fama pública: pésima. Simpatía o arraigo: no…”

   La información atribuida a los servicios de inteligencia del gobierno federal señalaba también: “Goza de mala fama pública. Se le considera deshonesto. Logró tener el control político en gran parte de los municipios del estado a través de negociaciones y concesiones otorgadas a los diferentes grupos… Provoca conflictos, los incita y los resuelve. Ha propiciado invasiones… Involucrado en la venta masiva de concesiones de camiones urbanos, suburbanos y taxis”.

   Una semana después de la publicación de ese trabajo periodístico Guadarrama, en su carta a Proceso, dijo que la ficha de la DFS había sido “urdida por una mentalidad siniestra”. Pero no negaba la existencia de ese documento.

   Durante un cuarto de siglo, numerosos militantes de partidos de izquierda y grupos campesinos en Hidalgo compartieron esos y otros juicios adversos acerca de Guadarrama.

   Priista de toda la vida, ese personaje tenía varios sexenios insistiendo en ser candidato al gobierno de Hidalgo. No lo consiguió en el PRI pero sí, en cambio, en Partido de la Revolución Democrática –en donde militan, o habían estado, muchos de los hidalguenses que aseguran haber sido perseguidos por el ahora candidato a gobernador–.

La Crónica, 1 de febrero de 2004

Jorge Hank Rhon estaba desvelado el miércoles, cuando fue postulado como candidato del PRI a la presidencia municipal de Tijuana. Esa madrugada había celebrado su cumpleaños en una rumbosa fiesta a la que acudieron centenares de políticos y empresarios de Baja California.

   No fue un festejo baladí como no lo son, nunca, los convivios que organiza ese discutido personaje. En diario Frontera de Tijuana, el reportero Luis Enrique Mendoza, reseñó así la celebración: “La artista de moda en México, Angélica Vale, fue el platillo fuerte para celebrar el cumpleaños número 43 del empresario Jorge Hank Rhon, quien además convivió con la artista durante gran parte de la celebración en el Hotel Pueblo Amigo Inn. La cantante, comediante y actriz fue traída expresamente para amenizar no sólo la fiesta con su show de imitación, sino también la mesa de Hank Rhon y su esposa María Elena. Sin duda la artista se robó la noche al interpretar las actuaciones de Verónica Castro, Lucero, Shakira, Alejandra Guzmán, Alicia Villarreal, María Félix, Laura León, entre otras cantantes, en un espectáculo que comenzó alrededor de las 0:00 horas. Pero el papel más aclamado por los políticos, empresarios, familiares y demás invitados que se dieron cita, fue cuando imitó a ‘La leona dormida’, Lupita D’Alessio”.

   Otra información en el mismo diario refiere: “Largas filas se hicieron para felicitar a Hank por su aniversario, que ya es una tradición que festeje en grande rodeado por sus seres queridos. La alfombra roja, los elegantes vestidos, joyería fina, tuxedos, bebidas selectas y cálido ambiente fueron detalles de la noche”.

Herencia y negocios

   Por eso Hank Rhon llegó fatigado horas después al Club Campestre de Tijuana en donde los tres sectores del PRI local lo propusieron, por aclamación, como candidato a las próximas elecciones municipales.

   El hijo del fallecido Carlos Hank González había declarado que solamente aceptaría la postulación si de lo pedía el presidente de su partido, su amigo Roberto Madrazo. Dos semanas antes el líder nacional del PRI estuvo de visita en Tijuana y, al parecer, satisfizo ese requerimiento del empresario nacido en Toluca pero avecindado en aquella ciudad bajacaliforniana desde hace dos décadas. Cuando estuvo en Tijuana para reunirse con los dirigentes locales de su partido Madrazo se hospedó en el Hotel Pueblo Amigo, propiedad de Hank Rhon.

   Al acto en donde fue nominado el empresario se presentó, según la prensa local, “de melena, barba, botas de pieles exóticas y camisas abiertas hasta el pecho” pero dijo que con motivo de la campaña modificará su apariencia “”ya que traigo 10 kilos de más”. En esa ocasión explicó la idea que tiene de la enseñanza: “La educación no se aprende, se mama, y de ahí aprendí el arte de hacer política y de convencer a los demás”. De esa manera Hank Rhon quería justificar su inexperiencia política. Quién sabe qué habría opinado su padre, que antes de negociante y político fue profesor, de esa definición de la aprendizaje como resultado de la herencia.

   Lo que sí heredó Jorge Hank fue el gusto por los negocios. El jueves por la mañana le dijo a Carlos Loret de Mola, en XEW, que su fortuna asciende a 500 o 600 millones de dólares. Horas después, para una entrevista que aparecería en Reforma, le respondió a Roberto Zamarripa que no lleva la cuenta de su dinero pero que debe tener “alrededor de los 500 millones de dólares”.

   Sin embargo las inversiones de Jorge Hank en negocios relacionados con las apuestas y el turismo son mucho mayores. Propietario del Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana, cuya concesión ha sido considerada irregular por legisladores y comentaristas que han estudiado ese caso, Hank Rhon ha extendido sus intereses a otros sitios del país. En la ciudad de México los vecinos que se oponen a la apertura de un sitio de apuestas en la Colonia Condesa aseguran que ese negocio es propiedad del ahora candidato priista en Tijuana.

   El agosto pasado Jorge Hank Rhon inauguró en Cancún las obras de la que parece habrá sido, hasta ahora, su inversión más cuantiosa. Se trata de un complejo turístico en una superficie de 376 hectáreas que al parecer fue adquirida por su padre hace un par de décadas. Allí serán construidas 5 mil casas y 2 mil 500 habitaciones de hotel, un centro comercial, una marina para yates y dos campos de golf.

   Inicialmente se dijo que ese conjunto requerirá una inversión, en 10 años, de 850 millones de dólares. Sin embargo la agencia APRO, de la revista Proceso, dijo que el gasto total será de mil 350 millones de dólares. Hank Rhon estaría asociado con personajes como el magnate estadounidense Donald Trump.

Exceso de equipaje

   Sus negocios no siempre le han salido bien a Jorge Hank. En su accidentada trayectoria pública destacó el día en mayo de 1995 cuando fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México porque en su equipaje había abrigos de ocelote, vestidos de perlas y  artesanías de marfil por más de 46 mil dólares. Las autoridades hacendarias le cobraron una multa por evasión fiscal y contrabando. Sin embargo ahora, en la entrevista con el periodista Zamarripa, Jorge Hank hace alarde: “No sé si me deba de ufanar por el hecho de ser la única persona en la historia del Aeropuerto que ha sido consignada por exceso de equipaje”.

   Esos episodios serán frecuentemente recordados en la campaña por Tijuana. A Hank lo enfrentará Jorge Ramos, un joven militante del PAN, el partido que gobierna a esa ciudad. La candidatura de Hank ha sido respaldada por el Partido del Trabajo y por un partido estatal. El Partido Verde, que competirá aliado con el PRI en el resto de Baja California, no ha decidido tener candidato común en Tijuana.

   A los priistas les costará trabajo argumentar en favor de la candidatura de Hank Rhon. No tiene experiencia ni propuestas políticas, su probidad ha sido ampliamente cuestionada y entre los miembros de ese partido no ha sido especialmente empeñoso. El presidente estatal priista, Enrique Acosta Fregoso, aseguró el miércoles que a Hank lo eligieron con un procedimiento “técnico científico” entre las bases de ese partido pero nadie ha explicado cómo ni cuándo se habría realizado tal encuesta.

   Todo parece indicar que la opinión predominante fue la del presidente nacional del PRI. Es conocida la amistad de Roberto Madrazo con el ahora candidato en Tijuana.

   Al aceptar la postulación, Jorge Hank anunció que su campaña ofrecerá “seguridad, desarrollo, inversión, creación de empleos, y llevar a Tijuana ‘al nivel de San Diego’.” No ha dicho cómo lo conseguiría. Respaldado por empresarios y políticos locales, Hank Rhon tiene una presencia pública que resultará aciaga para muchos ciudadanos que no encontrarán en él la promesa de un nuevo desarrollo económico sino el retorno del autoritarismo y el tráfico de influencias.

Concesión bajo sospecha

   Más conocido por su afición a los negocios que por sus convicciones políticas, Hank Rhon ha sido acusado de numerosas faltas. Incluso de asesinato. Aunque tales imputaciones no han sido comprobadas en el plano judicial, se encuentran inevitablemente asociadas al nombre del ahora candidato priista.

   Una semana antes de su postulación, en Tijuana circulaba el número 1555 del prestigiado semanario Zeta en donde se hacía una puntual y drástica descripción de ese personaje:

   “Hijo menor del que fuera la cabeza del Grupo Hank, Jorge Hank Rhon ha sido atrapado varias veces por los reflectores. Una, derivada de su amor por los animales exóticos; otra por el contrabando que, según las autoridades de Hacienda, intentó introducir desde el extranjero. En los negocios de las apuestas quedan dudas sobre la forma en que, con casi una década de anticipación, obtuvo una prórroga de 25 años en la concesión para operar el Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana. Sobre ese caso una comisión de la Cámara de Diputados abrió una investigación. Y por si fuera poco, su nombre apareció en las listas de los beneficiarios del Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa). Pero el asunto más grave en que se vio envuelto fue el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, ‘El Gato’ Félix. El jefe de su escolta, Antonio Vera Palestina, y otro cómplice, Victoriano Medina, se encuentran en prisión por ese crimen”.

   En un reportaje del periodista José Martínez, la edición de Zeta correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero recuerda la investigación que se encuentra abierta en la Cámara de Diputados acerca de la concesión del Hipódromo de Agua Caliente que Jorge Hank adquirió en 1981 de su titular inicial, Fernando González Díaz Lombardo. Al parecer por ese traspaso de la concesión, inicialmente otorgada en 1973, Hank pagó 25 millones de dólares.

   Al año siguiente del traspaso, la concesión fue modificada para que una porción de los terrenos del Hipódromo pudieran ser destinados a la construcción de una zona residencial. En esa oportunidad la concesión fue ampliada por 25 años aunque todavía no caducaba. Quizá el apresuramiento para ampliar ese plazo se debía a que de acuerdo con la concesión inicial, a su vencimiento debían pasar a dominio de la Nación 80 hectáreas de la zona del Hipódromo. La propiedad sobre esos terrenos quedó afianzada en 1989, cuando la concesión fue prorrogada por segunda vez de tal suerte que su vencimiento ahora ocurrirá en 2014.

   Esas aparentes irregularidades fueron señaladas en marzo de 1998 por el ahora presidente municipal de Tijuana, José de Jesús González Reyes, cuando era diputado federal. El periodista Martínez asegura que la prórroga obtenida por Jorge Hank en 1989 “según las pesquisas de los legisladores, fue realizada al margen de todo marco legal, pues se autorizó nueve años antes de que caducara la concesión otorgada en 1973, que legalmente debía haber vencido en agosto 17 de 1998. Esa ampliación se concedió cuando Fernando Gutiérrez Barrios se desempeñaba como Secretario de Gobernación…”

   Una huelga a fines de los años 80 suspendió las actividades del hipódromo. Aunque no había carreras, Hank Rhon –siempre de acuerdo con el mismo reportaje– obtuvo en Banco Unión un crédito por más de 46 millones de pesos y “negoció 22 millones de dólares a nombre del hipódromo, ofreciendo como aval otra de sus empresas”. Actualmente el Fobaproa respalda deudas de ese empresario “por un monto de 63 millones 969 mil pesos”.

   Suspendidas las carreras, Hank destinó el centro del hipódromo a instalar su colección de animales. Tigres, leones, avestruces, osos, serpientes y otras especies forman parte de ese zoológico particular.

Héctor Félix Miranda

   Más allá de los negocios, la acusación más grave que pesa sobre la fama pública de Jorge Hank Rhon se debe al asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, el 20 de abril de 1988. Coeditor del semanario Zeta Félix Miranda, a quien apodaban “El Gato”, tenía un estilo burlón y ríspido para criticar a los personajes del poder económico y político, Hank Rhon había sido mencionado con frecuencia en las columnas de ese periodista.

   Cuando fue asesinado, de tres disparos de escopeta, entre los posibles responsables del crimen fue mencionado el empresario Hank Rhon. Esas suposiciones parecieron confirmarse días después, al ser capturados los asesinos. Habían sido guardaespaldas de Jorge Hank. Sin embargo el propietario de Agua Caliente ni siquiera fue llamado a declarar en la averiguación judicial.

   Desde entonces Jesús Blancornelas, que junto con Héctor Félix editaba el semanario Zeta, ha persistido en señalar en esa publicación y en otros espacios periodísticos la estrecha relación que pudo haber tenido Hank con la muerte de su compañero.

   Apenas el 20 de enero pasado en su columna en Crónica el respetado Blancornelas escribió que a Héctor Félix, en 1988, “tres pistoleros del ingeniero Jorge Hank Rhon lo emboscaron. Dos escopetazos”.

   Recuerda: “Casi le arrancaron un brazo. Destrozaron su cuello, costillar y pulmones. Iba manejando. Por los impactos terminó enroscado bajo la guantera. Persiguieron, capturaron, procesaron, sentenciaron y están en prisión dos de los asesinos. Otro andaba libre y lo ejecutaron. Así no hablaría. Desde entonces se le achaca a Hank Rhon la muerte de Félix Miranda. Gobiernos priistas no quisieron investigarlo. Y los panistas le tienen miedo”.

   Blancornelas, que ha recibido numerosos premios internacionales y nacionales de periodismo y que sobrevivió a un atentado en noviembre de 1997, deplora:

   “Solamente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha insistido desde años. Pero ni en vida el profesor Carlos Hank González pudo demostrar la inocencia de Jorge. Tan inteligente como era. Sin faltarle dinero ni recursos políticos.

   “Pero no pudo retirar a satisfacción la sospecha sobre su hijo. Nunca. Ahora Hank Rhon quiere ser Presidente Municipal de Tijuana. Y es lo primero que le echan en cara: El crimen del periodista. También las frivolidades que llevaron a lo público su vida privada familiar.
   “Las referencias sobre delicadas investigaciones en Estados Unidos. El rumor de oscuros negocios. Aquel encarcelamiento por contrabando. El fracaso en la operación del hipódromo y el florecimiento de casas de juego en casi todo el país”.

   Blancornelas no tiene dudas. Y acusa: “Yo soy de los que están convencidos: Sus pistoleros dispararon cumpliendo órdenes. Y no por su cuenta como se ha querido hacer creer. Uno dijo ‘Lo maté porque Félix escribió acusándome de ‘pollero’.Pero revisando sus comentarios no hay ninguna referencia. Otro de plano ‘…es que criticaba mucho a mi patrón’”.

   El  patrón de aquellos pistoleros ahora es candidato del PRI al gobierno de una de las ciudades más importantes del país. Su designación fue personalmente impulsada por Roberto Madrazo, amigo de Hank Rhon. Si todavía alguien piensa que ese partido tiene remedio, tendría que voltear hacia Tijuana.

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La Crónica, 2 de noviembre de 2003

El aquelarre del viernes en San Lázaro deja lastimado al IFE en su nueva etapa y confirma la patética irresponsabilidad de los diputados que no alcanzan a ver más allá de sus ambiciones y diferendos circunstanciales. A la dirección nacional del PRI le interesó más cumplir su venganza contra los consejeros electorales que sancionaron a ese partido por sus tropelías en la pasada elección presidencial, que dotar al IFE de una nueva dirección con experiencia y conocimiento suficientes acerca de las tareas que deberá cumplir.

   Los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, con unas cuantas excepciones, han tenido trayectorias de bajo perfil político y/o académico. Habrá que juzgarlos por lo que hagan más que por el escaso o insuficiente interés que hasta ahora han tenido en los asuntos electorales. Por lo pronto, inician su gestión en condiciones difíciles creadas por los partidos que los designaron –y que ellos aceptaron–.

Simulación en San Lázaro

   Noche de brujas en San Lázaro: impacientes por tomar el avión que los llevaría al fin de semana en sus estados de origen, muchos de los diputados estaban más interesados en votar y terminar la sesión que en escuchar o proponer argumentos. Nada se dijo, en las exposiciones de quienes los avalaron, acerca de las prendas profesionales que respaldaban la postulación de los nueve consejeros que acabaron siendo designados para encabezar al IFE durante los próximos siete años.

   Ni una explicación, ni una brevísima ficha biográfica. Más preocupados por acallar las protestas del PRD que por argumentar la decisión que tomarían, los diputados de PRI, PAN y PVEM aprobaron la lista de consejeros en uno de los ejercicios de votación más vergonzosos que registra la historia parlamentaria de nuestro país.

   No exageramos. Aunque no era necesario, los líderes de los grupos legislativos acordaron que la votación para renovar al Consejo del IFE sería secreta. Pero como, especialmente en el PRI, no hay confianza entre sus diputados y por lo visto tampoco convicciones suficientes, a ese procedimiento se le incorporó un candado que evitaba la confidencialidad del voto.

   Como había tres planillas (la que presentaron PRI, PAN y PVEM, la fórmula alternativa que propuso el PRD y la del partido Convergencia, muy similar a la primera) se imprimieron boletas con los nombres de los ciudadanos propuestos para consejeros del IFE en cada una de esas fórmulas.

   Los diputados tenían que depositar en urnas transparentes la cédula con la fórmula que quisieran respaldar. Esa boleta se las habían entregado previamente en el salón de plenos. Si algún diputado quería votar por una fórmula distinta a la que estaba impresa en la boleta que le habían proporcionado, tenía que solicitar otra cédula. En otras palabras, no había garantías para que la votación fuera secreta.

   Si ese mecanismo se aplicara en las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, el día de las votaciones cuando llegamos a la casilla electoral tendríamos que pedir la boleta con los candidatos del partido al que pretendiéramos apoyar. Si quisiéramos votar por el PAN deberíamos buscar al representante de ese partido y pedirle la cédula blanquiazul; si por el PRD, habría que identificar al delegado perredista y solicitarle la boleta. Con ese mecanismo, como es evidente, desaparecería la confidencialidad en la votación.

   Así fue como votaron los diputados el viernes por la noche. Muy ingeniosos, sus líderes inventaron una mascarada que resulta tristemente emblemática del escaso respeto que tienen por la democracia y, por lo visto, también por la autoridad electoral.

“Una decisión de Estado”

   Los augurios desfavorables con que se inicia la nueva gestión en el IFE son consecuencia de la deplorable improvisación con que los partidos y sus grupos parlamentarios decidieron esas designaciones. Aunque los acercamientos para elaborar una propuesta comenzaron hace un par de semanas, los líderes de los principales partidos en San Lázaro dejaron pasar el tiempo sin tomar una decisión firme sobre los nuevos consejeros electorales.

   Esa designación estuvo nublada por numerosos incidentes. Varios de los candidatos de mayor prestigio y experiencia fueron vetados atribuyéndoles compromisos políticos que no han sido documentados.

Además el PRI propaló la versión de que no había sustento legal para reelegir a algunos de los consejeros que habían formado parte de la dirección del IFE. Respaldándose en una disposición creada para la designación de hace siete años pero que no tiene vigencia en los sucesivos nombramientos de la autoridad electoral, los directivos del PRI mintieron y confundieron al decir que la reelección era ilegal.

   Lo que la dirección de ese partido quería era castigar, impidiéndoles permanecer como consejeros, a quienes aprobaron la multa de mil millones de pesos por los delitos que el PRI cometió al beneficiarse con un financiamiento ilícito en la campaña presidencial de hace tres años. Discutible en el plano de la ley, esa conducta era condenable en el terreno de la ética. Pero ni una ni otra parecen ser preocupaciones de los dirigentes priistas en esta etapa.

   Ese comportamiento no es sorprendente. Lo que resulta asombroso es el allanamiento del PAN a las decisiones priistas por lo menos en la Cámara de Diputados.

   Con la esperanza –porque no hay ninguna garantía al respecto– de lograr el respaldo del PRI a las reformas eléctrica y fiscal que el gobierno ha considerado indispensables, Acción Nacional resolvió adherirse a las propuestas y mecanismos que los dirigentes priistas impusieron en la decisión acerca del consejo general del IFE.

   El diputado panista Germán Martínez reconoció, en tribuna, que para el PAN esa había sido una decisión de Estado. “El ánimo de Estado es la disposición a ser capaces de convivir entre diferentes”, explicó. Se trataba, dijo, de tomar acuerdos “en aras de alcanzar un objetivo superior”. Ese reconocimiento de la subordinación que su partido resolvió asumir frente a las imposiciones del PRI no le impidió a Martínez agradecer el desempeño que tuvo el consejo saliente del IFE a pesar de que su partido no siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones.

Inestables acuerdos

   Acción Nacional no compartía el veto priista a los miembros del consejo general saliente. Incluso durante las negociaciones en el transcurso de la semana los dirigentes del PAN promovieron la permanencia de varios de esos consejeros en el órgano de dirección del IFE.

   Se ha dicho que el acuerdo entre los partidos no fue posible debido a la obstinación del PRD para que la presidencia del IFE estuviera ocupada por el consejero Jesús Cantú. Pero no hay evidencias de que esa propuesta haya sido mantenida de manera intransigente. Lo que el PRD buscaba era una composición más diversa, que integrara a consejeros con experiencia en la gestión reciente del IFE al lado de ciudadanos de simpatías políticas diversas.

   De acuerdo con versiones periodísticas y testimonios cercanos a la negociación, la postura del PRD había sido compartida por el PAN y, también, por la coordinadora de los diputados del PRI. La noche del jueves, incluso, se había anunciado que la sesión para designar a los consejeros electorales estaba a punto de instalarse porque ya había un compromiso avalado por los tres principales partidos.

   Ese arreglo se rompió la misma noche del jueves. De la presidencia nacional del PRI llegó una nueva instrucción y los diputados de ese partido deshicieron el acuerdo que habían asumido con una planilla plural. Roberto Madrazo se impuso sobre Elba Esther Gordillo. Esa constituyó una segunda derrota consecutiva, en dicho tema, para la coordinadora de los diputados del PRI. Un par de días antes entre los legisladores que ella encabeza había sido vetada la candidatura del maestro Alfonso Zárate, un serio y respetado analista político cuya independencia fue cuestionada porque ha trabajado en instituciones encabezadas por la profesora Gordillo.

Precipitados funerales

   Roto el pacto con el PRD, los otros dos partidos resolvieron distribuirse los consejeros. El PRI, según se dijo, designaría a cinco y el PAN a cuatro miembros del nuevo Consejo del IFE.

   El establecimiento de cuotas para la designación de esos funcionarios es contrario al espíritu con que fue creado el IFE y adverso, además, a la estabilidad de la institución electoral. Si los partidos lo entienden como un espacio que se distribuyen entre ellos, no tardarán en considerarse dueños del IFE.

   Ese es, posiblemente, el riesgo principal que encierra la retahíla de equivocaciones y abusos en el proceso para renovar al consejo general. La idea de que el IFE no es de la nación y la sociedad sino del mundo político que lo conforma según sus intereses, puede dar al traste con la legitimidad que ha ganado ese organismo.

   El PRD quiso lucrar políticamente magnificando el enredo. Pablo Gómez, coordinador de esa fracción parlamentaria, tuvo oportunas intervenciones al señalar descuidos e inconsecuencias de priistas y panistas. Pero abusó de la circunstancia e incluso de algunas personas al proponer una lista de candidatos entre los cuales se encontraban varios a quienes no les pidió permiso para mencionar sus nombres.

   Algunos diputados perredistas se apresuraron a colocar un crespón negro en la tribuna de San Lázaro. En la prensa de ayer sábado hay quienes debido a la barahúnda de la noche anterior propalan, con notoria prisa, la muerte de la democracia mexicana.

Desprestigio

   El aquelarre del viernes fue una auténtica vergüenza. El regateo de posiciones, la feria de vetos y descalificaciones, la imposición de la revancha priista por encima de la defensa de la institucionalidad, la inhabilidad para tomar decisiones políticas y la farsa con que se pretendió que esa decisión sería con voto secreto, hicieron de la designación del nuevo consejo un lamentable episodio que no hace honor a la trayectoria de legalidad impecable que ha tenido la institución electoral.

   El desaliño con que los diputados y dirigentes partidarios traficaron durante varios días con nombres y biografías de ciudadanos respetables y la ausencia de criterios públicos para tomar una decisión que afecta a la más prestigiada de las instituciones políticas mexicanas da cuenta del menosprecio que pueden llegar a tener por la autoridad electoral.

Institución sólida

   Frente a ese comportamiento, en el que han perseverado especialmente algunos de los más notorios diputados del PRI, la apreciación que