La maestra, mito y contexto
Nexos, marzo de 2008
Las redes de conveniencia que Elba Esther Gordillo ha construido durante dos décadas y que involucran a políticos y partidos de diversas y hasta contradictorias filiaciones pero también a periodistas, intelectuales y dirigentes sociales, le han permitido ejercer una notoria influencia. Su poder descansa en la representación –y el manejo de las cuotas sindicales– de más de un millón de maestros. Pero también se debe a la imagen de ascendencia indudable que se ha creado en torno suyo. Los socios de Elba Esther (Planeta, México, 2007, 336 pp.) de Ricardo Raphael, ayuda a entender el poder excesivo que la negligencia del Estado y la complacencia de los profesores le han conferido a Gordillo. Además, de manera involuntaria, contribuye a mitificar ese poder.
Catástrofe educativa
Los socios de Elba Esther ofrece un acercamiento relevante para conocer y entender la red de alianzas pragmáticas, traiciones políticas y simulaciones que ha mantenido a la señora Gordillo a la cabeza de la organización social más grande e importante de México. El libro señala rumbos de indagación periodística y académica que será preciso profundizar. Es fundamental no soslayar la importancia de Gordillo en el mantenimiento lo mismo que en la demolición del viejo sistema político. Por ello, es necesario que no se magnifiquen sus capacidades políticas.
El berenjenal minero
Publicado en La Crónica de Hoy el 16 de agosto de 2007
Reynaldo Hernández González fue despedido el año pasado después de la huelga que se mantuvo durante varias semanas en la mina de Nacozari, en Sonora. El sábado por la noche él y cerca de 80 de sus compañeros, también despedidos, estaba preparando un mitin que planeaban realizar al día siguiente en la plaza principal del municipio. Entonces, fueron atacados por docenas de trabajadores aparentemente recién salidos de la mina y que iban protegidos por gente armada. Se escucharon varios disparos. Los mineros despedidos echaron a correr pero Hernández González ya había sido alcanzado por un balazo.
Raymundo Hernández quedó muerto. Sus compañeros y familiares aseguran que se debió a un disparo de bala. Las autoridades judiciales de Sonora y la Compañía Minera México sostienen que recibió una pedrada.
La empresa, que mantiene un peculiar activismo convertida en vocero tanto del gobierno estatal como de la corriente que se opone a la dirección nacional del Sindicato Minero Metalúrgico, insiste en que los despedidos querían asaltar la mina de Nacozari y que cuando se encontraron con trabajadores que salían de ella sobrevino el enfrentamiento. En otras versiones se involucra a los mineros de la vecina Cananea, que están en huelga desde el 29 de julio y respaldan a los despedidos de Nacozari.
La prontitud la empresa para insistir en la versión de la pedrada contrasta con las dificultades de los familiares y compañeros de Reynaldo Hernández para tener un dictamen confiable sobre las causas de la muerte. Algunos de ellos estuvieron detenidos durante más de 48 horas sin que hubiera motivos para que les fincaran cargo alguno. Varios diarios de Sonora que han ofrecido versiones del conflicto laboral notoriamente apegadas a las posiciones de la empresa, aseguraban el lunes que la muerte de Reynaldo Hernández había sido causada por sus propios compañeros con el propósito de escalar el conflicto en beneficio de la dirección nacional del sindicato.
Esa ridícula versión no se sostuvo. Pero es significativa de la polarización y la confusión que dominan al conflicto entre el Sindicato Minero Metalúrgico y el Grupo México.
El año pasado, como puede recordarse, el gobierno del presidente Vicente Fox quiso congraciarse con esa poderosa empresa desplegando una insólita persecución contra el dirigente nacional del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia. La Secretaría del Trabajo avaló la designación de una nueva dirigencia sindical sin que se cumplieran los procedimientos que establece la ley. De manera simultánea, arreciaron las acusaciones judiciales contra ese líder por el manejo de 55 millones de dólares que integraron un fondo para los trabajadores de cuatro minas –entre ellas Cananea– privatizadas años atrás.
En desacuerdo con el reconocimiento gubernamental a una dirigencia a la que no respaldaban, miles de trabajadores iniciaron paros en distintos sitios del país. Varios centenares fueron despedidos, entre ellos el hoy fallecido Reynaldo Hernández y sus compañeros de Nacozari. El nuevo gobierno federal enderezó parcialmente el entuerto que había perpetrado la administración anterior y reconoció como dirigente nacional de los minero metalúrgicos a Gómez Urrutia –un personaje que jamás habría sido líder obrero de no ser por el nepotismo de su padre que lo puso en lugar suyo a la cabeza del sindicato pero que es respaldado por la mayoría de los trabajadores–.
Aunque fue resuelto el litigio por la dirección gremial, se han mantenido tres causas de tensión entre sindicato y empresa. El encausamiento judicial contra Gómez Urrutia sigue vigente al grado de que él vive en Toronto para no ser aprehendido. Los paros del año pasado dejaron una secuela de división y despidos que no han sido resueltos. Y el Grupo México está empeñado en minar el liderazgo de Gómez Urrutia con recursos que van desde la promoción de uno o varios sindicatos blancos hasta una dispendiosa campaña de propaganda en televisión.
Aparentemente esas tres circunstancias precipitaron el estallamiento de otras tantas huelgas –en Taxco, Sombrerete y Cananea– a fines de julio pasado. La dirección del sindicato asegura que las huelgas se deben a la reticencia de Grupo México para firmar un nuevo contrato colectivo con las secciones 17, 201 y 65 que representan a los trabajadores de esas minas. En esos tres sitios los trabajadores se quejan de que las condiciones laborales son tan deficientes que corren el riesgo de padecer un accidente como el de hace año y medio en Pasta de Conchos, en una mina que también es propiedad de Grupo México.
Es altamente probable que los riesgos de trabajo en esas minas sean mayúsculos. Si la mencionada empresa no tomó previsiones suficientes para evitar el desastre que causó la muerte de 65 trabajadores en la tristemente célebre mina en Coahuila, es posible que tampoco lo hiciera en las canteras de Guerrero, Zacatecas y Sonora que están en huelga desde hace 18 días.
Pero quizá esa no es la única causa de tales huelgas. Tanto la empresa como el mismísimo Secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguran que en las negociaciones, una vez estalladas las huelgas, la principal demanda del sindicato es que el gobierno auspicie la suspensión de las órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia. Es decir, de acuerdo con esa versión las huelgas en Taxco, Sombrerete y Cananea serían un recurso del sindicato para presionar, aunque sea de manera oblicua, por la exoneración judicial de su dirigente.
Seguramente esa interpretación influyó para que, a una semana de iniciadas, las tres huelgas fuesen calificadas como ilegales por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El sindicato obtuvo sendos amparos ante esa decisión y ayer un juez le otorgó la suspensión definitiva en los casos de Taxco y Cananea (el caso de Sombrerete será resuelto hoy jueves). En otras palabras, las huelgas son legales y van a proseguir. Pero sólo podrían servir para mejorar condiciones y prestaciones laborales. La exigencia para que merced a esa suspensión de labores se aligere la causa judicial contra Gómez Urrutia difícilmente obtendrá resultados. Sería políticamente inadmisible que el gobierno se dejara presionar de esa manera. Y las denuncias contra ese líder no están en manos del Ejecutivo sino del Poder Judicial.
Hayan tenido las causas que fuesen, las huelgas y el diferendo entre los trabajadores y la empresa cuentan ya con una víctima. Reynaldo Hernández no habría tenido que reunirse con sus compañeros para protestar si no hubiera sido despedido. Y hoy estaría vivo si esa reunión no hubiera sido confrontada por un grupo armado.
El enfrentamiento del sábado por la noche en Nacozari pudo haberse evitado. Ayer en Milenio el presidente de ese municipio, Samuel Álvarez Araujo, asegura que desde varios días antes intentó comunicarse con el gobernador Eduardo Bours para alertarle sobre el empeoramiento de las tensiones entre los mineros que tienen trabajo y aquellos que fueron despedidos. Los funcionarios del gobierno estatal a quienes pudo comunicarles esa preocupación lo trataron con desinterés. Hoy ni siquiera son claras las circunstancias en las que murió Hernández. El presidente municipal de Nacozari es del PRD y el gobernador de Sonora es del PRI.
El conflicto entre Grupo México y el sindicato está desbordando al gremio pero también a las autoridades. Los mineros se han dividido. El gobierno de Sonora y en alguna medida el gobierno federal se han alineado con la empresa, repitiendo el error que hace un año cometió el presidente Fox. Se trata de un asunto extraordinariamente enmarañado en donde danzan intereses prepotentes, alianzas sombrías y millones de dólares. Tras ese asunto están las condiciones ingratas y ahora las asechanzas brutales que sufren los trabajadores mineros. Si alguien merece justicia en este berenjenal, son precisamente ellos. Una forma de comenzar esa justicia sería esclarecer y castigar el asesinato de Reynaldo Hernández González.
ALACENA: Error en el IMER
Sin ofrecer explicaciones al auditorio, esgrimiendo una peregrina concepción del rating y la competitividad que debe tener la radio considerada como pública y reproduciendo actitudes que han sido muy cuestionables en la radiodifusión comercial el director del Instituto Mexicano de la Radio, Héctor Villarreal, despidió repentinamente a los comentaristas del programa “Café encuentros” que se transmitía todos los días a las 9 de la mañana en dos de las estaciones del IMER. Entre los comentaristas de esa serie, que era un espacio de diversidad política y análisis inteligente, se encuentran Ricardo Becerra y Jorge Javier Romero, colaboradores de este diario.
La maestra: mito e influencia
Publicado en La Crónica el 26 de julio de 2007
Las circunstancias y su propia habilidad, pero sobre todo la facilidad con que en la desastrada vida pública mexicana se esparcen imágenes y reputaciones hinchadas de propaganda pero de escasa densidad política, le han permitido a Elba Esther Gordillo situarse como personaje indispensable para el gobierno y los partidos. Indudablemente la “maestra”, según la denominan aunque el magisterio que ha ejercido es tan peregrino como escasamente edificante, tiene una influencia real lo mismo dentro del sindicato en donde ejerce un cacicazgo hasta ahora sin antagonistas significativos que gracias al partido que construyó, promovió y ahora mangonea más allá de cualquier principio democrático. Pero su peso político ha sido magnificado, especialmente después de las elecciones presidenciales del año pasado.
Una lectura apresurada –pero que ella auspició interesadamente– de aquellos resultados, sugirió que el pequeño margen de votos que le permitió ganar a Felipe Calderón fue aportado por el partido Nueva Alianza, creado por Gordillo después de su ruptura con el PRI. Todo parece indicar que el actual Presidente de la República está convencido de que tiene con la “maestra” una deuda política esencial. De otra manera no se explica por qué le ha entregado parte del control de la educación pública que ejerce a través de Fernando González Sánchez, el subsecretario de Educación Básica que no tiene para ese cargo más credencial que ser yerno de la señora Gordillo.
El hecho de que Nueva Alianza haya obtenido muchos más votos en las elecciones para senadores y diputados que en la presidencial, propició la especie de que ese partido había respaldado, de manera deliberada, a Calderón. La mayoría de los electores de Nueva Alianza, según esa versión, habrían sufragado por los candidatos de ese partido al Congreso y, para la presidencia, por el candidato del PAN. Sin embargo el análisis de los resultados electorales y varias encuestas levantadas aquel 2 de julio a la salida de las casillas permitieron documentar un comportamiento distinto.
Al comparar los votos para Calderón con la concentración de los votos en las casillas en donde hubo más sufragios para Nueva Alianza el analista Javier Márquez, de la empresa encuestadora Ipsos-Bimsa, encontró que no había relación alguna entre ambas votaciones. En cambio sí la había con los votos de los candidatos del PRI y de la Coalición por el Bien de Todos (“La revista” de El Universal, 24 de julio de 2006). La encuesta que esa empresa realizó el día de la elección confirmó que, entre quienes habían votado por los candidatos a diputados de Nueva Alianza, el 28% había favorecido con su voto para la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y un porcentaje idéntico a Roberto Madrazo. Únicamente 23% de los votantes para diputados de Nueva Alianza votó, a su vez, por Calderón.
Meses más tarde, en la edición de septiembre de 2006 de la revista Letras Libres, los investigadores Enrique Ochoa Reza y Alberto Saracho Martínez, después de analizar estadísticamente la votación en las casillas para determinar en qué medida los sufragios por Nueva Alianza beneficiaban a uno u otro de los candidatos presidenciales, concluyeron que la mayor parte de quienes sufragaron por diputados o senadores de ese partido lo hicieron, en la urna presidencial, por López Obrador.
En otras palabras: a diferencia de la versión que deliberadamente ha querido propalar la señora Gordillo, los votos de Nueva Alianza no fueron fundamentalmente para Calderón sino para el candidato presidencial del PRD. Si hubiera atendido a explicaciones como esas, quizá el presidente de la República no se hubiera considerado tan comprometido con “la maestra” y sus intereses. Además de la subsecretaría de Educación Básica, las designaciones de los titulares del ISSSTE, la Lotería Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron resultado de gestiones de Elba Esther Gordillo.
A esas cuotas de poder, hay quienes las han considerado consecuencia de una alianza del presidente Calderón con la señora Gordillo. Pero las alianzas políticas se establecen a partir de intereses y para alcanzar metas comunes. En este caso no ha sido claro en qué coinciden uno y otra. En cambio cada vez resultan más explícitas las discrepancias (y no por desacuerdos programáticos, sino debido a su afán por alcanzar mayor influencia) de la maestra con la política educativa del gobierno.
Raymundo Riva Palacio, de El Universal, viajó a San Diego para entrevistar a Elba Esther Gordillo. El periodista privó a sus lectores del relato que pudo haber realizado acerca del escenario de esa conversación a la orilla del mar en isla Coronado, en San Diego, en donde “la maestra” tiene una casa en la que pasa largas temporadas.
Quedaron sin respuesta inquietudes como las que el mismo Riva Palacio manifestaba el 29 de agosto de 2005, cuando escribió en ese diario acerca de Elba Esther Gordillo: “Además de su habilidad política para sobrevivir, otro factor que le ha ayudado es la forma como ha repartido dinero a medios y periodistas a lo largo de los años para tener, cuando menos como colateral, impunidad. Probablemente es una de las explicaciones por las que está intelectualmente sobrevalorada y por las que nunca se le ha pasado por la caja de rendición de cuentas para que explique de dónde una maestra rural de Chiapas pudo adquirir una enorme mansión cerca de Cuautla, una renovada casa en la isla Coronado en San Diego, una propiedad en el lujoso París, departamentos y casas repartidos en varias de las zonas más prósperas de la ciudad de México, y gastar decenas de miles de pesos en ropa cada mes”.
Lo que sí manifestó Gordillo en la reciente entrevista, que apareció el pasado lunes 23 de julio, fue la palmaria contrariedad que le suscita Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública: “no sabe nada del tema”, dice. Lejos de ser auténtica prioridad de su gobierno como asegura el presidente Calderón, la educación se ha convertido en campo de batalla entre las ambiciones de una dirigente sindical autoritaria y conservadora y el pasmo de una administración que tiene al adversario dentro de casa.
Quizá Calderón y su gobierno, en busca de la aquiescencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trataron de congraciarse con la maestra… y se les pasó la mano. De ser así, cayeron en otra de las ofuscaciones que suele causar la figura de Gordillo. Evidentemente ella controla al sindicato. Pero si cuenta con esa capacidad, es debido al clientelismo que los gobiernos priistas cultivaron respecto de esa y otras organizaciones gremiales y que pasa por la mediación de centenares de líderes locales que acaparan, regatean y confieren numerosas prestaciones a cargo del erario público.
Los maestros de todo el país han tenido que condescender con esos dirigentes, y con el liderazgo nacional que los cohesiona, para obtener ascensos, sobresueldos, descansos y otras prerrogativas a las que posiblemente tienen derecho pero que, gestionadas de esa manera, son vistas como prebendas. Si Elba Esther Gordillo y los líderes en los que se apoya han podido monopolizar el control del sindicato durante más de 18 años es debido, fundamentalmente, a la complacencia de los profesores ante esa situación que seguramente es abusiva, y hasta indigna, pero ante la cual les ha resultado cómodo resignarse.
Ahora Elba Esther Gordillo decidió extender de manera indefinida su presencia como mandamás del sindicato. En marzo de 2005 había reformado los estatutos del SNTE para crear una “presidencia”, cargo por encima de cualquier organismo de gobierno sindical y en el cual, por supuesto, se colocó ella misma. Y a comienzos de este mes, dispuso que el Consejo Nacional del sindicato prorrogara por varios años la gestión de la actual dirigencia.
En este caso Gordillo y su grupo ni siquiera se molestaron para reunir un congreso nacional del sindicato y dejaron en un organismo de menor jerarquía la decisión de reelegirlos. No hubo consulta, ni explicaciones, ni aviso previo a los trabajadores de la educación acerca de esa medida que ha sido legitimada por el gobierno federal. Y es que el sindicato, igual que el partido Nueva Alianza que inventó, patrocinó y maneja, son instrumentos de una dirigente que sabe utilizar la influencia con la que ya cuenta para dar la apariencia de que tiene más poder del que en realidad detenta. El presidente Calderón primero fue rehén de esa imagen de poder que despliega la “maestra”. Ahora, al mantener y reproducir esas cuotas y cotos de influencia, se ha convertido en cómplice de esa política al más arcaico estilo.
Aquella huelga
La Crónica, 5 de julio de 2007
Mañana se cumplirán tres décadas. La noche del 6 de julio de 1977 el gobierno del presidente José López Portillo y el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, emprendieron una extensa represión contra la huelga que desde 16 días antes habían mantenido los trabajadores administrativos y académicos de esa Universidad. Ese día, al terminar una concurrida manifestación, agentes vestidos de civil iniciaron la aprehensión de los dirigentes del sector académico del sindicato. Por la noche, 20 mil policías cercaron Ciudad Universitaria. A las 5 de la mañana del jueves 7 de julio irrumpieron en el campus, detuvieron a aproximadamente mil profesores y trabajadores administrativos y golpearon a muchos de ellos. La huelga duró cuatro días más, hasta que fueron liberados todos los detenidos.
Treinta años después aquel episodio parece de ficción política. Los trabajadores en huelga lo único que querían era el reconocimiento del sindicato que habían formado tres meses antes y un contrato colectivo que reconociera derechos laborales de ambos sectores. Los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos, STUNAM y SPAUNAM, se habían fusionado para crear el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México pero las autoridades de esa institución se negaban a admitirlo como interlocutor de ambos gremios. Meses antes, el SPAUNAM había propuesto un recuento para comprobar que representaba a la mayoría de los profesores e investigadores sindicalizados.
Esas peticiones hoy difícilmente serían motivo para un conflicto como el que se desarrolló en 1977. Pero en aquella época las autoridades de la Universidad se negaban a aceptar que sus trabajadores tenían derechos sindicales. El año anterior, el rector Soberón había propuesto un apartado constitucional paralelo a los que ya existen en el artículo 123 –que regula los derechos laborales– que cancelaría el derecho de los trabajadores universitarios para tener sindicatos únicos y hacer huelga.
Aquella iniciativa de las autoridades de la UNAM fracasó cuando el presidente Luis Echeverría entendió que no resolvería los problemas laborales en las universidades. Así que la exigencia de reconocimiento que planteó el nuevo sindicato universitario fue uno de los primeros asuntos que debió enfrentar la administración de López Portillo. Durante varios meses la Rectoría se negó a dialogar con el sindicato. El STUNAM no tuvo más remedio que emplazar a huelga para el 20 de junio. Solamente a mediados de ese mes, y a instancias del gobierno, se abrió un espacio de negociaciones pero ya era tarde.
Nunca antes una suspensión de labores había ocurrido de manera simultánea en todas las instalaciones de la UNAM. A la participación comprometida de la gran mayoría de los trabajadores, se fue añadiendo una creciente solidaridad de otros sectores de la sociedad. Conforme se desarrollaba, la huelga suscitaba el interés de los trabajadores en el resto de las universidades públicas del país –que hacían paros en respaldo a sus colegas de la UNAM– así como de muy diversos sindicatos. Una iniciativa para reunir víveres en beneficio de los huelguistas congregó a millares de personas que acudieron a donar alimentos en Ciudad Universitaria. A las manifestaciones convocadas por el STUNAM iban decenas de miles. En la Universidad, varios funcionarios renunciaron a sus cargos en la administración en desacuerdo con la actitud del Rector.
La huelga se fortalecía pero también arreciaba la intransigencia de su contraparte. El Congreso del Trabajo y el PRI consideraron que la huelga era una provocación política. En varias escuelas los directores llamaron a los alumnos para que tomasen clases en instalaciones habilitadas fuera de la Universidad, al mismo tiempo que Televisa ofrecía espacios para que se impartieran cursos por televisión. No se trataba de iniciativas académicas sino propagandísticas. El 29 de junio, cerca de 100 mil personas participaron en una manifestación del STUNAM pero el noticiero de Televisa dijo habían sido 7 mil.
Junto con esa campaña para simular que la huelga se debilitaba, el Rector y sus colaboradores emprendían otras formas de amago contra el sindicato. Solicitaron a la Junta Federal de Conciliación que declarase la inexistencia de la huelga y ese organismo respondió que el movimiento era, simplemente, ilegal. Más tarde presentaron en la PGR una denuncia por despojo y sabotaje que sería el pretexto legal para la intervención policiaca. A fines de junio, a petición de esas autoridades fue suspendido el servicio de energía eléctrica en Ciudad Universitaria. Y por esas fechas la Rectoría presentaba un ultimátum: los trabajadores que no regresaran a sus labores el 1 de julio serían despedidos.
La advertencia fue notoriamente desairada. Para simular que iba en serio, la Rectoría convocó a nuevas contrataciones de trabajadores. Acudieron cerca de 10 mil personas pero se trataba de un engaño: las autoridades universitarias se burlaron de la necesidad de esos ciudadanos que buscaban empleo.
Lo más grave era la ausencia de interlocución. La Rectoría se negaba a dialogar mientras la huelga no fuese levantada. El 5 de julio la dirección sindical y representantes del Rector acordaron, en pláticas privadas, una posible ruta de solución al conflicto pero a la mañana siguiente las autoridades universitarias cancelaron esas reuniones. Ese día comenzó la represión contra el sindicato.
La tarde del miércoles 6 de julio se realizó la manifestación más concurrida de la huelga. Algunos calcularon que había 200 mil personas. Cuando concluía, en sitios distintos, fueron detenidos varios de los dirigentes sindicales del sector académico. Horas más tarde, centenares de vehículos policiacos cruzaban por Insurgentes y Avenida Universidad para apostarse en las afueras del campus.
Aunque sabían que la intervención policiaca era inminente, los trabajadores administrativos y académicos se mantuvieron en las guardias de su huelga. Muchos más, llegaron al campus al enterarse del posible desalojo. Con gran valentía, centenares de profesores y trabajadores de la Universidad aguardaron la llegada de la fuerza pública. Hay que recordar que estábamos en 1977, cuando no se había cumplido siquiera una década de la masacre de Tlatelolco.
A las 5 de la mañana los efectivos policiacos entraron a Ciudad Universitaria. En algunos sitios se escucharon disparos de metralleta. Con los policías uniformados llegaron agentes vestidos de civil, armados con pistolas y palos y que golpeaban a los trabajadores que encontraban. En facultades como Ciencias, Filosofía y Psicología, los trabajadores cerraron con llave las instalaciones y aguardaron, sentados en torno a sus banderas de huelga, la llegada policiaca. En esas y muchas otras escuelas los agentes rompieron puertas y se robaron equipo y bienes de la Universidad.
Cerca de mil trabajadores fueron detenidos. Algunas horas más tarde la policía allanó las oficinas que el STUNAM tenía en la Colonia del Valle y en Coyoacán. También fue ocupado y saqueado el Centro Nacional de Comunicación Social, en donde el sindicato se proponía realizar una conferencia de prensa (las instalaciones del CENCOS permanecieron ilegalmente ocupadas por la policía durante mes y medio).
Allanado el campus principal, los miembros del Comité de Huelga del STUNAM que no habían sido aprehendidos pudieron reunirse en la UAM Xochimilco. Varios integrantes del sector académico del sindicato habían tenido que esconderse porque la policía los fue a buscar a sus domicilios. La huelga seguía, ya no en Ciudad Universitaria pero sí en docenas de instalaciones de la UNAM en otros rumbos del DF. En todas ellas los huelguistas mantuvieron una singular entereza. Gracias a esa actitud el comité de huelga pudo exigir la liberación de los trabajadores detenidos. Al final, todos fueron excarcelados excepto seis dirigentes del sector académico del sindicato: Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto, José Woldenberg Karakowsky, Rosalío Wences Reza y Jorge del Valle Cervantes.
Además de golpear al sindicato las autoridades de la Universidad, con respaldo del gobierno, quisieron dividirlo. Por eso únicamente fueron consignados dirigentes del sector académico. En el flanco administrativo, surgió una corriente que proponía refundar el sindicato gremial y que no tuvo eco entre los trabajadores.
Presionados por Jesús Reyes Heroles, que era Secretario de Gobernación, los dirigentes del sector administrativo del STUNAM, encabezados por Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, consideraban que la huelga tenía que levantarse de inmediato. El gobierno ofrecía reconocer al STUNAM como representante de los trabajadores administrativos y de un sector de los académicos, la devolución de sus oficinas, la salida de la policía de las instalaciones universitarias, la anulación de los despidos y el pago de la cuarta parte de los salarios caídos. Pero aun había seis profesores detenidos y el Comité de Huelga mantuvo el movimiento hasta que fueron puestos en libertad, con una pequeña fianza, la tarde del lunes 11 de junio. El gobierno dejó vigentes los cargos por el delito de despojo (como si se hubieran robado la Universidad cuando lo que hicieron fue ejercer el derecho de huelga) hasta que, dos años más tarde, esos académicos fueron incluidos en una de las amnistías que decretó el presidente López Portillo.
Seguramente el STUNAM cometió errores en aquella huelga. La dirección sindical supuso que el formidable respaldo social que estaba consiguiendo le permitiría evitar que la reprimieran. Pero sin la intolerancia del Rector y el autoritarismo del gobierno, ese conflicto no habría desembocado en la ocupación policiaca del campus que hoy es tenido como patrimonio de la humanidad.
Hoy el país es distinto. No del todo, pero hay cosas que han cambiado. Creo que quienes hace 30 años sostuvimos aquella huelga por nuestros derechos sociales podemos pensar que tales cambios en el país se deben, aunque sea un poco, a episodios como ése.
Los líderes, ”previsiblemente convenencieros”
U. de Inteligencia - El Financiero
Lunes 12 de febrero
UIAE
México necesita sindicatos activos que, nutridos por la participación de su membresía, sean capaces de defender las fuentes de trabajo y de proponer caminos para mejorar la producción con una perspectiva nacional, argumentó el académico Raúl Trejo Delarbre, autor de Este puño sí se ve e Insurgencia y movimiento obrero en México, entre otras obras.
En entrevista con EL FINANCIERO, Trejo advirtió que la relación entre las administraciones panistas y los sindicatos nacionales sólo ha mantenido los pesos y contrapesos de la época hegemónica del PRI.
Al iniciar el nuevo sexenio, argumenta el especialista, “se confirman y mantienen las agrupaciones que ya existían: un bloque numéricamente dominante integrado por las viejas centrales, sobre todo la CTM, y por los sindicatos nacionales de los sectores más importantes (electricistas, petroleros, mineros) y, por otra parte, el bloque políticamente más activo (aunque numéricamente minoritario) encabezado por la UNT y por sindicatos como los de telefonistas y universitarios”.
Ambos bloques tienen escasos puntos de encuentro, y son estructuralmente conservadores: se renuevan poco o nada. “De la misma manera que a la cabeza de la CTM se mantienen los mismos viejos líderes, a la cabeza de los telefonistas y de la UNT siguen los mismos dirigentes que desde hace más de tres décadas controlan a esos organismos”.
-¿Cuál es la fuerza actual de los sindicatos universitarios?
-Poca, en términos nacionales, no sólo por su limitada membresía (en comparación con otros sindicatos y gremios), sino especialmente por su abúlico y estancado discurso. Pero su fuerza es mucha dentro de las universidades, donde se han convertido en factor de estancamiento y no de cambios, como ocurría antes.
“Por esto, el país necesitaría sindicatos con líderes confiables y no tan previsiblemente convenencieros como los que tenemos ahora. Pero, bueno, estoy consciente de que estos deseos están fuera de tiempo: del 6 de enero han pasado más de cuatro semanas”, concluyó el académico
Rafael Galván
El Correo de Guanajuato y otros diarios, 30 de junio de 2005
Detrás de su escritorio, en la oficina que ocupó durante años en la Colonia Roma, don Rafael Galván tenía un retrato de José María Morelos. Tocado con el proverbial paliacate, empuñando un machete en la mano derecha, el insurgente aparecía entre blasones coloridos como si se dispusiera a la batalla. El centro del cuadro era la mirada: no se trataba del Morelos hierático que suelen rescatar los museos sino de un hombre con incertidumbre, arrojo y miedo.
Tal era la expresión que a Galván le gustaba contemplar, sin duda porque se reconocía en ella. Don Rafael era el dirigente de la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. Había encabezado, desde los años cincuenta, sucesivos esfuerzos de organización sindical independiente.
Michoacano como el Morelos que le cuidaba las espaldas, Rafael Galván Maldonado nació en Uruapan el 7 de noviembre de 1919. Al parecer fue hijo del general revolucionario Rafael Buelna. Le tocó vivir, adolescente apenas, los años inquietantes del cardenismo. Estudió Ingeniería Mecánica en el Politécnico y Economía en la UNAM. A los 15 años trabajó en Radio Revolución, estación del Partido de la Revolución Mexicana y desde entonces se relacionó con el sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio del que, en 1943, fue designado secretario general.
Como dirigente de ese gremio, estableció una alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica la cual poco después llegó a dirigir. En 1951 consiguió una plaza de base como trabajador electricista en la planta que había en La Boquilla, al sur de Chihuahua. Poco después creó la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, que era otro eslabón en la perseverante cadena de organismos cada vez más amplios de cuya fundación Galván sería el motor fundamental.
La Confederación Mexicana de Electricistas (1954), el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (1960), la Confederación Nacional de Trabajadores (1961) y en alguna medida el Congreso del Trabajo (1966) fueron resultado del empeño organizador de Galván que estaba convencido de que mientras más amplios fueran los sindicatos, mejores resultarían las posibilidades de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales pero, también, la situación del país.
Para Galván los sindicatos no eran solamente frentes de lucha gremial sino, sobre todo, organismos llamados a impulsar un proyecto nacional. Ese afán por reivindicar banderas nacionalistas (primero en la industria eléctrica y luego con un proyecto de transformaciones más amplio) y el compromiso que tenía con la democracia, lo enfrentaron con los dirigentes tradicionales del sindicalismo.
Había tenido simpatías con el trostkismo cuyo componente moral lo diferenciaba de otras vertientes en las izquierdas y más tarde, creador de instituciones, se incorporó a la política institucional para ser senador priista por Michoacán entre 1964 y 1970. El STERM, que encabezaba en esos años, fue víctima de una intensa persecución por parte del charrismo enquistado en el Sindicato Nacional de Electricistas hasta que Galván promueve la unificación de las dos organizaciones para dar lugar, en 1972, al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, SUTERM.
Los dirigentes tradicionales marginan y finalmente expulsan del sindicato a Galván y a sus compañeros. Así nace la Tendencia Democrática que en 1975 proclama la Declaración de Guadalajara, un proyecto de amplio aliento que propone desde la democracia y la independencia sindicales hasta la reorientación de la economía con un sentido popular. Para Galván la democracia sin ideas estaba incompleta. Democracia es programa, solía decir.
Con esas banderas, los electricistas encabezan grandes movilizaciones por todo el país y en julio de 1976 la fuerza pública los contiene cuando intentan estallar una huelga nacional.
Mermado por el acoso gubernamental, el movimiento de los electricistas se disuelve en 1977 y Galván se propone, entonces, participar en la organización de un amplio frente que denomina Movimiento Sindical Revolucionario. A ese afán destina la revista Solidaridad, de la que se había encargado desde los años cincuenta. En esas tareas estaba empeñado cuando falleció el 3 de julio de 1980.
El edificio ubicado en Zacatecas 94 en donde Galván pensó, organizó y debatió durante tantos años y en donde conservaba aquel cuadro de Morelos, se convirtió en sede del Instituto de Estudios Obreros que llevó su nombre. El pasado 7 de junio dicho Instituto, encabezado por antiguos trabajadores electricistas, donó ese inmueble a la Universidad Autónoma Metropolitana para la creación de un centro de difusión y documentación sobre asuntos laborales.
El próximo domingo se cumple un cuarto de siglo de la muerte de don Rafael Galván. En el panorama de desbarajuste y estruendo que define hoy a nuestra vida pública, las lecciones de integridad y patriotismo que ofreció ese mexicano ejemplar parecen más necesarias que nunca.
Euzkadi: vence la perseverancia
La Crónica, enero 18 de 2005
Tres años después de haber comenzado una incierta y ardua huelga, los trabajadores de la llantera Euzkadi formalizaron ayer un acuerdo que significa un triunfo muy importante y, también, un desafío de aquí para adelante. Asociados con una firma privada, se convierten en propietarios de la planta en El Salto, Jalisco, que en diciembre de 2001 había sido unilateralmente cerrada por la empresa Continental Tire de México.
Dueños de su fuente de trabajo esos obreros reanudarán la producción de llantas que fue interrumpida cuando la empresa, de origen alemán, decidió cerrar el negocio. Las dificultades del mercado de las que se quejaba Continental Tire no han desaparecido. Pero no es poca la confianza que esos trabajadores deben tener en su propia capacidad para salir adelante, después de una huelga que venció la indiferencia del gobierno y la prepotencia de la mencionada firma trasnacional.
Las sonrisas que ayer, delante del presidente Vicente Fox, mostraban los directivos de Continental Tire y los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que gestionaron el acuerdo, tuvieron que ser algo forzadas. Tiempo atrás la empresa alegaba que había cerrado la planta porque ya no le tenía confianza al sindicato –como si esa fuese una razón admitida por la ley–. Entonces, complaciente, el titular de esa dependencia, Carlos Abascal, reconvenía a los trabajadores por no aceptar las condiciones de la parte patronal.
La huelga estalló el 22 de enero de 2002, un mes después del cierre de la planta que dejaba sin empleo a mil 164 trabajadores –200 de ellos de confianza– pero fue declarada improcedente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El sindicato, entonces, debió transitar por los tortuosos vericuetos de la justicia laboral.
Simultáneamente los trabajadores emprendieron un difícil esfuerzo de propaganda y cabildeo. En 2002 varios de ellos viajaron a Alemania para reunirse con los directivos de Continental Tire y en mayo de aquel año, cuando el presidente Fox visitó el Parlamento Europeo en Estrasburgo, una diputada del grupo Verde pronunció un discurso contra las afrentas laborales que sufrían los trabajadores de ese consorcio en México.
Experiencia no le faltaba al sindicato de Euzkadi, que desde 1935 había construido una hazañosa historia. Lo mismo en centrales controladas verticalmente que en la insurgencia obrera ese fue, en distintas épocas, un sindicato consistente en la defensa de sus derechos y varias veces tuvo que llegar a la huelga.
El desenlace del reciente litigio laboral ha sido tan heterodoxo como dicha trayectoria. Constituidos en cooperativa los 604 trabajadores de Euzkadi que se mantuvieron en huelga –y que son los mismos que hace un año peleaban por el reconocimiento legal de su movimiento– se asociarán con la firma Llanti Systems para reanudar la producción de neumáticos.
Esa empresa adquiere el 50% de la propiedad de Euzkadi. La otra mitad les será entregada a los trabajadores a cambio de los salarios caídos que debió haberles pagado por la huelga.
Los trabajadores recibirán, por otra parte, las liquidaciones a las que por ley tenían derecho desde hace tres años. Este desenlace confirma que tenían razón cuando iniciaron la huelga.
Ayer en la formalización de la reapertura de la planta de El Salto Jesús Torres Nuño, secretario general del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi dijo, con toda razón, que esa organización “tuvo el mérito de la perseverancia, de la defensa de los derechos laborales establecidos”.
Los “verdaderos protagonistas de este importante triunfo”, explicó el dirigente, han sido “todos mis compañeros, nuestras familias, asimismo las numerosas organizaciones que a nivel nacional e internacional nos brindaron su apoyo (y) nuestros esforzados asesores que realizaron un gran trabajo”.
El desenlace de la huelga en Euzkadi permite recordar que, pese al marasmo del sindicalismo nacional, hay organizaciones gremiales que sí funcionan como tales. “Se requiere –dijo ese dirigente– de sindicatos democráticos e independientes, porque si hoy celebramos que se reabrirá nuestra fuente de trabajo, es precisamente por la tenacidad y fuerza de nuestra organización”.
Euzkadi, dos años
La Crónica, enero 22 de 2004
Enfrentados a una empresa trasnacional que de pronto decidió cerrar su fuente de empleo, perjudicados por la indolencia laboral del gobierno y defendidos por organizaciones internacionales que han propalado ese conflicto fuera del país, los trabajadores de la planta Euzkadi en El Salto, Jalisco, cumplen hoy dos años en huelga.
No hace falta imaginar las vicisitudes que han padecido los trabajadores, en huelga desde el 22 de enero de 2002. Sin salario y afectados por una infundada resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la mayoría de ellos ha resistido. Ahora encuentran alguna esperanza en la revisión final acerca de la legalidad de su huelga que está en manos de un Tribunal de Circuito.
Se trata de una huelga peculiar, porque estalló cuando la empresa ya había cerrado la planta. El 16 de diciembre de 2001 los administradores de Euzkadi anunciaron que esa fábrica de neumáticos dejaría de funcionar. Al mes siguiente los trabajadores iniciaron la huelga. El cierre patronal había afectado a mil 164 asalariados, 200 de ellos de confianza y el resto sindicalizados.
Fundada en 1928 por el empresario español Ángel Urraza la firma Euzkadi, inicialmente dedicada a la fabricación de zapatos tenis, se asoció más tarde con la estadounidense B.G. Goodrich y se convirtió en una de las principales productoras de llantas en nuestro país. En 1998, después de haber pasado por varios propietarios, Euzkadi fue adquirida por el consorcio alemán Continental Tire que tiene 25 fábricas llanteras en diversos países.
Apenas se hicieron cargo de la planta en El Salto –a unos 30 kilómetros de Guadalajara– los nuevos propietarios entraron en conflicto con el sindicato. Exigieron suprimir el escalafón, modificar el reglamento interior e imponer sanciones que los trabajadores no quisieron aceptar. Por oponerse a esos cambios fueron despedidos 18 dirigentes sindicales.
El Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi tiene una extensa tradición en la defensa de sus derechos. Constituido en 1935, participó de los momentos de auge del movimiento obrero mexicano lo mismo durante el cardenismo en los años 30 que cuando la insurgencia sindical a fines de los años 50 y hacia la mitad de los 70. Inicialmente adherido a la CTM, en 1959 sus trabajadores expulsaron a Fidel Velázquez de una asamblea y el sindicato se alejó de esa central. Más tarde formó filas en la Unión Obrera Independiente a cuyo líder, el abogado Juan Ortega Arenas, también echaron. En 1979, 1981 y 1995, el sindicato sostuvo largas huelgas. La que hoy cumple dos años ha sido la más difícil.
Apenas iniciaron esta huelga, los trabajadores vinieron a la ciudad de México a solicitar la intervención de las autoridades laborales. Lo hicieron en una caravana que duró una semana y a cuyo paso por varios estados recibían la adhesión de sindicatos y movimientos sociales de filiación muy diversa.
Aunque ofreció que los derechos laborales serían respetados, la Secretaría del Trabajo acabó compartiendo las posiciones de la empresa. Los trabajadores dicen que cuando Continental explicó que cerraba la planta porque dejó de tener confianza en el sindicato, el secretario Carlos Abascal les reprochó que no hubieran aceptado las exigencias de ese consorcio.
También compartió la postura empresarial el ahora ex presidente de la Junta Federal de Conciliación, Virgilio Mena, que en marzo de 2002 declaró la improcedencia de la huelga. Como ese no es un término establecido por la Ley Federal del Trabajo, el dictamen fue ilegal. Cuatro meses más tarde el sindicato obtuvo un amparo contra esa resolución y actualmente ese proceso está sujeto a revisión en el Décimo Tribunal de Circuito en Materia Laboral del Distrito Federal.
Sin descuidar la defensa legal, en 2002 una comisión de los trabajadores de Euzkadi difundió en Europa las razones de su huelga. En Alemania se entrevistaron con Manfred Wennemer, presidente del Consejo de Administración de Continental Tire. Sin embargo las negociaciones siguieron estancadas.
El 15 de mayo de ese año, minutos antes de que el presidente Vicente Fox dirigiera un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo la diputada Mónica Frassoni, de la fracción Verde, dijo en la plenaria de ese organismo que las acciones de Europa para defender los derechos humanos en América Latina “se quedarán cortas si permitimos que nuestras multinacionales traten a sus trabajadores de un modo que se consideraría inaceptable en Europa, como es el caso de la empresa alemana Continental Tire en México”.
605 trabajadores de Euzkadi, que mantienen una huelga innecesariamente larga, rechazan las liquidaciones ofrecidas por esa firma porque son inferiores a las que tienen derecho. La justicia laboral y la responsabilidad arbitral del gobierno están en deuda con ellos. De López Obrador y del escandaloso sueldo de su versátil chofer podremos ocuparnos después.
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Sindicatos sin remedio
La Crónica, agosto 12 de 2004
En el litigio alrededor del Seguro Social se manifiesta, además del deterioro profundo de esa institución, la decadencia de un sindicalismo arcaico y autoritario.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social perdió hace varias semanas la batalla por la legitimidad pública, cuando fue palmario el contraste entre las generosas prestaciones que reciben sus agremiados y las disminuidas pensiones a las que tiene que resignarse la mayoría de los trabajadores del país.
No es impropio que los empleados del IMSS hayan logrado un régimen de prestaciones muy superior al que lamentablemente padecen casi todos los asalariados. Pero sí es discutible que esos beneficios sean sufragados con el dinero de quienes no trabajan en el Seguro Social y de las empresas para las que laboran.
Más cuestionable resultó la actitud que durante varios meses mantuvo la dirigencia del sindicato, al negarse a discutir con seriedad las propuestas para evitar que el IMSS se hunda abrumado por el pago de las pensiones.
El sindicato del Seguro Social defiende privilegios que obtuvo más que con su lucha gremial, gracias a la connivencia que sus dirigentes mantuvieron, durante décadas, con el gobierno federal. Ahora es natural que los trabajadores del IMSS defiendan esas prestaciones. Lamentablemente el sindicato ha tratado de salvaguardar tales beneficios guareciéndose en un comportamiento solamente gremialista, sin tomar en cuenta la situación del Seguro Social ni la que impera en el resto del país.
Con esa actitud, el sindicato de los trabajadores del IMSS encarna varios de los peores vicios del corporativismo gremial más atrasado. Aunque es una organización de dimensiones y membresía considerables, con presencia en todo el país y entre cuyos afiliados hay médicos y otros profesionales de alta escolaridad, ese sindicato no fue capaz de construir un discurso que le permitiese ubicar la defensa de sus derechos laborales sin que estuvieran en contradicción con el derecho a la seguridad social de la mayoría de los trabajadores del país.
Cuando el gobierno les propuso revisar las normas para las jubilaciones los dirigentes del sindicato se pertrecharon en el ensimismamiento gremial, soliviantaron a sus afiliados con versiones no siempre veraces y amagaron con una huelga de cuyo anuncio ahora quieren arrepentirse.
La ocupación de avenidas como sucedió ayer en Paseo de la Reforma, las bravatas en los medios y el bloqueo del Senado la semana pasada han sido comportamientos jactanciosos que, lejos de procurarle consenso alguno, han mostrado al sindicato como una organización intransigente y mezquina. Ese ha sido el resultado del comportamiento de los líderes encabezados por el doctor Roberto Vega.
Frente a esos desplantes, la reacción de la mayoría de los sindicatos oficialistas ha sido presentada como dechado de sensatez. Una apreciación ligera y desmemoriada ha propiciado que, en algunos medios, se considere que las actitudes de dirigentes como los del Congreso del Trabajo y la CTM son ejemplares por su prudencia y por negarse a respaldar a los trabajadores del IMSS.
Pero no hay que olvidar la trayectoria, las prácticas y los compromisos (siempre con el poder político y casi nunca con sus agremiados) que han singularizado a esos líderes. Leonardo Rodríguez Alcaine –con una conocida historia de abusos y traiciones dentro del gremio de los trabajadores electricistas– basta para describir a esa burocracia sindical.
El que se advierte en el conflicto alrededor del IMSS es un sindicalismo que ya sea por la egoísta defensa de privilegios gremiales o por el convenencierismo de sus dirigentes, ha permanecido de espaldas a la mayoría de la sociedad. No en balde, a los sindicatos en México se les ve más como una carga para el país que como los instrumentos de reivindicación y expresión de los trabajadores que podrían haber sido en otras condiciones.
Ese sindicalismo, todo él, se rehusó hace varias décadas a insertar sus aspiraciones gremiales como parte de un proyecto nacional de los trabajadores mexicanos. Las consecuencias de ese comportamiento se advierten ahora. En instituciones de privilegio como el Seguro Social, el sindicalismo no acierta mas que a intimidar con paros y algaradas. En el resto del país los sindicatos carecen de discurso, propuestas o de la más elemental visión nacional.
Incluso entre sus aparentes aliados las vacilaciones crecen en la medida en que el sindicato del Seguro Social se deja llevar por sus actitudes más primitivas. Dirigentes como el que encabeza a los pilotos de aviación se han deslindado de los paros que podrían afectar al IMSS. Otros, como los taimados telefonistas, aguardan para no comprometerse demasiado en una lucha que entienden perdida. Se trata, en todo caso, de las expresiones limitadas de un sindicalismo que no tiene remedio. Lo más escandaloso es el respaldo, a esos sindicatos, del perredismo que todavía se considera de izquierda.
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Ludlow, 1914
La Crónica de Hoy, 29 de junio de 2003
Esta mañana, igual que cada último domingo de junio –e igual que cada año desde hace 89– habrá una ceremonia en Ludlow, Colorado. Allí se recordará la masacre ocurrida en abril de 1914 cuando varios mineros y sus familias, entre ellos algunos mexicanos, fueron asesinados en el campamento en donde mantenían una huelga por mejores condiciones de trabajo.
Esta vez la ceremonia en Ludlow será distinta. Además del recuerdo de aquella huelga que se encuentra entre las más importantes en la historia del sindicalismo en Estados Unidos, ahora el homenaje a los mártires de 1914 estará teñido por una dosis adicional de irritación y molestia. Hace varias semanas el monumento construido en Ludlow para honrar a aquellas víctimas fue atacado por vándalos que decapitaron a sus dos figuras principales –un minero y una mujer que carga a su hijo–.
La destrucción de esas efigies puede ser entendida como parte del clima de intolerancia y xenofobia que se ha extendido en significativos sectores de la sociedad estadounidense. A la matanza que acabó con la huelga en Ludlow siempre se la ha reconocido no solo como un episodio de agresión contra los derechos sindicales sino, además, como ejemplo de la concurrencia de trabajadores de distintos orígenes nacionales que luchan juntos por las mismas reivindicaciones.
Rockefeller y Cananea
Ludlow se encuentra a 3 horas al sur de Denver y a unos 20 kilómetros al norte de Trinidad, en el estado de Colorado. La huelga de mineros del carbón que tuvo lugar allí hace nueve décadas contra la Compañía de Combustible y Hierro de Colorado sigue siendo recordada por la valentía de aquellos trabajadores y la crueldad de quienes los reprimieron.
Aquella empresa, propiedad de John D. Rockefeller, les pagaba a los mineros menos de 1.70 dólares al día. Ese salario lo tenían que gastar en las tiendas de la Compañía que además controlaba la vida social y política en la región. Escuelas, bibliotecas, servicios religiosos y fuerzas de seguridad, eran manejados por empleados de aquel magnate neoyorquino que hizo su principal fortuna con la explotación del petróleo.
Tales condiciones decidieron a los casi 10 mil trabajadores mineros del sur de Colorado a adherirse al sindicato Mineros Unidos de America (United Mine Workers of America) y luego, en septiembre de 1913, a iniciar la huelga. Muchos de ellos eran trabajadores griegos, italianos, eslavos y mexicanos.
En contraste con la forzosa hegemonía que ejercían los intereses y las instituciones de Rockefeller, la huelga proponía una vida diferente en esa región de Colorado. Los mineros demandaban reconocimiento a su sindicato y derecho a designar a sus representantes sin interferencia de la Compañía, aumento salarial del 10%, jornada laboral de 8 horas, derecho a comprar en las tiendas de su preferencia así como a rentar viviendas y hacerse atender por los médicos de su elección. También exigían la desaparición del sistema de guardias privados que tenía a su cargo la vigilancia en las minas.
Aquellas demandas no eran distintas a las que, por esas mismas fechas, levantaban diversos grupos de trabajadores mineros en México. Apenas unos cuantos años antes, en 1906, condiciones muy similares llevaron a la huelga a los mineros de Cananea, en Sonora.
En la represión a esa huelga en Cananea participaron dos centenares de rangers estadounidenses. Esa fue una de muchas circunstancias que identificaban a las luchas sindicales en México y Estados Unidos en aquella época.
Refugios subterráneos
La movilización de los mineros de Ludlow causó la ira de Rockefeller que no estaba dispuesto a que ese ejemplo se extendiera a otras de sus empresas. A instancias de la poderosa Compañía de Combustible y Hierro el gobernador de Colorado, Elias Ammons, envió a la Guardia Nacional para asegurar que las minas siguieran funcionando. Desalojados de las minas, los huelguistas y sus familias instalaron un campamento en las colinas cercanas y allí mantuvieron su protesta.
La milicia, apoyada por golpeadores y rompe huelgas de una compañía de detectives de Virginia, se esforzaba a diario para provocar a los mineros. No solo molestaban a sus familias. Con frecuencia hacían disparos contra sus tiendas de campaña y por la noche les arrojaban luces de bengala. Los mineros, rodeados por sus agresores, resistieron esas condiciones durante siete meses. Para protegerse de los frecuentes disparos cavaron refugios debajo de varias de las tiendas. Así se aseguraban de que sus esposas e hijos no fueran a ser alcanzados por alguna de aquellas balas.
La mañana del 20 de abril de 1914 los balazos dejaron de ser esporádicos. Miembros de la milicia de Colorado, guardias de la Compañía y golpeadores de la agencia de detectives dispararon con ametralladoras y rifles contra el campamento. Las tiendas de los mineros quedaron en llamas. Los rompe huelgas habían arrojado keroseno encima de ellas para que el incendio se propagase con más facilidad.
Las balas alcanzaron a tres huelguistas. Pero no fueron los disparos sino al miedo ante ellos lo que ocasionó la mayor cantidad de víctimas. Una docena de mujeres y niños –hay varias versiones acerca del número exacto– murieron asfixiados y quemados en uno de los escondites subterráneos. Se ha dicho que más tarde tres huelguistas, entre ellos Louis Tikas, uno de los dirigentes de la huelga, fueron aprehendidos y más tarde asesinados por miembros de la Guardia. Otra versión, que mencionamos más adelante, indicó que Tikas cayó muerto cuando intentaba ayudar a varias familias a escapar de las tiendas en llamas.
Relato de Mama Jones
La crueldad de aquel episodio y el sufrimiento de los mineros fueron relatados más tarde por Mary Harris, conocida como Mama Jones, uno de los personajes emblemáticos de los movimientos sociales estadounidenses en aquella época. En 1914 Jones, que se había dedicado a promover la organización sindical entre los trabajadores mineros, tenía 77 años y visitó Ludlow después de la matanza. En su autobiografía, publicada en 1925, escribe acerca de aquel 20 de abril:
“Temprano por la mañana varios soldados se aproximaron a la colonia con la exigencia para que Louis Tikas, el dirigente del campamento, les entregase a dos italianos. Tikas les requirió una orden judicial para ese arresto. No la había. Así que Tikas se negó a entregarlos. Los soldaron regresaron a su cuartel. Entonces dispararon una bomba como señal. Luego otra. Inmediatamente las ametralladoras comenzaron a rociar el frágil campamento, el único hogar que tenían las desventuradas familias de los mineros, acribillándola de balas. Como lluvia de hierro, las balas caían sobre hombres, mujeres y niños.
“Las mujeres y niños escaparon hacia las colinas. Otras, esperaron. Los hombres defendían sus viviendas con sus pistolas. El fuego continuó durante todo el día. Varios cayeron muertos. Las mujeres desfallecían. El pequeño niño Synder recibió un disparo en la cabeza cuando trataba de salvar a su gatito. Un niño que le llevaba agua a su madre moribunda fue asesinado.
“Para las cinco de la tarde los mineros no tenían comida, ni agua, ni municiones. Tenían que replegarse hacia las colinas con sus esposas y pequeños. Louis Tikas fue acribillado cuando trataba de poner a salvo a varias mujeres y niños. Perecieron junto con él.
“Llegó la noche. Un crudo viento bajaba de los cañones en donde hombres, mujeres y niños tiritaban y lloraban. Entonces un resplandor iluminó el cielo. Los soldados, ebrios de sangre y licor que habían hurtado de la cantina, prendieron fuego a las tiendas de Ludlow con antorchas mojadas en petróleo. Las tiendas, que eran el único mobiliario de aquellos pobres, las ropas y camastros de las familias de los mineros, fueron incendiadas. Alrededor del pozo, que era la única fuente de agua de los mineros, pusieron alambre de púas.
“Cuando todo había terminado, aquella miserable gente se arrastró para sepultar a sus muertos. En un refugio, bajo una de las tiendas quemadas fueron encontrados, irreconocibles, los cuerpos carbonizados de once pequeños niños y dos mujeres. Todo estaba en ruinas. Los resortes de los camastros se retorcían en el suelo como si ellos también quisieran escapar de aquel horror. El petróleo, el fuego y los rifles habían despojado de sus viviendas a hombres, mujeres y niños y habían masacrado a pequeños bebés y mujeres indefensas. Todo bajo las órdenes del teniente Linderfelt, un brutal y salvaje ejecutor de la voluntad de la Compañía de Combustible y Hierro de Colorado”.
Varios mexicanos muertos
Quizá más conmovedor que la intensa prosa de Mama Jones era la puntual descripción que ofrecía The Rocky Mountain News, un diario de aquella región el 23 de abril de 1914 en un reportaje en donde se leía:
“Entre los muertos estaba la familia de Charles Costa, organizador del sindicato en Aguilar, y estaba la familia de la señora Chávez, una mujer mexicana, incluyéndola a ella, dos niñas de 4 y 6 años, un bebé de 6 meses y un sobrino de 9.
“La familia de Costa lo incluía a él, a sus esposa y a dos niños, Lucy de 4 y Orafrio de 6.
“Bajo el montón de chatarra, al fondo del refugio de donde fueron recuperados esos cuerpos, también estaban los de los niños de la señora de Marcelino Perdrigon –Clardillo de 4 y Rogerio de 6– y los tres niños Petrucci, Lucy de 3 años, Joe de 4 y Frank de 6 meses.
“Los niños estaban tomados unos en brazos de otros y sobre ellos yacían los cuerpos de dos mujeres, ambos severamente quemados. Las dos mujeres iban a ser madres pronto”.
Sangrienta confrontación
Los mineros que desde lo lejos presenciaron el asesinato de sus familiares y compañeros trataron de tomar venganza. Durante alrededor de 10 días grupos de trabajadores armados incendiaron varias minas y atacaron campamentos de los rompe huelgas. Algunos autores indican que en el vecino estado de Wyoming, 5 mil mineros armados se preparaban para ir a Colorado a exigir reparación por el asesinato de las mujeres y los niños de Ludlow.
La intervención del Ejército, ordenada directamente por el presidente Woodrow Wilson, detuvo esa escalada de violencia. Décadas más tarde el ahora ex senador George McGovern, que en 1972 escribió un libro acerca de la masacre en Ludlow, diría que aquel episodio fue “la confrontación más sangrienta en la historia del sindicalismo estadounidense”.
“Peor que Huerta y Villa”
El asombro ante la crueldad de los acontecimientos en Ludlow fue patente desde aquellas fechas. El ya citado Rocky Mountain News, en un editorial titulado “La matanza de los inocentes” publicado el 22 de abril de 1914, comparaba la agresión contra los mineros con la brutalidad que ya en esos años distinguía a la guerra de revolución mexicana:
“Los detalles de la masacre son horribles. México no ofrece tal barbaridad ni comparación como el asesinato de mujeres y niños indefensos por parte de los guardias de las minas amparados por soldados. Como los blanqueados sepulcros con que alardeamos de la civilización americana con este infame hecho en nuestras propias puertas. Huerta asesinó a Madero, pero incluso Huerta jamás asesinó a un niño inocente que buscaba agua para su madre herida. Villa es un bárbaro, pero en su enloquecido exceso no ha disparado ametralladoras contra mujeres y niños prisioneros. ¿Qué criminales son capaces de tanta inhumanidad para quemar la tienda que cubre madres y pequeños bebés desamparados?
“De esta infamia hay algo que queda claro. Las ametralladoras causaron la masacre. Las ametralladoras estaban en las manos de los guardias de las minas, muchos de los cuales también eran miembros de la milicia del estado. Fue una guerra privada, con la fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo respaldando a los guardias de las minas”.
Intolerancia ayer y hoy
En 1917 Mineros Unidos de América compró un terreno de 16 hectáreas en donde había estado el campamento de Ludlow. Allí fue construido el monumento que recuerda la huelga y la matanza de 1914. Se trata de una estela en donde se lee “En memoria de los hombres, mujeres y niños que perdieron la vida en favor de la libertad en Ludlow, Colorado, el 20 de abril de 1914. Erigido por la United Mine Workers of America”.
Al pie del monumento se encuentran las efigies de un minero y de una madre con su hijo y, a la vuelta, una placa con los nombres de 18 víctimas:
“Louis Tikas, 30 años; James Fyler, 43; John Bartolotti, 45; Charlie Costa, 31; Fedelina Costas, 27; Onafrio Costa, 6; Lucy Costa, 4; Frank Rubino, 23; Patria Valdez, 37; Eulalia Valdez, 8; Mary Valdez, 7; Elvira Valdez, 3 months; Joe Petrucci, 4 1/2; Lucy Petrucci, 2 1/2; Frank Petrucci, 6 months; William Snyder Jr., 11; Rodgerlo Pedregone, 6 y Cloriva Pedregone, 4”.
(Los nombres no siempre coinciden con los que ofrecían las fuentes hemerográficas de la época, quizá porque en algunos casos se mencionaban el apellido paterno o materno de las víctimas).
Ese es el monumento cuya parcial destrucción, el 7 de mayo pasado, ha ocasionado inquietud e indignación. Así como la masacre de hace 89 años implicó la muerte de varios mexicanos, el vandalismo contra el sitio que recuerda aquella inmolación tendría que causar preocupación también en México.
Estos no son tiempos sencillos para el ejercicio de las libertades en Estados Unidos. La agresión al monumento que inmortaliza los nombres de trabajadores de varios países y sus familiares que fueron asesinados cuando peleaban por sus derechos gremiales, forma parte de la intolerancia que afecta hoy a muchos migrantes ese país. Contra ella, y en reivindicación de tales derechos, sería saludable que a los trabajadores de Ludlow se les recordase también en los sindicatos mexicanos. Dentro de un año, cuando se cumplan 90 de aquella masacre, habrá una ocasión propicia para ello.
(Agradezco las sugerencias del doctor John Womack para la elaboración de este texto. Casi todas la información que aquí aparece fue obtenida en diversos sitios en Internet, entre muchos otros “Rebel Graphics” de Richard Myers: http://web.webaccess.net/~rtmyers/rg/ ; la autobiografía de Mother Jones en http://womenshistory.about.com y la colección de fotografías “Colorado Coal Field War Proyect”: http://www.cdpheritage.org/heritage/ludlow/cfphoto.html).
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