Sociedad y poder

Los trabajadores del SME que se mantienen en movimiento se equivocan al hacer a los habitantes de la ciudad de México víctimas de sus protestas. Las manifestaciones que anunciaron para el día de hoy desencajarán al de por sí cotidianamente embrollado Distrito Federal. La irritación de quienes quedarán atrapados en los embotellamientos, acicateada por la previsible estridencia de los medios de comunicación, no parece constituir la mejor medida para granjearse la simpatía ciudadana por parte de un movimiento cuya presencia pública no es precisamente favorable.

Pero, por otra parte, es preciso reconocer que a los varios millares de trabajadores que no se han resignado a ser despedidos y que, a costa de perderla, se han rehusado a recibir la atractiva aunque chantajista indemnización que les propone el gobierno federal, les quedan pocas opciones de protesta.

De la noche a la mañana, hace exactamente un mes, la Compañía de Luz fue bruscamente clausurada y con ello, en la práctica, terminaron el empleo y las condiciones para que subsistiera además la organización sindical de esos trabajadores. La respuesta del sindicato y la discusión acerca de ese golpe de mano propinado por el presidente Calderón han sido ampliamente conocidas.

Algo más de la mitad de los trabajadores ha aceptado la liquidación que les ofreció el gobierno. El porcentaje aumentará conforme se acerque el viernes próximo, fecha del ultimátum que estableció el gobierno para quienes busquen la indemnización adicional al monto previsto por la ley.

La noticia no es cuántos han aceptado, sino el hecho de que casi 20 mil trabajadores habrán resuelto rechazar esa oferta económica y abstenerse de acudir a firmar su liquidación. A pesar de la mezcla de intimidación y compensación a la que han estado sometidos, varios miles de electricistas esperan un resultado distinto al que anuncia el gobierno federal. Ni las intimidantes declaraciones del Secretario del Trabajo, ni el apabullante clima de opinión que se desarrolló contra los electricistas sobre todo en los primeros días después de la intervención en la Compañía de Luz e incluso la división con la que carga a cuestas el SME, han bastado para aminorar el ánimo de esos trabajadores.

Las movilizaciones de este miércoles serán una prueba a esa confianza y a la solidaridad que haya podido concitar en SME en tan difíciles condiciones. Se conoce el compromiso de dos grandes sindicatos, el de Telefonistas y el de Trabajadores de la UNAM, para respaldar el que con cierta grandilocuencia los electricistas han denominado paro nacional y que en realidad se circunscribirá a algunas instituciones, más notorias que numerosas.

La decisión del STRM y el STUNAM, entre otros sindicatos que respaldan la suspensión de labores, tampoco es sencilla. Tanto la empresa telefónica que no dejará de recibir ganancias por los servicios que ofrece, como la Universidad Nacional cuyas autoridades podrían haberse ahorrado la estridente declaración con que deploran el paro, anunciaron anticipados reproches a sus trabajadores. A quienes no se presenten a sus labores, les descontarán el día.

Al SME también lo respalda una variopinta constelación de organizaciones de vocación y prácticas contestatarias. De escasa representatividad muchas de ellas, movidas por el voluntarismo más que por convicciones razonadas algunas más, en esa coalición hay lo mismo grupos que pugnan por la restitución de la legalidad en el diferendo electricista que algunos declaradamente adversos al orden jurídico. El SME podrá alegar que no está en condiciones de rechazar adhesiones, pero la facilidad con que sus dirigentes y miembros más activos pueden mimetizarse con las protestas más destempladas constituye uno de los desafíos principales que enfrenta el sindicato en estos días.

Muchos de sus adherentes, marcharán hoy junto con el SME no solamente para protestar contra la clausura abrupta de la Compañía de Luz sino, además, motivados por una variada gama de causas e indignaciones. En medio de un sinnúmero de banderas, la causa del SME puede banalizarse y diluirse.

Sobre todo, indignados como están y además llevados por el frenesí de la movilización, los trabajadores electricistas podrían estar a un paso de la provocación. Ya se han encontrado cerca de ese límite en días recientes, cuando han acudido a varios medios de comunicación no para expresar sus puntos de vista sino para manifestar una deplorable intolerancia. El solo anuncio de que hoy podrían tomar instalaciones de la Compañía de Luz, es un desafío a la legalidad que los electricistas del SME dicen reivindicar.

A ese ánimo irascible de los electricistas y sus aliados, así como a la creencia de que los cauces legales se les han cerrado, contribuirá el rechazo del ministro José Ramón Cosío, anunciado anoche, a la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF para que la Suprema Corte considerase inconstitucional la extinción de la Compañía de Luz. Sin embargo no se agotan allí los recursos jurídicos que podrían beneficiar al SME. Los abogados del sindicato mantienen una compleja estrategia legal que podría poner en evidencia las debilidades del decreto que expidió hace un mes el presidente Calderón.

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1. Alevosa nocturnidad. Si estaba convencido de que era algo bueno, el presidente Felipe Calderón se saboteó a sí mismo al realizar la extinción de la Compañía de Luz como si se tratara de una decisión mala. Decreto a media noche, ocupación policiaca, sabadazo antisindical, fueron planeados para sorprender al SME pero también a la sociedad. Todo lo contrario de las decisiones que se anticipan, sometidas a la deliberación primero y después al escrutinio de los ciudadanos y que definen a una sociedad abierta. Calderón actuó como quien sabe que no tiene la razón, pero dispone de la fuerza.

2. Legalidad discutible. La mayoría de los partidos, abiertamente o con un consenso pasivo, descartaron la impugnación por inconstitucionalidad al decreto de liquidación. Ese flanco quedó al menos formalmente resuelto. Pero sigue habiendo agujeros legales como el que implica la abrupta suspensión de las relaciones laborales sin que haya mediado resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

3. Antisindicalismo. El gobierno promovió, exacerbó y luego aprovechó el explicable ánimo antisindical que hay en sectores importantes de la sociedad. Los sindicatos, de todos colores y trayectorias, se han ganado la animosidad de los ciudadanos con prácticas inmoderadas y atropellando algunos de ellos derechos como el de libre tránsito. Ahora, la exacerbación del discurso antisindical refuerza algunos de los prejuicios ideológicos más conservadores de la sociedad mexicana.

4. Demonizar al SME. Los problemas de la electricidad en México son añejos y enmarañados. El sindicato abusó de esa industria y de los usuarios. Pero las limitaciones en el equipamiento, los aplazamientos en la integración con la CFE, las políticas tarifarias y el desconcierto administrativo no eran culpa de los trabajadores sino del gobierno mismo.

5. Desorientación. Reacio a la deliberación democrática, el gobierno eligió la táctica del descontón político pero sin saber qué seguiría en la reorganización de la industria. Solamente tres días después de la acometida contra el sindicato, se anunció que la conducción del fluido en las zonas que eran atendidas por Luz y Fuerza quedaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y tuvieron que pasar cuatro días para que Calderón asegurase que no habrá privatización. Sin un diagnóstico integral de los problemas de la industria eléctrica (al menos sin una evaluación pública) el gobierno carecía, desde luego, de un proyecto también completo.

6. Expectativas. Al festejar la clausura de empresa y sindicato, el presidente suscita nuevas expectativas públicas. Si ya dio ese golpe, se dice, puede propinar otros. Aun está por verse si su nuevo talante conduce a Calderón a emprender nuevas y auténticas reformas, o a un reforzado autoritarismo… o a una nueva parálisis gubernamental.

7. Billetazo. Está bien que a los electricistas despedidos no solamente se les ofrezcan las indemnizaciones que les corresponden según la ley, sino algo más. Pero la promesa de montos adicionales para quienes se apresuren a admitir la liquidación y la propaganda de compensaciones que parecen cuantiosas resulta poco elegante. O, para decirlo en otro tono, la insistencia en que aprovechen hoy tales ofertas porque mañana será tarde, son ofensivas para los trabajadores y sus familias –y no harán sino exacerbar su rencor–.

8. Espaldarazo al SUTERM. El gobierno aniquila un sindicato incómodo y al que ha condenado en exceso, para entregarle la representación de los trabajadores a un sindicato corrupto, antidemocrático y chantajista. Esos son términos apenas justos para describir al Sindicato Único, que reúne a los trabajadores de la CFE y los mantiene adheridos al PRI. Ese es el sindicalismo al que respalda el presidente Calderón.

9. Empuje a la coalición obradorista. Golpeado y perseguido, el SME corrió a guarecerse en el frente que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Gracias a esta coyuntura, ese ex candidato volvió a presidir concentraciones multitudinarias. La liquidación del SME será una bandera reiterada en el ánimo contestatario frente a cualquier iniciativa del gobierno y, más tarde, en el mitificado y anticipadamente conflictivo 2010.

10. Negación de la política. La reputación de Calderón como político negociador, proclive a construir acuerdos, quedó anulada o al menos severamente maltratada. La oscuridad, la malevolencia, la fuerza y el sobresalto que el gobierno consideró indispensables para cerrar la empresa eléctrica, eran propias de un priismo del cual, por lo visto, el presidente actual no está muy alejado.

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Siempre es más sencillo desacreditar que crear una imagen positiva. Y en la mediatizada sociedad de nuestros días, con frecuencia es más sencillo cosechar reconocimientos cuando se desmantela, que cuando se construye algo.

Esos dos principios de la mercadotecnia política contemporánea los puso en práctica el gobierno federal en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Durante semanas, meses incluso, se propalaron informaciones acerca de las demasías cometidas por el sindicato y sus dirigentes. El conflicto interno, sin duda grave, fue colocado en el centro de la atención pública cuando el Secretario del Trabajo le negó la toma de nota al grupo que se proclamaba ganador de la elección interna. En un contexto cotidianamente crispado por agobios numerosos, aparecía un nuevo villano.

El SME, abusivo con los ciudadanos cada vez que bloqueaba las calles, había contemporizado antes con los atropellos que padecíamos cada vez que sufríamos la desdicha de tener que hacer algún trámite con Luz y Fuerza del Centro. A pesar de su tradición de compromiso social, de su intensa vida democrática, de la identificación con fuerzas y movimientos considerados como progresistas y en ocasiones debido a la escasa o nula distancia que ha tenido respecto de algunos de ellos, el sindicato permitió y propició que se le identificara como arbitrario y estorboso. La mayor torpeza de sus dirigentes radicó en consentir, sin hacer esfuerzos suficientes para aclararla, que se generalizara la impresión de que las ineficiencias de la industria eléctrica en el Valle de México eran fundamentalmente causadas por la indolencia y los excesos sindicales.

La imagen del SME hoy en día se encuentra tan maltratada, que muchos analistas consideran que se trata de un sindicato antidemocrático y mimetizado con el charrismo convencional, cuando durante toda su larga existencia ha sido uno de los sindicatos con más vida interna y muy equidistante de organizaciones tradicionales de corte cetemista.

Cría imagen y lánzate a marchar… al desprestigio que iba fraguando con méritos propios, en contra del SME se añadió la animosidad propalada desde el poder político. La diligente tarea del secretario del Trabajo, cuyo talante antisindical se había explayado vistosamente en la andanada contra el Sindicato Minero Metalúrgico, atizó los aborrecimientos contra el Mexicano de Electricistas. Esas campañas del gobierno, vale decirlo, no han sido únicamente contra dirigentes a los que en ocasiones se puede tildar de sinvergüenzas o descomedidos con los derechos de sus representados. Tales campañas han estado enfiladas contra las organizaciones sindicales, a las que se ha buscado culpar de inoperancias y rezagos que se deben a situaciones más complejas.

El gobierno encontró en el SME no solamente una víctima propiciatoria, sino además un villano de impopularidad suficiente para que, en la apreciación de no pocos ciudadanos, se le presentara como causante de las desgracias de Luz y Fuerza. Muerta la empresa, se suponía desde esa perspectiva, se acabó la lacra.

La situación, sin embargo, no es tan fácil. Una cosa es crear un enemigo público y, otra, suponer que las faltas que se le atribuyen son realmente la causa del problema que se pretende resolver. Una cosa es que mucha gente crea que aniquilado el SME las dificultades y sobre todo el costo de la industria eléctrica quedarán resueltos y, otra, que realmente suceda así. Con ese o con cualquier otro sindicato las redes de transmisión obsoletas, el equipo en ocasiones antiquísimo, los diablitos de los vendedores ambulantes y las fatales variaciones de voltaje seguirán ocurriendo hasta que se ponga en marcha una auténtica renovación tecnológica y en la infraestructura, así como en las rutinas administrativas, del servicio de conducción eléctrica.

El gobierno considera que para cualquier modernización, era indispensable prescindir del sindicato. Pero no hay un diagnóstico serio que respalde esa postura.

Golpeado y vilipendiado, el SME y sus trabajadores son los grandes perdedores de este episodio. Pero han quedado tan maltratados que están convirtiéndose, de villanos, en víctimas. Dejar en la calle a 41 mil trabajadores no es cualquier cosa, aunque se les ofrezcan indemnizaciones atractivas. La misma insistencia en la presunta generosidad de esas liquidaciones, que son mayores a las que tendrían que recibir los electricistas si se cumplieran al pie de la letra sus derechos legales y contractuales, crean la imagen de un gobierno que, después del golpe, quiere comprar la resignación de los trabajadores.

Si los electricistas aceptan o no las liquidaciones, es asunto de cada uno de ellos. Pero esa operación, que va del garrotazo al billetazo, exacerba el disgusto de los segmentos en la sociedad que están preocupados con el despido multitudinario.

Solidificada su imagen a costa del SME, el presidente Calderón cosecha aplausos y no es improbable que se entusiasme con las primeras encuestas. Ya no se le aprecia débil, sino resuelto y temerario. Un perfil de esa índole tiene que ser nutrido con nuevas decisiones, porque cuando se le practica desde posiciones de poder el empuje no tiene límites. No son pocos quienes consideran, retadores o ilusos, que si va en serio, la siguiente escala en este resurgimiento de Calderón tendría que ser frente al SNTE. O contra otros monopolios.

Pero también es posible que ese denuedo modernizador tropiece con las dificultades de la renovación eléctrica y sobre todo con el amago de los poderes auténticamente monopólicos que no son tan lenguaraces, tan ramplones ni tan vulnerables como los dirigentes del SME.

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Posición del Instituto de Estudios para la Transición Democrática

La intervención de la fuerza pública para ocupar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la abrupta liquidación de esa empresa son medidas erróneas y, a nuestro juicio, absolutamente condenables. El gobierno del presidente Felipe Calderón se equivoca al suponer que los rezagos administrativos y los problemas técnicos en el suministro de energía eléctrica en el centro del país se deben al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Las dificultades en la generación y la conducción del fluido eléctrico son resultado de una vieja y enmarañada colección de circunstancias, que pasan por la vigencia de políticas tarifarias que favorecen a las empresas privadas y a los grandes consumidores y que incluyen una constante postergación al proceso de integración de la industria eléctrica en nuestro país. Ahora, con la liquidación de la CLyFC y el amago de desaparición del SME, el gobierno federal pretende una integración industrial compulsiva, desconectado de un proyecto de desarrollo nacional.
El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido errores e indolencias que son inocultables. Pero es imposible dejar de reconocer que, en esta ocasión, el diferendo a su interior ha sido aprovechado y exacerbado por el gobierno federal para crear un clima de opinión favorable a la liquidación de la Compañía de Luz.
Con las medidas de fuerza que el gobierno pone en práctica -y que retrotraen imágenes de la época autoritaria- no se auspicia la democracia sindical y mucho menos se hace más eficiente el servicio de energía eléctrica. La liquidación de la Compañía de Luz abre la posibilidad de una intervención intempestiva de la CFE o, peor aún, de alguna forma de privatización. Ninguna de esas posibilidades ha sido sometida a la discusión de la sociedad mexicana ni de los especialistas en asuntos de política energética. La aniquilación del SME sería un golpe histórico para los trabajadores mexicanos. No solo por su tradición pionera en el sindicalismo industrial, sino por su compromiso frecuente en la deliberación de los asuntos nacionales, el Mexicano de Electricistas ha sido una organización singular. Algunas de sus decisiones y actitudes nos pueden parecer cuestionables. Pero las negligencias e incluso los abusos de sus dirigentes, no implican que el sindicalismo no tenga un papel activo y creativo que debe desarrollar en la atención a los dilemas que el país enfrenta en estos días. Rechazamos la perspectiva conservadora y autoritaria que supone que los sindicatos se contraponen con el desarrollo político y económico.
También consideramos que los sindicatos más participativos y atentos a la vida pública están llamados, en esta circunstancia amenazadora para ellos, a ser especialmente responsables sin declinar su vocación participativa y sus exigencias sociales y políticas.
Nos parece que, cualquiera que sea la figura jurídica y la organización administrativa con que se pudiera sustituir a la Compañía de Luz, el gobierno federal debe preservar el empleo de los trabajadores de esa empresa y respetar el derecho que tienen a permanecer agremiados como ellos decidan. Si la Compañía de Luz se fusiona a la Comisión Federal de Electricidad, debería haber un proceso con plenas garantías democráticas para la unificación del SME y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sin interferencias externas. Suponer que los sindicatos son adversarios de la democracia o que los únicos sindicatos admisibles son los aliados al gobierno, o los sumisos y adocenados, manifiesta una concepción conservadora inadmisible en una sociedad que se quiere democrática.

Un país sin organizaciones activas, es un país sin vías de expresión que recuperen la diversidad de su sociedad. Un país sin sociedad organizada, es un país vulnerable al autoritarismo y al pensamiento pretendidamente único. Por eso rechazamos las decisiones del gobierno respecto de la Compañía de Luz y su sindicato y urgimos a la rectificación de esas medidas.
México D.F., domingo 11 de octubre de 2009
Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C.

Los golpes de mano eran recursos de otros tiempos, del que hasta hace poco creíamos que era otro régimen. Cuando el presidente Felipe Calderón dispone la extinción de la Compañía de Luz, se equivoca en la forma y en el fondo. Lo hace en fin de semana, al amparo de la noche y cuando la sociedad estaba interesada en otros asuntos, en una acción que recuerda la represión de semana santa que emprendió Adolfo López Mateos contra los trabajadores ferrocarrileros en 1959.

El presidente Calderón quiere terminar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en una acción drástica y autoritaria como la que en enero de 1989 dispuso Carlos Salinas de Gortari contra el cacicazgo que había en el sindicato de los petroleros. Aquella, sin embargo, era una decisión de Estado para desplazar a un líder abusivo pero no tuvo el propósito de aniquilar al sindicato de Pemex. Al patriarcado de “La Quina”, Salinas no lo consideraba una amenaza para la industria petrolera. Y el gobierno en aquel tiempo no confundió los problemas de la empresa con los atropellos del sindicato.

La decisión que amparado en la nocturnidad y con un amenazante despliegue de fuerza pública emprendió Calderón en las últimas horas del sábado, parte de un prejuicio ideológico en torno al cual su gobierno ha articulado una vistosa colección de engañifas. A Calderón, a juzgar por su actuación, le parece que los sindicatos son prescindibles para el desarrollo de la sociedad e incluso considera que son un estorbo para el crecimiento de la economía.

Con esas anteojeras ideológicas, hizo del SME un adversario a modo. Las equivocaciones que cometió la dirección del sindicato, resultado tanto de la soberbia como del afán abusivo, el gobierno las convirtió en pretexto para liquidar la Compañía de Luz.

No hay evidencias sólidas de que las insuficiencias en esa empresa sean del todo atribuibles al sindicato. Los problemas de esa empresa existen desde antes de la nacionalización de 1960, cuando la generación de energía eléctrica en el Valle de México se desarrollaba de manera dispar en comparación con la producción y conducción del fluido eléctrico en el resto del país. La integración racional, ordenada y planificada de toda la industria eléctrica del país, era una exigencia de los trabajadores de vocación democrática y fue intencionalmente demorada para impedir la existencia de un solo sindicato, que reuniera a los trabajadores del SME y a los electricistas del SUTERM, resultado de la fusión de 1972.

La Compañía de Luz le ha costado demasiado al país, es cierto. Anoche el presidente Calderón, en su mensaje en cadena nacional, se entusiasmaba comparando ese costo con el subsidio que reciben varias instituciones y programas sociales. Al país le interesa tener una empresa eléctrica eficiente y confiable. Pero los obstáculos para ello no radican tanto en el sindicato, como en indecisiones e insuficiencias en la política energética del gobierno federal.

Si el SME ha tenido prestaciones que pueden resultar formidables, o si sus trabajadores son demasiados en comparación con los que hubiera requerido la empresa, no se debe solamente a excesos de esa organización gremial. Los contratos colectivos sus suscritos por ambas partes y en este caso una de ellas atendía, en las revisiones bianuales,  a decisiones tomadas por el gobierno federal.

El gobierno nunca propuso, al menos de manera pública, un plan para que el sindicato y la empresa asumieran rutinas y medidas que hicieran más eficientes el desempeño de la Compañía de Luz. Mucho menos ha presentado a la sociedad mexicana su proyecto para unificar de una vez por todas a la industria eléctrica nacionalizada. Ante el desplante autoritario de este fin de semana, los temores por una privatización no son ocurrencias gratuitas.

Calderón insiste en que, ante la crisis internacional, es momento de unificar esfuerzos. Anoche habló de unidad de los mexicanos. Pero ¿cómo se puede construir la unidad a partir del despido, así sea con indemnizaciones presuntamente atractivas, de millares de trabajadores?

¿Qué cohesión pretende el gobierno cuando propicia la desaparición del SME sin advertir que los sindicatos han sido puntales en la organización de la sociedad mexicana?

¿Qué confianza puede suscitar la convocatoria a la unidad de un gobierno que con el pretexto de la eficiencia trata de aplastar a un sindicato combativo y deja pasar una y otra vez las arbitrariedades de dirigentes como la que domina en el sindicato de los profesores y a la que Calderón ha considerado aliada suya?

Las anteriores, por supuesto, no son preguntas porque están apuntaladas en las certezas que suscita el golpe de mano contra el SME. La decisión del presidente para liquidar a la Compañía de Luz y al sindicato es resultado de un diagnóstico inexperto, así como de reduccionistas prejuicios ideológicos que campean en el gobierno.

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El Mexicano de Electricistas es el sindicato de industria más antiguo del país. Es –o era–, además, uno de los más democráticos, aunque con una concepción algo primitiva de la democracia.

En el SME a la democracia se le ha entendido, fundamentalmente, como ejercicio constante de participación en asambleas y votaciones. Todos los años, y en ocasiones varias veces al año, los miembros de ese sindicato tienen elecciones o toman decisiones que requieren de extensos ejercicios de votación. Sin embargo, en ocasiones allí se agota la democracia del SME. La fuerza gremial que mantiene, la tradición histórica que lo singulariza y la autoridad política que ejerce sobre otros sindicatos, el Mexicano de Electricistas los ha utilizado para desplegar posiciones contestatarias respecto de muy variados asuntos de la agenda nacional y para acumular prestaciones y privilegios que lo han vuelto notablemente oneroso para la Compañía de Luz.

Al primero de esos comportamientos, la actitud contestataria, los trabajadores del SME tienen pleno derecho aunque a menudo han confundido la participación sindical con la militancia política. La frontera entre ambas, en ocasiones se vuelve demasiado resbaladiza. Una cosa es tener un sindicato politizado, que se haga cargo del escenario nacional y de sus responsabilidades como parte de la sociedad, y otra que el sindicato sea instrumento de partidos o de movimientos expresamente políticos. Por lo general el SME, andando sobre esa línea divisoria, ha sabido mantener su independencia sindical.

El otro hábito, la acumulación de privilegios, no es culpa tanto del SME como del gobierno federal que ha consentido en el crecimiento de la plantilla laboral y de sus prestaciones de manera quizá irracional e ineficiente, con tal de ahorrarse enfrentamientos con el sindicato. Las muchas horas extras, los hartos días de descanso, el traspaso de plazas, la persistencia de zonas y catálogos de actividades que se volvieron intocables, pueden ser entendidas como expresión de éxito de un sindicato que ha cumplido con sus prioridades al menos en la concepción tradicional de las relaciones laborales: presionar, negociar, ganar. Y lo que el SME ha ganado en las décadas recientes no ha sido poco, en comparación con otros sindicatos.

Ese éxito laboral, el Mexicano de Electricistas no ha sabido, o no ha querido, acompañarlo de una actitud razonable hacia la empresa. Puesta en liquidación, es decir en condiciones por definición inestables desde hace décadas, la Compañía de Luz y Fuerza ha requerido de un creciente subsidio que este año llegará a 42 mil millones de pesos. Ese desembolso se debe al mal estado de las líneas y a la deficiente administración de la empresa, a la disparidad de la demanda sobre la oferta de fluido eléctrico y al robo de electricidad en todo el Valle de México, entre otras circunstancias. Pero frente a ese desembolso las prestaciones de los trabajadores, que además suelen mostrar una grosera desfachatez y una palmaria ineficiencia (sobre todo en las oficinas de atención al público) cuando se requieren sus servicios, ofrecen un contraste indecoroso.

Ahora, al parecer, el SME fue pillado en falta y el gobierno federal no ha querido desaprovechar la ocasión, aunque todavía no queda claro para qué. Las irregularidades que según la Secretaría del Trabajo hubo en la reciente elección, son para avergonzar en cualquier sindicato. Mucho más en una organización con la tradición, el discurso y las prácticas abiertas que ha tenido –o había tenido– el Mexicano de Electricistas.

En vez de clamar que se trata de una conspiración para debilitarlo –en una cantinela que se parece demasiado a la de quien hace tres años, con la simpatía de grupos como el SME, dijo sin pruebas que le habían robado las elecciones presidenciales– el secretario general, Martín Esparza, podría ofrecer evidencias de que realmente cuenta con la mayoría entre sus representados.

La toma de nota y el registro oficial de los sindicatos son rémoras de una legislación atrasada, que no ha sido actualizada entre otros motivos debido a la oposición de muchos sindicatos. Pero mientras existan, el gobierno tiene derecho a utilizar esos recursos legales, así sea con discrecionalidad como se ha denunciado que se hace contra el SME y no en el caso de otras organizaciones gremiales. Si al tener un proceso electoral repleto de irregularidades el SME dio pie a la intervención del gobierno, la solución a esta crisis podría ser la realización de una nueva elección.

Pero lo que el gobierno del presidente Felipe Calderón está buscando no es garantizar la democracia sindical sino debilitar al SME. Aún es incierto si, con ello, pretende modificar drásticamente la situación administrativa de la Compañía de Luz, liquidándola de una vez por todas y/o integrándola a la Comisión Federal de Electricidad. En todo caso, al gobierno pero también a los usuarios nos convendría hacer cuentas para determinar si realmente es eso lo que nos conviene.

El SME es costoso, y en muchos sentidos estorboso para la modernización eléctrica. Pero pensar que esa renovación se puede hacer sin los trabajadores, puede ser un suicidio para la industria. Por otro lado, si sus empleados fuesen liquidados para que la Compañía de Luz se integrara a la CFE, las ganancias de toda esa operación serían antes que nada para el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, el SUTERM, que es una de las organizaciones más autoritarias y conservadoras en el sindicalismo mexicano.

Quizá no sale sobrando recordar que el SUTERM desde siempre ha formado filas en el PRI, en tanto que el SME tiene claras simpatías con las izquierdas. Así que liquidar la Compañía de Luz y asignarle sus áreas de trabajo a la CFE, independientemente de las consecuencias técnicas que pudiera tener significaría un nuevo éxito para el Revolucionario Institucional, gracias a una estrategia quizá no del todo meditada por el presidente Calderón y su secretario del Trabajo.

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“La casa de Zacatecas 94 se llena otra vez de rebeldía y de victoria. Poco a poco, mientras llueve, se van reuniendo los herederos de Rafael Galván Maldonado, a compartir una vez más la dignidad y la lucidez que Don Rafael sembró en todos. Aquí nadie está derrotado, como nadie lo estuvo el 22 de marzo de 1975, cuando Galván y su grupo fueron expulsados de la dirección charrificada del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. Ni el 16 de julio de 1976, cuando el ejército impidió la huelga de los electricistas. Ni en noviembre de 1977, cuando el Campamento de la Dignidad Obrera sonrojó demasiado los muros de Los Pinos y las retinas incómodas de Televisa”.

Así describió Hermann Bellinghausen la ceremonia luctuosa que se realizaba la tarde del 4 de julio de 1980, un día después de la muerte del dirigente de la Tendencia Democrática de los electricistas. Escenario de innumerables discusiones y encuentros, cuartel general de los trabajadores del SUTERM y antes del STERM que pugnaron por la democracia sindical con una tenacidad que llevó al gobierno a despedirlos, perseguirlos e intimidarlos con tal de complacer a los líderes charros, esa casa en la Colonia Roma fue sede inolvidable de la insurgencia obrera de los años setenta.

Allí recibía Galván a los delegados del sindicato electricista que llegaban de todo el país para organizar las movilizaciones que congregaron a cientos de miles en 1975 y 1976. Allí se escribió y discutió la Declaración de Guadalajara, el programa con el cual los electricistas dejaron claro que buscaban la democracia en su sindicato porque la querían también para el resto del país. Allí se reunía Galván con los dirigentes de izquierda que no lograron convencerlo para crear un nuevo partido político, a él que padeció como nadie el acoso del ala más intolerante del PRI y que años atrás había sido senador por ese partido.

A esa casa de Zacatecas 94 se trasladaron en 1971 las oficinas de la revista Solidaridad, órgano del grupo electricista y más tarde del movimiento sindical alentado por don Rafael. Allí estaba la imprenta (prensa plana, de tipos móviles que era preciso colocar a mano) en donde se editaban la revista y centenares de folletos y libros. Allí se organizó el Movimiento Sindical Revolucionario que pretendía reproducir en otras ramas de actividad la experiencia democrática de los electricistas. Allí se prepararon las reuniones del Frente Nacional de Acción Popular que llegó a ser una amplia y nutrida pero efímera alianza de agrupaciones sociales a mediados de los setenta. Allí los electricistas organizaron el campamento que instalaron frente a Los Pinos y que fue desalojado en noviembre de 1977. En aquellos días los dirigentes de los electricistas democráticos temieron que era casa en la Colonia Roma fuese asaltada también por la policía o por esquiroles y se prepararon para defenderla a como diera lugar.

Esa era la casa en donde aquella tarde de julio de 1980 sus compañeros rendían homenaje a Galván que había muerto a los 60 años. De acuerdo con la misma crónica de Bellinghausen, que fue publicada el 23 de julio de 1980 en el suplemento “La Cultura en México” de la revista Siempre!:

“Nada se escucha en las austeras salas de reunión donde en otras ocasiones habló la voz de tantas voces, desde la disidencia firme. El clamor hoy, en el patio central, es de quienes escudriñamos en su recuerdo nuestra propia voz:

“– Rafael Galván, ¡presente!. Evidencia y no lamento fúnebre de una historia ascendente y victoriosa. Fue él parte privilegiada de la conciencia obrera mexicana, esa moldeadora tenaz del futuro, mil veces contrariada pero nunca vencida. Ante la urna que contiene sus cenizas, sus amigos desfilan de palabra o de silencio, tristes pero seguros porque Rafael Galván, aún muerto, sigue abriendo el horizonte”.

Esa casa lucía muy diferente el jueves pasado, 4 de junio de 2009. Después de casi 4 años de gestiones administrativas y de una profunda restauración arquitectónica, el inmueble de Zacatecas 94 ahora es la “Casa de la cultura Rafael Galván Maldonado” de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En 2005 los antiguos miembros de la Tendencia Democrática que fueron trabajadores y luchadores sociales con Galván y a quienes pertenecía ese inmueble, decidieron donarlo a la UAM para que allí funcione un centro de estudios del sindicalismo. El salón de sesiones en donde se reunían numerosos sindicatos independientes ahora es galería para exposiciones. El subsuelo en donde estaban instalados los mimeógrafos que imprimieron millares de volantes y documentos, fue convertido en librería para las ediciones universitarias. Las habitaciones que fueron archivo fotográfico y de documentos, son cubículos para investigadores. El galerón que alojó a la imprenta fue dividido en varias salas de juntas. El espacio en donde estuvo la oficina de don Rafael ahora será un recinto para conferencias.

Con la cesión de esas instalaciones, sus compañeros cumplen el cometido que Galván quería darle a la infraestructura de la sección de electricistas en donde se instaló la Tendencia Democrática. El análisis de la sociedad mexicana, el diagnóstico del estancado sindicalismo, la promoción del debate y de la cultura en variadas manifestaciones, interesaron siempre a Galván que no en balde fue escritor y editor de fructíferas reflexiones políticas y que siempre tuvo simpatía por los universitarios.

En la inauguración el Rector de la UAM, José Lema Labadié, estuvo acompañado por tres de los electricistas que acordaron esa donación: Sergio Álvarez, Bernabé González y Humberto Gordillo. Otro de sus compañeros, Sergio Pig, falleció hace algunas semanas. Sencilla, en la ceremonia faltó precisar la historia del grupo sindical que le dio vitalidad histórica a esas instalaciones e incluso se dijo erróneamente que se trataba del Sindicato Mexicano de Electricistas que es una organización distinta al SUTERM cuya Tendencia Democrática fue ejemplarmente dirigida por Galván.

Ojalá que la UAM, en donde hay estudiosos muy notables de los asuntos sindicales, sepa documentar, explicar y propagar los pormenores de esa entrañable casa y del grupo sindical que transitó de allí a la historia de México.

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Con frecuencia se dice que para los chinos el término crisis es sinónimo de peligro pero también de oportunidad. Al parecer esa equiparación es resultado de cierta lectura indulgente pero equivocada porque los ideogramas para esos términos son parecidos pero no iguales. Las crisis siempre están repletas de riesgos. Cuando son económicas obligan a restringir inversión, concentran la atención en lo más urgente y llevan a descuidar otras áreas, las desigualdades se acentúan y quienes tienen menos padecen más que el resto de la población. Cuando las crisis son políticas, aparentemente se benefician de ellas los adversarios de quienes se encuentran en el poder; pero una auténtica crisis trastoca valores, instituciones y convicciones comenzando por aquellas en las que se sustentan todos los partidos.

A la situación que hemos vivido durante casi dos semanas resulta prematuro denominarla crisis en términos económicos y políticos, aunque desde luego lo ha sido en el terreno sanitario. Aún en ese plano, la epidemia de influenza es demasiado reciente para que conozcamos ya sus alcances. Pero cualesquiera que sean, resulta evidente que para México han significado nuevos, mayores y complejos problemas.

Hasta ahora el saldo, si nos apartamos de anteojeras catastrofistas, ha sido positivo. Quizá nunca sabremos con precisión qué habría sucedido si el gobierno federal no hubiera dispuesto la suspensión de actividades escolares primero y luego en otras áreas de la sociedad y la economía. Pero entre el riesgo de que la epidemia se extendiese y los sacrificios que han tenido que hacer los mexicanos en estos días, la segunda opción parece más razonable y menos costosa.

Esa apreciación es contradictoria con la suspicacia que se ha venido propagando en la opinión mediática y en algunos segmentos de la sociedad, particularmente en la ciudad de México. Han quienes consideran que el gobierno exageró. Algunos de ellos fincan su escepticismo respecto de las disposiciones oficiales en el relativamente bajo número de víctimas de la influenza. Se trata de un criterio un tanto peregrino para medir la acción del gobierno. Si hubiéramos tenido centenares de defunciones se habría dicho, entonces, que tales acciones no fueron suficientes.

Esos desacuerdos se mantendrán en el balance que decidamos hacer acerca de los extraños días que están concluyendo. La opinión de los científicos especializados en epidemiología tendría que ayudarnos y hasta ahora ha sido de respaldo a las medidas sanitarias. De no haberse tomado esas disposiciones la epidemia podría haber crecido. Pero la declaración de un epidemiólogo diciendo que se ha hecho lo correcto seguramente merecerá menor atención que las quejas de algún funcionario internacional por la tardanza del gobierno mexicano en responder a la emergencia.

Las crisis pueden convertirse en desbarajuste si no tenemos una apreciación clara de ellas. En el examen de las decisiones públicas de estos días será preciso distinguir entre la oportunidad de las autoridades para reaccionar y las disposiciones que, cuando lo hicieron, tomaron ante el riesgo de epidemia. También será útil reconocer la respuesta de la sociedad, de la llamada clase política y de los medios de comunicación. Y por otra parte, nos resultará provechoso atender a las omisiones, indolencias e indigencias que la emergencia epidemiológica ha enfatizado.

Ya sabíamos que las instituciones de salud pública enfrentan enormes carencias. La mayoría de los mexicanos padece con regularidad el abrumador burocratismo, los dilatados plazos de atención, la negligencia e ignorancia y sobre todo la insuficiencia de hospitales y centros de salud para atender a quienes requieren de tales servicios. Poco o mucho, lo que se ha logrado en estos días ha sido a pesar de esas ingentes penurias. Si de esta experiencia aprendemos a reconocer con mayor interés las necesidades de la salud pública, comenzando por aumentar sustancialmente los recursos fiscales que recibe, al menos habremos encontrado una oportunidad en esta crisis. A pesar de los chinos.

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Tanto sus numerosos adversarios como sus dóciles subordinados, magnifican el poder de Elba Esther Gordillo. Lo mismo hacen, enterados o despistados, sus inconstantes aliados. Esa ha sido una de las claves del poder que ha acumulado durante dos décadas. A la sin duda formidables influencia y capacidad de maniobra que le confiere la representación de los profesores, la “maestra” ha sabido ser exitosa publicista de sí misma. A eso se ha dedicado desde que la noche del 23 de abril de 1989 fue designada secretaria general del SNTE en sustitución del defenestrado Carlos Jonguitud Barrios.

La “maestra”, como suelen decirle aunque su experiencia docente ha sido más bien peregrina, encabeza a la organización más numerosa de la sociedad mexicana. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación forma filas quizá más de un millón 200 mil profesores, aunque esa cifra resulta incierta igual que muchos de los datos relacionados con esa organización y su capacidad para movilizarse e influir en la vida pública mexicana.

Nadie sabe con certeza cuántos afiliados tiene el SNTE, ni a cuánto ascienden las cuotas sindicales y las asignaciones y transferencias que los gobiernos federal y estatal le entregan en cumplimiento de compromisos contractuales pero también de pactos informales. En todo caso, esa capacidad financiera y el solo hecho de reunir a centenares de miles de ciudadanos hacen del SNTE una fuerza descomunal, pero también poco apta para la deliberación y la movilización y tan difícil como incierta cuando alguien trata de manejarla.

El sindicato de los maestros se asemeja a un voluminoso, pesado y torpe elefante artrítico. Sus dimensiones asombran, pero le cuesta trabajo moverse e incluso expresarse. Los que se manifiestan a nombre y con frecuencia en suplantación del sindicato y la mayoría de sus integrantes, son los dirigentes tanto nacionales como locales. Y desde luego algunos segmentos del sindicato, empecinadamente contestatarios, destacan por su disposición al estrépito.

El poder de Elba Esther Gordillo radica en la capacidad que ha tenido para articular, en beneficio antes que nada suyo, los intereses políticos de los líderes intermedios del sindicato y los intereses gremiales de importantes segmentos entre los profesores de todo el país. A los líderes seccionales, la presidenta “vitalicia” del SNTE les adjudica pequeñas pero significativas dosis de poder local: la capacidad para decidir licencias, traslados y ascensos de los profesores y antes que nada una parte del control sobre las plazas laborales. La fidelidad así forjada de los líderes en las delegaciones del sindicato, beneficia a los dirigentes seccionales. Y esos dirigentes, a su vez, respaldan al grupo encabezado por la señora Gordillo y que controla el comité nacional del SNTE.

Incluso con las secciones que discrepan de esa dirigencia nacional, Gordillo ha logrado entendimientos más o menos eficaces y que se apoyan en el manejo de recursos financieros y políticos del sindicato. Así, aunque sus cimientos organizativos son endebles porque una buena cantidad de profesores de base desconfían e incluso abominan del liderazgo de Gordillo, la “maestra” mantiene el control del sindicato gracias a esa pirámide de canonjías.

El control que ejerce sobre el sindicato no sería posible sin el respaldo que Gordillo ha encontrado, durante sucesivas administraciones, en el gobierno federal. Una evaluación sesgada de las elecciones de julio de 2006, llevó al actual presidente y a su equipo a considerar que, en alguna medida, Felipe Calderón le debe a la maestra y al su sindicato los votos que le permitieron ganar la elección presidencial, aunque fuese por un margen incómodamente estrecho.

Poco antes de las votaciones de aquel 2 de julio, Elba Esther Gordillo les aseguró al Calderón y al PAN que movilizaría a los profesores del SNTE para que votaran por ellos. Un año antes había propiciado la creación de Nueva Alianza, el pequeño partido que encabezaron algunos asesores suyos y cuya membresía ha sido respaldada por el sindicato magisterial. Esos eran los profesores que Gordillo aseguró que llevaría a votar por Calderón. Pero varias encuestas han confirmado que, aquel día, la mayor parte de los ciudadanos que votaron por los candidatos de Nueva Alianza para senadores y diputados, en la elección presidencial no votaron por Calderón sino por Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo.

Es decir, los votantes de ese partido, que se puede presumir son en buena medida maestros sindicalizados y ciudadanos cercanos a ellos, no siguieron la instrucción de Gordillo para votar por el candidato presidencial del PAN si es que esa indicación realmente existió. La mayoría de esos electores les dio al PRD y al PRI su voto en las urnas presidenciales.

Y no es de extrañar. Las preferencias ideológicas de los maestros se han inclinado, por décadas, a favor de los gobiernos priistas y más recientemente por la opción perredista (que en buena medida es una suerte de priismo restaurado pero que abreva en la misma vertiente política). Haría falta mucho más que una indicación directa de la maestra para que los profesores modificaran esas preferencias. Pero además, por mucha insistencia que invirtiera en ello, en la mayor parte de las casillas ni el poder de la profesora, ni ningún otro, puede manipular el voto de los ciudadanos.

Las elecciones son libres, los mecanismos de coacción que funcionaron en otros tiempos resulta prácticamente imposible ponerlos en práctica y los ciudadanos tienen condiciones y garantías para votar con autonomía. Por mucho que sus líderes o cualquier otro interesado en orientar su voto les ofrezcan, prometan o exijan, en la privacidad de la casilla electoral cualquier ciudadano, y desde luego también los maestros, pueden votar de acuerdo con su propio albedrío.

Sin embargo la señora Gordillo propaló con eficacia la versión de que gracias a ella, Calderón obtuvo los varios centenares de miles de votos que le permitieron ganar la elección presidencial. Las nunca comprobadas pero llamativas versiones de algunos adversarios de la maestra acerca de la alteración de votos y actas que podrían haber realizado los profesores del SNTE designados para ocupar alguna posición en las mesas directivas de las casillas electorales, reforzaron el mito acerca de la capacidad de esa dirigente para influir decisivamente en los resultados electorales.

Con esa imagen de influencia todopoderosa y transpartidaria, Elba Esther Gordillo se ha convertido en un personaje al que distintas fuerzas políticas consideran estorboso o indispensable, pero nunca despreciable. El gobierno federal consideró forzoso el aval de la maestra al establecer las reglas que tendría la creación de nuevas plazas para profesores contratados por la SEP. Esas reglas han constituido el rasgo más discutido de la Alianza por la Calidad en la Educación. Ahora, Gordillo es la piedra insoslayable en los zapatos de Alonso Lujambio.

La fama pública de la señora Gordillo ha estado definida, no obstante, por el abuso de poder y el tráfico de influencias. El año pasado la adquisición de varias docenas de camionetas Hummer, que primero entregó como ostentoso premio a los dirigentes seccionales que le han sido incondicionales y que luego dijo serían sorteadas para obtener fondos con los cuales se pudiera favorecer la reparación de algunas escuelas, mostró la fachada ramplona e inmoderada del liderazgo que ejerce la maestra.

Quizá a quienes como aliados lo mismo que como adversarios suyos magnifican el poder de Gordillo, les convendría tomar en cuenta de dónde surge el poder de esa dirigente política y gremial. Desde luego, las atribuciones formales que le confiere la burocracia sindical a la que encabeza y sobre todo los cuantiosos recursos que maneja, hacen de esa señora un factor de poder insoslayable. Pero como dentro del SNTE no hay democracia auténtica, no se puede considerar que los maestros respalden a su presidenta sindical. Y la influencia política de Gordillo se debe más a las expectativas y temores que ocasiona que a sus posibilidades reales para influir en política electoral.

Hace 20 años ocurrió el golpe de mano que le permitió a Elba Esther Gordillo ocupar la dirigencia nacional del SNTE. No hay que olvidar que no fueron sus capacidades políticas, ni mucho menos su ascendiente entre los maestros, los factores que la llevaron a desplazar al viejo cacique sindical Carlos Jonguitud Barrios el 23 de abril de 1989.

A Elba Esther Gordillo la llevó a la secretaría general del SNTE la decisión política del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Ni entonces, ni ahora, la actuación de Gordillo estuvo orientada por afán democrático alguno ni mucho menos por el interés de los profesores. Pero más que el respaldo del gobierno, la indolencia de los maestros sindicalizados sigue constituyendo la causa principal para que Elba Esther Gordillo sea dueña del SNTE.

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Publicado en emeequis,19 de abril de 2009

Algunos destacados miembros del PAN, como su ex presidente nacional Manuel Espino, quedaron fuera de las candidaturas de su partido para diputados. Sin embargo a un declarado simpatizante del PRI, comprometido con el más tradicional clientelismo y quizá vinculado con conductas peores, los actuales líderes de Acción Nacional lo consagraron anticipadamente como diputado al colocarlo en su lista de candidatos plurinominales.

Valdemar Gutiérrez Fragoso es el beneficiario de esa pírrica hazaña panista. El presidente nacional del PAN, Germán Martínez, viajó a Los Cabos para convencer al dirigente del sindicato del Seguro Social de aceptar la candidatura bajo las siglas de Acción Nacional.

Gutiérrez Fragoso se había comprometido a ser diputado por el PRI pero aparentemente la posición que le ofrecieron en las plurinominales no le agradó. Todavía a comienzos de este año, buscaba una postulación por el PRD.

La coherencia política no su el flanco fuerte. Gutiérrez no solamente cambia de partido como de canales cuando ve la televisión. También modifica, de acuerdo con sus necesidades políticas, las alianzas del sindicato que dirige.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social forma parte de la Unión Nacional de Trabajadores. Creada a fines de 1997 para discrepar del sindicalismo tradicional, la UNT se ha venido asemejando cada vez más a los viejos líderes de los que pretendía diferenciarse. A sus dirigentes les inquieta más alcanzar curules en San Lázaro que precisar la función de los sindicatos en la peculiar situación de crisis económica y contracción política que vive el país.

Valdemar Gutiérrez resultó más audaz que el resto de esos líderes. Con tal de escalar en su carrera política, aceptó pactar con el partido en el gobierno. Hace menos de año y medio, el 27 de noviembre de 2007, inauguró el Décimo Congreso de la UNT quejándose del acoso del poder político contra los sindicatos:

“Nos percatamos, lo hemos vivido en carne propia, de que esa nueva alianza depredadora, implica un proyecto de desmantelamiento amplio de las redes institucionales que dan contenido social al Estado mexicano… Van por todo, si los dejamos”.

En aquella ocasión Valdemar Gutiérrez insistía en que los dirigentes de la UNT debían llegar al Congreso de la Unión para suplir a los tradicionales líderes sindicales: “La representación obrera en el Poder Legislativo, además de precaria, no tiene un claro origen democrático y no aparece como factor de resistencia y de propuesta alternativa. La UNT tiene ahí un frente por recorrer”.

Ahora es candidato del partido de ese gobierno al que denunciaba por querer desmantelar las instituciones de vocación social. Y no ha sido de manera democrática que llega a esa posición, igual que no lo fue su designación para encabezar al SNTIMSS.

Valdemar Gutiérrez fue electo secretario general del sindicato el 12 de octubre de 2006 en una encrespada asamblea en Morelia. A los delegados inconformes con su designación, les impidieron votar. A los candidatos de la oposición sindical, les negaron el acceso a la asamblea. La decisión de su predecesor, Roberto Vega Galina, pesó más que la voluntad de los delegados sindicales. Gutiérrez fue electo por 4 años pero en octubre de 2008 modificó los estatutos sindicales para permanecer en ese cargo hasta 2012.

El apoyo a un líder de ese corte resulta extravagante en el PAN, que se decía adversario del corporativismo autoritario. Pero Valdemar Gutiérrez podría ser cuestionable por circunstancias más graves. Su hijo Israel Gutiérrez Botello fue detenido en el aeropuerto Madrid en septiembre de 2005, cuando tenía 20 años, al llegar con un cargamento de cocaína.

Los delitos del hijo no tienen que ser culpa del padre. Pero en diversas publicaciones se ha dicho que esa aprehensión confirmó la existencia de una red de narcotraficantes que podría estar operando desde el hospital La Raza, del IMSS, con respaldo del sindicato que dirige Valdemar Gutiérrez Fragoso. (La nota del reportero Ricardo Ravelo, “Narcotráfico en el hospital La Raza”, que difundió el 1 de agosto de 2006 el servicio de noticias de la revista Proceso, resulta especialmente descriptiva). La postulación de Gutiérrez Fragoso, que inicialmente ha parecido emblemática inconsecuencia, podría ser una enorme y costosa barbaridad del PAN.