Sociedad y poder

La Crónica, 7 de febrero de 2008

Para conmemorar el aniversario de la Constitución, antier en Querétaro, el presidente Felipe Calderón leyó un discurso de aproximadamente 7 cuartillas. En ese espacio se refirió por lo menos 28 veces a la ley, las leyes o a la “Ley Fundamental” que es el documento que cumplió 91 años. En otras 10 ocasiones el presidente mencionó, aunque no definió, el término legalidad. Dos de ellas las utilizó para convocar al país todo –poderes constitucionales, gobiernos municipales, estatales y federal, “a la sociedad entera”– a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.

   Nadie que apueste por la política institucional, ceñida a reglas y compromisos entre los actores de la vida pública, querrá ni podrá rehusarse a un arreglo de esa índole. El solo hecho de formar parte de alguno de los poderes constituidos ya sea como gobernantes, legisladores o jueces, hace de los servidores públicos sujetos obligados a un acuerdo tácito, pero también a reglas muy explícitas, con la legalidad. Y entre los ciudadanos, aunque a veces las leyes existentes no nos gusten es indudable que al tener derechos contraemos obligaciones y la primera de ellas es el acatamiento al orden jurídico.

   Todo eso resulta demasiado evidente. Pero al parecer no lo es tanto para el presidente Calderón porque si no se le nutre de contenidos específicos, el acuerdo al que emplazó en el Teatro de la República quedará en pura palabrería.

   La vieja política mexicana está repleta de discursos huecos. La redundancia en el lugar común y el abuso de una retórica que se agotaba en sí misma formaron parte de las rutinas del poder político. Quienes lo encabezaban, en buena medida por carecer de un proyecto de país o debido a que para ellos el proyecto nacional era aquel que se ajustaba a sus conveniencias, acudían con frecuencia a esos discursos repletos de fórmulas grandilocuentes pero ayunos de precisiones conceptuales y programáticas.

   Sería prematuro considerar que el discurso que el martes 5 de febrero ofreció el presidente Calderón para homenajear a la Constitución recala en esa triste y gastada tradición. Si le da contenido al pacto por la legalidad y la seguridad, ese mensaje quedará registrado como preámbulo de una cadena de decisiones posiblemente importantes. Pero si queda en la retórica sin sustancia estaremos ante una nueva expresión de la política que, a falta de fondo, se constriñe a las formas.

   A la legalidad, en ese discurso, el presidente Calderón la consideró como la vía que le permitió al país pasar a una convivencia ordenada y armónica después de los tiempos turbulentos que dieron origen a la Constitución. Legalidad e igualdad, dijo luego, son las garantías consagradas por la Constitución liberal de 1857. Es la vía para acercarnos “a los sueños e ideales de nuestros próceres”. También constituye el principio que debe regir a todo acto de autoridad. La formulación que más se acercó a explicar ese término la ofreció el presidente cuando consideró: “los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad”.

   Calderón, además, estimó que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad deben ser sancionados. En la lucha por la legalidad, añadió, ningún miembro de la sociedad debe quedar excluido. De allí su convocatoria al acuerdo “por la legalidad y la seguridad”.

   Legalidad es, en términos llanos, la cualidad de legal y el conjunto de normas legales que rigen en un país. Cuando el presidente de la República exhorta de manera tan enfática a que compartamos y cumplamos la legalidad, evidentemente anuncia él mismo su compromiso con ella. Pero el pacto que anuncia difícilmente podría ir más allá de una mera enunciación de reiteraciones porque todos, querámoslo o no, estamos obligados por el orden jurídico.

   Quizá, entonces, más que esa exhortación resulta relevante el hecho de que el presidente Calderón considere necesario formularla. Si el titular del Ejecutivo Federal cree que los responsables de instituciones y los ciudadanos todos, que de cualquier manera están obligados con el orden jurídico, deben hacer explícito ese compromiso, no puede ser sino porque advierte que el cumplimiento de la legalidad es débil o insuficiente. Y entonces podemos preguntarnos si una exhortación como la de Querétaro es la vía más pertinente para propiciar que las leyes se cumplan en nuestro país.

   Si esa admonición hubiera sido formulada por algún comentarista, o por un actor de la vida política sin responsabilidades institucionales, no habría motivo peculiar para ocuparnos de ella. Pero quien convocó a un pacto por la legalidad fue nada menos que el Presidente de la República. Como gobernante que es de todos los mexicanos resulta explicable que el presidente Calderón presente recomendaciones y amonestaciones. Pero además de ellas a la ley se le cumple, valga la perogrullada, haciéndola cumplir.

   Allí es donde falla la exhortación del presidente Calderón y no porque se pueda decir que su gobierno incurre en ilegalidades, sino porque se desempeña en un contexto acotado por ellas. Cuando los partidos políticos –incluyendo el partido del presidente de la República– transgreden la reforma constitucional que ellos mismos establecieron como sucede con la designación de los consejeros del IFE, para mencionar uno de los casos en donde con mayor impudor los legisladores disponen, modifican y rectifican a sus anchas, evidentemente es difícil reivindicar la legalidad.

   Con ese entorno tiene que lidiar quienquiera que se proponga propiciar el cumplimiento de la legalidad. Lograrlo no es solamente asunto de aplicar el orden jurídico, ni podrá conseguirse únicamente predicando con el ejemplo. Además hace falta consolidar una cultura de la legalidad comenzando por la todavía en buena medida cerril clase política que tenemos.

   Junto con esa clase política, hay actores de la vida pública para los cuales no hay más legalidad que aquella que ampara sus negocios e  intereses. Esa es la idea que prevalece acerca de las leyes en varios de los consorcios mediáticos más importantes del país. Para algunas de tales empresas se ha vuelto costumbre despotricar contra los políticos –y no faltan motivos para eso– sin reconocer los muchos atropellos que ellas mismas cometen tanto contra sus audiencias como con los mecanismos de competencia salvaje que practican a menudo. No habrá cultura de la legalidad sin un auténtico compromiso de los medios de comunicación. Allí se encuentra uno de los principales escollos para cualquier cruzada por el cumplimiento de las leyes.

   En ese panorama, además de incitar a la legalidad y de desempeñarse en observancia a ella el presidente de la República está obligado a conciliar entre las principales fuerzas nacionales, especialmente con los partidos. Gobernar, en la actual circunstancia mexicana, requiere de diálogo y arreglos constantes. En su discurso de Querétaro el presidente Calderón mencionó el término “acuerdo” en 3 ocasiones. Pero solamente una vez, y no en referencia a la conciliación que se requiere ahora sino para aludir a la pluralidad que había en el Constituyente de hace 91 años, mencionó la palabra “política”.

   Hace un siglo, en vísperas del movimiento social que luego daría lugar a la Constitución de 1917, había quienes sostenían que para gobernar se necesitaba poca política y mucha administración. Luego tuvimos gobiernos que, por ausencia de capacidad y/o voluntad, quisieron hacer lo contrario. Hoy en día México requiere de sus gobernantes mucha administración pero también mucha política. Sin ambos atributos, no habrá legalidad ni admoniciones que valgan.

La Crónica, jueves 31 de enero

Santiago de Compostela. Las nuevas capacidades de los ciudadanos para desenvolverse en un mundo repleto de hechos, datos y desafíos y en donde todo tiende a trivializarse, es uno de los temas que se discute en el Congreso Fundacional de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación que se reúne en esta ciudad gallega con asistencia de varios centenares de académicos de España y algunos convidados latinoamericanos. En las sesiones que comenzaron este miércoles se busca actualizar y darle contenidos al concepto sociedad de la información que ha sido prematuramente denostado por quienes temen sus implicaciones corporativas o en rechazo a la especie de que todos los cambios contemporáneos tendrían que estar supeditados a las innovaciones tecnológicas.

   Las deliberaciones en esta ciudad emblemática de búsquedas contemplativas y extensas peregrinaciones permiten constatar la necesidad de entender y también acotar el poder de los medios de comunicación. En la disertación inaugural del Congreso el investigador Néstor García Canclini, mexicano por adopción y que fue presentado como “ciudadano latinoamericano”, dijo que además de aspirar a construir una sociedad del conocimiento habría que pugnar por una “sociedad del reconocimiento” en donde sean admitidas las diferencias y diversidades étnicas y culturales. Sin embargo, añadió, lo que tenemos de manera cada vez más extendida es una “sociedad del desconocimiento” pues a pesar de la abundante información que recibimos cada vez nos entendemos peor.

   García Canclini recordó al profesor británico Scott Lash para puntualizar: la sociedad está cada vez más desinformada por los medios de información. Esa paradoja se puede constatar en la prensa de cualquier latitud. La nota rosa se confunde con la nota roja, política y espectáculo se alternan en las prioridades de noticieros y periódicos, abunda la algarabía y escasea la explicación de los acontecimientos. El aturdimiento que suscitan toneladas de banalidades a las que se confunde con noticia obliga a que los ciudadanos, para ser precisamente eso, hagan esfuerzos de discernimiento y en la selección de la información que les resulte relevante.

   En el escenario mexicano ese aturdimiento es mayor. A la arbitrariedad de un sistema mediático sin contrapesos suficientes, se añaden la necedad de una clase política que no parece dispuesta a superar sus perspectivas de cortísimo plazo y la inmadurez de una sociedad que no se decide a ser suficientemente exigente tanto con sus políticos como con los medios de comunicación con los que nos tocó vivir.

   Seguimos sin saber discutir. En México no hay deliberación abierta sino desfile de vanidades ensimismadas ante prácticamente cualquier asunto, nodal o trivial, que inquiete en la agenda pública. Los temas que se ventilan lo mismo en espacios institucionales como el parlamento que en esos territorios acaparadores y a menudo condicionadores del espacio público que son los medios de comunicación, carecen de jerarquización y a menudo de argumentos. Un día nos inquieta una declaración estruendosa y aunque no tenga más sustento que la retórica le conferimos tanta relevancia que unas cuantas palabras se sobreponen a hechos, trayectorias y razones. Al día siguiente, esa o cualesquiera otra de las frases de ocasión habrán sido reemplazadas por nuevos golpes retóricos amplificados y propagados por los medios.

   En esas condiciones no hay debate posible, prácticamente en ningún tema. La argumentación más sólida, construida a fuerza de evidencias, alegatos y explicaciones, puede quedar súbitamente desbaratada, como castillo de naipes, ante una expresión hiriente, punzante o solamente esquiva pero con suficiente capacidad para conmover en los medios. El intercambio entre los actores de la vida pública queda sujeto, así, a la ocurrencia y al desplante, al no-argumento.

   Pensemos en cualquier asunto reciente. Uno de los no-debates más sobresalientes en estos días se desenvuelve acerca del destino de la industria petrolera. Hay quienes aseguran que sin inversión importante y expedita, las tareas necesarias para que Pemex siga explorando, administrando y extrayendo ese recurso natural quedarán paralizadas. Aparentemente todo el mundo admite que la empresa petrolera necesita dinero. Pero cuando hay quienes proponen revisar la política de inversiones destinada a Pemex, surge el discurso encendido de quienes claman a no dar un solo paso en esa dirección.

   No existe una discusión clara al respecto, en parte porque las posiciones de quienes abogan por la apertura o el mantenimiento de Pemex tal y como ha existido hasta ahora tampoco son transparentes. Hay mucha más ideología que datos, evaluaciones y prospectiva en ese tema.

   Lo mismo sucede en otros aspectos de la política económica. 14 años después de que comenzó a funcionar, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es mucho más un espantajo en el debate político que un escenario de cuya evolución podamos tener claridad con cifras y hechos indisputables. Que hubo negligencia para que el campo se beneficiara de la ancha posibilidad de exportaciones que abría el TLC, ya lo sabemos. Que el mundo agrario sigue experimentando estancamientos graves tampoco es secreto. Pero acerca del Tratado y sus consecuencias abundan mucho más las especulaciones que el diagnóstico puntual. No es un tema de examen sino de litigio. Secuestrado así, por la ideología y la politiquería, el TLC no ha sido cabal instrumento de la política económica.

   Elija usted cualquier tema actual. O, por otra parte, pensemos en asuntos importantes que al carecer de espectacularidad mediática permanecen rezagados de la exposición pública. El narcotráfico y los recursos del Estado para enfrentarlo, la violencia en calles y carreteras de todo el país, la política financiera y su vulnerabilidad ante trastornos y presiones foráneas, los deficientes índices de aprovechamiento que padece toda la educación pública, la obsoleta legislación laboral y las inercias que impiden actualizarla, el régimen de partidos y las opciones para aderezar o sustituir al sistema presidencialista.

   Podríamos enumerar otros asuntos. Tan solo en esa media docena es posible encontrar una miríada de opiniones, la mayoría de ellas polarizadas, repletas de adjetivos y por lo general ayunas de datos duros.  En todo el mundo se afinan las previsiones ante una posible recesión desatada por nuevas dificultades del sistema financiero especialmente –pero no sólo– en Estados Unidos. Mientras tanto, en México quedamos atrapados entre el optimismo insuficientemente fundado del gobierno y el tremendismo sin soluciones que se pone de moda tanto en las oposiciones políticas como en la también simplificadora comentocracia. En otro tema, las nuevas vulgaridades que profiere Andrés Manuel López Obrador y las réplicas también ramplonas que encuentra dentro y fuera de su partido interesan más que la por lo visto abandonada discusión sobre la reforma del Estado.

   El coordinador de los senadores del PAN había aceptado el reto de ese ex candidato presidencial para debatir acerca de la industria petrolera. Hubiera sido una oportunidad útil en el esfuerzo por racionalizar una discusión analíticamente inasible mientras siga sometida a la adjetivación y la descalificación. Al parecer esa discusión no ocurrirá y no por decisión de Santiago Creel sino de su partido. A los panistas les inquieta más la sombra del “peje” que el esfuerzo para desazolvar las atascadas vías del debate público. Pero más que preguntarse sobre las razones del senador, los comentaristas adocenados a las principales empresas mediáticas aprovechan el incidente para cobrarle a Creel las facturas políticas que le ha significado su reciente compromiso con la creación de límites al desbordado poder de los consorcios comunicacionales.

   Cuando un colega mexicano que lleva varias semanas en España me pregunta qué hay de nuevo en nuestro país, me descubro enumerando un rosario de anécdotas. No pasa nada. Pero deberían ocurrir muchas cosas. Y más hueco aun es el territorio del debate de ideas que no cumple las exigencias del país ni de la presencia global que México ha logrado.

   El domingo pasado en la colaboración para varios diarios del mundo que reproduce el periódico El País, el analista inglés Timothy Garton Ash arrojó una propuesta asaz sugerente. Los líderes de las naciones industrializadas que se congregan en el llamado G-8, dice ese escritor, deberían ampliarse e incluir a seis países más: China, India, Brasil, México, Sudáfrica e Indonesia. Se trata, advierte ese autor, de una propuesta arbitraria y discutible. Pero tiene suficientes dosis de realismo para ser considerada con seriedad. Actualmente el G-8 reúne a los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.

   Propuestas como esa, más allá de su posibilidad específica, confirman que en el resto del mundo hay interés y preocupación por México. Nos toman en serio pero, a juzgar por la estrepitosa forma y el insustancial fondo de nuestro debate público, no nos tomamos en serio a nosotros mismos.

   Mientras tanto aquí en Santiago de Compostela nos disponemos a insistir en que la sociedad de la información tendría que ser el contexto para fortalecer la ciudadanía en un proceso que tenga como eje la deliberación racional y enterada. En México estamos muy distantes de avanzar en y hacia una sociedad de la argumentación. A lo que apenas llegamos es a una estridente y frívola sociedad del argüende.

La Crónica, jueves 13 de diciembre de 2007

   Una de las mejores noticias en los tiempos recientes había sido la decisión de casi 500 ciudadanos para competir por las tres posiciones que el revanchismo de los partidos dejó vacantes en el Consejo General del IFE. El rango de habilidades disciplinarias y experiencias políticas de esos aspirantes era muy amplio: abogados, politólogos, profesores, economistas; especialistas en temas electorales; viejos y recientes luchadores sociales; comentaristas con alguna presencia mediática; antiguos consejeros del propio IFE y ex funcionarios de organismos electorales en los estados; investigadores universitarios; miembros del sistema judicial… Evidentemente no todos tenían méritos suficientes pero entre esos casi 5 centenares había una pléyade sorprendentemente cuantiosa.

   Por eso tenía gran importancia el proceso de selección a cargo de los partidos en la Cámara de Diputados. Sabiéndose culposos de la decisión para remover al todavía hoy presidente del IFE y a dos consejeros más, los diputados montaron un dispositivo en donde el show prevaleció sobre la deliberación.

   Desde el primer momento fue claro que la designación de los consejeros sería una decisión política como siempre ha ocurrido. No puede suceder de otra manera porque se trata de responsabilidades eminentemente políticas por mucho que, además, se requieran cualidades específicas para fungir como autoridad electoral. El problema es que el nombramiento de estos tres consejeros y la selección de aquellos que tendrán que ser destituidos antes de cumplir los siete años para los que fueron designados en 2003 está condicionada por una decisión injusta.

   La venganza política impulsada atrabiliariamente por el PRD, admitida marrulleramente por el PRI y admitida dócilmente por el PAN para deponer al presidente del IFE y a dos consejeros más, llevó a los diputados a improvisar un mecanismo de selección que supuestamente sería cristalino y pulcro. Pero de los 500 iniciales, los filtros establecidos para llegar a 106 candidatos fueron tan crípticos como caprichosos.

   En el poco más de un centenar de ciudadanos admitidos para ser entrevistados por las comisiones de diputados quedaron mexicanos notables por su conocimiento del tema electoral así como, en algunos otros casos, por su respetabilidad personal y política. El problema de esa lista no eran tanto los agraciados con un sitio en ella como varios de los excluidos, que tenían tantas o mejores credenciales que la mayor parte de aquellos 106.

   Nadie en San Lázaro ha sido capaz de explicar por qué de esa selección fueron apartados académicos de tan puntual conocimiento de los temas electorales como Álvaro Arreola Ayala y Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Arreola tiene varios años estudiando las legislaciones electorales del país y cuenta con experiencia práctica pues fue consejero electoral en el Estado de México. Meyenberg ha trabajado temas de cultura política y reformas institucionales y participó en la oficina de Comunicación del pasado gobierno federal.

   Como ellos, hay varios casos notorios de aspirantes que reunían todas las condiciones formales y varias de las cualidades políticas pertinentes para formar parte del cuerpo directivo del IFE pero que fueron inopinadamente descartados de esa posibilidad. Otro de ellos,  Pablo Javier Becerra Chávez, investigador y profesor en la UAM Iztapalapa, considera en una carta publicada este miércoles en el diario Reforma: “Los ciudadanos descartados nunca fuimos informados puntualmente de las razones de nuestra exclusión ni de los requisitos que, supuestamente, no cumplimos. No pretendo que mi participación en dicho proceso deba concluir necesariamente con mi inclusión entre los finalistas, pero me parece inaceptable que la Comisión de Gobernación pase por encima de mi trayectoria y de la de colegas de gran valía…”

   Esa queja y otras similares quedarán sin respuesta porque si algo define al proceso de selección que montaron los diputados, es la discrecionalidad. Las entrevistas con los 106 aspirantes fueron públicas pero no por ello hubo mayor transparencia. Gracias a que se difundieron en el Canal del Congreso fueron públicos méritos y personalidades de todos ellos pero, sobre todo, la ordinariez que desplegaron algunos legisladores contra los aspirantes que quisieron suponer adversarios suyos.

   La retahíla de insolencias que la diputada Layda Sansores descargó contra la doctora María Marván Laborde dibujó con nitidez la vergonzosa carga de necedad que sigue existiendo en nuestro Poder Legislativo. Heredera, literal y políticamente, del viejo caciquismo priista, si algo ha definido durante los años recientes a la ahora diputada Sansores es la carencia de principios a la que, en estos tiempos de difuminación de la realidad en aras de la corrección política, algunos denominan simplemente pragmatismo. Esa fue la diputada que, sin credencial democrática alguna y para sonrojo de la mayoría de sus colegisladores, propició con sus agresiones que la doctora Marván desistiera de seguir participando en el proceso para la llegar al Consejo del IFE.

   Con sinrazones y contradicciones, la nómina de 106 quedó reducida a 39. Y otra vez, los motivos para seleccionar a unos sí y a otros no quedaron en la oscuridad. Puesto que no se conocieron los criterios que supuestamente utilizaron los diputados para calificar a más de 100 aspirantes, puede suponerse que hubo alguna dosis de ignorancia y antipatía para descartar a varios de ellos.

   Nos quedamos sin saber por qué fueron excluidos ciudadanos como Mireille Rocatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rosa María Mirón Lince, investigadora en asuntos electorales y ex consejera del Instituto Electoral del DF; Fernando Serrano Migallón, sobresaliente director de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de obras sobre legislación electoral o Arturo Martínez Nateras, que además de ofrecer como aval su trayectoria política personal hizo propuestas muy puntuales sobre lo que hubiera hecho de llegar al IFE.

   A pesar de todo ello, si anoche los diputados responsables de la designación seguían entrampados, acaso no era por falta de opciones interesantes para cubrir las tres posiciones en el Instituto Federal Electoral. Entre los aspirantes que se mantuvieron hasta la fase final hay ciudadanos de largo y respetado recorrido en el servicio público como los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Ricardo Valero. Está el ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuyen simpatías políticas que él no ha querido tomarse la molestia de esclarecer. Hay varios ex funcionarios electorales como el ex presidente del IEDF Javier Santiago Castillo, la ex consejera de ese mismo Instituto María Elena Homs Tirado, el ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto y los ex consejeros del IFE Virgilio Rivera –que por algo habrá obtenido la mayor calificación en la puntuación que adjudicaron los diputados– y Mauricio Merino Huerta, mencionado desde hace varias semanas entre quienes tenían más posibilidades de ser seleccionados y que ayer en su artículo de El Universal advirtió a los partidos: “El consenso político que han venido anunciando no puede ser un asunto cosmético ni trivial, sino el principio de la reconstrucción de los acuerdos que le permitan a México volver a la ruta de la consolidación democrática”.

   También hay académicos de sólida obra en el campo de la ciencia política y la sociología como Víctor Alarcón Olguín, José Fernández Santillán y Leonardo Valdés Zurita, éste último además ex consejero electoral en el IEDF. Similar es la experiencia de Pablo Arredondo Ramírez que, a su desempeño como investigador y funcionario académico en la Universidad de Guadalajara, aúna la experiencia que tuvo durante tres elecciones como consejero en el Consejo Local del IFE en Jalisco. Arredondo podría aportar la visión de los estados del país que no siempre está presente en el organismo electoral pero, sobre todo, el conocimiento que tiene como especialista en la influencia política de los medios de comunicación.

   Y está desde luego, ampliamente conocido gracias a la comprensión especializada pero también a la sensatez que ha manifestado en el análisis de asuntos electorales el jurista y politólogo Lorenzo Córdova Vianello, cuya colaboración en varios medios de comunicación no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdova conoce los entresijos del IFE ya que fue asesor del presidente de ese Instituto durante los primeros años de esta década. Luego se fue a hacer su doctorado de Investigación en Turín. Córdova Vianello sabe de esos temas, está en una edad en donde la juventud comienza a ser una ventaja, cuenta con respeto y reconocimiento de los partidos, es inteligente y tiene sentido del humor.

La Crónica de Hoy, jueves 6 de agosto de 2007

   Sacar a la diputada Zavaleta de la transmisión televisiva de la ceremonia del sábado en San Lázaro fue una inexcusable torpeza de la Secretaría de Gobernación. La protesta de todos los grupos parlamentarios ha sido entendible e inevitable, máxime porque la censura no solo afectaba a una legisladora del PRD sino, antes que nada, a la presidenta de la Cámara de Diputados.

   Ahora sin embargo los partidos, o al menos PRD y PRI, insisten en perpetrar, en contra de la autoridad electoral, un abuso mucho más grave. La destitución de los consejeros del IFE sería un acto de revancha política por motivos desdichadamente impolíticos, como se comentaba hace una semana en esta página.

   Los legisladores que han clamado su legítima indignación por la exclusión electrónica al discurso de la diputada Ruth Zavaleta miran la paja en el veto ajeno. No quieren percatarse del tremendo atropello que están a punto de formalizar al incluir la remoción forzosa de los consejeros entre los cambios que implicaría la nueva reforma electoral.

   El desagravio a la presidenta de la Cámara fue del tamaño de la falta cometida contra su investidura. El breve mensaje censurado en la transmisión oficial fue incluido horas más tarde, en medio de la programación habitual de los canales de televisión. Gracias a ello tuvo una audiencia muy superior a la que hubiera logrado en los minutos previos a la llegada del presidente Calderón para entregar su informe de Gobierno.

   No era gran cosa lo que decía Zavaleta en ese mensaje. Las machincuepas retóricas para justificar su ausencia de la Cámara hubieran sido incomprensibles fuera del marco de acontecimientos absurdos, algunos de ellos rayanos en la esquizofrenia política, que ha singularizado al comportamiento de los partidos y especialmente al PRD. Durante varias semanas la sociedad mexicana, inerme ante las andanadas de inconsecuencias que le propina la llamada clase política, presenció el extravagante regateo por la ceremonia del informe.

   Los acuerdos finales, francamente nimios, fueron tomados unos minutos antes de que el presidente llegara a San Lázaro. Esa premura explica en parte la omisión del discurso de la diputada Zavaleta en la transmisión para los canales de televisión. Pero no hay duda de que se trataba de una decisión explícita. Manuel Feregrino, periodista de Radio Fórmula, ha narrado cómo los conductores de la transmisión televisiva estaban listos para aparecer en pantalla en cuanto comenzara la intervención de la diputada del PRD. Ya estaba previsto sacarla del aire.

   Ese desacierto, cometido por alguien con alta capacidad de decisión en el círculo cercano al presidente de la República, afectó mucho más al gobierno que al partido de Zavaleta. El mensaje que al día siguiente leyó Calderón en Palacio Nacional fue desplazado, en muchos medios, por la murmuración acerca de la censura a la legisladora perredista. Ese discurso, con miga y formulaciones interesantes, fue desatendido también debido al contexto autolaudatorio en donde lo expuso el presidente Calderón.

   No cabe duda de que la ceremonia de cada 1 de septiembre tiene que cambiar. La obligación constitucional para que el titular del Ejecutivo le informe al Congreso acerca de la situación del país es uno de los pocos puentes institucionales que hay entre ambos poderes. Conviene vigorizarla con mecanismos de interlocución en donde, junto con el intercambio, se aseguren respeto y reconocimiento mutuos. Si se acuerdan de atender ese tema, los legisladores podrían resolverlo antes de que, el año próximo, el 1 de septiembre se les venga encima. Faltan 360 días para esa fecha. Sería imperdonable que los dilapidaran en nuevos dimes y diretes.

   Aunque quién sabe. La capacidad de buena parte de esa llamada clase política para magnificar las disputas pequeñas y perder el horizonte de los asuntos realmente importantes parece inagotable. A menudo pareciera que sus integrantes se empeñan en ponerse zancadillas unos a otros y no en reconocer que los avances, cuando los hay, pueden legítimamente ser reivindicados por todos.

   Esa ineptitud para el acuerdo está atrancando las dos reformas que todos han considerado indispensables pero que se han enredado en disputas mezquinas y de exiguo aliento. La reforma fiscal, que de por sí era limitada y luego fue mermada por presiones empresariales y recelos partidarios, ahora se encuentra amenazada por las dificultades para acordar la reforma electoral. PRD y PRI insisten en negociar aspectos de una con cargo a la otra. Si no hay acuerdo en todo, amagan, no habrá acuerdo en nada.

   Al revolver ambas discusiones los partidos extravían el sentido de cada una de tales reformas. Resulta aberrante que los recursos para el gasto público dependan del regateo alrededor de prerrogativas electorales o, peor aún, de la vendetta política contra los consejeros del IFE. Pero en eso están.

   La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.

   Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.

   Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.

   Por otro lado se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.

   En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuándo una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)?. La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.

   No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.

   La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.

   La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.

   Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no habría motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.

   De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos –al menos PRD y PRI– no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.

   Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.

La Crónica de Hoy, jueves 30 de agosto de 2007

   Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.

   Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.

   Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.

   Es natural que a los partidos no les gusten muchas de las decisiones del IFE. En esa tensión inevitable entre la autoridad electoral y los actores que compiten en los comicios se encuentra una de las claves que garantizan comicios limpios y confiables. Los partidos compiten bajo el escrutinio de un árbitro cuyas decisiones pueden no agradarles pero que tienen que respetar –y respecto de las cuales pueden inconformarse ante el Tribunal Electoral–. En los 11 años que llevamos con ese régimen de equilibrios y recursos ha sido frecuente que los partidos discrepen de las decisiones que toman las autoridades electorales. Pero las han tenido que acatar y ese respeto, aunque sea mantenido a regañadientes, ha sido garantía de democracia.

   Ahora sin embargo, los partidos quieren remover a los consejeros electorales. El PRD quiso echarles la culpa del desenlace de la elección presidencial del año pasado; inicialmente aquel desplante contra el Consejo General podía entenderse como la reacción del que está tan seguro de ganar que de pronto, enfrentado a la realidad de la derrota, no encuentra mejor justificación que desquitarse con el árbitro. Ya hemos comprobado, no sin tristeza, que ese partido es notoriamente refractario a la reflexión y a la sensatez. Pero aun así, sacrificar a los consejeros del IFE solamente porque han sido vistos como chivos expiatorios del fracaso que ese partido tuvo en las urnas, constituye un nuevo error mayúsculo de los perredistas.

   Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.

   Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.

   Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.

   Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.

   El PRI, por su parte, ahora tampoco quiere a los consejeros pero también debido al discurso ideologizado y falaz que construyó acerca de ellos. Los líderes de ese partido consideran que Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero, es un alfil de Elba Esther Gordillo y a fuerza de repetirla le han conferido a esa versión una verosimilitud que no tiene suficiente respaldo en los hechos. Si el presidente del IFE guardara algún aprecio por la “maestra” ese sería problema suyo mientras tal propensión no afectara el cumplimiento de sus obligaciones. Y nadie ha demostrado que Ugalde haya tomado o propiciado decisiones favorables a esa señora o al partido del que se hizo propietaria. La versión de que entre los funcionarios designados para encabezar las casillas de la elección de 2006 había una gran proporción de líderes del SNTE jamás fue comprobada y, en todo caso, dejaba a un lado el hecho de que tales designaciones fueron resultado de un amplio proceso en el que participaron todos los partidos.

   En el PRI se les olvida que la postulación de Ugalde fue, precisamente, sugerida por ese partido. Elba Esther Gordillo era coordinadora de los diputados priistas. Pero si recordamos la zarandeada y en varios momentos vergonzosa sesión del 31 de octubre de 2003 en San Lázaro, cuando fueron designados los actuales consejeros electorales, podremos advertir que el doctor Ugalde no era el principal candidato de la maestra Gordillo para ocupar la presidencia del IFE. Los regateos entre partidos, no alrededor de los méritos académicos o políticos sino acerca de las fidelidades que se les adjudicaban a los candidatos para llegar al IFE, definieron la lista finalmente aprobada por el PAN y el PRI. El PRD había promovido una conformación más diversa para el Consejo General del organismo electoral pero cuando sus diputados se empecinaron en un solo candidato para la presidencia del Instituto terminaron marginándose de esa votación. Al despotricar contra los consejeros los líderes priistas tratan de exorcizar el fiasco electoral y las querellas internas de su partido. En ambos casos se equivocan. Y en ese error, resquebrajan la institucionalidad electoral que el PRI tuvo el gran mérito de admitir y contribuir a edificar.

   El PAN, por su parte, se ha dejado convertir en rehén de la animosidad de los otros dos partidos. La necesidad del gobierno para que se aprueben algunas reformas fundamentales y ahora, antes que nada, la prisa para que se definieran las condiciones del informe de pasado mañana, han llevado a Acción Nacional a aceptar caprichos y revanchas perredistas y priistas. El PAN ha perdido la perspectiva que permite distinguir entre lo inmediato y lo indispensable. Si el presidente Calderón está detrás de ese comportamiento timorato que consiente en la destitución de los consejeros con tal de evitar abucheos en la ceremonia del sábado, habrá privilegiado la aclamación por encima de la transición.

   La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.

   De ocurrir así, resultará imposible seguir hablando de autonomía de la autoridad electoral. Sería muy difícil que las nuevas autoridades del IFE, cualesquiera que sean sus nombres y prendas, se aventurasen a sancionar a los partidos sin temer por la estabilidad de sus cargos y de la institución toda.

   Lo mismo en otros órganos formal o pretendidamente autónomos: después de este episodio a ver quiénes son los valientes que en instituciones como el IFAI, o la CNDH, se animan a desafiar el interés de los partidos políticos a riesgo de fraguar su propia destitución.

   Las reformas legales son plausibles cuando permiten adecuar el sistema jurídico a las nuevas realidades de la sociedad. En este caso, sin embargo, estaríamos ante una medida sin más propósito que desahogar rencores de la élite partidaria. Se trataría, por sus implicaciones, del suicidio de esta transición política.

La Crónica, jueves 14 de junio de 2007

Los antes promotores y hoy dolientes de la Ley Televisa no se cansan de distorsionar los hechos. A veces la reacción inmediata a un golpe fuerte es el intento por negar la realidad. Pero las versiones que ahora propagan algunos personeros de las televisoras no son resultado del estacazo que les propinó la Suprema Corte sino parte de una campaña que pretende minimizar los fallos de la semana pasada y, al mismo tiempo, dificultar las consecuencias de la virtual abrogación de las reformas que han sido denominadas como Ley Televisa.

Los cambios dispuestos por la Corte en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad de los hoy merecidamente célebres 47 ex senadores que desafiaron la Ley Televisa se pueden agrupar en cinco temas.

1. Se cancela la utilización discrecional del espectro radioeléctrico adicional. Este, que era el meollo de las reformas del año pasado significaba, como saben bien los lectores, la posibilidad de que los concesionarios de televisión y radio utilizaran prácticamente a su antojo, sin necesariamente pagar por ello y tan solo con presentar un aviso administrativo, el espacio adicional que gracias a la conversión al sistema digital habría en las frecuencias que les han sido asignadas. Los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, suprimidos ahora por la Corte, permitían tal exceso y por ello habían sido considerados como la columna vertebral de la llamada Ley Televisa.

2. Concesiones. En este renglón hubo cuatro cambios importantes.

a) La asignación de concesiones “a través de subasta pública”, como decía el artículo 17-G de la Ley de Radio y TV, fue cancelada. Ese procedimiento implicaba que las nuevas licencias de radiodifusión comercial serían entregadas a quien ofreciera más dinero.

b) La vigencia de las concesiones tendría que ser de 20 años, según las reformas incorporadas el año pasado al artículo 16. Ese plazo era excesivo en comparación con otros países e incluso con la tradición mexicana pues aquí las concesiones más recientes han sido otorgadas, por lo general, para 12 años. La Corte eliminó ese término fijo y estableció que serán hasta por 20 años.

c) El refrendo de las concesiones era prácticamente automático gracias a las reformas de 2006. Ahora todas las concesiones tendrán que ser revisadas antes de su vencimiento, como parte del ajuste dispuesto por los ministros en el artículo 16.

d) Para la adjudicación o renovación de una concesión será indispensable el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. Antes, el artículo 17-E de la misma ley de Radio y TV establecía únicamente la obligación de solicitar esa opinión.

3. Permisos. La Corte consideró que la desigualdad en los trámites que debían emprender los solicitantes de concesiones (es decir, licencias para radiodifusión mercantil) y permisos (que son las licencias para radiodifusión no comercial) era inconstitucional. Por eso, eliminó de sendas fracciones del artículo 20 de la Ley de Radio y Televisión tres disposiciones que acentuaban la discrecionalidad del gobierno en el transcurso de esas gestiones. La disposición que obligaba a los solicitantes de permisos a entregar “cuando menos” la información enumerada en otras fracciones, la que permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar “de considerarlo necesario” la realización de entrevistas con los solicitantes de permisos y la posibilidad que esa dependencia tenía para resolver “a su juicio” el otorgamiento de tales licencias, fueron suprimidas de la ley.

4. Cofetel. La Corte resolvió que era inconstitucional la prohibición que establecía un artículo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los funcionarios que ya formaban parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran considerados como candidatos a seguir siéndolo en la nueva designación que se haría a partir de las reformas de 2006. Pero además, dictaminó que la atribución que esas reformas le concedían al Senado para vetar los nombramientos que el Presidente de la República hiciera para conformar la Cofetel también era contraria a la Constitución.

5. Radiodifusoras indígenas. Aquí no hubo cambio, pero 5 de los 9 ministros consideraron que la ley debería establecer mecanismos claros para que se cumpla el derecho constitucional de las comunidades indígenas a tener acceso a concesiones o permisos de radio y televisión. Esa propuesta, resultado del dictamen presentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano y no de la demanda de inconstitucionalidad de los 47 ahora ex senadores, no alcanzó los votos necesarios para propiciar una modificación legal aunque tuvo consenso de la mayoría de los ministros que discutieron estos asuntos.

Las consecuencias inmediatas de esas decisiones en la Corte tendrían que ocurrir al menos en cuatro escenarios.

El primero de ellos es la renovación total o parcial de la Cofetel. Las decisiones de los ministros le permiten al Presidente de la República sustituir a los cinco, o solamente a algunos de los actuales integrantes de ese organismo. En una lectura rigurosa de los acuerdos refrendados hace una semana, la actual Cofetel tendría que desaparecer. Todos sus integrantes fueron designados como resultado de un procedimiento que ahora la Corte considera que fue inconstitucional.

Un segundo resultado será –aunque no hay plazos claros ni voluntades definidas para ello– la reforma no de unos cuantos artículos sino de las leyes, completas, de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. En dicha tarea, el esfuerzo reformador de los legisladores más comprometidos en este asunto se enfrentará a la intencional tortuosidad de diputados y senadores influidos por las televisoras y que prefieren que no haya cambio legal alguno.

Por lo pronto, y en tercer lugar, el Congreso podría aprobar una reforma al Código Federal Electoral para prohibir la contratación de propaganda electoral en medios electrónicos. De esa manera se terminaría con el dispendioso gasto que, con cargo a recursos fiscales, suelen ejercer los partidos. También acabaría la enorme fuente de irregularidades que hay en la discrecionalidad que tienen las empresas de televisión y radio para hacer descuentos o bonificaciones que atentan contra la equidad en la competencia electoral. En vez de la propaganda pagada, los partidos podrían difundir sus mensajes en los espacios de los que todavía dispone el Estado tanto en radio como en televisión.

En cuarto término, el gobierno tendrá que determinar si el Acuerdo para la transición a la televisión digital que fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2004 seguirá vigente o no. Ese Acuerdo facultó a que las televisoras para que, por cada concesión que ya tenían, recibieran otra a fin de que en una siguieran difundiendo televisión en formato analógico y en otra contenidos en televisión digital de alta definición. Con ese Acuerdo, además de duplicar las frecuencias en beneficio de las televisoras el gobierno de Fox dispuso que la televisión digital en México serviría únicamente para difundir imágenes en formato de alta definición. Sin embargo las posibilidades de la digitalización televisiva son mucho más amplias y además de alta definición México podría tener más frecuencias, aunque no todas con la misma calidad de imagen. Aquella decisión tomada en 2004 por la SCT fue duramente criticada durante la discusión de la Suprema Corte la semana pasada. Ahora el gobierno del presidente Calderón puede rediseñar el futuro de la televisión mexicana asumiendo un formato digital más flexible que no sólo procure que haya imágenes de mejor definición técnica sino que, antes que nada, permita que tengamos más canales en la televisión abierta.

Las modificaciones que la Corte dispuso para la legislación de los medios electrónicos son drásticas y fundamentales. Sin embargo Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, considera que se trata únicamente de cambios “cosméticos”. Él mejor que nadie, puesto que la promovió con desfachatado ahínco el año pasado cuando era senador, sabe que la Ley Televisa quedó desbaratada con las decisiones de la Corte.

Uno de esos cambios implica que su propia designación como miembro de la Cofetel fue ilegal. Por eso Osuna, en vez de preocuparse por el maquillaje, tendría que presentar su renuncia para facilitar la renovación de ese organismo.

Publicado en La Crónica, jueves 17 de mayo

   En su análisis acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión cuya inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte de Justicia, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano hace un diagnóstico serio y exigente acerca de los medios de comunicación.

   El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no pasa la prueba de ese ojo crítico: “los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y la televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones, se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones” (página 497).

   Esa reforma es inconstitucional porque vulnera los fines que de acuerdo con la Carta Magna debieran tener los medios de comunicación. Dice el ministro: “la radiodifusión debe entenderse como un componente fundamental de la sociedad de la información, en este contexto, la optimización del uso del espectro radioeléctrico puede y debe abrir opciones democratizadoras debido al uso de nuevas tecnologías (digitalización). Este proceso no debe entenderse como un mero proceso tecnológico, sino que debe implicar el establecimiento de políticas sobre aspectos fundamentales de esta nueva sociedad de la información, tales como la recuperación y repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación de nuevos servicios de telecomunicaciones y una política de servicios masivos de educación, cultura e información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la población marginada y más excluida del desarrollo” (pp. 415-416).

   Esas verdades torales orientan la reflexión del ministro Aguirre Anguiano en su extensa ponencia, para llevarlo a  concluir que cinco de los artículos reformados el año pasado e impugnados por 47 senadores son total o parcialmente inconstitucionales.

   Los ministros de la Corte han conocido argumentos de sobra en respaldo a la solicitud de inconstitucionalidad. También han escuchado la defensa de intereses creados que propalan las empresas televisoras con exageraciones y mentiras como las siguientes.

   “Si se modifican las reformas de 2006 México quedará al margen del avance tecnológico”. El desarrollo de las comunicaciones en nuestro país no ha dependido de las reformas a las dos mencionadas leyes federales. Lo que resultaría afectado es el modelo de expansión sustentado en la promoción de las nuevas tecnologías para las telecomunicaciones en beneficio de unas cuantas empresas.

   Ese modelo, promovido por Televisa y con menor notoriedad por Televisión Azteca, postula el desarrollo de la televisión de alta definición (a la que abreviaremos como TAD) en manos de esas empresas y como eje para el aprovechamiento de las franjas del espectro radioeléctrico en las que se propagan señales de radiodifusión. Actualmente cada canal de TAD necesita un espacio de 6 megahertz para difundir su señal y esa es la porción del espectro radioeléctrico que, por cada uno de los canales que ya tenían, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les asignó a dichas empresas para que difundan televisión de ese tipo.

   Las televisoras dicen que en esos 6 mhz no pueden transmitir nada más que TAD. Y en efecto, con la tecnología que hoy se encuentra más difundida en México y Estados Unidos cada canal de alta definición requiere de ese espacio. Sin embargo la tecnología cambia a cada momento y es previsible que, en pocos años, la TAD requiera solamente de 2 o 3 mhz por canal.

   Lo que singulariza al desarrollo tecnológico para los soportes digitales es la posibilidad de comprimir cada vez más información en menos espacio. Ahora es factible, por ejemplo, guardar todo el contenido de una colección de casi 2000 CDs de audio en un Ipod que podemos transportar a cualquier sitio. De la misma manera, la digitalización de las señales permite que cada vez se pueda transmitir más contenidos en menor espacio del espectro radioeléctrico.

   Esa es la realidad tecnológica que ocultan los promotores de la ley Televisa. Si a cada televisora se le deja en posibilidad de utilizar como quiera los 6 mhz que hoy tiene por cada canal de televisión, dentro de pocos años podrá enviar señales de TAD en un espacio menor al que tiene asignado y entonces usaría los megahertz restantes para difundir otros servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet, radio digital, etcétera). Por otro lado, la televisión digital no tiene por qué ser en todos los casos de alta definición. Una señal digital de televisión convencional puede difundirse en un espacio de tan solo 1.5 mhz. Es decir, en el espacio que ocupa un canal de alta definición pueden caber tres o cuatro canales de televisión con imagen de menor calidad pero con mayor variedad de contenidos. Todas esas posibilidades quedan canceladas con la apropiación del espectro radioeléctrico que la ley Televisa les permite hacer a las empresas que actualmente disfrutan del 95% de las concesiones para televisión comercial en este país. El desarrollo tecnológico que promueve la ley Televisa es estático, uniforme y excluyente. Pero no es el único al que podría acceder nuestro país.

   “Si se modifica la Ley Televisa no habrá convergencia tecnológica”. La digitalización de las telecomunicaciones permite que en el mismo canal en donde ahora se difunde un servicio, se puedan propagar varios más. A la posibilidad de suministrar por una misma vía servicios de televisión, telefonía e Internet se le ha denominado “triple play”. Esos servicios se pueden propagar por cable o por el espacio aéreo y su abastecimiento de manera conjunta permite que emisores y consumidores ahorren costos.

   En México esa convergencia existe ya, independientemente de las reformas legales. Desde hace varios años Telmex vende Internet de banda ancha a los suscriptores de su servicio telefónico y está en capacidad de transmitir, además, por esas líneas digitales, canales de televisión. En la ciudad de México la empresa Cablevisión, propiedad de Televisa, ya tiene autorización para además de los canales de televisión y el servicio de Internet que brinda por el mismo conducto, ofrecer telefonía. Esa convergencia no se debió a las reformas de 2006. El “triple play” que propicia la ley Televisa es, en realidad, la concentración de tales servicios en pocas empresas para que tengamos solamente one player.

  ”La desaparición de esas reformas implicaría volver al antiguo sistema discrecional y presidencialista en la asignación de concesiones”. Hasta el año pasado el otorgamiento de concesiones de televisión y radio estuvo a cargo del presidente de la República. A partir de la Ley Televisa esa facultad se encuentra… en las mismas manos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones que surgió merced a la Ley Televisa no tiene auténtica autonomía. A sus integrantes los designa el Presidente de la República y muchas de sus facultades están subordinadas a la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

   La reforma de 2006 no estableció garantías para que los integrantes de la Cofetel estuvieran a salvo de conflictos de intereses con las empresas del sector que deben regular. Por ello, entre los actuales comisionados hay funcionarios que tuvieron estrecha relación laboral y política con alguna de las televisoras. La Cofetel de hoy en día no es autónoma respecto del gobierno y tampoco respecto de las empresas cuyo desempeño debe supervisar.

   Esa reforma establece que las nuevas concesiones de radiodifusión serán asignadas por subasta pública. Es decir, que aquellos que ofrezcan más dinero tendrán licencias para transmitir por televisión y radio. No está mal que el Estado obtenga recursos por esas concesiones. Pero asignarlas solamente de esa manera implica la rendición del poder estatal y del interés de la sociedad al poder del dinero. En la mayoría de los países de América y Europa las autoridades en materia de telecomunicaciones toman en cuenta,  para otorgar concesiones de televisión y radio, las propuestas de programación, el servicio que brindarán al público y las ofertas financieras que presenten los interesados.

* * *

   Algunos promotores de la ley Televisa suelen ostentar terminajos técnicos aparentemente complejos con el propósito de simular que, para determinar cuál es la legislación pertinente en ese campo, hace falta un conocimiento muy especializado. Con ello no pretenden ilustrar, sino secuestrar la discusión de estos asuntos.

   Pero los ministros de la Corte no requieren pericia técnica peculiar para dictaminar sobre las reformas del año pasado. Lo que al país hace falta en estas materias, desde el terreno de la ley, es contar con principios generales que permitan:

   a) el dominio del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, que es parte del patrimonio nacional;

   b) que esa administración esté a cargo de una autoridad verdaderamente autónoma, tanto respecto del poder presidencial como de los poderes fácticos a los que debe regular;

   c) la existencia de condiciones de equidad para las empresas que operen y quieran operar en ese campo;

   d) el aprovechamiento, sin modelos tecnológicos cerrados ni excluyentes, de los beneficios que propician la convergencia digital y la propagación de las telecomunicaciones;

   e) la promoción de la diversidad, la competencia y la pluralidad en las opciones comunicacionales que reciben los mexicanos.

   Esos principios son desconocidos por las reformas del año pasado. Ahora la Corte tiene la posibilidad de enderezar los excesos y abusos que ha implicado la ley Televisa.

Publicado en La Crónica, 10 de mayo de 2007 

   No hacía falta que el senador Santiago Creel reconociera que se trató de una imposición para que supiéramos que la Ley Televisa estuvo definida por la coacción que las televisoras ejercieron sobre la mayor parte de la clase política mexicana. Hace más de un año quedó suficientemente claro que las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión buscaban, exclusivamente, ampliar los negocios de las empresas que ya tenían concesiones para difundir por esos medios.  

   Aquella propuesta, desde su redacción, fue impulsada desde las oficinas corporativas de Televisa. Allí fueron contratados los despachos jurídicos y de relaciones públicas que se encargaron del cabildeo con los legisladores. De allí surgieron los amagos contra los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones que estaban disgustados con una reforma que favorecía el interés de los más grandes pero que no significaba cambios sustanciales en la administración del espectro radioeléctrico. De esas oficinas salieron las convocatorias a los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales de los tres partidos más importantes para exigirles que apoyasen tales reformas. Allí se redactaron y financiaron los desplegados en la prensa, las sugerencias a columnistas de negocios y las campañas en televisión y radio que pretendían descalificar a los legisladores que a pesar de tales coacciones se opusieron a la Ley Televisa. 

   Todo eso fue ampliamente conocido, documentado y denunciado entre diciembre de 2005 –cuando la Cámara de Diputados requirió nada más que de 7 minutos para aprobar esas reformas– hasta el 30 de marzo, cuando sin enfrentar los argumentos en contra la mayoría en el Senado ratificó la Ley Televisa. En el transcurso de esos cuatro meses se conocieron las amenazas que ese consorcio televisivo utilizó tanto con otros empresarios, como con políticos de todos los partidos.  

   En aquellos días se pudo verificar la exigencia que los dirigentes nacionales del PAN y el PRI les formularon a sus respectivos senadores para que apoyasen la Ley Televisa. El miércoles 22 de marzo el presidente nacional del PAN, Manuel Espino, se reunió con los senadores de ese partido para exigirles que aprobasen la Ley Televisa porque esa decisión, dijo, beneficiaría a los panistas en la campaña electoral que estaba en curso. El jueves 23 ocurrió lo mismo entre los senadores del PRI: sus dirigentes les manifestaron que el respaldo a esas reformas beneficiaría la candidatura de Roberto Madrazo.  

   También en el transcurso de marzo del año pasado fue evidente el manejo artificioso que Televisa y Televisión Azteca hacían de ese tema en sus noticieros, en una nueva comprobación de que para esas empresas el interés público no existe cuando están de por medio sus propios negocios. 

   El ahora senador Santiago Creel estaba en campaña cuando todo eso ocurría y es improbable que no se hubiese enterado de primera mano de ese escandaloso tráfico de influencias a cargo de las televisoras. Si no lo denunció a tiempo fue por precaución o miedo, o porque no le parecía tan grave. No sería el primer político cuya aprensión ante la capacidad de represalia de las televisoras lo lleva, incluso, a magnificar el poder de tales empresas.  

   En todo caso Creel conocía bien los intereses y los modos de las televisoras. En octubre de 2002 el entonces secretario de Gobernación fue el operador de Marta Sahagún para que fuera abolido el 90% del tiempo al que hasta entonces tenía derecho el Estado en las frecuencias concesionadas de radio y televisión y para que hubiera un reglamento dictado punto por punto por la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean. Tres meses más tarde consintió el latrocinio que la empresa de Ricardo Salinas Pliego cometió al enviar a un grupo de pistoleros a asaltar la antena del Canal 40. Y en mayo de 2005, unos días antes de renunciar a Gobernación para competir por la candidatura presidencial del PAN, Creel le regaló a Televisa el permiso para operar 65 casinos en todo el país. 

   El senador Creel, por supuesto, conoce el poder de las televisoras. Se ha doblegado a él en tantas ocasiones que posiblemente ya está cansado de hacerlo. Quizá el ahora senador ha tenido un rapto de honestidad y lucidez. Posiblemente en los meses recientes haya tenido condiciones para reflexionar sobre los riesgos que significa para el país el poder desbocado, insaciable e insolente de las empresas que acaparan el 95% de las concesiones para televisión comercial. Acaso tuvo ocasión de conocer los estudios de legislación comparada que muestran el vergonzoso rezago de México junto a países latinoamericanos y europeos en donde la televisión y la radio están definidas por la competencia y la diversidad porque hay diques a la concentración de muchos medios en pocas manos y existen autoridades regulatorias capaces de otorgar nuevas frecuencias con criterios de calidad y variedad.  

   Posiblemente el senador Creel leyó, en el Diario de los Debates de la Cámara de la que ahora es destacado integrante, las argumentaciones que presentaron a fines de marzo del año pasado los senadores que se batieron con denuedo, en contra de la línea que había en sus partidos, para subrayar las perversiones jurídicas y el reforzamiento de privilegios que implicaba la Ley Televisa. Probablemente conoció las transcripciones de las audiencias que a comienzos de febrero convocó la Comisión de Comunicaciones del propio Senado y en donde los defensores de la Ley Televisa quedaron reducidos en el terreno de las razones aunque sabían que contaban con la amedrentada mayoría que en esa Cámara había impuesto el poder de la televisión. Acaso también revisó las consideraciones que presentaron la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral e incluso la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había entonces y que coincidían en alertar contra aquella reforma. O puede haber leído el recurso que 47 senadores de la anterior Legislatura presentaron a la Corte para demandar que tales reformas sean declaradas anticonstitucionales. 

   Documentos, experiencia y testimonios, no deben haberle faltado al senador Creel para concluir, como hizo el viernes 4 de mayo, que en la aprobación de la que muchos denominamos Ley Televisa “las cosas fueron más bien una imposición que una negociación en donde fue una sola visión, no la que surge de una pluralidad de intereses”.  

   Pero quizá, junto con todo eso, lo que ocurrió es que el senador Creel simplemente se hartó. Se cansó de contemplar la expansión descomunal del poder que las televisoras adquieren no porque los contenidos que transmiten sean especialmente perspicaces, ni porque a la sociedad mexicana le hagan falta, sino fundamentalmente gracias a la negligencia y la ignorancia que los políticos mexicanos, en su gran mayoría, han tenido respecto de las grandes empresas mediáticas. Quizá lo terminó de convencer el amplio proyecto de sentencia que ha presentado el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en donde se recogen varios de los principales argumentos de los ahora ex senadores que hace un año solicitaron que a esas reformas se les declarase anticonstitucionales. 

   Dicho proyecto reconoce la arbitrariedad que implica la llamada Ley Televisa, entre otros motivos porque a las empresas que ya disfrutan de concesiones les permite hacer con ellas un negocio adicional, por el cual no tendrían que ganar una licitación ni pagar derechos, al ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones en el ancho de banda que deje libre la digitalización de las señales de televisión y radio.  

   Por esa y otras transgresiones, la Suprema Corte de Justicia podría encontrar motivos de anticonstitucionalidad en las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Esa posibilidad está ocasionando que las presiones que antes padecieron los legisladores, ahora estén siendo dirigidas contra la Corte. Bastaría con asomarse a las antesalas de los ministros para constatar el intenso cabildeo que realizan tanto empleados de las televisoras como, incluso, miembros de la Cofetel que fueron designados gracias a la Ley Televisa. 

   La posibilidad de que dicha ley se modifique está propiciando una reacción exasperada y sumamente nerviosa de varias empresas de radiodifusión, comenzando por la que más se ha beneficiado con tales reformas. Por eso a Santiago Creel la Cámara de la Radiodifusión, que sigue supeditada a la hegemonía de Televisa, le respondió con tanta vehemencia. Por eso ayer en la radio el ahora senador Javier Orozco Gómez, veterano soldado al servicio de los radiodifusores, cuando quiso defender las reformas ahora impugnadas solamente acertó a decir que los legisladores que hace un año pidieron la declaración de inconstitucionalidad “fueron engañados por Javier Corral” como si no hubiera numerosos motivos para rechazar tales modificaciones legales y como si 47 senadores, adultos todos y entre ellos algunos bastante curtidos políticamente, pudieran haber sido engatusados por uno solo de ellos. Esas actitudes –tristes, torpes, inverosímiles– confirman la pobreza de argumentos de quienes defienden la Ley Televisa.  

   Quizá algo de todo eso es lo que entendió ahora Santiago Creel. Dicen que más vale tarde. Quién sabe. En todo caso cuando considera que si la Corte no modifica la Ley Televisa entonces lo harán los legisladores, el senador Creel adelanta una obviedad y un compromiso. Es deseable que la Corte rechace la acumulación y concentración de privilegios que implican tales reformas, en los términos que han sido sugeridos por el ministro Aguirre Anguiano.  Pero aunque esas reformas fuesen desechadas, seguiría haciendo falta una seria revisión de las leyes para los medios electrónicos. El auténtico cambio en la normatividad para la televisión y la radio solamente puede emerger en el Poder Legislativo. Así que el senador Creel y quienes, como él, reconocen ahora los peligros que implica para el país y la sociedad el poder excesivo de las empresas mediáticas, tienen mucho por hacer. 

Crónica, 

15 de Marzo de 2007

Manida y demagógica, aquella frase que pretende otorgar salario mínimo al
presidente para que vea lo que se siente expresa, sin embargo, un extendido
reproche. Ni la alternancia de un partido a otro, ni los recursos para la
transparencia en la información pública, ni el frecuente escrutinio de
algunos medios en asuntos como esos, han logrado erradicar en la sociedad
mexicana la presunción de que los más altos funcionarios del Estado abusan
de sus cargos concediéndose desmedidas remuneraciones.

Posiblemente los sueldos de los altos cargos en la administración pública
mexicana no constituyan una porción significativa del Presupuesto Federal.
Pero ese no es el problema. En un país con tan amplias y desmoralizadas
franjas de la sociedad, que subsisten con salarios de miseria y a menudo ni
siquiera con ellos, el solo conocimiento de que hay funcionarios públicos
que ganan cien o doscientas veces el equivalente al salario mínimo suscita
irritación y alienta la muy esparcida desconfianza respecto de la política y
quienes la ejercen.

El tema, de suyo sensible, ha sido motivo de abundante lucro a veces por
parte de algunos de los políticos que han disfrutado salarios desmedidamente
cuantiosos y, en otras, por parte de medios de comunicación que se dan vuelo
denunciando sueldos excesivos porque saben que al público le gusta que a los
funcionarios al menos los expongan con denuncias de esa índole. (No estaría
mal, de paso, que aun cuando se trata de empresas privadas el público
conociera, como es frecuente en otros países, las remuneraciones que reciben
los conductores de los principales noticieros de radio y televisión).

Los sueldos en los altos niveles de la administración pública tienen que ser
elevados. No puede pretenderse que a un profesional con reconocida
especialidad en su campo y a quien se le encarga el cumplimiento de una
responsabilidad importante, el país le pague unos cuantos miles de pesos.
Pero en todas las áreas del Estado ha sido frecuente que, a los salarios
nominales, se añadan sobresueldos, compensaciones, vales, aguinaldos y otras
retribuciones que en ocasiones multiplican ese ingreso financiero.

Hoy en día el presidente de la República tiene un sueldo de 152 mil pesos y
no resulta exagerado. Pero con frecuencia, cuando nos enteramos del salario
de un secretario o subsecretario de Estado, de un ministro judicial o de un
legislador, no necesariamente sabemos el monto completo de las retribuciones
que le paga el país. No está mal que nuestros funcionarios públicos más
relevantes obtengan remuneraciones congruentes con las obligaciones que
desempeñan. Pero en ocasiones se les ha pasado la mano.

La clase política advierte las consecuencias de tales abusos. La iniciativa
de reformas constitucionales que el martes pasado -13 de marzo- aprobó el
Senado establece que ninguna remuneración que el Estado mexicano otorgue a
sus funcionarios será mayor a la que reciba el presidente de la República.
El salario del titular del Ejecutivo Federal es determinado en el
Presupuesto anual de egresos federales. Ahora, si esa reforma legal se
aprueba, habrá un sueldo total y máximo que no podrá ser complementado por
ninguna otra remuneración.
La nueva formulación propuesta para el artículo 127 constitucional -en donde
actualmente sólo se dice que la retribución para el presidente y otros
funcionarios será “adecuada e irrenunciable” y que se determina cada año-,
define los alcances de esa remuneración: “toda percepción en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a
fondos de retiro o ahorro y cualquier otra, con excepción de los apoyos, y
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Así que se acabarían los apoyos cuantiosos para alquiler o adquisición de
vivienda, las contribuciones millonarias a los fondos de ahorro, los
aguinaldos que en ocasiones equivalían a la mitad del ingreso de todo el año
o los acuerdos especiales para que la pensión de los altos funcionarios
exceda sustancialmente la que recibe la mayoría de los trabajadores del
Estado.

No están del todo claras las consecuencias que esa reforma tendría sobre las
retribuciones que, de manera especial, el Estado les entrega a los ex
presidentes de la República o, cuando han fallecido, a sus deudos.

En una democracia con un funcionamiento normal de sus instituciones y sin la
rispidez que padece la vida pública mexicana, a nadie le inquieta saber que
a los ex presidentes, el país que gobernaron les paga un sueldo vitalicio.
Aquí, como todos sabemos, por una parte la aciaga fama pública que algunos
de nuestros ex presidentes han parecido empeñados en fraguarse a toda costa
y por otro lado las revanchas políticas de las que han sido víctimas, hacen
de sus remuneraciones un tema delicado y polémico.

Sería deseable que a los ex presidentes se les garantizara un ingreso
decoroso, sin excesos ni subterfugios. La custodia que deben recibir por
parte de la fuerza pública no tiene por qué contabilizarse como parte de esa
remuneración. Pero en cambio si algún ex presidente quiere recursos para
mantener una iniciativa personal -como hizo Luis Echeverría con el Centro de
Estudios del Tercer Mundo, o como hace ahora Vicente Fox en el mausoleo que
se autoerige en Guanajuato- esos proyectos tendrían que pasar por los
procesos de aprobación y verificación presupuestal, en el Poder Legislativo,
por el que transita cualquier propuesta que pretende recibir fondos
públicos.

¿Qué sueldo debiera recibir un ex presidente? Mientras en la sociedad no se
extienda la convicción de que al país le resulta provechoso remunerar con
suficiencia a quienes lo han gobernado, es difícil encontrar argumentos para
que a los ex presidentes, no se les entregue la misma pensión que recibe el
resto de los trabajadores del Estado cuando se jubilan. Esa pensión, de
acuerdo con la Ley del ISSSTE, no puede ser mayor a 10 salarios mínimos. No
estaría mal revisar ese límite, que resulta injusto con trabajadores de
remuneraciones más altas y que actualmente equivale a 15 mil 171 pesos
mensuales. Sin embargo eso establece la ley para los trabajadores del
Estado.

Es poco para un ex presidente, desde luego. Pero puede suponerse, sin
exageraciones, que durante los seis años de su encargo, y aún antes, han
podido abonar cuotas suficientes a algún fondo de retiro para tener un
ingreso que complemente la pensión que les entregue el Estado. Para
recibirla, desde luego, tendrían que retirarse del servicio público. O
podrían no aceptarla y seguir trabajando, sin cargo al erario, como dicen
que hace Ernesto Zedillo.

La reforma constitucional fue aprobada en el Senado, de manera unánime, por
106 votos -aunque ese día pasaron lista 113 legisladores- y ha sido
resultado de dos iniciativas. Una, presentada en noviembre pasado por el
senador perredista Pablo Gómez y la otra, enviada en enero por el presidente
Felipe Calderón. Antes de la votación hablaron a favor de ella tres
senadores, Pedro Joaquín Coldwell del PRI, José González Morfín del PAN y el
ya mencionado Pablo Gómez Álvarez del PRD.
La reforma constitucional sería aplicable a todos los servidores públicos,
tanto de la Federación como de los estados y municipios, de las dependencias
paraestatales y de cualquier organismo público e incluso de carácter
autónomo. Ahora debe ser discutida por la Cámara de Diputados y, si se
ratifica allí, en las legislaturas de los estados. Pero no es difícil que a
San Lázaro lleguen presiones a fin de que no se apruebe. La disminución que
esa reforma puede significar en el ingreso real de no pocos funcionarios
llegaría a ser tan significativa que ya hay protestas, soterradas pero
amplias, en las cúpulas de la administración pública y especialmente en
organismos paraestatales.

Sería injusto, y hasta infame, pretender que al presidente, como ha rezado
aquella sentencia, le paguen el salario mínimo. Pero el ajuste general en
las remuneraciones más altas y sobre todo el establecimiento del límite
máximo que plantea la reforma constitucional podría tener réditos políticos
que ojalá los partidos, y sus funcionarios en posiciones de gobierno,
quieran entender y respaldar.

ALACENA: Sueldos universitarios
Sobresueldos y complementos son recursos para incrementar artificiosamente
las remuneraciones de los altos funcionarios. Pero en instituciones públicas
como las universidades, se han establecido compensaciones y bonos que
complementan el nominalmente precario ingreso de profesores y otros
trabajadores aunque no se les reconoce, para efectos legales, como parte de
su salario. Con el mismo espíritu con que ahora se enfrenta la simulación
que ha existido en los sueldos de altos funcionarios, el Congreso y las
universidades públicas tendrían que resolver esa irregularidad que se
mantiene en perjuicio de los derechos salariales de decenas de miles de
trabajadores académicos en todo el país.

trejoraul@gmail.com
http://sociedad@wordpress.com

Texto publicado en el suplemento de fin de año de Correo de Guanajuato, diciembre de 2006.

   El desafío de Felipe Calderón, valga la perogrullada, es gobernar. Pero los frentes de conflicto con los que se inicia el sexenio son tantos y los recursos del nuevo presidente y su equipo parecen tan insuficientes que la tarea de gobernar puede ser entorpecida por circunstancias múltiples. Mas aun cuando la principal fuerza de oposición está empeñada no en disputar el gobierno sino en hacerle imposible esa tarea al nuevo presidente.  

   Calderón tiene oficio, experiencia y, hasta donde se ha podido apreciar, ganas suficientes para gobernar a este país. En todo eso se distingue de Vicente Fox cuyos méritos nunca fueron bastantes y que se fatigó –hasta el hartazgo, según se manifestó en el último trecho de su desastrado mandato– de intentar cumplir con la tarea de gobernar. El nuevo presidente ha tenido que remontar primero la oposición dentro de su partido, luego la sustancial desventaja que todavía hace un año tenía respecto del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y más tarde una espinosa fase postelectoral cuyas secuelas nos acompañarán por varios años.   

   Quizá todo ese camino, además de angustioso para el país, haya sido aleccionador para Felipe Calderón. No tardaremos en saberlo. Se ha manifestado conciliador, ha reiterado que tiene que gobernar para todos los mexicanos y no solamente para el tercio de los electores que votó por él, ha querido ser incluyente a pesar de la intolerancia o la ambición de sus interlocutores. Esa disposición es útil para gobernar en un país tan políticamente escindido y, sobre todo, con una sociedad tan  confundida. Pero como el oficio de gobernar no se resuelve solamente con buenas intenciones, para ejercer a plenitud sus responsabilidades Calderón tiene que contar con políticas, consenso y condiciones mínimas suficientes.  

   Las primeras, las ha manifestado en distintas ocasiones. El nuevo presidente necesita procurar reformas aunque sea modestas para fortalecer la economía. El fracaso del gobierno anterior –pero también de las fuerzas políticas todas– para alcanzar una reforma fiscal obliga a considerar otras opciones, especialmente el mejoramiento en la recaudación. Para ello tendrían que existir reglas y sobre todo procedimientos menos tortuosos para el pago de impuestos y, desde luego, la abolición del privilegio que tienen numerosos sectores de la sociedad que no contribuyen fiscalmente. La reforma energética quizá tenga que ser planteada de manera menos estridente y drástica y con una reorganización de Pemex y las empresas de electricidad en donde la apertura a la inversión privada sea resultado de proyectos específicos y no de una receta de aplicación general.   Calderón prometió más empleos. Si no cumple con rapidez ese compromiso lo perseguirá durante seis años tanto como a Fox aquella ilusoria meta del 7% de crecimiento.

   Al menos el nuevo presidente no ha dicho que resolverá nada en 15 minutos. Pero a diferencia de Fox, que comenzó su gobierno en un clima de relativa confianza por parte de la sociedad, el país que ahora gobierna Calderón no parece tener tanta paciencia. Más empleos, como es evidente, requiere de mayores pero sobre todo mejor distribuidos recursos. Y allí es en donde la economía y la política se imbrican para forjar uno de los grandes nudos que Calderón tiene que desatar y  reordenar si quiere que su gobierno resuelva y no solo contenga los grandes problemas del país. 

   En México la concentración de poder –financiero, político, gremial, cultural– es el dique más estorboso para cualquier reforma que pretenda atenuar de manera significativa cualquiera de las desigualdades que sofocan al país. La revista The Economist lo recordó hace varias semanas y desde tiempo atrás ese problema ha sido señalado desde distintos ángulos de la opinión crítica nacional: la concentración de privilegios excesivos se ha convertido no solo en fuente de adicionales desigualdades sino, además, en uno de los desafíos que enfrenta el Estado mexicano.   

   El poder acumulado por los grandes bancos, los caciques políticos y sindicales, las empresas de telecomunicaciones y los principales medios de comunicación resulta, además de ofensivo para la mayoría de los mexicanos, una creciente fuente de exacción para ellos. Las comisiones e intereses que cobran las instituciones financieras por cualquier servicio bancario resulta desmedido en cualquier comparación internacional además de que encarece el crédito y limita, así, el crecimiento económico de la sociedad. El tráfico que se mantiene en la representación de la mayoría de los trabajadores sindicalizados constituye una de las más flagrantes contradicciones con la democracia que hemos logrado en el terreno electoral. El costo del servicio telefónico y ahora de las conexiones a Internet es en México cuatro o seis veces más alto que en la mayoría del mundo desarrollado. La concentración de prácticamente todas las frecuencias comerciales en solamente dos empresas de televisión atenta contra la diversidad comunicacional a la que tienen derecho los mexicanos.   

   El poder de las corporaciones es el obstáculo más relevante que tiene Calderón para gobernar y antes de dilucidar si puede enfrentarlo, será preciso saber si quiere hacerlo. El poder de los cacicazgos políticos locales, entreverado con el caciquismo y sus pragmáticos equilibrios que se mantiene en el sindicato de los maestros, detonaron y alentaron el costoso conflicto en Oaxaca. El afán de los grupos de radiodifusión acaudillados por Televisa los condujo a presionar como nunca antes para que, en la primavera pasada, el Senado aprobara las reformas conocidas, precisamente, como “Ley Televisa”. La voracidad del Grupo Carso se ha impuesto para impedir que tengamos la competencia telefónica que implicaría una auténtica variedad de ofertas y tarifas en ese terreno. El poder de tales corporaciones querrá bloquear al gobierno de Calderón si trata de atenuar sus prerrogativas. Pero si no procura moderarlo, será una administración al servicio de esos intereses creados y no de la sociedad para la cual el nuevo presidente dice que quiere gobernar.  

   El oficio político hará falta no únicamente para negociar con los grupos partidarios más estridentes sino, también, para refrenar a los grupos de interés. La composición del Congreso federal obliga a un ejercicio político permanente sin el cual el nuevo gobierno será rehén de la tornadiza coyuntura nacional. Lo ideal sería que pudiera establecer acuerdos de mediano plazo con las fuerzas políticas más importantes pero ni el PRI ni el PRD parecen dispuestos a comportarse como partidos serios. El primero, mientras no resuelva sus problemas de liderazgo interno seguirá sin ser un interlocutor sólido. El PRD, al contrario, sigue sometido a un excedido caudillismo que a ratos parece caricatura de sí mismo pero que aún cuenta, por muy extraño que parezca, con la adhesión de un significativo segmento de ciudadanos.  

   Con esas fuerzas Calderón tiene que buscar entendimientos. Hacer política, mucha política como decía Reyes Heroles. Pero para que ese ejercicio sea eficaz tiene que emprenderlo sin olvidar que hoy en día el espacio para la política es sustancialmente distinto al del México en el viejo régimen. Hoy en día la política no se reduce a la ineludible transacción entre partidos; además se desenvuelve en y con una sociedad enmarañada y en alguna medida impaciente e incómoda. Para gobernar con ella y no solamente delante de esa sociedad el nuevo presidente tendría que contar con iniciativas capaces de involucrarla. La más importante podría ser el combate a la delincuencia que constituye el desafío más grave –aunque a veces se nos olvida a causa del rebumbio político– no solo para el gobierno sino para el país.  

   El Diccionario, pero también la realidad y las urgencias nacionales, indican que gobernar es “mandar con autoridad… dirigir a un país”. Para no solo administrar sino antes que nada ejercer el gobierno, el presidente Calderón tiene que hacer frente a sus principales retos. Para hacerlo con autoridad, tiene que apoyarse en la sociedad. Para ganarse la confianza de esa sociedad… tiene que gobernar. De Calderón, pero también de la enredada circunstancia en la que le toca ser parte de la historia de este país, depende que ese círculo sea vicioso o virtuoso.

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