Sociedad y poder

La satisfacción por el Premio Príncipe de Asturias va más allá de la Universidad Nacional. La vocación por el conocimiento, sus responsabilidades docentes, los hitos científicos, la independencia política así como el compromiso social, forman parte de los valores que hacen a la UNAM reconocible y apreciable en todo el país.

Desde luego no todo es irreprochable en la Universidad. Cualquier institución con las dimensiones de la UNAM tiene que experimentar conflictos y rezagos. La Universidad Nacional tiene contrastes tanto en su desempeño interno como en su imagen hacia el exterior.

Junto con esa heterogeneidad, a la UNAM se le reconoce como una institución útil, noble incluso, y sobre todo necesaria.

Por eso el premio en Comunicación y Humanidades que recogió el Rector José Narro el viernes pasado en Oviedo, ha permitido que se reitere la relevancia social de la UNAM en un momento de definiciones importantes. En todo el mundo, la crisis económica ha obligado a redefinir prioridades del Estado y no hay institución pública que no resienta nuevas restricciones financieras. Pero los criterios para apretarse el cinturón son distintos, de acuerdo con las decisiones de cada estado nacional. Hay países que, precisamente debido a la crisis económica, consideran indispensable estimular el desarrollo de la ciencia, así como la formación profesional de sus jóvenes, aunque para ello tengan que limitar otras áreas del gasto público. En otras experiencias, a los gobiernos les parece que el recorte debe afectar todos los rubros, inclusive aquellos con los cuales cada país construye su futuro.

Ese es el dilema que se mantiene hoy en México, cuando estamos a punto de entrar a la deliberación legislativa acerca del Presupuesto de Egresos para 2010. La tentación para sacrificar el desarrollo de la educación superior no solamente obedece a consideraciones financieras, sino a un no del todo enfático pero subyacente discurso contra las instituciones públicas.

La acometida del gobierno federal contra el SME, aunque se trata de un asunto muy distinto, obliga al recelo respecto de la apreciación que el poder político tiene acerca de las universidades públicas. Más allá de las circunstancias que han acotado el litigio en torno a la industria eléctrica, se ha desarrollado una conservadora ideología del prejuicio contra instituciones y bienes de carácter público.

Por eso, aunque parco, el discurso del rector José Narro Robles el viernes pasado, 23 de octubre, en Oviedo, España, ofrece precisiones pertinentes. Después de recordar la historia, los compromisos y las dimensiones de la UNAM, el doctor Narro defendió la tarea esencial de la Universidad:

“No hay campo de la vida en el que no influya el saber. Por esto preocupa tanto el desinterés de algunos en la materia, como que en muchos sitios no sea una prioridad o que se le escamoteen los recursos para su generación y transmisión. Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila, a la medianía en el desarrollo”.

El país que queramos tener, depende en buena medida del sistema educativo que sepamos construir. Ese, como todos sabemos, en el caso de México es un campo de desastre. La Universidad Nacional misma, no funciona en todas sus áreas con la eficiencia ni la excelencia que el país tiene derecho a exigirle. Pero en el contexto de atrasos y dificultades que padecemos actualmente, el desempeño académico de la UNAM alcanza parámetros altamente satisfactorios.

El rector Narro, reivindicó el derecho a la educación: “Es necesario insistir y volverlo a hacer. La educación es vía de la superación humana, de la individual y la colectiva. Concebirla como un derecho fundamental es uno de los mayores avances éticos de la historia. Como bien público y social, la educación superior debe ser accesible a todos bajo criterios de calidad y equidad. Por eso duele que en el mundo de hoy, con sus grandes desarrollos, vivan cerca de 900 millones de personas que no saben siquiera leer y escribir”.

El reconocimiento le fue otorgado a la UNAM en las áreas de Comunicación y Humanidades. El Jurado del Premio Príncipe de Asturias subrayó que la UNAM, “ha sido el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos”. En atención a esa peculiaridad del Premio, el rector Narro precisó: “A algunos les puede parecer que hablar de valores o de humanismo es asunto del pasado, del Renacimiento o del siglo XIX. Se equivocan. También lo es de ahora y del futuro. Frente al éxito quimérico, el egoísmo, la corrupción o la indiferencia, el mejor antídoto son los valores laicos de ayer y siempre”.

Constantemente sometidos a prueba, esos valores tendrían que orientar no solamente la enseñanza, sino cualquier otra vertiente desde la cual se construye el espacio público contemporáneo. Gobierno, parlamento, medios de comunicación, tendrían que ser territorios en y desde donde se pusiera en práctica la exigencia señalada por Narro: “La modernidad debe traducirse en mejores condiciones para los excluidos de siempre. El verdadero saber no es neutro, debe estar impregnado de compromiso social. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece el fracaso del sistema financiero, para proponer nuevos esquemas de desarrollo que permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un futuro más alentador. El gran reto consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean lo importante”.

A una institución con las tareas cotidianas que debe cumplir la UNAM no le hacen falta premios para que se conozca y aprecie lo que hace. Pero el Príncipe de Asturias es un premio que permite acentuar bondades de nuestras universidades públicas en la crucial hora de la definición presupuestal. Ojalá que los diputados, que revisarán y ajustarán partidas financieras, no solamente quieran ensamblar estados contables sino, antes que nada, sepan y quieran diseñar un país que no sea solamente maquilador.

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“La casa de Zacatecas 94 se llena otra vez de rebeldía y de victoria. Poco a poco, mientras llueve, se van reuniendo los herederos de Rafael Galván Maldonado, a compartir una vez más la dignidad y la lucidez que Don Rafael sembró en todos. Aquí nadie está derrotado, como nadie lo estuvo el 22 de marzo de 1975, cuando Galván y su grupo fueron expulsados de la dirección charrificada del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. Ni el 16 de julio de 1976, cuando el ejército impidió la huelga de los electricistas. Ni en noviembre de 1977, cuando el Campamento de la Dignidad Obrera sonrojó demasiado los muros de Los Pinos y las retinas incómodas de Televisa”.

Así describió Hermann Bellinghausen la ceremonia luctuosa que se realizaba la tarde del 4 de julio de 1980, un día después de la muerte del dirigente de la Tendencia Democrática de los electricistas. Escenario de innumerables discusiones y encuentros, cuartel general de los trabajadores del SUTERM y antes del STERM que pugnaron por la democracia sindical con una tenacidad que llevó al gobierno a despedirlos, perseguirlos e intimidarlos con tal de complacer a los líderes charros, esa casa en la Colonia Roma fue sede inolvidable de la insurgencia obrera de los años setenta.

Allí recibía Galván a los delegados del sindicato electricista que llegaban de todo el país para organizar las movilizaciones que congregaron a cientos de miles en 1975 y 1976. Allí se escribió y discutió la Declaración de Guadalajara, el programa con el cual los electricistas dejaron claro que buscaban la democracia en su sindicato porque la querían también para el resto del país. Allí se reunía Galván con los dirigentes de izquierda que no lograron convencerlo para crear un nuevo partido político, a él que padeció como nadie el acoso del ala más intolerante del PRI y que años atrás había sido senador por ese partido.

A esa casa de Zacatecas 94 se trasladaron en 1971 las oficinas de la revista Solidaridad, órgano del grupo electricista y más tarde del movimiento sindical alentado por don Rafael. Allí estaba la imprenta (prensa plana, de tipos móviles que era preciso colocar a mano) en donde se editaban la revista y centenares de folletos y libros. Allí se organizó el Movimiento Sindical Revolucionario que pretendía reproducir en otras ramas de actividad la experiencia democrática de los electricistas. Allí se prepararon las reuniones del Frente Nacional de Acción Popular que llegó a ser una amplia y nutrida pero efímera alianza de agrupaciones sociales a mediados de los setenta. Allí los electricistas organizaron el campamento que instalaron frente a Los Pinos y que fue desalojado en noviembre de 1977. En aquellos días los dirigentes de los electricistas democráticos temieron que era casa en la Colonia Roma fuese asaltada también por la policía o por esquiroles y se prepararon para defenderla a como diera lugar.

Esa era la casa en donde aquella tarde de julio de 1980 sus compañeros rendían homenaje a Galván que había muerto a los 60 años. De acuerdo con la misma crónica de Bellinghausen, que fue publicada el 23 de julio de 1980 en el suplemento “La Cultura en México” de la revista Siempre!:

“Nada se escucha en las austeras salas de reunión donde en otras ocasiones habló la voz de tantas voces, desde la disidencia firme. El clamor hoy, en el patio central, es de quienes escudriñamos en su recuerdo nuestra propia voz:

“– Rafael Galván, ¡presente!. Evidencia y no lamento fúnebre de una historia ascendente y victoriosa. Fue él parte privilegiada de la conciencia obrera mexicana, esa moldeadora tenaz del futuro, mil veces contrariada pero nunca vencida. Ante la urna que contiene sus cenizas, sus amigos desfilan de palabra o de silencio, tristes pero seguros porque Rafael Galván, aún muerto, sigue abriendo el horizonte”.

Esa casa lucía muy diferente el jueves pasado, 4 de junio de 2009. Después de casi 4 años de gestiones administrativas y de una profunda restauración arquitectónica, el inmueble de Zacatecas 94 ahora es la “Casa de la cultura Rafael Galván Maldonado” de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En 2005 los antiguos miembros de la Tendencia Democrática que fueron trabajadores y luchadores sociales con Galván y a quienes pertenecía ese inmueble, decidieron donarlo a la UAM para que allí funcione un centro de estudios del sindicalismo. El salón de sesiones en donde se reunían numerosos sindicatos independientes ahora es galería para exposiciones. El subsuelo en donde estaban instalados los mimeógrafos que imprimieron millares de volantes y documentos, fue convertido en librería para las ediciones universitarias. Las habitaciones que fueron archivo fotográfico y de documentos, son cubículos para investigadores. El galerón que alojó a la imprenta fue dividido en varias salas de juntas. El espacio en donde estuvo la oficina de don Rafael ahora será un recinto para conferencias.

Con la cesión de esas instalaciones, sus compañeros cumplen el cometido que Galván quería darle a la infraestructura de la sección de electricistas en donde se instaló la Tendencia Democrática. El análisis de la sociedad mexicana, el diagnóstico del estancado sindicalismo, la promoción del debate y de la cultura en variadas manifestaciones, interesaron siempre a Galván que no en balde fue escritor y editor de fructíferas reflexiones políticas y que siempre tuvo simpatía por los universitarios.

En la inauguración el Rector de la UAM, José Lema Labadié, estuvo acompañado por tres de los electricistas que acordaron esa donación: Sergio Álvarez, Bernabé González y Humberto Gordillo. Otro de sus compañeros, Sergio Pig, falleció hace algunas semanas. Sencilla, en la ceremonia faltó precisar la historia del grupo sindical que le dio vitalidad histórica a esas instalaciones e incluso se dijo erróneamente que se trataba del Sindicato Mexicano de Electricistas que es una organización distinta al SUTERM cuya Tendencia Democrática fue ejemplarmente dirigida por Galván.

Ojalá que la UAM, en donde hay estudiosos muy notables de los asuntos sindicales, sepa documentar, explicar y propagar los pormenores de esa entrañable casa y del grupo sindical que transitó de allí a la historia de México.

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Ana Luz Ruelas es una de las académicas mexicanas más prestigiadas en el estudio de las telecomunicaciones y la globalización y desde hace 20 años es profesora en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahora, a pesar de los reconocimientos internacionales, del nivel que tiene en el Sistema Nacional de Investigadores y de la estupefacción que su caso está suscitando en universidades dentro y fuera de México, la doctora Ruelas es víctima de una persecución política instigada por el Rector de la UAS.

El 2 de abril pasado Ruelas, que es colaboradora en el diario Noroeste, publicó un artículo en donde considera desacertada la decisión de las autoridades de esa Universidad para hacerse cargo de 20 escuelas preparatorias que actualmente dependen de la contribución de los padres de familia. Los argumentos que ofrece son muy claros: las dificultades financieras, que ya son apremiantes en la UAS, se agravarían con el sostenimiento de esos planteles y especialmente de los profesores que enseñan en ellos. Ese proyecto, dijo Ruelas en su artículo aparecido en Noroeste con el título “Quo Vadis, UAS? implicará para la Universidad “añadir de golpe a su nómina a más de 400 profesores y 100 administrativos, generando una carga financiera que provocará que el próximo Rector no pueda cubrir los salarios de activos y jubilados y se dispare su pasivo histórico”.

Esa decisión del actual Rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, resulta especialmente delicada porque su gestión está a punto de terminar. Esta semana comienza el proceso formal para designar a quien lo sucederá, de tal suerte que la decisión acerca de las preparatorias podría ser una carga impuesta a las nuevas autoridades.

En aquel texto, la doctora Ruelas consideró que la absorción de las preparatorias “es una iniciativa política, sin estudios de factibilidad, que puede dañar tanto como lo hicieron las  campañas rectorales en el pasado”. Se refería a los tiempos de clientelismo y dilapidación que tanto daño hicieron en la Universidad Autónoma de Sinaloa y que por lo visto no han desaparecido del todo. El problema de las preparatorias, explicó Ruelas, no es de la Universidad Autónoma sino de las autoridades educativas tanto de la Federación como del estado de Sinaloa.

El mismo día que aparecieron esas opiniones, el Consejo Universitario tomó un acuerdo que lo faculta para llamar a cuentas a los miembros de la UAS que critiquen públicamente decisiones de la Universidad. Ese organismo colegiado podría sancionar a los profesores o estudiantes que “abusen” de la libertad de expresión y que perjudiquen a la institución con “difamaciones, calumnias y mentiras”.

No hubo recato alguno para subrayar que la ley mordaza en la Universidad Autónoma de Sinaloa estaba dedicada, antes que nada, a intimidar a la doctora Ruelas. El director de Comunicación Social de la Universidad, Enrique Zazueta, así lo puntualizó. El acuerdo del Consejo, indicó la información periodística con sus declaraciones, “busca poner fin a las voces, que valiéndose del ‘libertinaje’ de la expresión, dañan a la UAS.
‘Lo que el consejo dijo fue ya basta, ya pongamos un alto a estar soportando ese tipo de actitudes, que con mentiras y difamaciones calumnian permanentemente a la institución, y que dañen por lo tanto todo lo que concierne a ella… Específicamente está lo que Ana Luz Ruelas dice ayer (jueves) en la columna del periódico Noroeste, cuando afirma que las 20 preparatorias que se fusionaron por acuerdo del consejo, la universidad incrementará su plantilla en 400 plazas académicas y 100 administrativas, y que tal cuestión traerá como consecuencia el riesgo de pago de salarios, principalmente a jubilados, y tal cuestión es mentira, es calumnia, difamación”.

En vez de refutar los fundados temores de la doctora Ruelas con datos financieros y estimaciones presupuestales sólidas, las autoridades de la UAS emprendieron una persecución retrógrada y medieval. Si en algún espacio en este país la reflexión disidente y la crítica ideológica y política han tenido posibilidades para expresarse y mantenerse, ha sido en las universidades públicas.

Esa intolerancia, junto con una muy estrecha visión de los asuntos a su cargo, han sido emblemáticas de la administración de Cuén Ojeda. El año pasado, el profesor de Química Jesús Ramírez Montes fue despedido de la Preparatoria Central por haber firmado un desplegado en donde se cuestionaban manejos financieros de la administración universitaria. Aquella acusación dañaba “sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada del Rector“, indicó el documento de rescisión contractual. El Rector dijo luego que el despido quedaría cancelado. Pero hay otros casos de intolerancia y despotismo en la UAS.

Doctora en Derecho por la UNAM, investigadora visitante en varias universidades estadounidenses y mexicanas, fundadora de la Escuela de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en la UAS, Ana Luz Ruelas es autora de libros destacados como La reconversión regulatoria de las telecomunicaciones (Juan Pablos y UAS, 2005). La persecución que tan solo por manifestar su opinión padece en la Universidad a la que ha dedicado dos décadas de trabajo académico ha suscitado reacciones de solidaridad e indignación como la del doctor James Creechan, profesor de sociología en la Universidad de Toronto.

El doctor Creechan es un viejo amigo de la UAS, en donde ha participado en varios programas académicos. Ahora, en vez de textos sobre violencia social y narcotráfico ha escrito una petición a la Canadian Association of University Teachers. Por otra parte, en un mensaje al rector Cuén Ojeda, el profesor Creechan formula un reproche que tendría que avergonzar a los universitarios de Sinaloa:

“Antes de 1968, yo visitaba México muchos veces y tenia deseos de trabajar con Mexicanos para mejorar el mundo. Después de la represión y matanza en contra de los quienes pidieron el derecho de manifestar sus opiniones, yo nunca regresé a México antes de 1996. Después de TLCAN, me pensaba que México ha cambiado y estaban regresando al mundo moderno donde los derechos humanos fueron protegido. Lamentablemente, con los evento en el Consejo Universitario pienso que nada ha cambiado en México. ¿Cómo podría ser diferente de aquel tiempo negro de 68 si alguien no podría decir algo en contra de los que tengan poder? ¿Como podria ser diferente si los maestros y profesores de la juventud no entienden la importancia de expresión libre?”.

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Hombre culto, conocedor del trabajo académico, con experiencia política y cercanía al grupo en el poder, Alonso Lujambio despacha ahora en la mítica oficina que antes fue ocupada por José Vasconcelos pero también por Fausto Alzati. Su reciente compromiso con la transparencia define una de sus obligaciones iniciales al frente de la Secretaría de Educación Pública. La confianza que le tiene Felipe Calderón permite suponer que tendrá el respaldo suficiente para enfrentar los abundantes cuan añejos rezagos que enfrenta la SEP. Pero el temor del mismo Calderón al poder caciquil que sigue enquistado al frente del sindicato de maestros es fuente, al mismo tiempo, de augurios adversos para la gestión de Lujambio.

Ya se verá. Hace tres años la revista Educación 2001 nos preguntó a varios autores cuáles son los cinco grandes factores que debieran cambiar en la educación nacional. El texto que sigue parte de las respuestas que entregué en aquella ocasión, actualizándolas y ampliándolas. All se encuentra una agenda nada original pero necesaria, precisamente por elemental.

1. Las prioridades de la educación. Por mucho que se dice lo contrario, seguimos teniendo una educación que, al menos en sus etapas básicas, sigue siendo fundamentalmente memorista, reiterativa, monótona y plana. A los niños en Primaria se les sigue requiriendo el aprendizaje de largas listas de nombres, sitios, fechas y fórmulas sin que se les inculque, antes que nada, el entendimiento acerca de la utilidad de esos datos. Se trata de una educación, en palabras de Olac Fuentes Molinar, “que impide a los niños contextualizar el conocimiento que adquieren, por lo que podríamos calificar que en las escuelas con mejor desempeño tenemos estudiantes ‘macheteros’ con muy buena memoria”.

Al conocimiento se le confunde con la acumulación de datos, al discernimiento, con la memoria. El síndrome de los macheteros resulta patéticamente infecundo, pero además pedagógidamente gravoso, en los actuales tiempos de sociedad de la información. Hoy en día los niños y jóvenes se encuentran expuestos a torrentes de datos. Ya no hace falta saber de memoria los nombres de los Niños Héroes, la tabla completa de los elementos químicos o las capitales de los países africanos. Lo que resulta necesario es entender quiénes se dice que fueron los Niños Héroes y en qué contexto histórico se les ubica, para qué sirven los nombres de los elementos químicos y en dónde se encuentran y qué desarrollo social y político han tenido las naciones de África.

A los estudiantes de hoy les resulta indispensable saber discriminar cuál información resulta confiable y, cuál no, de entre los raudales de datos que pueden encontrar en Internet o que les ofrecen los medios de comunicación convencionales. Nuestra enseñanza, en todos los niveles, debería estar primordialmente orientada para pensar y para investigar. Hoy en día nadie aprende, salvo para salir del paso en el examen del día siguiente, una extensa relación de nombres si no comprende cuáles son su significado y utilidad. Y allí se encuentra una de las rémoras de nuestro sistema educativo. Contenidos y mecanismos de enseñanza suelen ser espeluznantemente aburridos. Niños y jóvenes bostezan aun antes de entrar al salón de clases porque saben que se encontrarán con una retahíla de discursos y exigencias a los que no les encuentran sentido. Por supuesto hay excepciones, cuando tienen la fortuna de encontrarse con profesores entusiastas e imaginativos. Pero esos son dos atributos por desgracia escasos en el magisterio de nuestro país –y, en general, en la vida pública mexicana–.

2. La evaluación. Evaluar escuelas, planes de estudio, maestros y al sistema escolar mismo se ha convertido en una moda pero casi nunca los evaluados y los evaluadores se preguntan para qué tendrían que servir esos ejercicios de revisión, cotejo y apreciación. La evaluación, cuando la hay, tiende a ser una rutina y no el momento sobresaliente que podría constituir en la relación entre la escuela y la sociedad.

En la enseñanza básica, la evaluación suele servir fundamentalmente para resolver expedientes de promoción laboral o para nutrir informes burocráticos a los que, por añadidura, la sociedad no suele tener acceso. En las universidades la evaluación por lo general es un mecanismo de autocomplacencia, simulaciones y eventualmente incluso de represalias pero pocas veces constituye una oportunidad para identificar y enmendar insuficiencias de carácter académico.

Para una gran cantidad de funcionarios y profesores universitarios la evaluación, cuando la hay, se ha convertido en monserga admisible sólo porque de ella dependen reconocimientos y financiamientos. A la evaluación no se la reconoce como ejercicio indispensable que tendría que formar parte de la autocrítica que debiera acompañar al desempeño de las tareas universitarias. Hace dos décadas, cuando la UNAM realizó su Congreso Universitario, una de las propuestas que más antipatías suscitó fue, precisamente, la que sugería que hubiera mecanismos de evaluación regulares para estimar el desempeño del personal académico. Y la misma UNAM ha sido una de las pocas universidades relevantes en el país que ha expresado reticencias a la evaluación por parte de instituciones como el CENEVAL.

3. El empleo de nuevas tecnologías. A las computadoras, la Internet y otros recursos que amalgaman la digitalización de los contenidos con su teletransmisión se les ha mitificado de dos maneras en nuestro sistema educativo.

Por una parte hay quienes por ignorancia o temor, o por una suerte de fundamentalismo didáctico, descalifican a esos que no son mas que instrumentos que de la misma manera que facilitan la socialización y la propagación de informaciones, también pueden facilitar la enseñanza. Con frecuencia, profesores de todos los niveles y especialmente con varias décadas de experiencia docente desprecian la utilización de tales recursos a veces simplemente porque nadie les ha enseñado a aprovecharlos y, en otras, porque se sienten tan distantes de ellos que prácticamente llegan a considerar que compiten con su propio trabajo. La ausencia de proyectos de capacitación razonables, razonados y accesibles para los profesores, desde la primaria hasta la Universidad, mantiene a muchos de ellos en la creencia de que esas tecnologías sirven sólo para encauzar el ocio e incluso para propiciar la haraganería de los estudiantes jóvenes y no como herramientas de aprendizaje.

La otra forma de fundamentalismo en este campo es la de quienes, en el extremo opuesto, ensalzan de tal manera a la Internet y a la computadora que llegan a considerar que en ellas y con ellas se resuelven los déficit de nuestro entramado educativo. La expresión más patética, costosa y bochornosa de ese fanatismo tecnofílico ha sido la manera como el presidente Fox y su gobierno promovieron, con propósitos propagandísticos más que didácticos, el proyecto Enciclomedia. Apoyado en una plataforma tecnológica innecesariamente costosa, subordinado al menos en sus inicios a los contenidos que había diseñado la empresa Microsoft, emprendido sin un plan de capacitación para los profesores que hipotéticamente habrían de aprovecharla y cerrada a la diversidad de contenidos que hay en la Internet la Enciclomedia, a pesar de los esfuerzos de sus propagandistas, se está convirtiendo en prematuro y dispendioso elefante blanco de este sexenio.

Las computadoras y la Internet son instrumentos formidables cuando están en manos de profesores y estudiantes con aptitud y calificación para aprovecharlas. En México no hemos contado con un plan nacional para que la sociedad –y en primer lugar los jóvenes, los niños y sus maestros– se beneficien de esa plétora de información y conocimiento. En el terreno de la enseñanza no hemos comenzado a construir una auténtica sociedad de la información. Lo que tenemos, en vez de ella, es una patética sociedad de la simulación. (Concluirá el miércoles).

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Este texto fue publicado en marzo de 2008. Cobra alguna actualidad debido al regreso a México de la srita. Morett y a la versión distorsionada que algún articulista hizo de estas opiniones sobre la frágil distancia que suele haber del voluntarismo al aventurerismo.

Nexos, noviembre de 2008

Para la generación del 68, las movilizaciones que acaban de cumplir cuarenta años y la brutal represión que las liquidó fueron experiencias categóricas e indelebles. La convicción de que contribuyeron a un cambio nunca del todo consumado, el recuerdo de jornadas gozosas en el ejercicio de una libertad hasta entonces inédita y la indignación ante la violencia salvaje y abusiva que el gobierno desplegó en su contra, forman parte inevitable de sus biografías y de la manera como se han relacionado, o han dejado de hacerlo, con la vida pública mexicana. Para Gilberto Guevara Niebla, uno de los integrantes más conspicuos pero también más lúcidos de esa generación, el 68 fue desazón insatisfecha durante varias décadas. A la obsesión para encontrar explicaciones puntuales a cada paso, cada inflexión y cada error del movimiento estudiantil, Guevara añadió el empeño por entender al país a partir del significado de aquellas jornadas tan emblemáticas. “Durante muchos años –relataría un cuarto de siglo después del movimiento estudiantil– vi al mundo como a través de un cristal opaco, un velo en los ojos, provisto por mi experiencia del 68”.

Solo cuando quiso y pudo trascender esas anteojeras, Guevara tomó la distancia suficiente para mirar al país y sobre todo para diseccionar las jornadas del 68 más allá de la épica y la añoranza que, si bien ineludibles y entendibles, no proporcionan el contexto más adecuado para la reflexión crítica. Gracias a ello hace cuatro años publicó La libertad nunca se olvida. Memoria del 68 (Cal y Arena, 2004) un macizo e inteligente análisis del movimiento estudiantil y de los actores políticos a los que involucró. La misma distancia analítica, le ha permitido preparar los textos que se recopilan en un nuevo libro cuya inquietud esencial anticipa de la siguiente manera: “Quiero escribir al margen de los mitos de la izquierda que exageran el significado de 1968; mitos de la derecha que descalifican la protesta política de aquel año” (1968. Largo camino a la democracia. Cal y Arena, 2008, 246 pp.)

Romper con la complacencia, tan frecuente en las apreciaciones únicamente nostálgicas o indignadas, establece una diferencia en la actitud de Guevara respecto de muchos otros autores que se ocupan del 68. A esa perspectiva, añade la preocupación por entender no solo qué ocurrió, sino de qué sirvió la movilización estudiantil de hace 40 años.

“Fue –explica Guevara casi al inicio de este libro– una revuelta civil contra los excesos extralegales del poder público”. De pronto aquellos estudiantes, y con ellos un significativo aunque no mayoritario segmento de la sociedad mexicana, se hicieron ciudadanos. “La novedad del 68 –dice Guevara más adelante– fue una lección cívica. Su principal reclamo: la vigencia del Estado de Derecho… El movimiento del 68 inaugura la aparición del ciudadano en la historia moderna de México”.

Gracias a esa ciudadanía, inculcada en la práctica de la libertad así como en el enfrentamiento con un poder político ofuscado en la intolerancia pudimos avanzar en la construcción, insuficiente pero existente, del país que tenemos hoy. No es relevante discutir si el 68 fue o no el parteaguas de la democracia mexicana: ese es un lugar común en el que Guevara no incurre pero que con frecuencia ha relevado a otros analistas y comentaristas de un examen más serio de nuestro desarrollo político. Pero sin duda la política plural que existe ahora, la reorganización de la sociedad, la creación y el acotamiento de instituciones y la vocación de exigencia que se ha extendido entre los mexicanos, tiene algo o mucho que ver con las lecciones del 68.

Guevara se cuida de sacralizar a la ciudadanía que se forjó en aquellas jornadas. En uno de los primeros textos de 1968. Largo camino a la democracia advierte que, más allá de las vanguardias que se encargaban de la dirección del movimiento, entre “la inmensa mayoría” de los estudiantes el “nivel político era muy bajo”. Sin embargo, subraya, “lo que vinculó realmente a miles y miles de personas no fue el relajo sino la política”.

La lección cívica del 68 exhibió la tensión entre democracia y autoritarismo pero no fue necesariamente comprendida por todos los participantes y usufructuarios de aquel movimiento. La apreciación que predominaba acerca de los asuntos públicos era más emocional que racional. La insistencia en el diálogo público con el gobierno, por ejemplo, era consecuencia de la desconfianza intensa que el poder político suscitaba entre los líderes estudiantiles pero expresaba también una apreciación ingenua. El diálogo público que ha sido exigido en otros conflictos universitarios o sociales es, dice Guevara, “un mito venerado por la izquierda que debe revisarse”. En realidad ni siquiera las izquierdas, cuando tienen posiciones de gobierno o aspiran a ocuparlas, se interesan en reivindicar el diálogo público.

Legalidad y radicalismo

Si algo alteró de manera drástica el 68, fue la apreciación que un sector importante de la sociedad tenía acerca del poder político. “La balacera de Tlatelolco –dice Guevara en otro momento de su libro– dio paso a un cambio en las mentalidades que debemos rastrear. Los jóvenes quedaron paralizados por el asombro y la indignación”. Se rompió la confianza en el orden jurídico: “hasta el 2 de octubre, el marco de referencia ético de los estudiantes fue la existencia de una legalidad”.

Las secuelas de esa ruptura se tradujeron en una extendida desilusión pero también en costosos tropiezos políticos. A la demanda por la legalidad, el gobierno había opuesto la sinrazón de las bayonetas. Por eso no hubiera resultado inaudito que en los años posteriores al movimiento sus participantes, o quienes se identificaron con ellos, prefirieran el enfrentamiento drástico y estancarse en la descalificación del poder político, a involucrarse en la parsimoniosa y pocas veces espectacular construcción de organizaciones, reglas e instituciones que le dan cauce y sentido a la democracia. Pero las secuelas del 68 se expandieron por senderos muy variados.

A Guevara le preocupa la influencia del 68 en el radicalismo a menudo infantilista, pero en ocasiones gravoso e incluso asesino, que padecieron las izquierdas desde aquella época: “Para 1971, el activismo derivado del 68 estaba en manos de grupos revolucionarios que desplegaron un discurso francamente antidemocrático”. Más adelante recalca que, al lado de expresiones como el feminismo y el ecologismo, “el efecto más conspicuo fue la guerrilla urbano-popular de los años setenta”.

Aquellas fueron actitudes notorias, en efecto, pero considerar que el principal resultado político del 68 fue el desarrollo de grupos armados implica soslayar muchas otras y sobre todo más extendidas experiencias de manifestación y organización políticas. Al comienzo de los años setenta el desaliento y las apreciaciones maniqueas acerca de la vida política imperaban en la UNAM y otras universidades públicas, pero allí las adhesiones a la lucha armada siempre fueron marginales. Al contrario, expresiones de descomposición y provocación como el grupo “Los enfermos”, que llegó a cometer crímenes políticos en la Universidad de Sinaloa, fueron categóricamente rechazadas por los grupos políticamente activos de estudiantes y profesores en la UNAM.

Guevara deplora la “renuncia a luchar por causas reformistas” y considera que, hacia 1972, “quienes insistían en la lucha legal o pacífica eran estigmatizados como pequeñoburgueses y contrarrevolucionarios”. Sin embargo en aquellos años menudeaban las expresiones de respaldo a sindicatos y corrientes gremiales de vocación independiente que no pretendían mas que su reconocimiento legal. La identificación con movimientos sindicales como el de los electricistas y la construcción de sindicatos universitarios fue expresión, precisamente, de una no siempre explícita pero constante vocación por las reformas. Otra vertiente, que encontraba resquicios para la organización política a pesar de la rigidez del marco legal de aquellos años, era la creación de nuevos partidos como el Mexicano de los Trabajadores y, pocos años después, el proceso de unificaciones de las izquierdas partidarias.

Sin duda, en aquellos años posteriores al 68 germinó y se desplegó la intolerancia de buena parte de las izquierdas actuales. Pero esa actitud no se debe a una herencia pervertida de la tradición del 68 sino a otros factores: la pobreza cultural de las izquierdas, su escasa e insuficiente implantación en el entorno universitario y más aun fuera de él, la preponderancia pese a todo de la cultura política priista y, especialmente, un proceso de pragmatismo y lumpenización que incluyó el desarrollo de liderazgos sustentados en el clientelismo y que tomaban banderas de la izquierda con tanto pragmatismo como podrían haber esgrimido cualesquiera otras. Todo ello, junto con el desplazamiento de los liderazgos históricos socialistas y comunistas por parte del priismo, terminó por avasallar y/o dominar a buena parte de esas tendencias y organizaciones de izquierdas.

Por eso, entre otros factores, ha sido insuficiente la concepción y elaboración de la política que, como Guevara explica, “dejó de ser un tejido de relaciones internas de la burocracia, dominado por intereses particulares, para convertirse en espacio de relaciones entre el Estado y la sociedad centrado en el interés nacional. Aún estamos en esa transición”. A veces parece que más bien nos encontramos en una involución de la política que, lejos de constituir ese instrumento a la vez que espacio para el interés público, ha seguido siendo monopolizada por ambiciones particulares. La única diferencia es que tales apetitos ya no se concentran en el partido que dominó la vida pública mexicana durante siete décadas sino en diversas cuan, por lo general, convenencieras y abusivas opciones partidarias. Las izquierdas han tenido notoria responsabilidad en la incesante descomposición de la política. Pero ese proceso, aunque en él hayan participado algunos de sus antiguos militantes, no es culpa del movimiento del 68.

Ejercicio autobiográfico

1968. Largo camino a la democracia, se ocupa con detalle y agudeza de otras expresiones y consecuencias de aquel movimiento: las corrientes políticas que lo animaron y en ocasiones dificultaron, los libros acerca del 68, los escribanos con cuyo trabajo mercenario quiso justificarse Díaz Ordaz, el mundo académico y sus inercias, el contexto político previo a ese año, la historia de las organizaciones estudiantiles en la UNAM y el IPN, los esfuerzos para que se hiciera justicia y la represión y el significado del 68 no fueran avasallados por la desmemoria, el papel encubridor que tuvieron casi todos los medios de comunicación y unos conmovedores, a ratos dramáticamente sinceros “trazos para un autorretrato” del autor del libro.

En ese ejercicio autobiográfico, así como en una entrevista que le hicieron Luis Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay y que se incluyen al final del volumen, aparece el Guevara más personal, autocrítico siempre, genuino aunque deba ser despiadado en sus remembranzas. “La escuela y el estudio se habían convertido en mi fuga hacia la libertad”, relata. Allí recuerda la infancia áspera; el empeño por el aprendizaje; la ruptura con el terruño sonorense; el estupor primero y de inmediato el gozo social, cultural, vital, ante la ciudad de México y el campus universitario a donde llegó a estudiar biología en 1963; la incursión en la política estudiantil; el trauma de la cárcel; la reincorporación al espacio universitario; las estancias en Europa y en todo momento la obsesión por encontrar explicaciones al movimiento estudiantil del cual, junto con Raúl Álvarez Garín, había sido dirigente fundamental en 1968.

Esos años de búsqueda intelectual y política, Guevara los relata con una sinceridad en ocasiones devastadora. En buena medida, las respuestas que fue hilvanando en la difícil reflexión de esos años aparecen inicialmente en La libertad nunca se olvida y, ahora, en el nuevo libro. Si con el primero de ellos cumplió consigo mismo al poner por escrito el examen crítico de aquel movimiento estudiantil y social posteriormente, con 1968. Largo camino a la democracia, Guevara cumple el propósito de explicarse, y explicarnos, de qué sirvió, más allá de mitos y exageraciones, aquella experiencia ciudadana y generacional. Así como, de niño, la escuela y el estudio eran accesos a la emancipación personal, ahora la reflexión, más allá de lugares comunes y dogmatismos, es la ventana de Gilberto Guevara Niebla a la libertad intelectual y al compromiso social y político con las ideas.

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 1 de noviembre de 2007

¿Qué Universidad Nacional necesita el país? ¿Cuál es el Rector idóneo para consolidar a esa Universidad? Tales son las preguntas pertinentes ahora que se discute la designación del próximo Rector de la UNAM. Más allá de adhesiones y compromisos, las grandes cuestiones en este proceso giran alrededor de la calidad en las tareas universitarias y en la capacidad para conducir a esa institución.
La UNAM que quisiéramos los mexicanos, y estoy seguro de que la primera persona del plural en este caso no es abusiva, debería ser una institución cuyos egresados fueran suficientemente aptos para contribuir, ahora y en el futuro, al desarrollo del país. Los profesionistas universitarios tendrían que estar capacitados para aprender constantemente, de acuerdo con las exigencias de un mundo en donde el conocimiento se reelabora de manera incesante. Las viejas carreras, que dotaban al estudiante de un repertorio fijo de habilidades, ya no bastan. Los profesionistas de este siglo tienen que saber ilustrarse, compartir y competir en diversos campos. Su formación ha de ser interdisciplinaria y versátil.
La preparación que hoy les ofrece la Universidad Nacional a sus estudiantes no siempre cumple con tales requerimientos. Solamente el 48.5% de los recién egresados de esta institución contaba con empleo permanente, de acuerdo con una indagación de la Dirección General de Planeación de la UNAM realizada entre 2004 y 2005. El 21% estaba dedicado a preparar su tesis o a seguir otros estudios pero más del 22% únicamente contaba con empleo temporal, laboraba con su familia o no hallaba trabajo.
De los que sí tenían empleo, el 59% de los egresados de la UNAM ganaba menos de 4 salarios mínimos al mes. De esos egresados con ocupación remunerada, el 36% había conseguido empleo en actividades insuficientemente o nada relacionadas con los estudios de licenciatura que habían cursado.
Ser egresado de la UNAM es fuente de orgullo por muchos motivos. El prestigio social de esa institución, reanimado durante la gestión que está concluyendo, indudablemente pesa en la satisfacción de quienes pasan por sus aulas. Pero ese gusto no resuelve todas las exigencias al momento de disputar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Por ello, y para cumplir a plenitud la responsabilidad que el país le asigna en la formación de sus profesionistas, la UNAM tiene que renovarse.
Me he detenido en las dificultades laborales que enfrentan los egresados porque allí se encuentra una de las debilidades de esta Universidad. La UNAM que México requiere necesitaría potenciar lo mejor de sí misma en beneficio de la formación de sus estudiantes y en el desarrollo de una investigación del más alto nivel académico. Para cumplir con esas tareas hace falta romper inercias y suscitar nuevas interacciones dentro de dicha institución. La UNAM padece un esclerotizado aparato administrativo que es imperioso renovar y flexibilizar. Todo ello precisa de una conducción con proyecto, experiencia y liderazgo.
Entre los profesores que aspiran a ser considerados por la Junta de Gobierno para la designación de Rector hay quienes tienen conocimiento de las encrucijadas administrativas de la Universidad; otros cuentan con destreza y relaciones políticas; algunos más se distinguen por haber labrado meritorias carreras académicas. El doctor  José Antonio de la Peña posee una comprobada pericia en la gestión universitaria, la deliberación y la negociación para resolver asuntos institucionales no le son ajenas y es uno de los investigadores más prestigiados con los que cuenta la Universidad.
De la Peña hizo el bachillerato en la Preparatoria 6 de la UNAM. Cursó licenciatura, maestría y doctorado en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma Universidad. Luego realizó una estancia postdoctoral en Zurich. Sus prendas más notorias, pero no las únicas, se encuentran en el campo de la investigación porque es allí donde ha obtenido reconocimientos muy destacados. Es investigador titular en el Instituto de Matemáticas, autor de más de un centenar de artículos académicos, ha dictado un número similar de conferencias en una veintena de países y es el matemático mexicano cuyos trabajos han recibido más citas en publicaciones internacionales. Especialista en álgebra, en 1994 recibió el Premio en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2005 el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Exactas y Naturales.
De la Peña es profesor, desde 1981, en la Facultad de Ciencias. Sin embargo sus contribuciones en el campo de la docencia han llegado a otros niveles educativos. Es autor de cuatro libros de texto para secundaria. Uno de ellos, Geometría y el mundo, fue seleccionado para las Bibliotecas de Aula en las secundarias públicas y tuvo un envidiable tiraje de 100 mil ejemplares. Ha coordinado proyectos de enseñanza de las matemáticas como el que se encuentra en www.interactiva.mate.unam.mx y ha ofrecido cursos a profesores de esa asignatura. Su inquietud por la divulgación de dicha disciplina lo llevó a ser corresponsable en el diseño de la Sala de Matemáticas del Museo Universum en Ciudad Universitaria.
De la Peña fue durante dos periodos, hasta 2006, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Su aptitud para la gestión académica y en la interlocución con los poderes públicos se manifestó cuando, entre 2002 y 2004, fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, en esos mismos años, Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En 2007 ocupó, durante varios meses, la dirección adjunta de Desarrollo Científico y Académico del CONACYT.
Esa experiencia podría permitirle a De la Peña mantener o tender los puentes necesarios para que la UNAM profundice una interacción creativa con el resto de la sociedad y, desde luego, con las instituciones del Estado mexicano. De la Peña es un académico muy destacado. Pero la promoción de proyectos, la construcción de interlocuciones, la negociación –la política, en fin, a la cual no hay que confundir con la politiquería– son tareas que sabe desempeñar con inteligencia y eficiencia.
Junto a esos atributos, De la Peña cuenta con un proyecto de reivindicación académica, sustentado en propuestas realistas, para que toda la Universidad se beneficie de lo mejor que hay en esa institución y enmendar deficiencias en donde existan. Dice que la vida universitaria no debiera concluir cuando el alumno deja las aulas y que, para sus egresados, la UNAM tendría que ser una referencia permanente en donde sigan actualizando sus conocimientos. Al bachillerato hay que entenderlo como una oportunidad y no como un lastre para la Universidad. Los planes y la estructura de la licenciatura es preciso revisarlos a partir de los cambios que han experimentado el país y el mundo. Las dependencias de la UNAM (facultades, institutos, planteles del bachillerato, etcétera) podrían tener distintas formas de interrelación para comenzar a dejar de ser las islas, distanciadas unas de otras, que constituyen hoy en día. En la planta académica es de extrema urgencia incorporar a jóvenes y, a los profesores de edad avanzada, ofrecerles opciones dignas cuando quieran retirarse. El liderazgo científico de la Universidad tiene que procurar el desarrollo sustentable del país, con un nuevo impulso a la creación de tecnología. La extensión cultural debiera mirar más hacia los estudiantes de todos los niveles de la Universidad. En la formación escolar, desde el bachillerato, hay que promover cursos propedéuticos de comprensión de lectura, matemáticas elementales y apreciación de la cultura. Para la evaluación del trabajo académico es pertinente justipreciar el trabajo de calidad de acuerdo con la especificidad de las tareas docentes o de investigación. Al entramado administrativo de la Universidad se requiere descargarlo de fardos innecesarios. La UNAM debiera utilizar su presencia nacional para estimular la calidad académica en otras instituciones públicas de educación superior en el país y a fin de que todas ellas tengan presupuestos estables. A través de sus posgrados, la Universidad Nacional tendría que ser un nuevo polo de influencia cultural y académica en América Latina.
Esas son unas cuantas de las propuestas que José Antonio de la Peña tiene para la UNAM. Las anoté a vuelapluma el viernes pasado cuando, igual que el resto de los aspirantes a Rector, acudió a conversar con los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. En exposiciones como esa, quienes no lo habían escuchado han quedado positivamente sorprendidos por el diagnóstico sin complacencias, pero sin estridencias y articulado con propuestas en cada tema, que De la Peña hace de la situación de la Universidad y por la comprensión que tiene de los asuntos de la institución. Es un académico honesto, trabajador y joven –recién cumplió 49 años–. Estoy persuadido de que sería buen Rector en mi Universidad.
Sin embargo no todas son virtudes en el perfil de ese aspirante a la Rectoría. A contracorriente de la extendida y juiciosa adhesión que suscitan los pumas, De la Peña es partidario de las chivas del Guadalajara. Él se justifica diciendo que se aficionó al futbol desde niño, antes de conocer a la Universidad. En fin, nadie es perfecto.

Texto publicado en La Crónica el jueves 25 de octubre de 2007 .
La decisión que tomará en menos de tres semanas será una de las más delicadas que la Junta de Gobierno de la UNAM haya asumido en sus más de seis décadas de existencia. Creada por la Ley Orgánica que en enero de 1945 estableció la actual organización de la Universidad Nacional, la Junta de Gobierno ha designado, desde entonces, a 13 rectores.
Los nombramientos de Rector son diferentes en cada ocasión. A veces se realizan en medio de conflictos como los que llevaron a renunciar a Ignacio Chávez en 1966, Pablo González Casanova en 1972 o Francisco Barnés en 1999. Sin embargo la mayoría de los relevos en el gobierno de la UNAM han sido transiciones sin apuros. Nabor Carrillo a fines de los años 50 y Javier Barros Sierra en los 60, así como Octavio Rivero y Jorge Carpizo en los 80, terminaron sus periodos de 4 años. Guillermo Soberón en los 70 y José Sarukhán en la última década del siglo fueron reelectos y estuvieron 8 años cada uno a cargo de la Rectoría.
También fue reelecto, como es sabido, Juan Ramón de la Fuente cuyos dos cuatrienios dejan una Universidad estable y en donde los haberes no logran ocultar los deberes. El proceso para relevarlo es un tanto novedoso gracias a la visibilidad pública que la UNAM ha reafirmado pero, sobre todo, debido a las nuevas circunstancias políticas del país.
Esta será la segunda designación de Rector que ocurre durante la gestión de un presidente de la República no priista. Hace cuatro años la reelección del doctor De la Fuente fue prácticamente cuestión de trámite. Ahora, en cambio, a la presencia de un gobierno federal que ha dicho que no quiere pero que, antes que nada, no puede influir directamente en las decisiones de la Junta de Gobierno, se añade la postulación de varios aspirantes de trayectoria sólida y aptitudes competitivas que quieren llegar a la Rectoría.
La declaración del presidente Felipe Calderón que antier, aludiendo a la próxima designación, se comprometió a respetar la autonomía de la UNAM, es pertinente aunque las circunstancias nacionales han afianzado la capacidad de esa institución para resolver internamente el nombramiento de sus autoridades. La Junta de Gobierno tiene hoy un margen de decisión absoluto y esa es una de las circunstancias que propician el interés alrededor del actual proceso.
La capacidad de esos 15 académicos para tomar una determinación que afectará a centenares de miles de universitarios es quizá la principal y más cuestionada paradoja de la estructura de gobierno en la Universidad Nacional. Las dilatadas dimensiones de la UNAM, que tiene 33 mil 300 profesores e investigadores, más de 286 mil estudiantes y 23 mil trabajadores administrativos, podrían conducir a pensar que una resolución tan importante no puede estar en manos de 15 personas. Pero hay que recordar que la democracia, tal y como la conocemos para representar a los ciudadanos, no es el método adecuado para adoptar decisiones que alcanzan consecuencias académicas.
La Junta de Gobierno cuenta con absoluta libertad y discrecionalidad para designar al Rector, lo mismo que a los directores de facultades e institutos. Sus quince integrantes son designados de manera escalonada, y a propuesta del Rector, por el Consejo Universitario. Ese mecanismo fue establecido por el Congreso de la Unión a iniciativa de la misma UNAM y después de una difícil temporada de inestabilidad a mediados de los años 40.
Para nombrar al Rector La Junta, de acuerdo con la Ley Orgánica, “explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”. Luego, la designación tiene que ser aprobada por al menos 10 de sus 15 integrantes.
Esas son las únicas reglas que la Ley Orgánica le impone a la Junta de Gobierno para nombrar al Rector. En muchas ocasiones dentro de la Universidad se han propuesto otras normas, para acotar la discrecionalidad de la Junta o modificar la designación de sus integrantes. En el actual proceso, en todo caso, el mecanismo para nombrar al Rector tiene tal reconocimiento dentro de la Universidad que prácticamente nadie lo cuestiona.
Esta vez la Junta de Gobierno ha recibido a centenares de grupos de universitarios, tanto en el campus principal como en algunas de las unidades periféricas de la Universidad. Dentro de varios días dará a conocer los nombres de quienes considera que “cumplen óptimamente” con los requisitos que determina la legislación universitaria y, de entre ellos, a mediados de noviembre designará al nuevo Rector. Hace 8 años, De la Fuente fue designado el 17 de noviembre.
Las solicitudes de entrevista han sido tantas que los miembros de la Junta, organizados en cinco grupos, apenas se dan abasto para recibir durante unos minutos a los universitarios que acuden a tales audiencias. Es difícil que en esos breves encuentros se puedan expresar argumentos ampliamente razonados. De cualquier manera, esos centenares de solicitudes indican que entre los universitarios hay interés por el actual proceso. Muchos grupos llegan con pliegos de respaldo a uno u otro de los profesores que quieren ser Rector. La cantidad de adhesiones seguramente pesará en el ánimo de la Junta de Gobierno. Pero en su decisión tendría que ser determinante la calidad: no solo de los apoyos sino, especialmente, de la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a la Rectoría.
Seguramente nunca, como en este proceso, los perfiles de quienes buscan ser rectores habían sido ampliamente conocidos dentro y fuera de la Universidad. Los medios de comunicación pueden ser útiles para divulgar biografías y argumentaciones. Pero, al final, no será la exposición pública el criterio que prevalezca en la determinación de la Junta. Por eso resulta un tanto absurdo, y sobre todo descomunal, el empeño de quienes desde la administración central de la UNAM promueven a uno de los aspirantes a la Rectoría.
En apoyo al candidato de esas autoridades, se ha desplegado un manejo de prensa que muchos suponían ajeno a la Universidad o imposible en estos tiempos. Se han ejercido, además, recursos de presión para reunir firmas de profesores y directores, o para convocar a estudiantes y trabajadores, que resultan inadmisibles en cualquier sitio pero especialmente en la UNAM.
El anverso de esas prácticas es la decisión franca de ocho profesores para manifestar su anhelo de regir en la Universidad. Entre ellos se encuentra una mujer, la bióloga Rosaura Ruiz, que forma parte del equipo del actual rector como secretaria de Desarrollo Institucional. También testimonial es la candidatura del politólogo Luis Javier Garrido Platas, que utilizará su postulación para cuestionar el mecanismo de designación.
Los dos aspirantes con más posibilidades de llegar a la Rectoría son los doctores José Narro Robles y José Antonio de la Peña.
Médico el primero, su cercanía con el actual rector es tan estrecha que constituye lo mismo su principal ventaja que su mayor debilidad. Director de la Facultad de Medicina, José Narro ha desempeñado un papel importante en algunos de los momentos difíciles de la Universidad durante las últimas décadas, es conocido por sus capacidades negociadoras y se le puede identificar fundamentalmente como político. Fuera de la UNAM ha sido, entre otras cosas, director de la Fundación Cambio XXI del PRI y secretario general del IMSS. Lamentablemente para su postulación algunos de sus adherentes más entusiastas, sobre todo en la administración de la Universidad, se han excedido en el intento para recabar respaldos al doctor Narro.
José Antonio de la Peña Mena cuenta con una sólida, extensa y ampliamente reconocida carrera académica. Ha sido director del Instituto de Matemáticas, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, recientemente, director de Desarrollo Científico en el CONACYT. Tiene una apuesta, razonable y factible, por la calidad en la enseñanza y la investigación.
Si las candidaturas más fuertes que son las de Narro y de la Peña llegasen a una situación de equilibrio en la Junta de Gobierno, posiblemente habría margen para alguno de los cuatro aspirantes restantes. El ingeniero Gerardo Ferrando Bravo fue secretario administrativo de la UNAM en la gestión del rector Soberón y, recientemente, director de la Facultad de Ingeniería. Anteriormente delegado en Venustiano Carranza y director del Metro, Ferrando no ha logrado unificar en respaldo suyo al gremio de los ingenieros. El politólogo Fernando Pérez Correa es uno de los profesores más prestigiados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la que es director desde hace 7 años y medio y cuya estabilidad consiguió después de un difícil inicio de gestión. Diego Valadés, que hasta hace un año fue exitoso y activo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes ocupó una larga lista de notorios cargos dentro y fuera de la Universidad. Fernando Serrano Migallón, también abogado pero además economista y filósofo, ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Derecho y es conocido por una generosa bonhomía.
En estos días, los aspirantes están siendo invitados a facultades e institutos a fin de que digan por qué quieren llegar a la Rectoría. Esa es otra novedad del proceso actual: aunque no tienen consecuencias directas sobre la decisión que tomará la Junta, en tales reuniones se exterioriza la necesidad de que haya cauces institucionales y más espaciosos para que los universitarios se expresen acerca de la autoridad que regirá en su institución.
En esos encuentros, de la misma manera que seguramente ocurrirá cuando la Junta de Gobierno los convoque formalmente, se  manifiesta cuáles aspirantes cuentan con un proyecto integral y académico y quiénes solamente tienen ganas de llegar a la Rectoría. En mi opinión el candidato con una propuesta más completa y atributos personales más idóneos para encabezar a la UNAM es el doctor José Antonio de la Peña. La semana próxima explicaré por qué.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 18 de octubre de 2007

El doctor Juan Ramón de la Fuente fue designado en noviembre de 1999 para encabezar a una Universidad que se encontraba secuestrada. La UNAM no padecía una crisis académica, organizativa ni existencial. Los universitarios querían enseñar, estudiar y trabajar pero el grupo que había tenido cerradas sus principales instalaciones desde abril de aquel año no solamente no los dejaba sino que perpetraba frecuentes agresiones contra ellos. La mayoría de esos universitarios permaneció al margen del conflicto dominada por el pasmo, la indolencia o la indiferencia. Pero la responsabilidad principal en aquella prolongada confiscación de las actividades académicas era del gobierno del presidente Ernesto Zedillo que se resistía a ordenar el desalojo de las instalaciones universitarias.
El mérito inicial del Rector De la Fuente consistió en crear las condiciones para que la recuperación del campus principal de la Universidad resultara inevitable. A diferencia de las anteriores autoridades universitarias, tuvo mejores posibilidades de interlocución con el gobierno porque había formado parte de él. Luego su tarea principal, que cumplió con éxito notable, consistió en devolverle a los universitarios la confianza que habían perdido en sus capacidades para cumplir con sus tareas esenciales y, a la vez, reconstruir el aprecio de la sociedad mexicana hacia la principal de sus instituciones de educación superior.
Allí radica el logro considerable que hoy se le reconoce a Juan Ramón de la Fuente. No es verdad, como se ha dicho, que levantó a la Universidad de sus cenizas porque nunca estuvo destrozada. Abrumada y quizá pasmada, sí. De allí que el Rector haya  desplegado una intensa labor, especialmente publicitaria, para renovar el prestigio de esa institución.
Cuanto éxito pudieron identificar y sobre todo suscitar los propagandistas de la Universidad, lo han consagrado en extensas y efectivas campañas de prensa. Particularmente, los más recientes de los ocho años de este Rectorado estuvieron volcados a propagar grandezas y reconocimientos de la Universidad.
La designación de la UNAM como una de las mejores universidades del mundo, los merecidos premios de sus académicos más conspicuos, las becas que obtienen alumnos brillantes, la declaración del viejo campus como patrimonio de la humanidad, han sido motivo de orgullo para los universitarios pero también de engreimiento para sus principales autoridades. Mostrar el vaso medio lleno de la realidad universitaria ha sido un recurso inteligente y eficaz. De la Fuente concluye su administración en medio de generalizadas y logradas congratulaciones. Pero dentro de la Universidad no existe necesariamente el sentimiento de satisfacción y entusiasmo que pudieran indicar esas alabanzas.
Cuando se nos informa que a la UNAM se le ubica entre las instituciones de educación superior mejor calificadas, a los universitarios desde luego nos da gusto. Pero muchos nos preguntamos acerca de la seriedad de esas evaluaciones porque las dificultades que enfrentamos todos los días están muy lejos de la excelencia académica que quisiéramos en nuestra institución. Los reconocimientos a nuestros colegas y alumnos más destacados nos enorgullecen, pero no desvanecen la preocupación constante por los insuficientes salarios que reciben los profesores más jóvenes o por la ausencia de un plan de jubilación satisfactorio para los más viejos. Qué bueno que el campus donde estudiamos y hemos trabajado por décadas tenga el amparo de la Unesco; pero en la mayoría de las facultades las instalaciones sanitarias son deplorables y los alumnos casi no cuentan con espacios para convivir y compartir. La UNAM es una institución enorme y apreciada; pero la calidad de la enseñanza que reciben muchos de los jóvenes que pasan por sus aulas no les permite encontrar acomodo en un mercado de trabajo tan estrecho como competitivo.
Esas son realidades que la diestra propaganda de la Universidad no toma en cuenta pero que profesores, investigadores y estudiantes conocemos todos los días. La presencia pública que hoy tiene la UNAM nos resulta muy gratificante y se debe en gran medida al esfuerzo del Rector De la Fuente. Pero la atención a los requerimientos de la Universidad y la vocación crítica de esa institución hacen pertinente recordar que dicha gestión ha sido de contraluces y que los faltantes al cabo de ella no resultan menores. Estos son algunos de ellos.
Durante los ocho años recientes la reforma de la Universidad quedó suspendida. El compromiso que hizo el rector De la Fuente con los huelguistas de 1999 para realizar un nuevo congreso universitario (que hubiera sido parodia más que secuencia del que tuvimos en 1990) se convirtió en un grillete que dificultó la discusión de otras iniciativas.
El Estatuto General de la Universidad y el Estatuto del Personal Académico quedaron intocados a pesar de las numerosas consultas para modificarlos. El Reglamento de Estudios de Posgrado sí fue reformado pero sin una discusión suficiente acerca de sus implicaciones.
Los organismos colegiados en la UNAM tuvieron escasa presencia en la vida y las decisiones académicas y con frecuencia fueron desplazados por medidas de las autoridades administrativas.
Seguimos sin tener un bachillerato a la altura de las exigencias de la sociedad y la Universidad. El establecimiento en algunas áreas del sistema 3-2-3 que pretende resolver licenciatura, maestría y doctorado en solamente ocho años, propicia que los jóvenes concluyan más rápido su formación universitaria pero enfrenta dificultades importantes como las deficiencias con las cuales llegan a los estudios profesionales.
La investigación tuvo un desarrollo desigual. Las áreas en donde ya había un desempeño de excelencia –particularmente en las ciencias básicas– tenían un impulso que supieron mantener. La creación de “macroproyectos” pretendió favorecer el intercambio multidisciplinario pero en ocasiones solamente significó la acumulación de proyectos individuales que ya existían bajo una nueva y superflua cobertura institucional. La sobrestimación del trabajo colectivo ha dado lugar a la formación de grupos que solamente en apariencia funcionan como tales.
Ensimismada en su notoriedad social, la UNAM no ha sabido articular una relación de mayor y mejor cooperación con el resto de las universidades del país. La Universidad Nacional se ha convertido en competidora y no en colaboradora de la mayor parte de las instituciones de educación superior de carácter público en México.
Esos y otros temas se discuten poco dentro de la Universidad. Ello se debe en parte a la apatía que muchos universitarios mantienen respecto de los asuntos sustanciales de su institución. Pero también ha existido una notoria resistencia de la administración central para admitir opiniones críticas acerca de la situación de la Universidad. Hace tres años y medio, por ejemplo, cuando Crónica publicó de manera destacada una nota acerca de la gran cantidad de alumnos que reprueban una y otra vez las materias que llevan en la UNAM, se desató una indignada respuesta de varios funcionarios de Rectoría que consideraron que se trataba de un complot en contra de esa institución.
La siguiente semana comentaré, en este espacio, el proceso que ha abierto la Junta de Gobierno para designar al nuevo Rector de la UNAM y posteriormente ofreceré una opinión sobre los candidatos a desempeñar esa responsabilidad. Es pertinente que dentro y fuera de la Universidad Nacional tengamos un diagnóstico capaz de tomar en cuenta merecimientos, pero también insuficiencias en la administración que la ha encabezado durante ocho años. Proponer, como sugieren algunos universitarios y especialmente la administración actual, que la mejor opción es la continuidad, puede conducir a la UNAM no a un mayor desarrollo sino a un inadmisible estancamiento.