Sociedad y poder

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 1 de noviembre de 2007

¿Qué Universidad Nacional necesita el país? ¿Cuál es el Rector idóneo para consolidar a esa Universidad? Tales son las preguntas pertinentes ahora que se discute la designación del próximo Rector de la UNAM. Más allá de adhesiones y compromisos, las grandes cuestiones en este proceso giran alrededor de la calidad en las tareas universitarias y en la capacidad para conducir a esa institución.
La UNAM que quisiéramos los mexicanos, y estoy seguro de que la primera persona del plural en este caso no es abusiva, debería ser una institución cuyos egresados fueran suficientemente aptos para contribuir, ahora y en el futuro, al desarrollo del país. Los profesionistas universitarios tendrían que estar capacitados para aprender constantemente, de acuerdo con las exigencias de un mundo en donde el conocimiento se reelabora de manera incesante. Las viejas carreras, que dotaban al estudiante de un repertorio fijo de habilidades, ya no bastan. Los profesionistas de este siglo tienen que saber ilustrarse, compartir y competir en diversos campos. Su formación ha de ser interdisciplinaria y versátil.
La preparación que hoy les ofrece la Universidad Nacional a sus estudiantes no siempre cumple con tales requerimientos. Solamente el 48.5% de los recién egresados de esta institución contaba con empleo permanente, de acuerdo con una indagación de la Dirección General de Planeación de la UNAM realizada entre 2004 y 2005. El 21% estaba dedicado a preparar su tesis o a seguir otros estudios pero más del 22% únicamente contaba con empleo temporal, laboraba con su familia o no hallaba trabajo.
De los que sí tenían empleo, el 59% de los egresados de la UNAM ganaba menos de 4 salarios mínimos al mes. De esos egresados con ocupación remunerada, el 36% había conseguido empleo en actividades insuficientemente o nada relacionadas con los estudios de licenciatura que habían cursado.
Ser egresado de la UNAM es fuente de orgullo por muchos motivos. El prestigio social de esa institución, reanimado durante la gestión que está concluyendo, indudablemente pesa en la satisfacción de quienes pasan por sus aulas. Pero ese gusto no resuelve todas las exigencias al momento de disputar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Por ello, y para cumplir a plenitud la responsabilidad que el país le asigna en la formación de sus profesionistas, la UNAM tiene que renovarse.
Me he detenido en las dificultades laborales que enfrentan los egresados porque allí se encuentra una de las debilidades de esta Universidad. La UNAM que México requiere necesitaría potenciar lo mejor de sí misma en beneficio de la formación de sus estudiantes y en el desarrollo de una investigación del más alto nivel académico. Para cumplir con esas tareas hace falta romper inercias y suscitar nuevas interacciones dentro de dicha institución. La UNAM padece un esclerotizado aparato administrativo que es imperioso renovar y flexibilizar. Todo ello precisa de una conducción con proyecto, experiencia y liderazgo.
Entre los profesores que aspiran a ser considerados por la Junta de Gobierno para la designación de Rector hay quienes tienen conocimiento de las encrucijadas administrativas de la Universidad; otros cuentan con destreza y relaciones políticas; algunos más se distinguen por haber labrado meritorias carreras académicas. El doctor  José Antonio de la Peña posee una comprobada pericia en la gestión universitaria, la deliberación y la negociación para resolver asuntos institucionales no le son ajenas y es uno de los investigadores más prestigiados con los que cuenta la Universidad.
De la Peña hizo el bachillerato en la Preparatoria 6 de la UNAM. Cursó licenciatura, maestría y doctorado en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma Universidad. Luego realizó una estancia postdoctoral en Zurich. Sus prendas más notorias, pero no las únicas, se encuentran en el campo de la investigación porque es allí donde ha obtenido reconocimientos muy destacados. Es investigador titular en el Instituto de Matemáticas, autor de más de un centenar de artículos académicos, ha dictado un número similar de conferencias en una veintena de países y es el matemático mexicano cuyos trabajos han recibido más citas en publicaciones internacionales. Especialista en álgebra, en 1994 recibió el Premio en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2005 el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Exactas y Naturales.
De la Peña es profesor, desde 1981, en la Facultad de Ciencias. Sin embargo sus contribuciones en el campo de la docencia han llegado a otros niveles educativos. Es autor de cuatro libros de texto para secundaria. Uno de ellos, Geometría y el mundo, fue seleccionado para las Bibliotecas de Aula en las secundarias públicas y tuvo un envidiable tiraje de 100 mil ejemplares. Ha coordinado proyectos de enseñanza de las matemáticas como el que se encuentra en www.interactiva.mate.unam.mx y ha ofrecido cursos a profesores de esa asignatura. Su inquietud por la divulgación de dicha disciplina lo llevó a ser corresponsable en el diseño de la Sala de Matemáticas del Museo Universum en Ciudad Universitaria.
De la Peña fue durante dos periodos, hasta 2006, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Su aptitud para la gestión académica y en la interlocución con los poderes públicos se manifestó cuando, entre 2002 y 2004, fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, en esos mismos años, Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En 2007 ocupó, durante varios meses, la dirección adjunta de Desarrollo Científico y Académico del CONACYT.
Esa experiencia podría permitirle a De la Peña mantener o tender los puentes necesarios para que la UNAM profundice una interacción creativa con el resto de la sociedad y, desde luego, con las instituciones del Estado mexicano. De la Peña es un académico muy destacado. Pero la promoción de proyectos, la construcción de interlocuciones, la negociación –la política, en fin, a la cual no hay que confundir con la politiquería– son tareas que sabe desempeñar con inteligencia y eficiencia.
Junto a esos atributos, De la Peña cuenta con un proyecto de reivindicación académica, sustentado en propuestas realistas, para que toda la Universidad se beneficie de lo mejor que hay en esa institución y enmendar deficiencias en donde existan. Dice que la vida universitaria no debiera concluir cuando el alumno deja las aulas y que, para sus egresados, la UNAM tendría que ser una referencia permanente en donde sigan actualizando sus conocimientos. Al bachillerato hay que entenderlo como una oportunidad y no como un lastre para la Universidad. Los planes y la estructura de la licenciatura es preciso revisarlos a partir de los cambios que han experimentado el país y el mundo. Las dependencias de la UNAM (facultades, institutos, planteles del bachillerato, etcétera) podrían tener distintas formas de interrelación para comenzar a dejar de ser las islas, distanciadas unas de otras, que constituyen hoy en día. En la planta académica es de extrema urgencia incorporar a jóvenes y, a los profesores de edad avanzada, ofrecerles opciones dignas cuando quieran retirarse. El liderazgo científico de la Universidad tiene que procurar el desarrollo sustentable del país, con un nuevo impulso a la creación de tecnología. La extensión cultural debiera mirar más hacia los estudiantes de todos los niveles de la Universidad. En la formación escolar, desde el bachillerato, hay que promover cursos propedéuticos de comprensión de lectura, matemáticas elementales y apreciación de la cultura. Para la evaluación del trabajo académico es pertinente justipreciar el trabajo de calidad de acuerdo con la especificidad de las tareas docentes o de investigación. Al entramado administrativo de la Universidad se requiere descargarlo de fardos innecesarios. La UNAM debiera utilizar su presencia nacional para estimular la calidad académica en otras instituciones públicas de educación superior en el país y a fin de que todas ellas tengan presupuestos estables. A través de sus posgrados, la Universidad Nacional tendría que ser un nuevo polo de influencia cultural y académica en América Latina.
Esas son unas cuantas de las propuestas que José Antonio de la Peña tiene para la UNAM. Las anoté a vuelapluma el viernes pasado cuando, igual que el resto de los aspirantes a Rector, acudió a conversar con los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. En exposiciones como esa, quienes no lo habían escuchado han quedado positivamente sorprendidos por el diagnóstico sin complacencias, pero sin estridencias y articulado con propuestas en cada tema, que De la Peña hace de la situación de la Universidad y por la comprensión que tiene de los asuntos de la institución. Es un académico honesto, trabajador y joven –recién cumplió 49 años–. Estoy persuadido de que sería buen Rector en mi Universidad.
Sin embargo no todas son virtudes en el perfil de ese aspirante a la Rectoría. A contracorriente de la extendida y juiciosa adhesión que suscitan los pumas, De la Peña es partidario de las chivas del Guadalajara. Él se justifica diciendo que se aficionó al futbol desde niño, antes de conocer a la Universidad. En fin, nadie es perfecto.

Texto publicado en La Crónica el jueves 25 de octubre de 2007 .
La decisión que tomará en menos de tres semanas será una de las más delicadas que la Junta de Gobierno de la UNAM haya asumido en sus más de seis décadas de existencia. Creada por la Ley Orgánica que en enero de 1945 estableció la actual organización de la Universidad Nacional, la Junta de Gobierno ha designado, desde entonces, a 13 rectores.
Los nombramientos de Rector son diferentes en cada ocasión. A veces se realizan en medio de conflictos como los que llevaron a renunciar a Ignacio Chávez en 1966, Pablo González Casanova en 1972 o Francisco Barnés en 1999. Sin embargo la mayoría de los relevos en el gobierno de la UNAM han sido transiciones sin apuros. Nabor Carrillo a fines de los años 50 y Javier Barros Sierra en los 60, así como Octavio Rivero y Jorge Carpizo en los 80, terminaron sus periodos de 4 años. Guillermo Soberón en los 70 y José Sarukhán en la última década del siglo fueron reelectos y estuvieron 8 años cada uno a cargo de la Rectoría.
También fue reelecto, como es sabido, Juan Ramón de la Fuente cuyos dos cuatrienios dejan una Universidad estable y en donde los haberes no logran ocultar los deberes. El proceso para relevarlo es un tanto novedoso gracias a la visibilidad pública que la UNAM ha reafirmado pero, sobre todo, debido a las nuevas circunstancias políticas del país.
Esta será la segunda designación de Rector que ocurre durante la gestión de un presidente de la República no priista. Hace cuatro años la reelección del doctor De la Fuente fue prácticamente cuestión de trámite. Ahora, en cambio, a la presencia de un gobierno federal que ha dicho que no quiere pero que, antes que nada, no puede influir directamente en las decisiones de la Junta de Gobierno, se añade la postulación de varios aspirantes de trayectoria sólida y aptitudes competitivas que quieren llegar a la Rectoría.
La declaración del presidente Felipe Calderón que antier, aludiendo a la próxima designación, se comprometió a respetar la autonomía de la UNAM, es pertinente aunque las circunstancias nacionales han afianzado la capacidad de esa institución para resolver internamente el nombramiento de sus autoridades. La Junta de Gobierno tiene hoy un margen de decisión absoluto y esa es una de las circunstancias que propician el interés alrededor del actual proceso.
La capacidad de esos 15 académicos para tomar una determinación que afectará a centenares de miles de universitarios es quizá la principal y más cuestionada paradoja de la estructura de gobierno en la Universidad Nacional. Las dilatadas dimensiones de la UNAM, que tiene 33 mil 300 profesores e investigadores, más de 286 mil estudiantes y 23 mil trabajadores administrativos, podrían conducir a pensar que una resolución tan importante no puede estar en manos de 15 personas. Pero hay que recordar que la democracia, tal y como la conocemos para representar a los ciudadanos, no es el método adecuado para adoptar decisiones que alcanzan consecuencias académicas.
La Junta de Gobierno cuenta con absoluta libertad y discrecionalidad para designar al Rector, lo mismo que a los directores de facultades e institutos. Sus quince integrantes son designados de manera escalonada, y a propuesta del Rector, por el Consejo Universitario. Ese mecanismo fue establecido por el Congreso de la Unión a iniciativa de la misma UNAM y después de una difícil temporada de inestabilidad a mediados de los años 40.
Para nombrar al Rector La Junta, de acuerdo con la Ley Orgánica, “explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”. Luego, la designación tiene que ser aprobada por al menos 10 de sus 15 integrantes.
Esas son las únicas reglas que la Ley Orgánica le impone a la Junta de Gobierno para nombrar al Rector. En muchas ocasiones dentro de la Universidad se han propuesto otras normas, para acotar la discrecionalidad de la Junta o modificar la designación de sus integrantes. En el actual proceso, en todo caso, el mecanismo para nombrar al Rector tiene tal reconocimiento dentro de la Universidad que prácticamente nadie lo cuestiona.
Esta vez la Junta de Gobierno ha recibido a centenares de grupos de universitarios, tanto en el campus principal como en algunas de las unidades periféricas de la Universidad. Dentro de varios días dará a conocer los nombres de quienes considera que “cumplen óptimamente” con los requisitos que determina la legislación universitaria y, de entre ellos, a mediados de noviembre designará al nuevo Rector. Hace 8 años, De la Fuente fue designado el 17 de noviembre.
Las solicitudes de entrevista han sido tantas que los miembros de la Junta, organizados en cinco grupos, apenas se dan abasto para recibir durante unos minutos a los universitarios que acuden a tales audiencias. Es difícil que en esos breves encuentros se puedan expresar argumentos ampliamente razonados. De cualquier manera, esos centenares de solicitudes indican que entre los universitarios hay interés por el actual proceso. Muchos grupos llegan con pliegos de respaldo a uno u otro de los profesores que quieren ser Rector. La cantidad de adhesiones seguramente pesará en el ánimo de la Junta de Gobierno. Pero en su decisión tendría que ser determinante la calidad: no solo de los apoyos sino, especialmente, de la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a la Rectoría.
Seguramente nunca, como en este proceso, los perfiles de quienes buscan ser rectores habían sido ampliamente conocidos dentro y fuera de la Universidad. Los medios de comunicación pueden ser útiles para divulgar biografías y argumentaciones. Pero, al final, no será la exposición pública el criterio que prevalezca en la determinación de la Junta. Por eso resulta un tanto absurdo, y sobre todo descomunal, el empeño de quienes desde la administración central de la UNAM promueven a uno de los aspirantes a la Rectoría.
En apoyo al candidato de esas autoridades, se ha desplegado un manejo de prensa que muchos suponían ajeno a la Universidad o imposible en estos tiempos. Se han ejercido, además, recursos de presión para reunir firmas de profesores y directores, o para convocar a estudiantes y trabajadores, que resultan inadmisibles en cualquier sitio pero especialmente en la UNAM.
El anverso de esas prácticas es la decisión franca de ocho profesores para manifestar su anhelo de regir en la Universidad. Entre ellos se encuentra una mujer, la bióloga Rosaura Ruiz, que forma parte del equipo del actual rector como secretaria de Desarrollo Institucional. También testimonial es la candidatura del politólogo Luis Javier Garrido Platas, que utilizará su postulación para cuestionar el mecanismo de designación.
Los dos aspirantes con más posibilidades de llegar a la Rectoría son los doctores José Narro Robles y José Antonio de la Peña.
Médico el primero, su cercanía con el actual rector es tan estrecha que constituye lo mismo su principal ventaja que su mayor debilidad. Director de la Facultad de Medicina, José Narro ha desempeñado un papel importante en algunos de los momentos difíciles de la Universidad durante las últimas décadas, es conocido por sus capacidades negociadoras y se le puede identificar fundamentalmente como político. Fuera de la UNAM ha sido, entre otras cosas, director de la Fundación Cambio XXI del PRI y secretario general del IMSS. Lamentablemente para su postulación algunos de sus adherentes más entusiastas, sobre todo en la administración de la Universidad, se han excedido en el intento para recabar respaldos al doctor Narro.
José Antonio de la Peña Mena cuenta con una sólida, extensa y ampliamente reconocida carrera académica. Ha sido director del Instituto de Matemáticas, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, recientemente, director de Desarrollo Científico en el CONACYT. Tiene una apuesta, razonable y factible, por la calidad en la enseñanza y la investigación.
Si las candidaturas más fuertes que son las de Narro y de la Peña llegasen a una situación de equilibrio en la Junta de Gobierno, posiblemente habría margen para alguno de los cuatro aspirantes restantes. El ingeniero Gerardo Ferrando Bravo fue secretario administrativo de la UNAM en la gestión del rector Soberón y, recientemente, director de la Facultad de Ingeniería. Anteriormente delegado en Venustiano Carranza y director del Metro, Ferrando no ha logrado unificar en respaldo suyo al gremio de los ingenieros. El politólogo Fernando Pérez Correa es uno de los profesores más prestigiados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la que es director desde hace 7 años y medio y cuya estabilidad consiguió después de un difícil inicio de gestión. Diego Valadés, que hasta hace un año fue exitoso y activo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes ocupó una larga lista de notorios cargos dentro y fuera de la Universidad. Fernando Serrano Migallón, también abogado pero además economista y filósofo, ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Derecho y es conocido por una generosa bonhomía.
En estos días, los aspirantes están siendo invitados a facultades e institutos a fin de que digan por qué quieren llegar a la Rectoría. Esa es otra novedad del proceso actual: aunque no tienen consecuencias directas sobre la decisión que tomará la Junta, en tales reuniones se exterioriza la necesidad de que haya cauces institucionales y más espaciosos para que los universitarios se expresen acerca de la autoridad que regirá en su institución.
En esos encuentros, de la misma manera que seguramente ocurrirá cuando la Junta de Gobierno los convoque formalmente, se  manifiesta cuáles aspirantes cuentan con un proyecto integral y académico y quiénes solamente tienen ganas de llegar a la Rectoría. En mi opinión el candidato con una propuesta más completa y atributos personales más idóneos para encabezar a la UNAM es el doctor José Antonio de la Peña. La semana próxima explicaré por qué.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 18 de octubre de 2007

El doctor Juan Ramón de la Fuente fue designado en noviembre de 1999 para encabezar a una Universidad que se encontraba secuestrada. La UNAM no padecía una crisis académica, organizativa ni existencial. Los universitarios querían enseñar, estudiar y trabajar pero el grupo que había tenido cerradas sus principales instalaciones desde abril de aquel año no solamente no los dejaba sino que perpetraba frecuentes agresiones contra ellos. La mayoría de esos universitarios permaneció al margen del conflicto dominada por el pasmo, la indolencia o la indiferencia. Pero la responsabilidad principal en aquella prolongada confiscación de las actividades académicas era del gobierno del presidente Ernesto Zedillo que se resistía a ordenar el desalojo de las instalaciones universitarias.
El mérito inicial del Rector De la Fuente consistió en crear las condiciones para que la recuperación del campus principal de la Universidad resultara inevitable. A diferencia de las anteriores autoridades universitarias, tuvo mejores posibilidades de interlocución con el gobierno porque había formado parte de él. Luego su tarea principal, que cumplió con éxito notable, consistió en devolverle a los universitarios la confianza que habían perdido en sus capacidades para cumplir con sus tareas esenciales y, a la vez, reconstruir el aprecio de la sociedad mexicana hacia la principal de sus instituciones de educación superior.
Allí radica el logro considerable que hoy se le reconoce a Juan Ramón de la Fuente. No es verdad, como se ha dicho, que levantó a la Universidad de sus cenizas porque nunca estuvo destrozada. Abrumada y quizá pasmada, sí. De allí que el Rector haya  desplegado una intensa labor, especialmente publicitaria, para renovar el prestigio de esa institución.
Cuanto éxito pudieron identificar y sobre todo suscitar los propagandistas de la Universidad, lo han consagrado en extensas y efectivas campañas de prensa. Particularmente, los más recientes de los ocho años de este Rectorado estuvieron volcados a propagar grandezas y reconocimientos de la Universidad.
La designación de la UNAM como una de las mejores universidades del mundo, los merecidos premios de sus académicos más conspicuos, las becas que obtienen alumnos brillantes, la declaración del viejo campus como patrimonio de la humanidad, han sido motivo de orgullo para los universitarios pero también de engreimiento para sus principales autoridades. Mostrar el vaso medio lleno de la realidad universitaria ha sido un recurso inteligente y eficaz. De la Fuente concluye su administración en medio de generalizadas y logradas congratulaciones. Pero dentro de la Universidad no existe necesariamente el sentimiento de satisfacción y entusiasmo que pudieran indicar esas alabanzas.
Cuando se nos informa que a la UNAM se le ubica entre las instituciones de educación superior mejor calificadas, a los universitarios desde luego nos da gusto. Pero muchos nos preguntamos acerca de la seriedad de esas evaluaciones porque las dificultades que enfrentamos todos los días están muy lejos de la excelencia académica que quisiéramos en nuestra institución. Los reconocimientos a nuestros colegas y alumnos más destacados nos enorgullecen, pero no desvanecen la preocupación constante por los insuficientes salarios que reciben los profesores más jóvenes o por la ausencia de un plan de jubilación satisfactorio para los más viejos. Qué bueno que el campus donde estudiamos y hemos trabajado por décadas tenga el amparo de la Unesco; pero en la mayoría de las facultades las instalaciones sanitarias son deplorables y los alumnos casi no cuentan con espacios para convivir y compartir. La UNAM es una institución enorme y apreciada; pero la calidad de la enseñanza que reciben muchos de los jóvenes que pasan por sus aulas no les permite encontrar acomodo en un mercado de trabajo tan estrecho como competitivo.
Esas son realidades que la diestra propaganda de la Universidad no toma en cuenta pero que profesores, investigadores y estudiantes conocemos todos los días. La presencia pública que hoy tiene la UNAM nos resulta muy gratificante y se debe en gran medida al esfuerzo del Rector De la Fuente. Pero la atención a los requerimientos de la Universidad y la vocación crítica de esa institución hacen pertinente recordar que dicha gestión ha sido de contraluces y que los faltantes al cabo de ella no resultan menores. Estos son algunos de ellos.
Durante los ocho años recientes la reforma de la Universidad quedó suspendida. El compromiso que hizo el rector De la Fuente con los huelguistas de 1999 para realizar un nuevo congreso universitario (que hubiera sido parodia más que secuencia del que tuvimos en 1990) se convirtió en un grillete que dificultó la discusión de otras iniciativas.
El Estatuto General de la Universidad y el Estatuto del Personal Académico quedaron intocados a pesar de las numerosas consultas para modificarlos. El Reglamento de Estudios de Posgrado sí fue reformado pero sin una discusión suficiente acerca de sus implicaciones.
Los organismos colegiados en la UNAM tuvieron escasa presencia en la vida y las decisiones académicas y con frecuencia fueron desplazados por medidas de las autoridades administrativas.
Seguimos sin tener un bachillerato a la altura de las exigencias de la sociedad y la Universidad. El establecimiento en algunas áreas del sistema 3-2-3 que pretende resolver licenciatura, maestría y doctorado en solamente ocho años, propicia que los jóvenes concluyan más rápido su formación universitaria pero enfrenta dificultades importantes como las deficiencias con las cuales llegan a los estudios profesionales.
La investigación tuvo un desarrollo desigual. Las áreas en donde ya había un desempeño de excelencia –particularmente en las ciencias básicas– tenían un impulso que supieron mantener. La creación de “macroproyectos” pretendió favorecer el intercambio multidisciplinario pero en ocasiones solamente significó la acumulación de proyectos individuales que ya existían bajo una nueva y superflua cobertura institucional. La sobrestimación del trabajo colectivo ha dado lugar a la formación de grupos que solamente en apariencia funcionan como tales.
Ensimismada en su notoriedad social, la UNAM no ha sabido articular una relación de mayor y mejor cooperación con el resto de las universidades del país. La Universidad Nacional se ha convertido en competidora y no en colaboradora de la mayor parte de las instituciones de educación superior de carácter público en México.
Esos y otros temas se discuten poco dentro de la Universidad. Ello se debe en parte a la apatía que muchos universitarios mantienen respecto de los asuntos sustanciales de su institución. Pero también ha existido una notoria resistencia de la administración central para admitir opiniones críticas acerca de la situación de la Universidad. Hace tres años y medio, por ejemplo, cuando Crónica publicó de manera destacada una nota acerca de la gran cantidad de alumnos que reprueban una y otra vez las materias que llevan en la UNAM, se desató una indignada respuesta de varios funcionarios de Rectoría que consideraron que se trataba de un complot en contra de esa institución.
La siguiente semana comentaré, en este espacio, el proceso que ha abierto la Junta de Gobierno para designar al nuevo Rector de la UNAM y posteriormente ofreceré una opinión sobre los candidatos a desempeñar esa responsabilidad. Es pertinente que dentro y fuera de la Universidad Nacional tengamos un diagnóstico capaz de tomar en cuenta merecimientos, pero también insuficiencias en la administración que la ha encabezado durante ocho años. Proponer, como sugieren algunos universitarios y especialmente la administración actual, que la mejor opción es la continuidad, puede conducir a la UNAM no a un mayor desarrollo sino a un inadmisible estancamiento.

La Crónica, 5 de julio de 2007 

   Mañana se cumplirán tres décadas. La noche del 6 de julio de 1977 el gobierno del presidente José López Portillo y el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, emprendieron una extensa represión contra la huelga que desde 16 días antes habían mantenido los trabajadores administrativos y académicos de esa Universidad. Ese día, al terminar una concurrida manifestación, agentes vestidos de civil iniciaron la aprehensión de los dirigentes del sector académico del sindicato. Por la noche, 20 mil policías cercaron Ciudad Universitaria. A las 5 de la mañana del jueves 7 de julio irrumpieron en el campus, detuvieron a aproximadamente mil profesores y trabajadores administrativos y golpearon a muchos de ellos. La huelga duró cuatro días más, hasta que fueron liberados todos los detenidos.

   Treinta años después aquel episodio parece de ficción política. Los trabajadores en huelga lo único que querían era el reconocimiento del sindicato que habían formado tres meses antes y un contrato colectivo que reconociera derechos laborales de ambos sectores. Los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos, STUNAM y SPAUNAM, se habían fusionado para crear el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México pero las autoridades de esa institución se negaban a admitirlo como interlocutor de ambos gremios. Meses antes, el SPAUNAM había propuesto un recuento para comprobar que representaba a la mayoría de los profesores e investigadores sindicalizados.

   Esas peticiones hoy difícilmente serían motivo para un conflicto como el que se desarrolló en 1977. Pero en aquella época las autoridades de la Universidad se negaban a aceptar que sus trabajadores tenían derechos sindicales. El año anterior, el rector Soberón había propuesto un apartado constitucional paralelo a los que ya existen en el artículo 123 –que regula los derechos laborales– que cancelaría el derecho de los trabajadores universitarios para tener sindicatos únicos y hacer huelga.

   Aquella iniciativa de las autoridades de la UNAM fracasó cuando el presidente Luis Echeverría entendió que no resolvería los problemas laborales en las universidades. Así que la exigencia de reconocimiento que planteó el nuevo sindicato universitario fue uno de los primeros asuntos que debió enfrentar la administración de López Portillo. Durante varios meses la Rectoría se negó a dialogar con el sindicato. El STUNAM no tuvo más remedio que emplazar a huelga para el 20 de junio. Solamente a mediados de ese mes, y a instancias del gobierno, se abrió un espacio de negociaciones pero ya era tarde.

   Nunca antes una suspensión de labores había ocurrido de manera simultánea en todas las instalaciones de la UNAM. A la participación comprometida de la gran mayoría de los trabajadores, se fue añadiendo una creciente solidaridad de otros sectores de la sociedad. Conforme se desarrollaba, la huelga suscitaba el interés de los trabajadores en el resto de las universidades públicas del país –que hacían paros en respaldo a sus colegas de la UNAM– así como de muy diversos sindicatos. Una iniciativa para reunir víveres en beneficio de los huelguistas congregó a millares de personas que acudieron a donar alimentos en Ciudad Universitaria. A las manifestaciones convocadas por el STUNAM iban decenas de miles. En la Universidad, varios funcionarios renunciaron a sus cargos en la administración en desacuerdo con la actitud del Rector.

   La huelga se fortalecía pero también arreciaba la intransigencia de su contraparte. El Congreso del Trabajo y el PRI consideraron que la huelga era una provocación política. En varias escuelas los directores llamaron a los alumnos para que tomasen clases en instalaciones habilitadas fuera de la Universidad, al mismo tiempo que Televisa ofrecía espacios para que se impartieran cursos por televisión. No se trataba de iniciativas académicas sino propagandísticas. El 29 de junio, cerca de 100 mil personas participaron en una manifestación del STUNAM pero el noticiero de Televisa dijo habían sido 7 mil.

   Junto con esa campaña para simular que la huelga se debilitaba, el Rector y sus colaboradores emprendían otras formas de amago contra el sindicato. Solicitaron a la Junta Federal de Conciliación que declarase la inexistencia de la huelga y ese organismo respondió que el movimiento era, simplemente, ilegal. Más tarde presentaron en la PGR una denuncia por despojo y sabotaje que sería el pretexto legal para la intervención policiaca. A fines de junio, a petición de esas autoridades fue suspendido el servicio de energía eléctrica en Ciudad Universitaria. Y por esas fechas la Rectoría presentaba un ultimátum: los trabajadores que no regresaran a sus labores el 1 de julio serían despedidos.

   La advertencia fue notoriamente desairada. Para simular que iba en serio, la Rectoría convocó a nuevas contrataciones de trabajadores. Acudieron cerca de 10 mil personas pero se trataba de un engaño: las autoridades universitarias se burlaron de la necesidad de esos ciudadanos que buscaban empleo.

   Lo más grave era la ausencia de interlocución. La Rectoría se negaba a dialogar mientras la huelga no fuese levantada. El 5 de julio la dirección sindical y representantes del Rector acordaron, en pláticas privadas, una posible ruta de solución al conflicto pero a la mañana siguiente las autoridades universitarias cancelaron esas reuniones. Ese día comenzó la represión contra el sindicato.

   La tarde del miércoles 6 de julio se realizó la manifestación más concurrida de la huelga. Algunos calcularon que había 200 mil personas. Cuando concluía, en sitios distintos, fueron detenidos varios de los dirigentes sindicales del sector académico. Horas más tarde, centenares de vehículos policiacos cruzaban por Insurgentes y Avenida Universidad para apostarse en las afueras del campus.

   Aunque sabían que la intervención policiaca era inminente, los trabajadores administrativos y académicos se mantuvieron en las guardias de su huelga. Muchos más, llegaron al campus al enterarse del posible desalojo. Con gran valentía, centenares de profesores y trabajadores de la Universidad aguardaron la llegada de la fuerza pública. Hay que recordar que estábamos en 1977, cuando no se había cumplido siquiera una década de la masacre de Tlatelolco.

   A las 5 de la mañana los efectivos policiacos entraron a Ciudad Universitaria. En algunos sitios se escucharon disparos de metralleta. Con los policías uniformados llegaron agentes vestidos de civil, armados con pistolas y palos y que golpeaban a los trabajadores que encontraban. En facultades como Ciencias, Filosofía y Psicología, los trabajadores cerraron con llave las instalaciones y aguardaron, sentados en torno a sus banderas de huelga, la llegada policiaca. En esas y muchas otras escuelas los agentes rompieron puertas y se robaron equipo y bienes de la Universidad.

   Cerca de mil trabajadores fueron detenidos. Algunas horas más tarde la policía allanó las oficinas que el STUNAM tenía en la Colonia del Valle y en Coyoacán. También fue ocupado y saqueado el Centro Nacional de Comunicación Social, en donde el sindicato se proponía realizar una conferencia de prensa (las instalaciones del CENCOS permanecieron ilegalmente ocupadas por la policía durante mes y medio).

   Allanado el campus principal, los miembros del Comité de Huelga del STUNAM que no habían sido aprehendidos pudieron reunirse en la UAM Xochimilco. Varios integrantes del sector académico del sindicato habían tenido que esconderse porque la policía los fue a buscar a sus domicilios. La huelga seguía, ya no en Ciudad Universitaria pero sí en docenas de instalaciones de la UNAM en otros rumbos del DF. En todas ellas los huelguistas mantuvieron una singular entereza. Gracias a esa actitud el comité de huelga pudo exigir la liberación de los trabajadores detenidos. Al final, todos fueron excarcelados excepto seis dirigentes del sector académico del sindicato: Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto, José Woldenberg Karakowsky, Rosalío Wences Reza y Jorge del Valle Cervantes.

   Además de golpear al sindicato las autoridades de la Universidad, con respaldo del gobierno, quisieron dividirlo. Por eso únicamente fueron consignados dirigentes del sector académico. En el flanco administrativo, surgió una corriente que proponía refundar el sindicato gremial y que no tuvo eco entre los trabajadores.

   Presionados por Jesús Reyes Heroles, que era Secretario de Gobernación, los dirigentes del sector administrativo del STUNAM, encabezados por Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, consideraban que la huelga tenía que levantarse de inmediato. El gobierno ofrecía reconocer al STUNAM como representante de los trabajadores administrativos y de un sector de los académicos, la devolución de sus oficinas, la salida de la policía de las instalaciones universitarias, la anulación de los despidos y el pago de la cuarta parte de los salarios caídos. Pero aun había seis profesores detenidos y el Comité de Huelga mantuvo el movimiento hasta que fueron puestos en libertad, con una pequeña fianza, la tarde del lunes 11 de junio. El gobierno dejó vigentes los cargos por el delito de despojo (como si se hubieran robado la Universidad cuando lo que hicieron fue ejercer el derecho de huelga) hasta que, dos años más tarde, esos académicos fueron incluidos en una de las amnistías que decretó el presidente López Portillo.

   Seguramente el STUNAM cometió errores en aquella huelga. La dirección sindical supuso que el formidable respaldo social que estaba consiguiendo le permitiría evitar que la reprimieran. Pero sin la intolerancia del Rector y el autoritarismo del gobierno, ese conflicto no habría desembocado en la ocupación policiaca del campus que hoy es tenido como patrimonio de la humanidad.

   Hoy el país es distinto. No del todo, pero hay cosas que han cambiado. Creo que quienes hace 30 años sostuvimos aquella huelga por nuestros derechos sociales podemos pensar que tales cambios en el país se deben, aunque sea un poco, a episodios como ése.

Respuestas publicadas por la revista Educación 2001 en abril de 2006

¿CUÁLES SON LOS 5 FACTORES QUE DEBEN CAMBIAR EN LA EDUCACIÓN NACIONAL?

   1. Las prioridades de la educación. Por mucho que se dice lo contrario, seguimos teniendo una educación que, al menos en sus etapas básicas, sigue siendo fundamentalmente memorista, reiterativa, monótona y plana. A los niños en Primaria se les sigue requiriendo el aprendizaje de largas listas de nombres, sitios, fechas y fórmulas sin que se les inculque, antes que nada, el entendimiento acerca de la utilidad de esos datos.

   Nuestra enseñanza, en todos los niveles, debería estar primordialmente orientada para pensar y para investigar. Hoy en día nadie aprende, salvo para salir del paso en el examen del día siguiente, una extensa relación de nombres si no comprende cuáles son su significado y utilidad. Y allí se encuentra una de las rémoras de nuestro sistema educativo. Contenidos y mecanismos de enseñanza suelen ser espeluznantemente aburridos. Niños y jóvenes bostezan aun antes de entrar al salón de clases porque saben que se encontrarán con una retahíla de discursos y exigencias a los que no les encuentran sentido. Por supuesto hay excepciones, cuando tienen la fortuna de encontrarse con profesores entusiastas e imaginativos. Pero esos son dos atributos por desgracia escasos en el magisterio de nuestro país –y, en general, en la vida pública mexicana–.

   2. La evaluación. Evaluar escuelas, planes de estudio, maestros y al sistema escolar mismo se ha convertido en una moda pero casi nunca los evaluados y los evaluadores se preguntan para qué tendrían que servir esos ejercicios de revisión, cotejo y apreciación. La evaluación, cuando la hay, tiende a ser una rutina y no el momento sobresaliente que podría constituir en la relación entre la escuela y la sociedad.

   En la enseñanza básica, la evaluación suele servir fundamentalmente para resolver expedientes de promoción laboral o para nutrir informes burocráticos a los que, por añadidura, la sociedad no suele tener acceso. En las universidades la evaluación por lo general es un mecanismo de autocomplacencia, simulaciones y eventualmente incluso de represalias pero pocas veces constituye una oportunidad para identificar y enmendar insuficiencias de carácter académico.

   Para una gran cantidad de funcionarios y profesores universitarios la evaluación, cuando la hay, se ha convertido en monserga admisible sólo porque de ella dependen reconocimientos y financiamientos. A la evaluación no se la reconoce como ejercicio indispensable que tendría que formar parte de la autocrítica que debiera acompañar al desempeño de las tareas universitarias. Hace dos décadas, cuando la UNAM realizó su Congreso Universitario, una de las propuestas que más antipatías suscitó fue, precisamente, la que sugería que hubiera mecanismos de evaluación regulares para estimar el desempeño del personal académico. Y la misma UNAM ha sido una de las pocas universidades relevantes en el país que ha expresado reticencias a la evaluación por parte de instituciones como el CENEVAL.

   3. El empleo de nuevas tecnologías. A las computadoras, la Internet y otros recursos que amalgaman la digitalización de los contenidos con su teletransmisión se les ha mitificado de dos maneras en nuestro sistema educativo.

   Por una parte hay quienes por ignorancia o temor, o por una suerte de fundamentalismo didáctico, descalifican a esos que no son mas que instrumentos que de la misma manera que facilitan la socialización y la propagación de informaciones, también pueden facilitar la enseñanza. Con frecuencia, profesores de todos los niveles y especialmente con varias décadas de experiencia docente desprecian la utilización de tales recursos a veces simplemente porque nadie les ha enseñado a aprovecharlos y, en otras, porque se sienten tan distantes de ellos que prácticamente llegan a considerar que compiten con su propio trabajo. La ausencia de proyectos de capacitación razonables, razonados y accesibles para los profesores, desde la primaria hasta la Universidad, mantiene a muchos de ellos en la creencia de que esas tecnologías sirven sólo para encauzar el ocio e incluso para propiciar la haraganería de los estudiantes jóvenes y no como herramientas de aprendizaje.

   La otra forma de fundamentalismo en este campo es la de quienes, en el extremo opuesto, ensalzan de tal manera a la Internet y a la computadora que llegan a considerar que en ellas y con ellas se resuelven los déficit de nuestro entramado educativo. La expresión más patética, costosa y bochornosa de ese fanatismo tecnofílico ha sido la manera como el presidente Fox y su gobierno promovieron, con propósitos propagandísticos más que didácticos, el proyecto Enciclomedia. Apoyado en una plataforma tecnológica innecesariamente costosa, subordinado al menos en sus inicios a los contenidos que había diseñado la empresa Microsoft, emprendido sin un plan de capacitación para los profesores que hipotéticamente habrían de aprovecharla y cerrada a la diversidad de contenidos que hay en la Internet la Enciclomedia, a pesar de los esfuerzos de sus propagandistas, se está convirtiendo en prematuro y dispendioso elefante blanco de este sexenio.

   Las computadoras y la Internet son instrumentos formidables cuando están en manos de profesores y estudiantes con aptitud y calificación para aprovecharlas. En México no hemos contado con un plan nacional para que la sociedad –y en primer lugar los jóvenes, los niños y sus maestros– se beneficien de esa plétora de información y conocimiento. En el terreno de la enseñanza no hemos comenzado a construir una auténtica sociedad de la información. Lo que tenemos, en vez de ella, es una patética sociedad de la simulación.

   4. Los profesores y su sindicato. Los maestros son el patrimonio más importante del nuestro y de cualquier sistema educativo. Pero en México se han convertido, al mismo tiempo, en el más oneroso lastre para que tengamos una educación a la altura de las exigencias que imponen el desarrollo cultural y social del nuevo siglo.

   La frecuente reticencia para actualizar sus conocimientos –o la exigencia para, a cambio de ello, lograr promociones como si la instrucción constante tuviera solamente propósitos escalafonarios–, la resistencia a la innovación didáctica y tecnológica, el desgano que contagian a sus alumnos, son defectos frecuentes en no pocos profesores. Se puede reconocer, en su defensa, que los salarios son bajos, las cargas de trabajo abrumadoras y los estímulos infrecuentes. Se puede y se debe advertir que hay notables excepciones y que, desde luego, no todos los maestros padecen esa mezcla de indolencia burocrática y abulia profesional. Son excepciones honrosas que confirman la triste regla de la desidia magisterial.

   Sobre todo se puede recordar que en la educación básica, cuando las hay, muchas de las expresiones de iniciativa, empuje y vivacidad entre los profesores suelen tropezarse con esa muralla forjada en el tráfico de privilegios, cimentada en el viejo corporativismo y afianzada en la corrupción que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando Educación 2001 pregunta qué debe cambiar en la educación nacional lo primero que se me ocurre contestar es “el SNTE”. Si en vez de 5 me hubieran solicitado una respuesta única esa habría sido, sin lugar a dudas, la que hubiera entregado a esta revista.

   Tengo la certeza, porque lo conozco y lo he estudiado, porque he examinado la trayectoria de sus dirigentes y sé de las vicisitudes de sus agremiados, de que ese sindicato no sólo se ha convertido en el mayor estorbo para el desarrollo de la educación sino en uno de los más costosos y abrumadores defectos del país. Los profesores, a veces por convenencieros y en otras ocasiones por condescendientes, han permitido la permanencia de un sindicato que para la sociedad mexicana se ha vuelto sinónimo de compraventa de influencias y de abusos ilícitos. No me refiero sólo a una sino a varias de las facciones que lo encabezan. La otrora disidencia democrática se ha mimetizado, en buena medida, al clientelismo y a la demagogia del viejo sindicalismo. Y la dirección nacional actúa más como grupo de presión política que como el liderazgo gremial, con responsabilidad, que los maestros y el país merecen. Elba Esther Gordillo pudo haber sido una dirigente capaz de reconocer y alentar la diversidad y el recambio indispensables en un sindicato de esas dimensiones. En vez de ello, movida por una acaparadora ambición, ha hecho del sindicato un instrumento político y se ha convertido, ella misma, en uno de los personajes más desagradables de la incierta transición política por la que atraviesa nuestro país.

   5. Los medios de comunicación. El sistema educativo mexicano no ha reconocido a los medios de masas, especialmente a la televisión y a la radio, como instrumentos indispensables en la enseñanza de y para la sociedad. No pretendemos que esos medios sirvan como apoyo directo a las tareas docentes –aunque, por otro lado, México se sigue debiendo a sí mismo la existencia de un auténtico y ambicioso sistema de enseñanza a distancia, apuntalado en los medios masivos, como los que desde hace décadas existen en la Gran Bretaña y Costa Rica entre otros sitios–. Más allá de los contenidos específicamente curriculares, los medios tendrían que ser puertas siempre abiertas para inculcar valores en y de la sociedad mexicana.

   El civismo, por ejemplo, podría aprenderse en sus rudimentos básicos en el salón de clases pero tendría que ser cotidianamente ratificado en los programas de televisión. Como todos sabemos, lo que a diario sucede es exactamente lo contrario. La televisión no sólo tiende a competir con los contenidos que se les imparten a niños y jóvenes en el aula. Además, por lo general induce valores antagónicos a los que pretende arraigar el sistema educativo.

   Necesitamos una educación que contemple entre sus escenarios imprescindibles al de los medios de comunicación de masas. Sin embargo el de los medios ha sido relegado por la sociedad, pero también por el Estado mexicanos, como un asunto que compete a empresas privadas o, en su defecto, a iniciativas oficialistas. Ese alejamiento es tal que, en el régimen legal para la radiodifusión, la Secretaría de Educación Pública no tiene una auténtica participación. La regulación de la televisión y la radio corre a cargo de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, como si los contenidos y la influencia de tales medios fuesen únicamente asuntos políticos o técnicos y no con las dimensiones educativas que alcanzan todos los días, a toda hora.

La Crónica, 28 de diciembre de 2004

Desde su fallecimiento, el viernes 17 de diciembre, se han publicado docenas de agradecidos testimonios acerca de la bonhomía y la generosidad del maestro Henrique González Casanova. Este es uno más de esos reconocimientos ante el deceso de uno de los profesores más queridos y respetados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La de don Henrique, que hace poco cumplió 80 años, fue una vida consagrada a la Universidad Nacional pero de ninguna manera encerrada dentro de ella. Entendió que el aislamiento de esa institución y sus integrantes era uno de sus riesgos más grandes. Profesor siempre, se dio tiempo para cumplir con responsabilidades en el servicio público y opinar en la prensa.

Fue embajador en Yugoslavia y Portugal y colaborador, desde fines de los años 30, en diarios y suplementos culturales. Fundó hace medio siglo la Gaceta de la UNAM y en esa institución fue director de Información y de Publicaciones, entre otras tareas.

No son pocos los periodistas y escritores que deben a la insistencia de don Henrique la publicación de sus primeros textos. Además contribuyó a la formación de docenas de generaciones de periodistas. A comienzos de los años setenta estuvo a cargo de la carrera de Periodismo y Comunicación.

El magisterio de González Casanova (“Enrique con hache” le decían en alguna época para subrayar la singularidad de su nombre propio) fue notable en las aulas y constante fuera de ellas. Quienes lo tuvieron como profesor en alguna asignatura recuerdan la explicación, siempre antecedida de ejemplos históricos, que solía dedicar a sus estudiantes. Nunca llevé clase con él pero puedo decir que en varios sentidos fue uno de mis maestros más apreciados.

A don Henrique le debo la oportunidad de trabajar como profesor de carrera en la Universidad Nacional. Ya era ayudante de investigación pero con una situación laboral precaria cuando en 1975, poco después de que presenté mi tesis de licenciatura, el maestro González Casanova se interesó en ella y gestionó la apertura de un concurso de oposición con ese tema. Gracias a ello gané mi primera plaza de tiempo completo.

En numerosos momentos de la vida de la Universidad coincidí –muy ocasionalmente para intercambiar discrepancias– con el maestro González Casanova. Lector atento pero además amable, de cuando en cuando tenía la generosidad de comentarme alguno de mis textos. Hace como tres años tuve el privilegio de coincidir con él en una mesa redonda. Repleto el auditorio principal de Ciencias Políticas, para referirse a la influencia de las nuevas tecnologías y la enseñanza de la comunicación don Henrique dio un enorme e intensamente pedagógico rodeo que lo llevó hasta las épocas de Sierra, Vasconcelos y otros momentos sobresalientes en la historia de la Universidad.

A don Henrique los méritos de la Universidad le enorgullecían y sus pesadumbres lo afligían profundamente. Entendió a tiempo los apuros que implicaba la prolongada huelga que un grupo impuso en 1999 y participó de los esfuerzos para resolverla.

Un año después del término de aquel conflicto, en febrero de 2001, varios profesores de la Facultad fueron vejados por algunos de los antiguos huelguistas. En solidaridad con esos académicos y para demostrar que la comunidad de Ciencias Políticas repudiaba el atentado se organizó un mitin al que cada asistente debía acudir con un libro en la mano. Aquella concentración estuvo encabezada por don Henrique. La transcripción de su discurso en esa ocasión comienza:

“¡Universitarias y universitarios! Quiero votar por la palabra como fundamento de la democracia. Quiero afirmar que la mayoría de los votos decide dentro de la ley la designación de representantes públicos, pero no resuelve los problemas que competen al conocimiento y a la razón. Por mayoría de votos se llevó a cabo la condenación de Galileo (permítanme recordar su nombre); por mayoría de votos llegó Mussolini y el fascismo a Italia; por mayoría de votos llegó Hitler y el nazismo a Alemania; por mayoría de votos, armados, llegó Francisco Franco con la Falange a España”.

Interrumpido por gritos de miembros del CGH y aplausos de alumnos y profesores el discurso continuaba: “Voto por la comunicación como medio indispensable para el aprendizaje como adquisición del saber, como aplicación y extensión del saber… Voto por el diálogo y la conversación; voto por la concordia entre los universitarios y el respeto mutuo. Estoy con Justo Sierra cuando afirma: ‘la palabra es el fundamento de la democracia’… Admito el derecho a equivocarse de todos los aquí presentes, incluyéndome a mí mismo. Pero no admito que se use la libertad de la Universidad para violarla en su derecho social, en su derecho individual y como institución nacional, a ser una institución pública a la que tenga acceso todo el que quiera ejercer la libertad dentro de las libertades universitarias”.

A esa concentración don Henrique no llevó uno sino tres libros que mostraba con orgullo: los Escritos sobre educación de José Martí, el México social y político de Justo Sierra y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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La Crónica, 23 de noviembre 2004

Cinco años después de haber salido de la cárcel –fue preso político entre el 2 de octubre de 1968 y el 5 de mayo de 1971– Gilberto Guevara Niebla se marchó a estudiar a París. El visitante que acudía a verlo al pequeñísimo departamento que ocupaba cerca del Boulevard Montparnasse se encontraba con una decoración inesperada. Las paredes estaban repletas con centenares, quizá millares, de pequeñas tarjetas que consignaban hechos, nombres, fechas: allí se hallaba, cambiante según la reconstrucción que Guevara iba haciendo, la ruta política del movimiento estudiantil de 1968.

El ex representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias vivía obsesionado con la historia de aquella lucha de la que fue uno de los dirigentes más lúcidos e importantes. Quería recordarlo todo, día tras día, para entender la dinámica que hizo de esas jornadas el movimiento social más vigoroso por lo menos en la segunda mitad del siglo XX mexicano y que, también, lo condujo a la colisión con el gobierno que lo reprimió y desarticuló.

Guevara quería registrar en un libro los momentos climáticos, así como las contradicciones del movimiento del 68. Buscaba, más allá de la mitología que construyeron tanto fallidos detractores como frecuentes apologistas de aquella lucha social, el rastro de tendencias, líneas políticas, comportamientos personales y circunstancias que definieron el rumbo del movimiento.

Contaba con toda la información posible. No solo había participado en las decisiones más importantes del movimiento. Además, Guevara siempre ha sido un observador cuidadoso de las condiciones que lo rodean. Pero escribir aquel recuento analítico no era solo cuestión de fuentes documentales.

Al para entonces profesor de la UAM, le faltaba tomar distancia respecto de aquella gesta social de la que fue protagonista muy destacado. Los borradores de su historia política del 68 variaron del recuento autobiográfico a la descripción en tercera persona pero ninguno de esos enfoques le resultaba satisfactorio.

Solo con los años Guevara lograría la perspectiva necesaria para referirse, de manera crítica, al movimiento en cuya dirección participó. En el transcurso de ese tiempo Gilberto Guevara publicó otros libros, que forman parte de la bibliografía indispensable para entender los asuntos educativos en este país. Su interés en la formación ciudadana y magisterial lo ha llevado a emprender esfuerzos académicos y editoriales, entre ellos la revista Educación 2001 de la que es director.

Pero Guevara se debía a sí mismo su libro sobre el 68 y hoy cumple con ese compromiso. La libertad nunca se olvida. Memoria del 68 (Cal y Arena, 336 páginas) es una historia a la vez política y personal. Apuntalado en fuentes documentales, el libro ofrece además el testimonio de quien condujo asambleas, encabezó manifestaciones, atendió negociaciones e insistió en imprimirle una dirección juiciosa a aquel movimiento de los estudiantes del 68.

Las tensiones entre la inexperiencia, el aventurerismo y los afanes para encauzar políticamente al movimiento, la presencia de provocadores tanto en el núcleo directivo como en las movilizaciones, la fuerza política de la autonomía y de la Universidad, la dignidad del rector José Barros Sierra y la paranoia autoritaria del presidente Gustavo Díaz Ordaz son algunos de los rasgos que Guevara describe en ese recorrido cuyos problemas, día tras día, va identificando.

La decisión del gobierno para enfrentar y a la postre reprimir a los estudiantes en vez de simplemente atender algunas de sus sencillas demandas (todas ellas en reivindicación de la legalidad) se explica como resultado de “la falta de democracia y la incapacidad del gobierno presidencialista para entablar un diálogo, negociar y acordar con una fuerza que no hubiera sido previamente ‘domesticada’ por el PRI”.

El otro polo de reflexión se encuentra en la heterogénea y composición de la dirección estudiantil. Al Consejo Nacional de Huelga

le costaba enorme trabajo tomar decisiones. “Con los años –explica Guevara– se haría un mito del CNH, pero en sentido estricto se trataba de una asamblea elemental, con enormes dificultades para desarrollar una discusión ordenada, susceptible a los recursos oratorios y cuya voluntad se movía de un lado a otro dependiendo de la influencia personal de tal o cual líder, o de los acuerdos de cúpula que adoptaban los grupos y organizaciones”.

Con La libertad nunca se olvida –frase tomada de un discurso de Miguel Eduardo Valle al cabo de la enorme manifestación silenciosa del 10 de septiembre– Gilberto Guevara Niebla cumple con una asignatura personal pero también intelectual y política. Se trata de un libro honesto, extraordinariamente meticuloso y serio, que no busca glorificaciones sino respuestas. Guevara ya puede archivar, con satisfacción, aquellas tarjetas que colmaban su departamento en París. La libertad nunca se olvida es, quizá, el libro más importante que se ha escrito sobre el movimiento de 1968.

(El libro de Gilberto Guevara será presentado hoy a las 19 horas en la Casa Lamm por su autor junto con Raúl Álvarez Garín, Rolando Cordera y Carlos Monsiváis).

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La Crónica, 4 de noviembre de 2004

Llama la atención que no se haya conocido en México aunque más de una agencia de noticias informó de este acontecimiento pero no es tarde para aplaudir la entrega, el pasado 30 de octubre en Osaka, Japón, del Premio Internacional Cosmos 2004 a la bióloga Julia Carabias Lillo.

Se trata, quizá, de la distinción mundial más importante en el campo de la preservación ambiental y la convivencia de los seres humanos con la naturaleza. Creado hace doce años, el premio es entregado en Japón por un comité internacional que encabeza Akito Arima, ex ministro de educación y presidente de la Fundación de Ciencias de ese país. Esta vez, de entre 122 candidatos de 19 países, ese comité seleccionó a la mexicana Carabias, profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Es pertinente traducir y reproducir las consideraciones de quienes discernieron el Premio y que se explican por sí solas.

“La profesora Julia Carabias Lillo nació en 1954 en la ciudad de México. Después de estudiar biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, dio cursos de ciencia ambiental en la UNAM mientras continuaba su investigación acerca de la regeneración de bosques tropicales, administración de recursos naturales y conservación ambiental. Mientras tanto, estableció su propia política de investigación básica: ‘ver siempre los asuntos y concebir el futuro desde la perspectiva de las naciones en desarrollo’ ”.

“En 1982 –añade ese documento– en respuesta a una petición del gobernador de Guerrero que se dice es el estado más pobre de México y sufre una severa destrucción ambiental, echó a andar un programa de investigación práctica para ayudar a mejorar los parámetros de vida de los residentes, sin agotar los recursos naturales. Trabajó en un grupo con economistas y ecologistas, asumiendo un acercamiento multidisciplinario para cumplir con ese programa de cuatro años que tuvo un gran éxito.

“El éxito del programa atrajo la atención del presidente de México, que le pidió que desarrollara programas para cumplir tanto la meta del desarrollo como la conservación de los recursos en cuatro estados del país… En reconocimiento a esos logros, el gobierno mexicano designó a Carabias secretaria de Desarrollo, Recursos Naturales y Pesca; ella desempeñó ese cargo durante seis años entre 1994 y 2000.

“También colaboró como miembro principal de la Comisión que publicó el reporte ‘En defensa de la Tierra’ durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. Ella se ha esforzado para encontrar soluciones a tareas desafiantes, incluyendo lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ambiental… Como parte de tales esfuerzos, ha planteado activamente opiniones desde la perspectiva del Sur en muchos foros mundiales sobre temas ambientales, como el Programa Ambiental de Naciones Unidas”.

La explicación del Premio añade que al terminar su encargo ministerial Carabias regresó a su tarea como profesora de tiempo completo en la UNAM, en donde “sigue activa como experto sobresaliente en el campo de la protección al ambiente y la naturaleza en México”. La investigadora, “se encuentra entre los pioneros que han pavimentado el camino, tanto en términos académicos como prácticos, para la coexistencia armoniosa de la naturaleza y la humanidad rumbo a un mejor futuro para nuestro planeta. En vista de las sobresalientes actividades antes mencionadas, la profesora Julia Carabias merece eminentemente el Premio Cosmos Internacional”.

Para entregar el premio no hubo una sola sino varias ceremonias. El 25 de octubre en Tokio, Carabias ofreció una conferencia magistral sobre el cambio global y el desarrollo sustentable en el nuevo siglo. Allí mismo comenzó un simposio titulado “El mundo de la profesora Carabias” con participación de cuatro expertos japoneses, entre ellos el director de la Oficina para el Ambiente Natural del gobierno de ese país. El simposio continuó tres días más tarde en Osaka con otros cuatro especialistas. El sábado 30 en el Izumi Hall de en esa ciudad y ante 400 invitados la profesora mexicana recibió la distinción.

El premio, que en ocasiones anteriores ha sido entregado a especialistas como Sir Ghillean Prance, director de los Jardines Botánicos Reales en la Gran Bretaña y Richard Dawkins, profesor de la Universidad de Oxford, consistió en un diploma y 40 millones de yenes (unos 4 millones de pesos). Carabias decidió donar ese monto para la creación de un Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad.

El Centro será establecido en la zona de la Selva Lacandona –a cuya preservación Carabias ha contribuido con tesón y abnegación ejemplares– y allí se pretende capacitar, en los próximos cinco años, a cerca de 500 lideres en conservación ambiental.

Plausible el premio y admirable el destino que su beneficiaria decidió darle, también sería digno de encomio que otros mexicanos comprometidos con la defensa del ambiente respaldaran al Centro que Julia Carabias, como continuación de su afanoso y acreditado esfuerzo, ha resuelto crear.

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La Crónica, febrero 24 de 2004

Tan preocupante como la ilegal ocupación durante varias horas de las principales oficinas de la UNAM, ha sido la explicación que la Rectoría ofreció para ese hecho. En un comunicado de su oficina de prensa, las autoridades universitarias calificaron como “burda provocación” el allanamiento de la Torre de Rectoría por parte de 20 o 30 encapuchados que la mantuvieron cerrada durante toda la mañana.

   El propósito de tal medida era, según rezaba una manta que colocaron, el “Desprocesamiento de todos nuestros compañeros”.   Con ese término los asaltantes del edificio más emblemático de la Universidad Nacional exigían la suspensión de los procesos judiciales que persisten contra estudiantes y profesores acusados de diversos delitos. Específicamente, según dijeron, demandaban la libertad de Guillermo Pardo Hernández, profesor del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, acusado de robar papelería oficial de la Universidad durante la huelga de 1999.

   La falta por la que se acusa a Pardo Hernández ocurrió durante uno de los episodios más enconados de aquel conflicto. El 4 de agosto de 1999 varias docenas de miembros del Consejo General de Huelga quisieron evitar la inscripción de alumnos de nuevo ingreso a la Universidad que habían sido citados en las instalaciones del Conalep ubicadas en la Calzada de las Águilas. Como se recordará en aquel tiempo el secuestro de la UNAM –que finalmente duró 10 meses– mantenía cerradas las instalaciones en el campus principal.

   Después de varias horas de insultarse, estudiantes partidarios de la huelga y antagonistas de ella se enfrentaron a golpes. En la gresca un funcionario de la Universidad fue despojado de 31 paquetes con recibos de cuotas para la inscripción a primer ingreso.

   El enfrentamiento suscitó la intervención de 150 granaderos que detuvieron a un centenar de personas. Entre ellas estaba Pardo Hernández, de quien se dijo que tenía 54 años y era profesor de Física en el CCH. Acusado de sustraer aquellos recibos, Pardo quedó en libertad después de pagar una fianza.

   Aquel asunto, según parece, siguió la lenta marcha que suelen experimentar los procesos judiciales. El viernes pasado Pardo fue detenido y a eso se debió la ocupación de la Rectoría, organizada por amigos o compañeros suyos.

   El robo de las boletas de inscripción, que en 1999 fue considerado como un delito, ahora las autoridades de la UNAM lo califican como infracción baladí. El comunicado de prensa de la UNAM anunció ayer mismo que Pardo, “detenido por un presunto ilícito menor cometido en 1999, quedará libre en las próximas horas”.

   El interés de las autoridades de la Universidad por restarle importancia a aquel suceso, es congruente con la desatención que han tenido respecto de los procesos legales para sancionar atentados como el secuestro de las instalaciones universitarias hace cinco años.

   Al llegar a Rectoría el Dr. Juan Ramón de la Fuente tenía que conciliar con los sectores más diversos de la Universidad Nacional. Sin embargo, la avenencia con algunos de los grupos más agresivos llevó a las autoridades universitarias a consentir infracciones contra el patrimonio y la vida académica de esa institución.

   Cuatro años después de aquella triste y costosa huelga, todavía hay instalaciones de la Universidad que siguen en manos de los grupos que secuestraron a la institución o de otros similares. El auditorio Che Guevara (o Justo Sierra) ha permanecido ocupado. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales varios salones de clase funcionan como dormitorios y oficinas de los grupos que los tomaron hace años. La desaparición de mobiliario y equipo es frecuente. Los profesores vejados hace tres años, cuando una noche fueron desnudados por ex dirigentes del CGH, nunca recibieron el apoyo legal que requerían para presentar las denuncias judiciales que esos hechos ameritaban.

   Ese interés para evitar o mermar la acción de la justicia dentro de la Universidad pareciera repetirse, ayer, ante la ocupación de Rectoría. A la oficina de prensa de la UNAM le parece que la decisión judicial que ocasionó la detención de Pardo Hernández “da mucho que pensar”. El viernes pasado, se dice en otro comunicado, ese expediente “se revivió, por órdenes de ‘alguien’ ”. Si sospechan que hay una maquinación política, los funcionarios universitarios tendrían que ser más precisos en sus imputaciones. Cuando se dice víctima de una provocación la Rectoría no aclara si se refiere al asalto por parte de varias docenas de enmascarados o a la decisión de un juez federal.