La Crónica, 8 de mayo

Un millón de pesos diarios. Esa es la cantidad que el gobernador de Jalisco ha regalado a instituciones y empresas privadas desde que tomó posesión de ese cargo, en marzo del año pasado. Los 90 millones de pesos que decidió donar a la iglesia católica para la construcción de un santuario cerca de Tlaquepaque constituyen el obsequio más cuantioso y polémico, pero no el único, que Emilio González Márquez ha otorgado con dinero público.

Donativos a las televisoras, transferencias a firmas privadas, un regalito que mandó hacer para entregarle al Papa en El Vaticano y gratificaciones varias a fundaciones identificadas con grupos católicos, son parte del derroche del cual se ufana el gobernador de Jalisco. Se trata de 420 millones de pesos hasta fines de abril. El reportero Alejandro Almazán hizo el detallado recuento de esos gastos en la edición más reciente de la revista emeequis.

A quienes han cuestionado la discrecionalidad con que gasta dinero que no es suyo, sino de los ciudadanos, el gobernador González Márquez respondió el 23 de abril con la ordinariez que ha sido profusamente comentada en todo el país. Las mentadas de madre le han sido revertidas por muchos de sus conciudadanos en diversos actos públicos realizados para reclamarle no sólo por lenguaraz, sino por abusar de su cargo al frente del gobierno jalisciense.

También debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos los donativos del gobernador, especialmente los 90 millones de pesos que prometió al llamado Santuario de los Mártires, han sido causa de una averiguación que la Cámara de Diputados solicitó, por unanimidad, la semana pasada. Esa indagación, que les fue requerida a las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, tiene sustento en la normatividad para el ejercicio de recursos a cargo de los gobiernos estatales y, además, en la legislación para las corporaciones eclesiásticas.

Aunque dice que es para alentar al turismo, el donativo de 90 millones de pesos estará destinado a respaldar la construcción de un recinto religioso (“el más grande de América Latina”, se ufana la jerarquía de la iglesia católica en Jalisco) en el cerro del Tesoro, cerca de la capital tapatía. Quizá al gobernador González Márquez y a quienes con tanto fanatismo como el suyo defienden esa donación les resultaría útil atender al artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expedida en 1992:

“El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”.

Evidentemente la entrega de una suma de dinero, del monto que fuese pero especialmente si asciende a la cantidad que González Márquez autorizó para sus amigos de la Diócesis de Guadalajara, constituye un gesto de favoritismo. Cualquier otra corporación eclesiástica podría considerarse con derecho a recibir un regalito similar para no padecer discriminación por parte del gobernador de Jalisco.

Con ese donativo, González Márquez confirma la subordinación que tiene respecto del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el jactancioso patriarca de la iglesia católica en Jalisco. La proclividad de ese personaje para lucrar políticamente con el falseamiento de asuntos públicos se ha confirmado con las versiones distorsionadas que ha propalado acerca del asesinato de su antecesor, el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo.

Así también, la construcción del llamado Santuario de los Mártires dista de ser un proyecto para favorecer al turismo en Jalisco. Se trata de una obra para respaldar a los segmentos más conservadores de la iglesia católica. Es decir, el gobernador González Márquez no solamente ha transgredido la Ley de Asociaciones Religiosas al destinar dinero público a una corporación eclesiástica. Además apoya, con recursos del Estado, a una de las facciones más retardatarias de la iglesia católica. Eso es jugar con fuego.

Los mártires a los que se pretende recordar con el presunto santuario no se distinguieron por sus obras piadosas, ni por contribución alguna a la doctrina de la iglesia católica. Se trata de fieles que se alzaron en armas contra el Estado mexicano con motivo de las restricciones al ejercicio de los ritos religiosos que impuso el gobierno de Calles a fines de los años 20 del siglo pasado.

El encono entre defensores y antagonistas de la iglesia católica constituyó una fase de auténticos desgarramientos en la sociedad mexicana hace ocho décadas. En ambas partes de ese diferendo hubo fanatismo y excesos, en ocasiones de notable violencia y arbitrariedad. Con la construcción del Santuario en Tlaquepaque el clero de Jalisco reanima esas discrepancias y lo hace de la peor manera, exaltando a personajes respecto de los cuales existen juicios históricos bastante contradictorios.

Los llamados mártires de Jalisco fueron víctimas pero, antes que nada, corresponsables de la conflagración social y política que anidó en ese y otros estados en los años de la guerra cristera. Entre la docena de militantes católicos que recientemente fueron beatificados y en cuyo honor se quiere erigir el nuevo monumento, destacan José Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. El primero de ellos apuntaló en Jalisco uno de los bastiones más intolerantes y –literalmente– belicosos de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Gómez Loza lo respaldó y según diversos testimonios participó en acciones de violencia como el asalto, el 19 de abril de 1927, al ferrocarril que iba a la ciudad de México.

La historiadora Laura Campos Jiménez, en su libro Los nuevos beatos cristeros. Crónica de una guerra santa en México, relata que Gómez Loza respaldó a los sacerdotes José Reyes Vega, Jesús Angulo y Aristeo Pedroza así como al guerrillero Victoriano Ramírez, apodado “El Catorce”, que descarrilaron el tren a 7 kilómetros de La Barca, en Jalisco.

Al día siguiente, 20 de abril de 1927, El Universal Gráfico reseñó: “El criminal acto que hizo víctimas no sólo a la escolta, que se batió heroicamente, sino a una parte del pasaje, fue consumado por la gavilla capitaneada por los curas Vega, Pedroza y Angulo, el licenciado Loza y el cabecilla apodado ‘El Catorce’. La escolta sucumbió ante la superioridad numérica de los levantados y la fiereza de estos que hizo víctimas, en forma espantosa y con una crueldad subleva, a una parte del pasaje”.

Campos Jiménez explica: “La gavilla de cristeros que llevó a cabo este salvaje atraco, tuvo conocimiento de primera mano a través de Miguel Gómez Loza (ahora beato) que la sucursal Guadalajara del Banco de México, enviaría por ferrocarril una importante suma de dinero a México el citado 19 de abril, el cual habrían de asaltar y hurtar”.

Allí mismo se transcribe el testimonio del miliciano cristero Luis Rivero del Val: “Los cristeros se apostaron bien parapetados en ambos lados de la vía, dominando el convoy. El destacamento a cuyo cuidado iban los pertrechos se diseminó por todos los carros y ocupó las ventanillas, desde las cuales hicieron fuego incesantemente, sin importarles la seguridad del pasaje, el cual tirado contra el piso de los mismos carros, quedó expuesto a las balas de los atacantes. El combate duró casi tres horas, hasta que sucumbió el último hombre de la escolta, que dicho sea en su honor, se portó con fiera valentía. Una vez dominada la situación subieron los rebeldes al tren, se apoderaron de las armas, pertrechos y dinero que en él se conducían… posteriormente regaron los carros con el combustible de la máquina y les prendieron fuego”.

Lo hicieron con todo y muchos de sus ocupantes. El Universal Gráfico del 21 de abril informó: “Subieron los rebeldes sin escuchar a las mujeres que pedían piedad. Bajaron del tren los pasajeros que pudieron hacerlo, pero se quedaron los niños y heridos. Los asaltantes, sin miramiento alguno, regaron de chapopote los carros y les prendieron fuego, consumiéndose por completo y oyéndose en medio de la hoguera los gritos de quienes se quemaban vivos”.

La investigación de Campos Jiménez ofrece otros ejemplos de la saña de quienes luego serían beatificados por la iglesia católica. Seguramente de la otra parte también hubo excesos. Así fue, deplorable y absurdamente, la guerra cristera.

Esas cenizas son las que remueve el “santuario” de Sandoval Íñiguez. Esos abusos de los cristeros en Jalisco son los que respalda el gobernador Emilio González Márquez. El gobernador de Jalisco no solamente utiliza dinero público para respaldar una causa particular. Además a esa causa la singularizan la división y el odio entre los mexicanos.

La Crónica, jueves24 de abril

Quizá es impropio de su investidura y sobre todo políticamente impertinente que lo diga, pero será difícil que alguien, sensatamente, ponga en duda la afirmación del presidente de la República acerca de la imagen del PRD y sus aliados: sus comportamientos recientes, “simple y sencillamente los ponen en ridículo”.

Es cierto, aunque no hacía falta que lo dijera. Pero se trata de una verdad parcial. El PRD y socios en esta aventura no son los únicos que están quedando en ridículo.

Al atraco político que cometen esos partidos, se opone el escarnio mediático de la ultraderecha. Frente a la intolerancia cerril de los lopezobradoristas, ha destacado la generalización maliciosa de quienes los comparan con el fascismo corriente. Se trata de exageraciones tan mayúsculas que resultan grotescas, estrafalarias.

La ocupación de las tribunas parlamentarias ha constituido una reiteración, cruda y dura, del talante antidemocrático que impera en el PRD así como de la inhabilidad del gobierno, el PAN y el PRI para asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les asignaron los ciudadanos. Pero ese asalto a los recintos legislativos no ha sido golpe de Estado, ni secuestro del Congreso, como se ha dicho con ligereza.

Las precisiones conceptuales no son, en este caso, florituras académicas. Hace falta definir qué está ocurriendo para entender de qué se trata. Lo que hemos presenciado desde hace dos semanas es un abusivo caso de extorsión política que ha tenido como propósito demorar el debate acerca de la reforma energética. En aras de ese objetivo Andrés Manuel López Obrador, y sus abiertos o vergonzantes seguidores, se han desplegado en tres terrenos simultáneos.

El primero ha sido el ámbito de los recintos legislativos gracias a la adocenada disciplina de senadores y diputados perredistas que, independientemente del bando que asuman dentro de la encarnizada disputa dentro de su partido, resolvieron ceñirse a los dictados del caudillo que hoy por hoy sustituye cualquier decisión o voluntad dentro del PRD.

Su segundo territorio es el de la calle, que no resulta ajeno a las prácticas de las izquierdas pero que en esta ocasión ha sido ocupado no para defender una reivindicación popular y mucho menos democrática –como solían hacer los agrupamientos de esa vocación ideológica– sino para impedir la discusión y en todo caso la decisión nacionales sobre el petróleo. En empleo de las “adelitas” ha sido por sí mismo suficientemente autoritario, caudillista –e incluso machista– para describir la índole antidemocrática de ese movimiento.

El tercer ámbito donde López Obrador y los suyos despliegan influencia y presencia es el de los medios de comunicación. Con la especie de que se les margina y censura, mantienen atemorizados a muchos de los medios y operadores mediáticos más relevantes que, entonces, se esfuerzan para darles cabida con tal de no resultar políticamente incorrectos o, en este caso, propagandísticamente condenables por parte del lopezobradorismo.

En esos tres frentes, los adversarios de las iniciativas presidenciales para la reforma de la industria petrolera han alcanzado un triunfo inicial. Lo que querían antes que nada era impedir la discusión de esas propuestas antes de que terminase el actual periodo de sesiones del Congreso y así lo consiguieron. Un logro adicional para esa controvertible causa ha sido la densa nube de confusión que se ha cernido sobre las propuestas del presidente Felipe Calderón y, en general, acerca de la cuestión petrolera.

Estamos, hasta ahora, ante un triunfo de la marrullería y el atropello políticos. No se trata de un recurso habitual en el litigio parlamentario como se ha querido decir en descargo de los legisladores perredistas. Ocupar la tribuna para defender su derecho a expresarse puede ser legítimo cuando a un diputado o senador se le quiere marginar en la discusión o la decisión legislativas. En ocasiones, la presentación de largas peroratas se convierte en recurso para dificultar la discusión parlamentaria. Lo que hacen ahora los legisladores del PRD, sin embargo, es impedir cualquier intercambio, cualquier debate en los recintos por excelencia adecuados para ello.

Se trata de un atentado a la política, a la deliberación y al desempeño del Congreso. Pero eso no es golpe de Estado como no lo constituyó, tampoco, el desafuero de López Obrador que hace tres años fue considerado de esa manera por algunos apologistas de ese personaje. Tampoco estamos ante un secuestro del Congreso porque, como a pesar de incomodidades y limitaciones ha demostrado la mayoría de sus integrantes, ambas Cámaras han seguido trabajando.

Esa expresión de marrullería política ha prosperado ante la perplejidad del resto de las fuerzas políticas y la confusión de buena parte de la sociedad. En ese río revuelto algún exaltado tuvo la ocurrencia de comparar a López Obrador con Hitler, Pinochet y Victoriano Huerta y, además del beneplácito de las televisoras, obtuvo recursos para comprar tiempo en ellas.

Se trata de un completo despropósito. Si nuestro ambiente público no estuviera tan crispado, el conocido spot habría pasado con más pena que gloria y sería reconocido como expresión de barbaridad e intolerancia. Pero con los ánimos políticos tan soliviantados, hay quienes han querido encontrar razonable la equiparación que se hacía en ese anuncio realizado para denostar a López Obrador y a los partidos que lo respaldan. Más allá de todo eso, el spot es ilegal de acuerdo con las normas aprobadas a fines del año pasado para la difusión de propaganda política.

El anuncio de marras viola la Constitución. No hay vuelta de hoja. Y esa transgresión constitucional ha sido alentada o dispensada por los grupos o personas que hayan contribuido a la difusión del spot, por las empresas de televisión y radio que lo transmitieron, por los medios de comunicación que aplaudieron esa difusión y, hasta ahora, por las autoridades del Instituto Federal Electoral que asisten extrañadas y apocadas ante esa violación de la ley que tienen la responsabilidad de hacer cumplir.

Tendría que ser innecesario, pero a menos de medio año de su promulgación hace falta recordar la más importante de las disposiciones de esa reforma al artículo 41 de la Constitución Política:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

El artículo 41 constitucional se refiere a la propaganda política en cualquier momento y no solamente cuando hay campañas electorales, como se ha llegado a suponer. El Código Federal Electoral, a partir de las reformas recientes, ratifica esas disposiciones y señala sanciones muy precisas para quienes las infrinjan.

En este caso el grupo que suscribe y que aparentemente pagó la difusión del spot, pero además las televisoras y radiodifusoras que lo transmitieron, tendrían que ser sancionados por el Instituto Federal Electoral. Al incumplimiento de la ley en el que ya había incurrido, Televisa añadió una infracción más al seguir transmitiéndolo después de que, el viernes pasado, el IFE había dispuesto que fuera suspendido.

Los consorcios mediáticos están poniendo a prueba la capacidad de los actuales consejeros del IFE para hacer cumplir la ley. Todavía está pendiente la sanción que impondrán –si se animan a hacerlo– a Televisión Azteca y a los partidos que conforman el llamado Frente Amplio Progresista por el spot que hace varias semanas anunciaba un mitin de López Obrador y que fue contratado al margen de la autoridad electoral. Después de esa contravención, hace apenas un mes, la difusión del spot que equipara a AMLO con personajes del fascismo histórico es un abierto desafío a los consejeros del IFE. Ellos reaccionan con tanta parsimonia que pareciera que no se enteran, o no entienden lo que ocurre.

Ante los abusos del ex candidato presidencial y su estridente claque, los promotores del engañoso spot promueven la ofuscación y la polarización. Sería igualmente maniqueo considerar que se trata de fuerzas equivalentes. El de Guillermo Velasco Arzac es, independientemente de los apoyos que pueda tener, un exceso cometido por un ciudadano frente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales en el que han incurrido senadores y diputados federales de PRD, PT y Convergencia. La del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno, A.C.” es una campaña mediáticamente vistosa pero nada más que eso, que realiza un pequeño grupo privado frente a omisiones y acciones de esos tres partidos nacionales que están empecinados en estropear el trabajo legislativo.

El saldo, hasta ahora, es que no hay debate sobre el petróleo. Y cualquiera que sea, cuando ocurra, la decisión acerca de las reformas para esa industria habrá quedado oscurecida por suspicacias y distorsiones promovidas por los prosélitos de López Obrador pero favorecidas, también, por la inhabilidad política del gobierno y el PAN. Ah, claro, y por la taimada actitud del PRI que no encuentra provecho en comprometerse con la reforma petrolera.

Así que el ridículo resulta evidente, pero no es patrimonio de una sola fuerza política.

Ahora que, si atendemos a la acepción precisa y advertimos que ridículo es aquello que provoca risa, entonces habrá que reconocer que la situación nacional se encuentra en las antípodas de ese adjetivo. Está, digámoslo claramente, para llorar.

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Nexos, marzo de 2008

Las redes de conveniencia que Elba Esther Gordillo ha construido durante dos décadas y que involucran a políticos y partidos de diversas y hasta contradictorias filiaciones pero también a periodistas, intelectuales y dirigentes sociales, le han permitido ejercer una notoria influencia. Su poder descansa en la representación –y el manejo de las cuotas sindicales– de más de un millón de maestros. Pero también se debe a la imagen de ascendencia indudable que se ha creado en torno suyo. Los socios de Elba Esther (Planeta, México, 2007, 336 pp.) de Ricardo Raphael, ayuda a entender el poder excesivo que la negligencia del Estado y la complacencia de los profesores le han conferido a Gordillo. Además, de manera involuntaria, contribuye a mitificar ese poder.

Catástrofe educativa

En uno de los momentos más expresivos del libro se relata cómo, en abril de 1989, el presidente Carlos Salinas le comunicó a Carlos Jonguitud que debería dejar la conducción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La designación de Gordillo, que entonces pudo parecer saludable porque significaba el desplazamiento de un líder abusivo y antidemocrático, daría lugar a un poder caciquil tan autoritario y discrecional como el que ejercía Jonguitud.

Gordillo no arribó a la dirección del SNTE para impulsar un proyecto democrático sino para promoverse a sí misma. Raphael explica que las cuotas sindicales, equivalentes al 1% del salario de cada profesor de educación básica, junto a otras prestaciones, ascienden a casi 11 mil millones de pesos en el transcurso de varios sexenios durante el liderazgo de “la maestra”. Pero si se añaden aportaciones a fondos de vivienda y otras fuentes de ingreso gremiales, a partir de 1991 el SNTE habría recibido “alrededor de 200 mil millones de pesos”. Esa suma, que el mismo Raphael calcula equivale a casi a la décima parte del Presupuesto de Egresos federales en 2007, es tan desmesurada que amerita mayor investigación y precisiones.

Gordillo dispone de cuotas, designa y revoca a líderes locales y nacionales, trafica con la representación política de los maestros. Pero esas capacidades no implican que pueda suplantar las convicciones políticas de los profesores, como a menudo se cree.

Con una conducta equidistante de los principios esa dirigente ha sido priista destacada, foxista indispensable y promotora de su propio partido –Nueva Alianza– casi de manera simultánea. Sólo la confusión dominante en un escenario político sin coordenadas ideológicas claras explica esa versatilidad. El libro narra con detalle la cercanía de Gordillo con políticos del PRI como, entre otros, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard desde que formaban filas en ese partido. También relata cómo acostumbraba acercarse a escritores e intelectuales en busca de sus servicios o adhesión.

Ricardo Raphael describe el círculo vicioso que va de la politiquería sindical a la catástrofe educativa y que constituye el daño mayor que el SNTE y su lideresa le han propinado al país. El funcionamiento autoritario del sindicato ha sido posible gracias al manejo que los líderes gremiales ejercen sobre concesiones y prestaciones que reciben los maestros. Y ellos a su vez, adheridos a una estructura en donde la carrera magisterial no depende sólo de su capacitación real sino también de los méritos que hagan para la burocracia del SNTE, reproducen prácticas educativas que mantienen estancada la capacidad de reflexión de niños y jóvenes en las escuelas mexicanas: “¿Cómo sería posible que los maestros enseñaran a sus alumnos el valor de la autonomía, si ellos mismos están atrapados en un sistema de mafiosas dependencias? ¿Con qué convicción pueden inculcar el principio de la superación personal –a través del estudio y la adquisición de conocimientos– si para progresar en su carrera como maestros lo importante es ligarse sumisamente con la cúpula sindical?”.

Gordillo misma fue subordinada de esa burocracia sindical. Su historia personal, de profesora rural en Chiapas a cacique gremial con residencia en San Diego, California, sería fascinante de no estar resultando tan costosa para la educación pública y el país todo. Raphael describe la relación despótica y atrabiliaria, pero también de coacción emocional que, a imitación de las vicisitudes que ella padeció cuando joven, suele desarrollar Gordillo con sus subordinados. También ofrece datos importantes acerca de la colocación de familiares y allegados de esa dirigente en posiciones sindicales y políticas, así como para usufructuar contratos de construcción de vivienda magisterial.

Operación electoral

No son desdeñables el poder político y la capacidad de influencia que Gordillo ha logrado. Pero en varios pasajes del libro, Raphael exagera esas posibilidades de “la maestra”. La más destacada de tales magnificaciones le atribuye a Elba Esther Gordillo haber modificado los resultados de la elección presidencial de 2006.

Desde 2000, apoyada en el sindicato, Gordillo dispuso la construcción de un aparato para supervisar las elecciones en todo el país. Gracias a la participación de varios miles de profesores, asignados para registrar la votación en casillas previamente seleccionadas, podía tomarle el pulso a las elecciones de manera constante.

De acuerdo con versiones que recoge el autor del libro, al contar con datos a cada momento Gordillo podía acercarse a los principales candidatos y ofrecerles importantes caudales de votos. Así lo hizo, según tal información, al mediodía del 2 de julio de 2000 con Vicente Fox y, aparentemente también, con Felipe Calderón la víspera de las elecciones de 2006.

La posibilidad de que Elba Esther Gordillo indujera una cantidad de votos suficiente para cambiar el resultado de una elección en la que participaron 42 millones de mexicanos, constituiría un factor de poder descomunal. Sin embargo esa suposición tiene flancos inciertos que no son esclarecidos en el libro. El mismo Ricardo Raphael admite, con precaución, que esa habilidad para movilizar centenares de miles de votos: “Podría ser falsa, pero también podría no serlo. Todo depende de una sola cosa: de que la profesora Gordillo Morales sea capaz de instruir a tantos miles de adultos mexicanos sobre el sentido que deben darle a su voto, cuando se encuentran solos –y en plena conciencia de sí mismos– frente a la boleta electoral”.

Esa presunta aptitud para alterar el resultado electoral tendría dos variantes. Una, la posibilidad de convencer a varios centenares de miles de electores para que estuvieran dispuestos a votar por uno u otro candidato independientemente de las preferencias, convicciones e intereses de cada uno de ellos. Estaríamos ante un caso de alienación –o al menos de alineación– colectiva no solamente único en la historia sino, además, del que no existe huella o testimonio alguno. En el mismo libro se indica que 7 de cada 10 profesores de educación básica consideran que la actuación de Gordillo al frente del sindicato ha sido mala o pésima. Sería muy remoto que decenas de miles de esos maestros, luego de tener tal opinión, se dejaran manipular en la elección federal.

Raphael explica que aparato electoral de Gordillo está formado por 150 mil profesores que participan en el levantamiento de datos y quizá en tareas de persuasión de los votantes el día de los comicios. Sin embargo no se conocen evidencias de las dimensiones reales de esa estructura. ¿No estaremos ante una versión no confirmada que a fuerza de repetirse una y otra vez termina por parecer cierta, aunque no haya pruebas de su verosimilitud?

La otra posibilidad es que los operadores electorales al servicio de la dirigente magisterial hubieran podido alterar, ya en el cómputo de los votos, una cantidad de sufragios suficiente para trastocar los resultados de los comicios presidenciales. Ricardo Raphael se interesa en la versión de Noé Rivera, antiguo colaborador en asuntos informáticos y luego fallido operador político de la presidenta nacional del SNTE.

Rivera dice que en la elección de 2006, 70 mil profesores trataron de colocarse como funcionarios en las casillas tanto durante el proceso de selección como el día de los comicios. Asegura que con dos funcionarios en cada casilla confabulados para hacer trampa es posible alterar el escrutinio.

Esa hipótesis tiene varios flancos débiles. En primer término sería necesario que los presuntos usurpadores lograran incrustarse en las mesas directivas de las casillas, cuyos integrantes son designados primero por insaculación entre todos los ciudadanos y luego a partir de un curso de capacitación que organiza el IFE. Si consiguieran superar esos candados, alguien tendría que explicar de qué manera solamente dos pueden alterar un cómputo en el que participa una docena de personas atentas a cada boleta que sale de las urnas.

Luego, suponiendo que pudieran confundir a todos los presentes en el cómputo, tendrían que “sustraerle votos a un partido político con el objeto de transferírselos a otro” como dice Raphael en su explicación del supuesto fraude. Sin embargo el mismo Rivera, entrevistado por ese autor, descarta que dicha operación “haya generado votos a favor de Felipe Calderón, yo estoy seguro de que le quitó votos al PRI, le perdió votos al PRI y al PRD”.

Fraude hipotético

Aunque admite que esa hipótesis puede sonar “descabellada” el autor examina, junto con el investigador Javier Aparicio, las casillas ubicadas en las “Secciones Electorales de Atención Especial 2”, en donde la autoridad electoral supuso que podría haber algún conflicto. De entre ellas, elige las casillas en donde fueron reemplazados uno y dos funcionarios y compara los resultados con los votos en las casillas sin sustituciones. Así encuentra que, en donde fue sustituido el secretario, hubo una diferencia de 49% a favor del Partido Nueva Alianza.

En realidad se trata del 94% porque los porcentajes, sintetizados en la página 293 del libro, están mal calculados. Ya fuese 49, o 94, pareciera ser un porcentaje demasiado alto. Pero si se atiende a las cifras reales no lo resulta tanto. En las casillas donde no hubo sustitución de secretario el PANAL obtuvo 1.7 votos en promedio. Donde sí la hubo, recibió 3.3. Se trata de una diferencia de 1.6 votos por casilla. Pero en las casillas con cambio de secretario la coaliciones encabezadas por PRI y PRD perdieron, juntas, 26.2 votos. Entre las dos, obtenían 142 votos en las casillas sin esa sustitución de funcionario electoral y recibieron 115.8 en donde sí la hubo. Si esos votos fueron sustraídos por ciudadanos tramposos ¿en dónde quedaron?. Y ¿cómo se explica que entre unas y otras casillas el PAN haya perdido 5.5 votos en promedio? No hay relación entre la disminución de votos para los candidatos del PRI y el PRD y los que recibieron PAN y PANAL en esas casillas.

Vale la pena recordar que, según datos del IFE, el 2 de julio de 2006 solamente 3.8% de los más de 518 mil funcionarios electorales fueron seleccionados de la fila de ciudadanos formados afuera de las casillas. Con ese procedimiento se designó al 0.15% de los presidentes de casilla, al 1.43% de los secretarios y al 3.98% de los primeros escrutadores. Si, como dice Rivera –citado por Raphael– para hacer trampa es fundamental la coptación del secretario de la casilla, habrá que tomar en cuenta que solamente en 1877, de 130477 casillas, al secretario se le designó seleccionándolo de la fila.

De acuerdo con el cómputo del IFE, Felipe Calderón recibió 244 mil votos más que Andrés Manuel López Obrador. Si hubiera existido la operación que dicen Raphael y Rivera, cada uno de los secretarios de casilla presuntamente embaucadores –suponiendo que absolutamente todos los funcionarios designados como reemplazos para esa posición hubieran estado confabulados– tendría que haberle sumado 130 votos más al candidato del PAN. Las cuentas no salen porque se trata, precisamente, de una hipótesis descabellada.

Sobresaliente retrato

Los socios de Elba Esther ofrece un acercamiento relevante para conocer y entender la red de alianzas pragmáticas, traiciones políticas y simulaciones que ha mantenido a la señora Gordillo a la cabeza de la organización social más grande e importante de México. El libro señala rumbos de indagación periodística y académica que será preciso profundizar. Es fundamental no soslayar la importancia de Gordillo en el mantenimiento lo mismo que en la demolición del viejo sistema político. Por ello, es necesario que no se magnifiquen sus capacidades políticas.

Revista emeequis, 20 de abril

mostrador

Cuando López Obrador envía a sus adelitas y a los legisladores perredistas a entorpecer la discusión a la que está obligado el Congreso no solamente estamos presenciando la reedición de una escaramuza ya conocida. La tentación de asegurar que transcurrimos de la tragedia a la comedia resulta casi inevitable, aunque aquella frase nos queda cada vez más insuficiente.

Si nuestra vida pública deambulara de la confusión trágica al despropósito cómico, tendríamos cierta evolución o al menos nos entretendríamos. Pero cada vez tenemos más afianzada la sensación de que el país no hace sino recorrer un tortuoso, si bien estridente círculo vicioso. Importa poco si estamos moviéndonos de tragedia en tragedia o de comedia en comedia. Porque, una u otra, el resultado incluye el estancamiento de la deliberación pública, la estupefacción y el hartazgo de la sociedad, así como el refocilamiento de la clase política en la rencilla improductiva.

La responsabilidad del PRD y su ex candidato presidencial sigue siendo fundamental en ese atasco de la vida pública mexicana. Empecinado en una soberbia tan, valga la redundancia, autocomplaciente como auto paralizante, Andrés Manuel López Obrador renunció hace tiempo a ser palanca de cambios para el país y considera que su misión política es fastidiar sin tregua al presidente que le ganó las elecciones hace un par de años. En eso consiste el papel de la oposición, podría decirse. Pero una cosa es mandar al diablo a las instituciones –es decir, renegar de ellas con tanta exaltación que se las considera prescindibles— y, otra, tratar de que la vida política institucional se convierta en un infierno.

Por eso el comportamiento de López Obrador y su partido ha sido tan patéticamente emblemático del estancamiento de una vida pública en donde los desplantes sustituyen a las ideas y los reparos a la deliberación. El problema no es que ese personaje insista, al estilo del priismo autoritario en el que no en balde se formó políticamente, en que no hay más verdades que las suyas. Tampoco que siga denominándose presidente legítimo.

Esas y otras extravagancias serían indicativas de la incapacidad de López Obrador para entender una realidad que le ha sido desfavorable y nada más. El problema radica en la subordinación que la mayoría de sus correligionarios, comenzando por los líderes de esas variadas y a su vez peleoneras corrientes perredistas, siguen teniendo respecto de ese caudillo.

Aun sin haber resuelto la vergonzosa disputa por sus elecciones internas, todos los grupos del PRD cerraron filas no en defensa de un proyecto para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestro petróleo sino, simplemente, alrededor de un rechazo tajante, sin argumentos ni matices.

La propuesta que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso tiene aristas discutibles y precisamente por ello es preciso que se le examine con todo rigor. Aunque en ella se advierte un esfuerzo para conciliar las posiciones que buscaban una apertura con pocas restricciones con aquellas que sugieren no hacer nada o hacer muy poco para renovar a la empresa petrolera y su capacidad de crecimiento, la iniciativa del gobierno deja sin resolver algunas dudas fundamentales.

Sobre todo sigue faltando información completa, pero además confiable, para saber si la participación de empresas privadas en la búsqueda y la refinación de petróleo es realmente la mejor opción para el país. Hay quienes, como Cuauhtémoc Cárdenas, proponen reforzar las finanzas de Pemex para que la alianza con empresas privadas no sea necesaria. Parece sensato, aunque esa postura deja sin resolver de dónde obtendría el país el dinero necesario para compensar la ausencia del fortísimo respaldo que los recursos petroleros le otorgan al presupuesto nacional. En todo caso allí se encuentra uno de los nudos de la discusión que hace falta.

Esa deliberación ha sido entorpecida por la taimada indefinición del PRI que sigue apostando al corto plazo, sin comprometerse y pensando únicamente en su recuperación electoral y que buscó demorarse para ofrecer una posición acerca de la propuesta del presidente Calderón.

También la desmañada táctica del gobierno, que no ha tenido una ruta clara para preparar, cabildear, publicitar y defender su iniciativa de reforma petrolera, influyó en la parálisis política que hemos advertido en las semanas recientes. Es difícil que los acercamientos con otras fuerzas políticas los pueda emprender un secretario de Gobernación que ha gestionado contratos de servicios con Pemex en beneficio de su empresa familiar y que, peor aún, inicialmente se negó a reconocer y a explicar esa situación.

Pero en la perplejidad de esta vida pública acicateada por declaraciones catastrofistas y habitualmente ayunas de ideas y propuestas la responsabilidad del PRD, al que por comodidad, costumbre o ignorancia hay quienes siguen considerando de izquierdas, ha sido esencial. Comedia y tragedia, ese partido nacional sigue sin hacerse cargo de la confianza que pese a tan notorios despropósitos le siguen dispensando muchos ciudadanos. Frenar o estorbar la discusión jamás han sido prácticas reconocidas en la izquierda y mucho menos en la política de índole democrática. Pero a López Obrador y su partido hace rato dejaron de interesarles la congruencia y mucho menos las ideas. Y esa, tragedia o comedia, es una realidad imposible de aceptar.

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La Crónica, 17 de abril.

Madrid. La ministra de Defensa está embarazada. Esa frase resume el cambio político, no sin bemoles y contradicciones, que impulsa el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al iniciar un segundo periodo de gobierno. En su gabinete, integrado por 17 ministros, hay nueve mujeres. Ese solo dato hubiera sido suficiente para enfatizar que, más allá de la equidad de género, existe una simbólica apuesta por la heterodoxia política. Pero Defensa, que es la cartera proverbialmente más identificada con la hegemonía masculina, ha sido ocupada por una mujer. Que además es joven. Que además es catalana. Y que está esperando un hijo.

Ese dato, que en cualquier otra circunstancia sería tema exclusivamente de la vida personal de doña Carme Chacón y su marido el periodista Miguel Barroso –ex vocero de Rodríguez Zapatero y ahora director de la Casa de América– se ha convertido en clave de la deliberación española en estos días. Chacón ya despertaba el interés de las publicaciones consideradas como femeninas desde que, siendo ministra de Vivienda, se casó embarazada a fines del año pasado. En la revista Elle apareció un reportaje en donde esa abogada de 37 años, que desde muy joven milita en el Partido Socialista de Cataluña, consideraba que no le resultaría imposible ejercer su nueva maternidad sin descuidar los deberes que le impone su pertenencia al gobierno de Rodríguez Zapatero. “Siempre tengo en mente que mucho más complicado es estar embarazada y tener que trabajar como, por ejemplo, cajera en un supermercado“, dijo con sensatez pero también consciente de la carga simbólica que adquiría desde entonces como figura pública.

Pero una cosa es lidiar con empresas constructoras, sociedades de crédito y acaparadores de predios y otra, encabezar a las tres fuerzas armadas (tierra, mar y aire). Y de tales dimensiones ha sido el encargo que hace unos días le asignó el Presidente de Gobierno a esa concejal del ayuntamiento de un suburbio de Barcelona que, además de todo ello, se da tiempo para dar clases de Derecho.

Diputada en dos ocasiones, Carme Chacón se instaló el lunes en sus nuevas oficinas en el Ministerio de Defensa. Su mensaje inicial a los generales con quienes trabajará cotidianamente fue claro, sencillo y firme. La condición de género de la ministra no debería dificultar el trato entre el gobierno y los militares ya que en España desde hace buen rato, y como una de las consecuencias de la institucionalización de la democracia, las fuerzas armadas tienen una presencia disciplinada y discreta. Sin embargo solamente 12% de los efectivos militares en España son mujeres.

La protesta de la nueva ministra de Defensa y el resto del gabinete de gobierno ante el Rey Juan Carlos y al día siguiente su alocución inaugural en el patio central del Ministerio que ahora encabeza fueron transmitidas en vivo por la televisión. Al encuentro con los militares Carme Chacón acudió con un atuendo que una periodista especializada en modas describiría como “discreto traje de chaqueta negro con blusón premamá blanco de rayas y unos zapatos negros con bastante tacón, que disimulaba con el largo del pantalón”.

Si el ministerio de Defensa hubiera seguido en manos de un hombre su indumentaria jamás hubiera sido motivo de comentarios. Pero así son las novedades: la primera vez suscita el interés de lo inédito y en esta ocasión se trata de una ruptura histórica. De ese calado fue hace cuatro años la decisión de Rodríguez Zapatero para designar vicepresidente de su gobierno a la abogada María Teresa Fernández de la Vega, que ahora repite en ese cargo.

No puede decirse que los españoles acepten todos, de buena gana, el nuevo cambio. Un lector sevillano le escribió esta semana a Rafael Reig, columnista del diario Público que desde hace medio año aparece (por cierto, con notable lozanía y agudeza periodísticas) en la capital española: “La guerra, que yo creía que había sido siempre un brutal juego de intereses orquestado por unos pocos hombres poderosos, una manera más de seguir haciendo negocio con la muerte de los pobres, será también cosa de mujeres, que son y han sido siempre las únicas que han mantenido la dignidad y la razón de los pueblos entre las guerras. ¿Por qué llamamos igualdad a hacerlas a ellas como a nosotros? ¿No deberíamos ser quizás nosotros como ellas?”.

Y hay reacciones en la antípoda de esa opinión, tan recargada de corrección política que contraviene la búsqueda de equidad, reconocimiento, justicia terrena o al menos retórica, según se le quiera ver. “Ahora los españolitos vamos a decir ooohhh qué bonito, está embarazada y es eco pacifista… dentro de nada en vez de fusiles llevarán florecitas” escribió un sarcástico visitante del blog en donde se hacía la descripción del vestido negro con blusón blanco a rayas. Aquí, donde el machismo es aun tan intenso como las reivindicaciones de género que se le oponen, la designación de Chacón –que en efecto es conocida defensora de causas ecológicas y de la convivencia de Cataluña con el resto de España— esa decisión del presidente Rodríguez Zapatero divide opiniones y sentimientos.

Por eso la nueva ministra sabía de qué se trataba cuando al cabo de su breve discurso se dio tiempo para tomar una nerviosa bocanada de aire y, tan ostensibles el abultado embarazo de siete meses como cierto nerviosismo, ordenó al jefe de la escolta militar: “¡Capitán: mande firmes!” para que se produjeran los honores marciales.

Además de Chacón y otras siete mujeres, forma parte del gobierno Bibiana Aído, parlamentaria andaluza que el mes pasado cumplió 31 años. Doctorada en Economía en Cádiz, de donde es originaria, Aído es ministra de Igualdad, una nueva cartera que está claramente destinada a la defensa de las mujeres. Si ese ministerio hace falta o no y sobre todo si consigue atemperar diferencias de género ya se verá. Pero por lo pronto la nueva ministra, junto con la carga de inexperiencia que implica su juventud, ocasiona inquietudes y algunos chascarrillos.

La designación de Aído y la creación del ministerio de Igualdad ha sido considerada una “medida orwelliana” por la prensa hostil al gobierno socialista. Representa “una manera de hacer política basada en la preferencia por los prejuicios ideológicos frente a los intereses generales. La igualdad, como la libertad, es un principio común a toda acción de gobierno y no sólo debe enfocarse desde la perspectiva de la situación de la mujer… Zapatero siempre se ha definido como feminista, y lo que ha hecho es satisfacer el concepto que tiene de sí mismo”, consideró en su editorial el diario ABC.

La descalificación más tajante la ofreció, en ese mismo periódico, el columnista Antonio Burgos. Rodríguez Zapatero “ha organizando su Batallón de Modistillas Ministeriales, donde las señoras superan ya a los caballeros”, escribió con descaro. A la ministra Aído, ese columnista la llama “nueva modistilla de la igualdad”. Y la juventud de esa andaluza destaca en numerosos comentarios. Al menos, dicho sea en descargo suyo, no se sabe que la joven Aído haya tramitado contratos en beneficio de negocios personales y familiares como sucedió en nuestras tierras con el secretario de Estado cuya mocedad y cercanía al presidente fueron postuladas como causas fundamentales –y a la luz del panorama mexicano desdichadamente fallidas—para colocarlo al frente de Gobernación.

Una ministra que espera a un hijo y otra que cuando nació ya había transcurrido más de un año después de la muerte de Francisco Franco: ese es el perfil de una vida pública cuyas novedades quiere reconocer Rodríguez Zapatero en la conformación de su equipo de trabajo. No se trata de cuotas de género sino de reconocer la aptitud como elemento fundamental para ocupar cargos públicos.

Así, mientras en España las mujeres que destacan en política ejercen las responsabilidades más altas, en México se les denigra o manipula. Qué emparentada con el despropósito acerca de las “modistillas de Zapatero” resulta la declaración aquella sobre las piernas de la presidenta de la Cámara de Diputados en México. Los símiles de López Obrador en otras latitudes no son precisamente personajes de izquierda populista sino voceros de las derechas más prejuiciadas y atrasadas. Y qué lejana del respeto a las mujeres que hacen política resulta su utilización al servicio no de una causa sino de un caudillo, como sigue ocurriendo con las “adelitas” del Peje que, junto con los adocenados legisladores perredistas, contribuyen a paralizar la discusión que quiere el país.

Crónica, 10 de abril de 2008

Antes de conocerla, López Obrador descalificó la iniciativa de reforma petrolera que antier presentó el presidente Felipe Calderón. Si hubiera un recetario para esquivar debates, el comportamiento del ex candidato perredista sería paradigmático. Antes que argumentos, la reprobación prejuiciada. Por encima de la deliberación, el asedio a espacios parlamentarios. A falta de razones, desautorizaciones.

La precipitación de los anticipadamente adversos a la reforma petrolera confirmó que, fuese cual fuera, la iniciativa del gobierno encontraría ese flanco antagónico. Signos de los tiempos, resabios de la crispación, secuelas de la política autoritaria: las “adelitas” del Peje convertidas en adeptas maleables e incondicionales en la peor tradición del caudillismo pero, sobre todo, con los más lamentables rasgos de sumisión femenina más allá de las razones; los intelectuales que se declaran contra una privatización petrolera que definieron mal, de prisa y equívocamente, después de suscribir sus desplegados; los legisladores más aptos para asaltar la tribuna que para ocuparla con argumentos y explicaciones. Esos, junto con la simplificación mediática (no en todos los medios, sí en los más refractarios de la misma manera que en los más sumisos al gobierno actual) son rasgos de anti-clima que encuentran las propuestas del presidente Calderón.

Tarde y mal, pero a fin de cuentas de frente, Calderón se animó a presentar su propuesta de reforma legal. En realidad se trata de cinco iniciativas: una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la creación de una Comisión del Petróleo, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En esos documentos, aun sujetos al escrutinio especializado, se pueden distinguir cuatro coordenadas para el crecimiento de la industria petrolera:

1. La transformación de Pemex en una empresa que trabaje con criterios y decisiones propios. Se trata de que esté regida por un consejo de administración en el que, además de los representantes del Estado y el sindicato petrolero, habría consejeros profesionales. El gobierno no se arriesgó a proponer la exclusión de los representantes sindicales, con lo cual mantiene una de las principales fuentes de favoritismo y desviación de recursos en la industria petrolera. Sin embargo estableció un candado parcial: las decisiones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de al menos dos de los cuatro consejeros profesionales en una primera sesión. Si no hay acuerdo, se decidirá por mayoría simple en una segunda reunión. La empresa tendrá autonomía para el manejo de su presupuesto.

2. La creación de nuevos mecanismos y organismos de regulación y transparencia. En Pemex habrá un Comité de Transparencia y un Comisario que vigilarán las decisiones del Consejo de Administración y del Director de la empresa. Por otra parte se crea la Comisión del Petróleo, organismo técnico asesor de la Secretaría de Energía. Esa Comisión estará integrada por 5 comisionados a los que designará el Presidente de la República. Entre otras obligaciones tendrá la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, propondrá lineamientos para proyectos de inversión, exploración y explotación y otorgará y revocará permisos para obras de exploración y explotación. La Comisión Reguladora de Energía recibe nuevas facultades, entre otras la de establecer precios de los derivados de la petroquímica. Además sancionará violaciones a normas de seguridad.

3. Más información pública acerca de la industria petrolera, su situación y proyectos. Además de la información que provean los ya señalados organismos, Pemex deberá rendir cuentas de sus políticas y resultados a quienes tengan “bonos ciudadanos”. Esos títulos de crédito serán expedidos por Pemex y darán rendimientos de acuerdo con su desarrollo pero no implican derechos patrimoniales sobre la empresa. Como figura retórica para subrayar el carácter nacional de Pemex, los bonos son una fórmula llamativa y quizá resulten propagandísticamente eficaces. Pero pueden conducir a un endeudamiento excesivo de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, a fin de que no se susciten falsas expectativas, es preciso que el gobierno explique los mecanismos de adquisición, las reglas para evitar su acaparamiento y los réditos posibles de tales bonos.

4. La posibilidad de contratar a empresas privadas para tareas de exploración petrolera, así como en la refinación y transporte de productos petroquímicos, siempre bajo la supervisión de Pemex. Aquí se encuentra el tema que será más debatido de entre los que componen esta colección de propuestas.

El Artículo 4º. que se propone para la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dice:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan…”

Y el artículo 6º. de esa misma iniciativa indica:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar

con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Esas son las cartas del presidente Calderón. Decimos que las presentó mal y tarde por toda la especulación que el gobierno dejó brotar antes de decidirse a enfrentar las contingencias, pero también las ventajas políticas, de hacer una propuesta integral y clara.

Será difícil que alguien esté en contra de que Pemex trabaje con eficiencia, o de que haya más y más claros controles sobre su desempeño. Los “bonos ciudadanos” tendrán que ser evaluados independientemente de su fuerza simbólica. Y respecto de la contratación de empresas privadas para desempeñar tareas tanto en la búsqueda y obtención como en el procesamiento de crudo, subsisten preguntas básicas. ¿Pemex no puede hacerse cargo directamente de esas tareas? ¿Qué necesitaría para estar en aptitud de enfrentarlas sin subcontratar? ¿Cuánto perderemos a mediano plazo por ahorrar ahora en la inversión tanto para explorar y extraer como para refinar petróleo?

La solución a esas y las seguramente muchas otras interrogantes que suscitan las iniciativas presidenciales tendría que ocurrir en una auténtica deliberación nacional. El marco institucional deseable para ello es el Congreso y por eso ha sido pertinente que, ayer, el Senado estableciera un ambicioso temario para un debate sobre la cuestión energética. Quienesquiera que se opongan a esa discusión –y a que, al cabo de ella, los legisladores cumplan con la obligación que tienen para, valga la redundancia, tomar decisiones legislativas– estarán entorpeciendo no solamente la posibilidad de acuerdos básicos en un asunto nodal para el país. Además impedirían que en este debate los ciudadanos opinen, pregunten, entiendan y, así, se formen una posición enterada acerca de la reforma petrolera. No hay que hacer enredos de los veneros del petróleo lopezvelardianos.

No sería una novedad que López Obrador prefiriera las medidas de fuerza a la deliberación. El debate de ideas no es ni ha sido su fuerte. Pero no es la capacidad ni mucho menos la lucidez de ese dirigente lo que está a prueba, sino la aptitud del país para tomar decisiones a pesar de los segmentos más cerriles de la sociedad. La mitad del PRD que en el reciente y desastrado proceso electoral de ese partido se manifestó contra el caudillismo del ex candidato presidencial tendrá algo que decir en ese debate, a menos que involucione de nuevo y otra vez se mimetice con el inmovilismo político que, hipotecado únicamente a la expresión callejera, propone López Obrador. Los intelectuales que con este motivo refrendaron su adhesión al que unos cuantos de ellos consideran presidente legítimo, están ante la valiosa oportunidad de volver a las ideas. Las adelitas, como ellas mismas se denominan en autoflagelatorio vasallaje, tienen la ocasión de reivindicarse como mujeres plenas, dispuestas a actuar pero antes que nada a razonar, a diferencia de aquellas señoras que no acompañaban sino que simplemente seguían a sus hombres en la Revolución de hace casi un siglo. A ver si quieren.

Texto escrito para la revista emeequis.

En su exilio académico Luis Carlos Ugalde se debe haber carcajeado al conocer las vicisitudes en la elección de los dirigentes del PRD. El partido que con tanta enjundia descalificó en julio de 2006 al entonces presidente del IFE por las aparentes pero nunca demostradas contradicciones del Programa de Resultados Electorales, ahora tuvo que cancelar los datos que surgían de su propio PREP y que no se ajustaban a las previsiones de los líderes nacionales perredistas. Esos dirigentes, que tanto se empeñaron en culpar al presidente del Instituto Federal Electoral por los resultados de la cerrada votación presidencial en donde a la postre fue ganador Felipe Calderón, varios días después de sus propias elecciones no podían establecer con claridad quién ganó la presidencia nacional del llamado partido del sol azteca.

Más allá de la lentitud en el cómputo –que se apoya en una estructura no profesional–, en la votación del PRD menudearon irregularidades y trampas de toda índole. Las acusaciones mutuas y altisonantes de los seguidores tanto de Alejandro Encinas como de Jesús Ortega, dan cuenta de un encono que supera los márgenes de cualquier competencia entre compañeros del mismo partido. Pero sobre todo, esas abundantes y en ocasiones documentadas denuncias indican la descomposición profunda de un partido cuyas prácticas políticas son diametralmente equidistantes a la democracia que adorna una de sus siglas.

Hace tiempo quedó demostrado que la aspiración revolucionaria –si por tal hemos de entender el cambio abrupto y drástico de las estructuras políticas– quedó superada por la historia contemporánea, de tal manera que la segunda de sus iniciales no era más que ornamento nostálgico en el nombre del PRD. La tercera, ahora se comprueba que es motivo de inconsecuencias y traiciones a los principios pretendidamente democráticos de un partido que no ha podido y tampoco ha querido someterse a reglas de tolerancia, respeto, equidad –en suma, de civilidad política–.

Esta no es la primera elección perredista repleta de anomalías. Las votaciones internas de 1999, cuando Amalia García y Jesús Ortega disputaban la presidencia del PRD, fueron anuladas de tantas irregularidades que hubo la primera vez que se realizaron. En 2002, cuando Rosario Robles le ganó al mismo Ortega, se tuvieron que cancelar los sufragios de al menos seis estados. En 2005 no hubo litigio porque no había competencia: Leonel Cota era el anticipadamente designado por Andrés Manuel López Obrador.

La disputa de 2008 por la dirección del PRD resultó llamativa, precisamente, debido a la competencia entre dos opciones fuertes. El respaldo de López Obrador le dio a Alejandro Encinas una gran cantidad de votos pero también la calidad de candidato oficial que se confirmó cuando, inmediatamente después de las votaciones, el pasado domingo 16 de marzo, la dirección del partido se empeñó en presentarlo como vencedor aunque todavía no contaba con datos suficientes de las casillas electorales.

Jesús Ortega y el grupo que lo ha respaldado fue considerado en muchos medios de comunicación –y aparentemente también en algunos segmentos de la clase política nacional– como una auténtica alternativa al liderazgo previsiblemente maniatado que tendría Alejandro Encinas debido a su incondicionalidad a López Obrador. El comportamiento político de los dirigentes de esos dos grupos tiene diferencias de forma. Ortega y sus seguidores son más proclives al diálogo y la negociación. Y aunque Encinas es un político curtido en las tortuosidades de las izquierdas así como en los problemas reales de la gestión pública, entre quienes lo apoyan se encuentran los grupos y personajes más agresivos e intolerantes de ese partido y no pocos bribones habituados a hacer negocio al amparo del PRD.

Sin embargo los proyectos políticos tanto de Ortega como de Encinas y sus respectivos seguidores son igual de pobres y no tienen diferencias sustanciales. Ambos grupos, enfrascados en el pleito recíproco, han tenido nulo interés en la elaboración de ideas que siempre hace la diferencia entre los partidos y en las corrientes que los ocupan. Así que independientemente de quién haya ganado estas elecciones el PRD seguirá siendo un partido de reflejos rápidos pero de pensamiento hueco. Y esa pobreza conceptual y propositiva no es para alegrar a nadie.

La Crónica, jueves 3 de abril

   No se trató, desde luego, de una entrevista a modo como las que ha tenido con periodistas que decidieron no cuestionarlo sino simplemente abrirle espacios para que se hiciera propaganda. Pero tampoco fue una emboscada. La conversación que antier, martes 1 de abril, sostuvieron Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino del canal 2 fue un intercambio difícil, áspero en ocasiones. El ex candidato presidencial, nervioso, a ratos incluso desconcertado ante preguntas triviales pero también agresivas, apareció sin argumentos cuando se tocaban asuntos de fondo.

   Loret condujo la charla por terrenos incómodos, que no son pocos para quien tiene una actuación pública repleta de contradicciones: el “presidente legítimo” repite un discurso cada vez más hueco, apela todavía a un fraude del que jamás ofreció una sola prueba rotunda, desconoce al gobierno “usurpador” pero le paga impuestos y le presenta exigencias, se dice democrático pero contribuyó a precipitar la patética crisis de antidemocracia y simulaciones por la que atraviesa su partido, se opone a la privatización del petróleo cuando nadie la ha propuesto al menos todavía, descalifica la posibilidad de que el gobierno se asocie con empresas privadas en la modernización del sector energético cuando él mismo lo propuso así, con esas palabras, en su proyecto de gobierno.

   El cerco informativo del que habla López Obrador para decirse marginado y perseguido se contradice con la amplia presencia que, de una manera u otra, ha tenido en los medios después de la elección de hace casi dos años. Desde luego sus posturas encuentran contrapuntos críticos en los medios de comunicación y es entonces cuando López Obrador se desconcierta y, exasperado, se proclama acosado. No es de extrañar que en Televisa sus tropiezos, y los de su partido, hayan sido ampliamente propalados como ocurre en la cobertura de la interminable postelección del PRD. Pero sería más sospechoso aún que esa televisora ocultase las notas de un escándalo político que resulta, por lo demás, insoslayable.

   39 minutos, de 7.09 a 7.48, estuvo López Obrador en el noticiero de Carlos Loret. De esa conversación hemos rescatado el segmento transmitido de 7.15 a 7.20 de la mañana, cuando el periodista le pregunta por el lodazal en que se ha convertido la contienda dentro del PRD y López Obrador replica quejándose de la cobertura que recibe en los noticieros de Televisa.

   Carlos Loret de Mola: ¿Oiga, cómo, cómo se, con qué autoridad moral nos dice usted, nos dice el PRD que nos va a defender a los mexicanos de los presuntos saqueadores, después de que vimos cómo se saquearon entre ustedes hace tres domingos en la elección interna del PRD? Porque fue un saqueo ¿no?

   Andrés Manuel López Obrador: Yo te digo dos cosas. En primer lugar yo tengo autoridad moral. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. De mi pueden decir lo que quieran pero no pueden decir que yo sea el ladrón. Yo he sido consecuente toda mi vida y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, entonces sí tengo autoridad moral, ¿eh?

   Loret: Para hablar de corrupción cuando tenía a Bejarano al lado…

   López: Si, cuando tenía yo a Bejarano al lado, que ustedes hicieron mucha propaganda de eso…

 Loret: Un video ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron allí. Se demostró…

 Loret: Unas liguitas ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron aquí.

 Loret: Unas liguitas, una lanita…

 López: Sí, sí, por…

 Loret: Una corrupción…

 López: Una, una confabulación, ustedes dieron a conocer ese video pero en esa ocasión, Carlos, se demostró de que yo no tenía nada que ver. Hay constancia de eso y se demostró de que era una confabulación para afectarme políticamente. Entonces te repito, yo tengo autoridad moral, ¿sí?

   Loret: ¿Y el cochinero del PRD?

   López: En el caso de lo que está sucediendo en el PRD, pues me gustaría que se resolviera. Pero, este, sin querer comparar, pues han saqueado al país, ¿sí? Este, ustedes por cierto no han dicho mucho sobre esto, sobre la privatización en general…

   Loret: En esta misma silla ya se sentaron, nada más faltaba usted…

   López: No, no, pero, sí, pero sabes qué, cuando el Fobaproa no hablaron mucho.

   Loret: Hasta programas especiales hubo, yo no trabajaba aquí entonces, pero me acuerdo que hubo programas de eso.

   López: Sí, no hablaron mucho pero qué bueno que ahora en el caso de este afán privatizador en lo que corresponde al petróleo, pues van a haber espacios, me importa mucho que me hayas invitado, porque ya pasaron…

    Loret: Y también vamos a hablar de los del PRD, ¿eh?

    López: Sí claro y de lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema.

    Loret: Déjeme termino con esto. ¿Fue un saqueo, fue un cochinero la elección del PRD?

   López: Bueno, ahí están ya los datos, los informes, ustedes le han dado mucho vuelo, porque es un poco…

    Loret: Porque es nota.

    López: Y es el papel también que juegan ustedes, o sea…

    Loret: Dar la nota.

   López: Sí, le suben al volumen cuando se trata de asuntos que le conviene al régimen y que nos afectan a nosotros. Mira, ahora en Semana Santa…

   Loret: No, no, nada más le digo yo creo que todo lo que hemos dicho todos los comentaristas de Televisa juntos, con respecto a la elección interna del PRD palidece frente a lo que se han dicho entre ustedes, eh.

   López: Sí.

   Loret: Pero bueno, ahí se lo dejo. ¿Le parece que se ha maximizado?

   López: Sí, se ha maximizado.

   Loret: Es un problema del siete por ciento de las casillas dicen ustedes ¿no?

   López: No se ha maximi… pero vamos …

   Loret: ¿Qué porcentaje es el problema?

   López: No pero vamos, vamos de nuevo a la cobertura, déjame hablar. Primero, todo este asunto se dio en Semana Santa, dieron ustedes más al conflicto interno del PRD que al viacrucis.

    Loret: Ahí, oiga …

    López: Sí, permíteme.

    Loret: La última vez me acuerdo que se quejó de que le habíamos dado más al Papa que al desafuero. ¿Entonces ahora es al revés?

   López: No, no, no.

   Loret: ¿No es una contradicción?

   López: No. Estoy nada más planteando esto, ¿no? Porque los que nos están viendo y esa es una característica nueva eh, pues son, eh, ciudadanos pensantes, ya no se dejan manipular, eh, pero vamos a los tiempos, porque la comunicación es muy importante, Carlos, y hay mucho control de los medios…

    Loret: La elección del PRD ¿qué porcentaje de las casillas…?

    López: Antes te voy a decir que le dieron mucho más tiempo, le han dado mucho más tiempo, además, este, no te reto porque es una palabra muy fuerte, te sugiero y ojalá lo des a conocer, que veas cuánto tiempo le ha dado Televisa al conflicto interno del PRD y se compare con cuánto le dieron de tiempo ustedes al fraude electoral del 2006.

   Loret:¿Quiere ahora un recuento nota por nota?

   López: Sí porque no dijeron ni pío, o sea, el fraude electoral.

   Loret: ¿No estuvo usted aquí la mañana de 3 de julio, ahí sentado? No, de hecho, de este lado estaba.

   López: Sí, así nada más, nada más y luego no dieron ustedes ni una sola irregularidad.

   Loret: Usted vino aquí, estuvo con López Dóriga, estuvo con Víctor Trujillo ¿no?

    López: Sí, antes.

    Loret: No, no, antes no. Unos días después de la elección.

    López: Y luego se cerraron por completo y no vieron una sola irregularidad.

   Loret: A ver, está aquí.

   López: Pero digo, en el caso del PRD, te voy a contestar para…

    Loret: Está aquí, no, está bien, nada más le digo una cosa. Está aquí César Yáñez, su asesor de prensa de toda la vida, con quien tenemos una gran comunicación. Si quiere le ponemos un micrófono y que pase aquí a decirme si usted no recibió, por lo menos de este programa, dos invitaciones; una en noviembre del 2006 y otra en julio del 2007 que no aceptó para venir. Si quiere le preguntamos a César

   López: Sí, dos en año y medio.

   Loret: Dos invitaciones. Bueno, las rechazaba y aquí estaba su cobertura, aquí estábamos, la rechazó.

   López: No, pero por el ambiente, porque yo no les voy a legitimar.

   Loret: Pero las rechazó.

   López: No les voy a legitimar, cuando no existe…

   Loret: Pero lo invitamos ¿no?

   López: Cuando no existe pluralidad…

   Loret: Sin contar las de Denise Maerker y Joaquín que le habrán hecho…

   López: No existe pluralidad, no hay equidad, hay mucho desequilibrio. Se la han pasado, eh, durante todo este tiempo, eh qué bueno que ahora se da esta posibilidad.

   Loret: ¡Sí hombre, encantado!

   López: Este, yo pedí, mandé una carta a Emilio Azcárraga, dueño de esta concesionaria para que me permitieran hablar sobre el tema del petróleo.

  Loret: Yo lo había invitado desde antes de que usted mandara la carta.

  López: Sí. No, eh…

  Loret: A ver dígame, ¿no lo había yo invitado desde antes de la carta?  

   López: Sí pero, bueno, en función de la carta no.

   Loret: Pero yo lo había invitado desde mucho antes.

   López: Después de la carta no, fue ahora. Pero, digo, no voy a polemizar sobre eso.

   En realidad no polemizó acerca de nada. Cuando Loret de Mola le recordó que en la página 42 de su libro Un proyecto alternativo de nación publicado en 2004 López Obrador admitía la participación de los sectores público y privado en las actividades petroleras, el ex candidato presidencial se enredó en justificaciones inverosímiles. Loret lo había pillado con los dedos tras la puerta (o, bueno, con el texto tras la arenga). López Obrador, descobijado de su discurso autorreferencial, quedó exhibido como mentiroso.

   Eso ocurrió, quién lo dijera, en el Canal de las Estrellas que tampoco se distingue por su congruencia ni su afición a la verdad (pregúntenle, si no, al hasta hace poco artificialmente engrandecido y hoy exageradamente vilipendiado Hugo Sánchez).

La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

La Crónica, jueves 20 de marzo

   En este 70 aniversario de aquella decisión valiente del general Lázaro Cárdenas se reiteró la fuerte carga simbólica que la nacionalización del petróleo sigue teniendo para los mexicanos. Recordar es reconocerse y en la remembranza del 18 de marzo nos advertimos como parte de una historia que no comienza ni termina ahora. Pero ningún país puede vivir de sus recuerdos. Y respecto del petróleo, la necesidad de tomar decisiones pronto y con seriedad condicionó las tres principales ceremonias con las que se conmemoró la expropiación de 1938.

   Andrés Manuel López Obrador ofreció, en el Zócalo de la ciudad de México, una visión del petróleo fundamentalmente anclada en la retórica y mirando hacia el pasado. El presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró en Paraíso, Tabasco, una actitud de reconocimiento a la gesta histórica pero tan ayuna de definiciones sustanciales que resultó fundamentalmente estática respecto de los retos que hoy tiene nuestra industria petrolera. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó en Morelia, Michoacán, una perspectiva fincada en la historia pero orientada a la solución de los problemas nodales de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, de esos tres mensajes el que menos se refociló en la épica de 1938 fue el que presentó el hijo del general Cárdenas.

   La de López Obrador, delante de un auditorio enardecido y complaciente, fue una postura cuya enjundia resultó inversamente proporcional a las ideas. El “presidente legítimo” se construye como referencia política a partir de la denostación de sus adversarios. En el mensaje del martes pasado abundaron expresiones al estilo de “¡ésos políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vende patrias!”.

   Antes de que exista una propuesta formal y pública sobre ese tema, López Obrador ya decidió que Calderón y sus colaboradores quieren privatizar la industria petrolera. Él se opone por tres motivos: “la primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional”; “la segunda razón…es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política”; “la tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

   Como no discute con un proyecto ya conocido sino con el fantasma del que él asegura es el propósito de Calderón, la eficacia del discurso de López Obrador radica únicamente en sus coartadas autorreferenciales. Ciertamente la falta de definiciones del gobierno federal, reiterada en el mensaje que el presidente Calderón ofreció en Tabasco, alimenta esas especulaciones. Pero en todo caso, la postura de López Obrador no enfrenta los problemas actuales de la empresa petrolera.

   La administración de Pemex y diversos especialistas sostienen que a México se le está haciendo tarde para explorar las aguas profundas del Golfo de México. López Obrador simplemente considera que las principales reservas de crudo no están allí.

   Ante la preocupación de numerosos analistas de la cuestión petrolera por la extracción subrepticia de petróleo mexicano que podrían estar realizando empresas estadounidenses en los límites territoriales en el Golfo, López Obrador se limita a descalificar “la vacilada del ‘efecto popote’, para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras”.

   Allí se agota el discurso, ayuno de propuestas, del despechado ex candidato presidencial. Esas limitaciones no le impiden llamar a una campaña nacional contra una privatización todavía incierta.

   El mensaje del presidente de la República, en Tabasco, no fue mucho más puntual en las propuestas aunque sí en el diagnóstico de la industria petrolera. Después de afirmar que “Petróleos Mexicanos no se privatizará”, Calderón ofreció datos alarmantes: al ritmo de producción actual, las reservas probadas nos durarán apenas 9 años; la producción diaria cayó en 300 mil barriles entre 2004 y 2007 y seguirá reduciéndose porque el yacimiento de Cantarell, de donde se extraía el 62% de la producción petrolera nacional, está extinguiéndose;  hoy en día tenemos que importar y subsidiar la venta de 4 de cada 10 litros de la gasolina que consumimos en México.

   El presidente anunció inversiones para respaldar a Pemex y, sin precisar plazos ni sitio, ordenó que se realicen estudios para construir una nueva refinería. Todo ello es importante pero no enfrenta las principales carencias de la paraestatal. Faltaron definiciones claras cuando dijo que es preciso “transformar a Pemex en una empresa que tenga la libertad suficiente en la toma de decisiones para que pueda utilizar mejor sus recursos y contratar, en las condiciones que más le convenga, a los mejores en su especialidad”.

   Con la campaña que despliega en numerosos medios audiovisuales, Pemex ha sembrado la inquietud acerca de la exploración en aguas profundas. Cabe preguntarse por qué la empresa petrolera dilapida centenares de millones de pesos en esa campaña en vez de utilizar el tiempo al que tiene derecho el Estado en las emisoras de radio y televisión.

   El presidente Calderón estima que Pemex debería “contar con el soporte técnico y operativo de empresas especializadas, que le permitan superar su rezago tecnológico y multiplicar su capacidad financiera y de ejecución”. Nadie se opondría a ello. El problema es en qué condiciones, a qué precio y con qué compromisos, Pemex recibiría ese respaldo.

   Y a propósito de compromisos y costos, el mensaje presidencial en Tabasco dejó ver uno de los lastres que el gobierno ha decidido seguir cargando en cualquier eventual renovación de Pemex cuando Calderón reconoció “la responsabilidad en la defensa de sus agremiados, la responsabilidad con la empresa y con el país, con la cual se ha conducido el sindicato, su dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps”. Tan inciertas y quizá tan costosas como los tratos que pretende con empresas extranjeras, son las alianzas que el gobierno panista ha decidido mantener con el sindicalismo de origen priista, ideología convenenciera y acreditada corrupción.

   Frente a la demagogia de López Obrador y las indefiniciones de Calderón, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Morelia fue de agradecible mesura y seriedad. Gran parte de las carencias que se deploran hoy, subrayó, se deben a la exacción que el país ha hecho de su industria petrolera. Ahora, sin embargo, los yacimientos se están agotando y no hemos tenido una política para restituir las reservas.

   El cuestionamiento de Cárdenas va más allá de la situación petrolera e involucra a la política económica: “La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos  se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión…”

   Igual que Calderón, Cárdenas destaca la dependencia mexicana respecto de las empresas de refinación extranjeras y ofrece otro dato: la importación de gasolinas nos cuesta 15 mil millones de dólares al año. Pero además, alerta, nuestras refinadoras están diseñadas para  crudo ligero y no pueden procesar el de tipo pesado por lo que es indispensable modificar el sistema nacional de refinación y construir dos nuevas refinerías (Calderón anunció al menos una de ellas).

   La petroquímica, indicó Cárdenas, “acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales”. La organización de Pemex en varias empresas ha significado “una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia”.

   La deuda de Pemex, documentada en los lla