Sociedad y poder

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

La Crónica, jueves 6 de marzo.

Hace menos de dos meses Juan Camilo Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación para resolverle problemas al presidente Felipe Calderón. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los problemas centrales para el gobierno federal.

Cuando se hizo cargo del ministerio avecindado en Bucareli se comentó mucho la edad del nuevo secretario, que a sus 36 años ha sido uno de los titulares más jóvenes que ha tenido Gobernación. Ahora, vueltas que da la vida, puede convertirse en uno de los inquilinos más efímeros del Palacio de Covián.

A ese dilema, que tendría que afrontar el nuevo Secretario pero sobre todo su jefe directo, ha llegado la indolencia para responder a las acusaciones sobre posible tráfico de influencias por parte de Juan Camilo Mouriño.

Los contratos que según se ha dicho suscribió con Pemex en representación de una de las empresas transportistas propiedad de su familia quizá no fueron ni son ilegales, aunque a ese respecto hay varias interpretaciones jurídicas. Pero si no lo son, no se entiende por qué Mouriño no ofreció una respuesta clara cuando, el domingo 28 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer copias, supuestas o reales, de esos documentos.

Tuvo que transcurrir casi una semana para que, con desgano y casi como si despreciara tener que referirse a ese asunto, el titular de Gobernación dijera que le parecía “mezquino” que se le acusara de beneficiarse de la política cuando ha sido su actividad política la que lo alejó de los negocios familiares.

En esa aclaración al político Mouriño le faltaron algunas precisiones. No explicó por qué, si ya estaba al margen de las empresas, fue él quien suscribió los convenios que se han difundido y que, como no han sido refutados, podemos suponer que son auténticos.

Si, como se ha dicho, esos convenios entre la empresa de transportes de la familia Mouriño y Petróleos Mexicanos fueron suscritos entre 2002 y 2003, entonces resultará innegable que de alguna manera el ahora titular de Gobernación quedó atrapado en un conflicto de intereses. Hasta agosto de 2003 era diputado federal y había presidido la Comisión de Energía en San Lázaro. A fines de ese año fue nombrado Coordinador de Asesores del Secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.

Negligencia o descuido, o simplemente resultado de la suposición de que todo está bien mientras no transgreda frontalmente una disposición legal, Mouriño tendría que haber enterado a su jefe de entonces, que es el mismo de ahora, acerca de la existencia de esos contratos. Si uno de los motivos principales por los que llegó a Gobernación es la negociación de la reforma para los energéticos ahora es un interlocutor poco fiable, al menos precisamente en ese tema, ante los suspicaces dirigentes y legisladores de los partidos políticos con los que tiene que tratar.

Esos legisladores discuten la creación de una comisión especial que indagaría los contratos a terceros otorgados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La insistencia del PAN para que si se ha de revisar a la empresa de la familia Mouriño también se documenten licitaciones o asignaciones con las que pudieran estar relacionados dirigentes de otros partidos, retrasó la aprobación de ese grupo de trabajo parlamentario.

La exigencia de Acción Nacional es razonable solamente en parte. Los panistas quieren diluir en un contexto de generalizados abusos los resultados posiblemente adversos de una investigación acerca de los negocios de Mouriño. Pero decir que ese posible tráfico de influencias no es tan escandaloso porque otros funcionarios han realizado transacciones similares, equivale a resguardarse en una de las más miserables coartadas políticas que es el mal de muchos. Con el mismo argumento hace tres años había quienes objetaban el proceso de desafuero contra López Obrador. Todos los políticos, decían, infringen la ley; no se vale sancionar a unos cuantos; en tierra de ciegos el medio honesto es rey, después de todo qué tanto es tantito.

Por otro lado, aunque sea frecuente que los funcionarios a cargo de la asignación de recursos o la resolución de licitaciones tomen decisiones de manera discrecional, en este caso no estamos ante una determinación que beneficia a terceros. El favorecido con la autorización de contratos de una empresa pública es el propio Mouriño que, no hay que olvidarlo, firmó tales documentos como representante de una empresa privada.

La legalidad de tal asignación, que no decidió el ahora titular de Gobernación sino algún otro funcionario, tendrá que ser dilucidada por la comisión legislativa y en todo caso por autoridades judiciales. Ya sabemos que una gran cantidad de comisiones camarales sirve para dos cosas: para nada y para que parezca que algo se hace. Pero mientras se mantenga e independientemente de sus hallazgos, su sola existencia sería denuncia constante del recelo que ocasiona el secretario Mouriño.

Y qué lástima porque además de la franca confianza del presidente de la República, Mouriño parecía tener talento y entusiasmo para enfrentar las exigencias que impone la secretaría más importante del gabinete. Lo que quizá no ha tenido es la perspicacia que solo dan la experiencia y el conocimiento directo de la circunstancia política mexicana.

Solo en ausencia de ese atributo se explica la tardanza primero y la ligereza, después, de la contestación que Mouriño ofreció el viernes pasado a las acusaciones de tráfico de influencias. Si los contratos son falsos, tendría que haberlo denunciado de inmediato. Si son reales pero considera que no implican una infracción legal, también hubiera sido apreciable una explicación. Si haber firmado tales documentos resultó ilegal, ya se le está haciendo tarde para dimitir.

Posiblemente el presidente Calderón se resiste a prescindir de su secretario más apreciado para no darle un triunfo a su principal adversario político. El autoproclamado presidente legítimo se dedica a cazar errores y a explotarlos, magnificándolos cuando puede. No importa cuánta demagogia, estridencia o alharaca tenga que desparramar: el ex candidato derrotado considera que le va bien mientras peor le vaya al gobierno del presidente Calderón.

Así, primero López Obrador y algunos de sus socios más conspicuos ensayaron la descalificación del nuevo secretario de Gobernación cuestionando que hubiera nacido fuera del país. La retórica xenófoba que desparramaron fue de un provincianismo y un atraso políticos bastante patéticos.

Lamentablemente, en el asunto de los contratos la denuncia de López Obrador ha sido posible gracias a una pifia de Mouriño. A estas alturas el presidente de la República tendrá que hacer un arqueo de costos y beneficios políticos. De otra manera, la inexperiencia que se le atribuye a su hombre en Bucareli resultaría ser extensiva también a Los Pinos.

emeequis, 24 de febrero

   Llegué a La Habana la mañana del 23 de junio de 2001. Justo cuando aterrizó el avión de Mexicana, no muy lejos de allí Fidel Castro se desmayaba delante de 60 mil personas y de las cámaras de la televisión cubana que difundieron el incidente a todo el país. Fueron el calor al comienzo de verano, la fatiga y la tensión, pero seguramente también era la edad del Comandante que en aquellas fechas estaba por cumplir 75 años.

   Nunca antes Fidel Castro había tenido un tropiezo así. Resistió amagos estadounidenses y exigencias soviéticas, salió vencedor cuando todos los países americanos –excepto México– se coaligaron en contra suya, se impuso a innumerables aunque quizá mitificados intentos de asesinato. Lo que no pudo someter fue al tiempo y aquel desvanecimiento, que primero dejó estupefactos y de inmediato aterrados a sus asistentes y a los funcionarios que lo acompañaban en el mitin en el barrio habanero de El Cotorro, confirmó que también para él los años pesaban.

   Aquella mañana en el aeropuerto de La Habana dominaba un pesado silencio. Apenas bajé del avión alcancé a mirar en los televisores el desconcierto de quienes aguardaban a que el Comandante se recuperase. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, se acercó a los micrófonos para demandar algo así como “calma y valor, en nombre del partido y del gobierno”.

    Aquel incidente no le impidió al Comandante volver a las extensas peroratas. Tampoco fue obstáculo para que al año siguiente, en abril de 2002, exhibiera la torpeza del presidente Fox cuando lo invitó a que viniera a un encuentro en Monterrey, estuviera en la cena y se fuese de inmediato para no importunar a Mr. Bush. Ni lo fue para que en la primavera de 2003 el gobierno de Cuba encarcelara a 75 personas, algunos de ellos escritores, con acusaciones tan peregrinas como tener en sus casas libros de autores extranjeros o haber consultado sitios de movimientos anticastristas en Internet.

   Parecía que Fidel Castro había emprendido un intencional proceso de aislamiento. Las esperanzas de apertura política quedaron diferidas a cada encarcelamiento de cubanos disidentes y con cada balandronada de supuesta autarquía respecto del resto del mundo. Como el retraimiento no ha sido completo, turistas y familiares que visitan la isla dan cuenta de las proverbiales carencias sin resolver, del desánimo que entristece el talante bullanguero de los cubanos, de la difícil pero constatable batalla que dan algunos para que se reconozca su derecho a la diversidad en todos los terrenos.

   Vinieron la enfermedad que obligó a Castro a someterse a varias operaciones por lo menos a partir de mediados de 2006, la separación de los numerosos cuan todopoderosos cargos que ejercía en el gobierno y el Partido, la sustitución del uniforme verde olivo por el pants con todo y logotipo de Adidas.

   El anuncio, el 19 de febrero pasado, del apartamiento formal de cualquier responsabilidad tanto en la estructura del gobierno, podría permitirle a Fidel Castro retirarse con tranquilidad del mando político que él mismo admite ya no está en condiciones de ejercer. Pero en esa decisión todos reconocen una maniobra para dominar a trasmano o, en todo caso, resolver su propia sucesión sin haber permitido flexibilización alguna en el sistema político. Como dijo aquel otro controvertido personaje, se va pero no se va.

   A Fidel Castro lo llegamos a considerar emblema de entereza ante los poderosos y de dignidad en condiciones adversas y como adelantado del mundo que hemos querido construir. Pero también ha sido ejecutor de represiones, el culpable de la cerrazón política, el autócrata que dispone su propia sucesión. Quisiéramos quedarnos con el Fidel de la empeñosa expedición del Granma, con el que reivindicó la soberanía de su país, el que resolvió carencias sanitarias y logró la alfabetización de los cubanos. Por desgracia la realidad prácticamente nunca se ajusta a nuestras ilusiones. No hay dos sino un Fidel Castro y su obra bienhechora no justifica los excesos y fundamentalismos.

   A fuerza de esperado, el retiro de Fidel casi no produjo sorpresas. Quienes lo sucedan, seguirán exigiéndoles a los cubanos calma y valor en nombre de una revolución marchita. Adiós, Fidel. Gracias por las ilusiones. Lástima por las inconsecuencias.

Texto publicado en la revista emeequis el 10 de febrero de 2007

La destitución de 3 de los 7 consejeros electorales se debió a una venganza de los partidos contra el IFE. El proceso para escoger a los nuevos funcionarios de ese Instituto fue irregular y patético. Sin embargo la designación del nuevo presidente del organismo electoral es acertada en varios sentidos.

   Leonardo Valdés Zurita es uno de los especialistas más competentes, desde hace dos décadas, en la investigación de los procesos políticos en México. Además tiene probada experiencia en la conducción de instituciones electorales. Lo mismo ha sido profesor destacado en la UAM y la Universidad de Guanajuato que funcionario escrupuloso en el Instituto Electoral del DF. Es, sobre todo, un hombre sensato e independiente. Su reto principal ahora que encabeza al IFE va a ser, precisamente, mantener esos atributos.

   Los perredistas impusieron la destitución de Luis Carlos Ugalde y otros dos consejeros en continuación del mito que le achaca a la autoridad electoral la derrota en las elecciones presidenciales de 2006. Los priistas no acaban de entender –y menos aún de explicar– por qué dejaron de apreciar a los funcionarios del IFE que ellos mismos designaron en 2003. A esos débiles cuan cuestionables motivos se añadió la perplejidad del PAN que terminó avalando, más por omisión que por acción, la remoción de aquellos consejeros.

   La convocatoria para sustituir a tales consejeros, el procedimiento para echar del IFE a unos sí y a otros no, las sucesivas revisiones de la lista de ciudadanos aspirantes a encabezar al Instituto y que pasó de medio millar a un centenar y luego a 3 docenas sin que nadie supiera con qué criterios tomaban esas decisiones los diputados y luego el formidable desencuentro que impidió que cumplieran el plazo que ellos mismos se habían señalado cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral, apuntaban hacia una decisión ceñida por una catarata de torpezas y despropósitos. Pero al menos la designación del consejero presidente, que de los tres nombrados el jueves 7 de febrero es quien tiene una trayectoria idónea para desempeñar esa responsabilidad, le devuelve al IFE algo del aliento y la respetabilidad que lo han distinguido. Así es que no siempre las cosas que mal empiezan, terminan mal.

   Leonardo Valdés ha tenido una militancia política de izquierdas, en los lejanos pero fundacionales tiempos de los partidos Mexicano de los Trabajadores y Mexicano Socialista. De aquel compromiso político, transitó luego a la institucionalidad electoral. Ha sido un hombre de ideas públicas. Prácticamente no existe revista mexicana de análisis académico sobre temas políticos en donde no hayan aparecido contribuciones suyas. De ese trabajo constante hay registro, además, en numerosos libros colectivos.

   En uno de los más recientes, 2 de julio. Reflexiones y alternativas, que resultó de un seminario coordinado en 2006 por la también muy destacada especialista Jacqueline Peschard en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Valdés Zurita hace un balance de las elecciones de aquel año. Allí, aparte de examinar los resultados de las votaciones, discute el comportamiento que tuvo Andrés Manuel López Obrador.

   Como iba adelante en las encuestas, explica Valdés, ese candidato presidencial se confió demasiado. “La seguridad de tener ventaja –escribe– quizá fue la principal causa de tres errores de campaña: 1. No asistir al primer debate entre los candidatos presidenciales; 2. Mantener una baja presencia en los medios electrónicos durante la primera etapa; y 3. No procurar adecuadamente a algunas organizaciones empresariales”.

   Valdés considera que el “síndrome de puntero” fue uno de los elementos “que llevaron a López Obrador a la incapacidad para aceptar su derrota”. El precio de esa actitud, subraya, ha sido alto “para la continuidad del movimiento político que se expresó en las urnas como un masivo voto a favor del programa de López Obrador”.

   El ahora presidente del IFE ha sido un analista inteligente y crítico. No se puede decir que sus opiniones estén sesgadas a favor de partido alguno. Tampoco suele ser complaciente con los excesos y equivocaciones de esos protagonistas de la vida pública. En el cargo que ahora ocupa Leonardo Valdés requerirá de esa agudeza crítica. Y de mucha, mucha paciencia.

La Crónica, jueves 28 de febrero.

La prohibición para fumar en sitios públicos tiene motivos que parecen incuestionables. Sin embargo la discusión en torno a las decisiones recientes del Senado y especialmente de la Asamblea Legislativa del DF, ha estado repleta de equívocos retóricos y fantochadas.

Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores. Nuestro país se ha incorporado –aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad– a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.

No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.

Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada quien. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.

El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.

Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.

Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes quieran consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.

La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas. En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.

Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público. Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.

La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros. Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.

Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.

Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.

La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales de los pederastas. Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía. Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.

Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade. Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental. Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes. La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.

En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.

La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario. Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.

El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan falsear la historia.

Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope, la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha. Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.

Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes. Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.

La Crónica de Hoy, jueves 21 de febrero

   Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

   Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

   En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

   Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

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      Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

   Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…”  [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

   Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

   Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

   La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

   La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

   La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

   La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

   Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

   En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

La Crónica, jueves 14 de febrero.

Emilio Azcárraga Jean fracasa en su intento para torcer la historia cuando dice que Televisa no le debe nada a la clase política mexicana. Habla de la relación entre esa empresa y el Estado como si su padre no hubiera afirmado, desfachatado como solía comportarse, que en Televisa todos eran soldados del PRI. Soslaya la inmensa cantidad de favores que cada uno de los gobiernos, priistas y panistas, le han dispensado a Televisa desde que hace casi seis décadas surgió la televisión en este país. Pretende que la hegemonía mediática que usufructúa se debe al esfuerzo de esa corporación y no a la relación de conveniencias mutuas que ha mantenido con cada uno de los presidentes que gobernaron durante dicho lapso. Pero ese ejercicio de desmemoria es fallido.

En un evento para empresarios realizado el viernes pasado el dueño de Televisa trató de abolir 60 años de privilegios que propiciaron el crecimiento de ese consorcio: “A nosotros no nos han regalado nada –afirmó, de acuerdo con la información de Blanca Estela Botello en Crónica–. O sea, que si tenemos el canal nueve es porque los del ocho no pudieron, y si Sky está sólo porque Directv no pudo, entonces ¿ahora me van a castigar porque soy competitivo o porque gano? Creo que eso está mal. Necesitamos darle la vuelta y decidir y pensar en que exista más competencia y cómo fortalecemos las posiciones de México afuera”.

Azcárraga Jean esquiva la historia de esos “triunfos” corporativos. El canal 8, propiedad de empresarios regiomontanos, había surgido en 1968 para competir con Telesistema Mexicano, la empresa propiedad de la familia Azcárraga. Logró tener una producción original pero no resistió las presiones del consorcio que para entonces ya tenía 3 canales en la ciudad de México. El gobierno mexicano influyó en esas presiones y autorizó expresamente la fusión de ambas empresas en diciembre de 1972. No es cierto, como dice Azcárraga Jean, que “los del 8” no hayan podido. Su padre y su abuelo no los dejaron, con la complicidad del gobierno.

El otro caso fue similar. Sky se quedó con el mercado de la televisión satelital mexicana cuando DirectTV no resistió argucias acaparadoras como las que condujeron a retirarle los derechos a las transmisiones de partidos de futbol. En México, a diferencia de lo que sucede en todo el mundo, las empresas de televisión abierta no están obligadas a proporcionar sus señales a todos los sistemas de televisión de paga. Ese intencionado proteccionismo le impidió a DirecTV ofrecer un servicio completo a sus suscriptores mexicanos y por eso tuvo que cerrar operaciones en nuestro país.

Esos son los laureles que reivindica Azcárraga Jean. Ahora convoca a crear condiciones para que haya más competencia. Si lo dijera en serio estaríamos ante un viraje de 180 grados en la conducta de su empresa que siempre ha pugnado por evitar, a toda costa, la presencia de otros actores en el campo de la televisión mexicana.

Así sucedió recientemente cuando la empresa estadounidense Telemundo, asociada con un grupo de inversionistas mexicanos, pretendió que el gobierno mexicano abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión. En complicidad con TV Azteca, la empresa de Azcárraga desató una sucia campaña de desinformación en sus noticieros acerca de la intermediación en la venta de medicamentos. Con esa repentina inquietud por los productos farmacéuticos, las televisoras quisieron golpear los intereses del socio mexicano de Telemundo que entre otras cosas es propietario de una firma distribuidora de medicinas.

Ahora, sin embargo, Azcárraga Jean proclama (según la versión que de esas declaraciones publicó La Jornada): “así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos. A mí me corrieron de Estados Unidos. Ahí vemos como los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas”.

La historia de Televisa en Estados Unidos es distinta a la de Telemundo en México. En Estados Unidos sí está permitida la inversión extranjera en medios de comunicación pero limitada a un máximo del 25%. Lo que Azcárraga quiso fue primero sobrepasar ese máximo y las autoridades de aquel país se lo impidieron. Luego, asociado con otras empresas de medios, participó en el intento para comprar Univisión y su propuesta financiera fue inferior a la que finalmente ganó. Si Televisa salió de la operación directa de televisión abierta en Estados Unidos fue porque sus cálculos financieros fallaron.

En México en cambio, la inversión extranjera directa está prohibida en medios de comunicación y hay quienes acuden al subterfugio de la inversión neutra, como el grupo español Prisa en su alianza radiofónica con Televisa. Lo más saludable sería, por ello, que en nuestro país hubiera reglas claras, y desde luego límites, para la inversión foránea directa en medios de comunicación de toda índole. Si hubiera reciprocidad como pretende Azcárraga, el mercado mediático en este país debiera abrirse a la inversión extranjera. Pero lo que han él y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, han procurado, es mantener el monopolio que ejercen sobre la industria audiovisual. Quieren competencia afuera, pero no dentro del país.

Quizá la congruencia no sea la mejor virtud de Azcárraga Jean. Pero la jactancia que manifiesta no se compadece de la realidad, ni de la historia de su familia y de la empresa que encabeza. El dueño de Televisa aseguró: “No sé qué haya pasado en otras (empresas), pero en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros nos hemos topado con varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero”.

Así que ahora resulta que las numerosas concesiones, las facilidades en materia de telecomunicaciones, la aplicación laxa de una legislación de por sí magnánima con los consorcios comunicacionales que ya existen y la decisión política para impedir que surja una competencia eficaz delante de Televisa y ahora de Azteca, no han sido resultado de una sostenida condescendencia del gobierno federal. Azcárraga Jean miente cuando dice que a esa empresa el gobierno no les regaló nada.

Los creadores de Televisa quedaron en deuda con el presidente Miguel Alemán Valdés que, a fines de su sexenio, resolvió que el modelo para la televisión mexicana sería comercial y que en 1950 le obsequió la concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ese empresario y su familia fueron favorecidos por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en 1955, permitió el surgimiento del monopolio de la televisión mexicana cuando los propietarios del 2 y los canales 4 y 5 se fusionaron en Telesistema Mexicano.

Adolfo López Mateos le brindó a la empresa de los Azcárraga abiertas facilidades para explotar la red nacional de microondas y en 1960 auspició una Ley Federal de Radio y Televisión tendenciosamente favorable al interés de los empresarios privados.

Gustavo Díaz Ordaz estaba tan a gusto con la alianza que mantenía con la familia propietaria de Televisa que en 1967 designó consejero suyo a Emilio Azcárraga, aunque a fines del año siguiente se distanció de él.

Luis Echeverría Álvarez fue el presidente que con más claridad entendió los riesgos que implicaba el poder desmedido de la televisión privada e intentó establecer un contrapeso con una televisión de propiedad estatal que, sin embargo, nunca tuvo recursos ni autonomía suficientes. Pero en 1972 aprobó personalmente la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente ( propietaria del canal 8 ) para crear Televisa.

Con José López Portillo, durante el auge petrolero el gobierno gastó como nunca antes en la compra de publicidad en los canales de Televisa. Eran de antología los regalos que Emilio Azcárraga Milmo le enviaba al presidente de la República, entre ellos un Mercedes Benz blindado (según el relato de Claudia Fernández y Andrew Paxman en la excelente biografía El Tigre. Grijalbo, 2000).

A Miguel de la Madrid, Televisa le debe servicios como la creación de un sistema de comunicaciones satelitales que fue ampliamente aprovechado por esa empresa y la negativa a autorizar concesiones a empresas que pudieran competir con Azcárraga.

A Carlos Salinas de Gortari Televisa le debe la venta, por 100 millones de dólares, de 62 concesiones con las que armó la cadena nacional del canal 9. Poco antes, el nuevo dueño de Televisión Azteca había pagado seis veces y media más por las cadenas nacionales encabezadas por los canales 7 y 13. Las relaciones de Televisa con Carlos Salinas resultaron tan fructuosas que la noche del 23 de febrero de 1993, cuando ese presidente encabezó una cena para pedirle a los hombres más adinerados del país que apoyaran las finanzas del PRI, después de que cada banquero o empresario allí presentes ofrecía medio millón o un millón de dólares Azcárraga Milmo sorprendió a todos comprometiéndose a aportar 70 millones de dólares.

A Ernesto Zedillo no solamente esa empresa sino su actual propietario, le deben un servicio enorme. A la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, el presidente Zedillo gestionó personalmente la operación financiera y política que le permitió a Emilio Azcárraga Jean quedarse con el control accionario de Televisa que era disputado por las familias Burillo y Cañedo.

Y qué no puede decirse de la sumisión que tuvo respecto de Televisa el presidente Vicente Fox Quesada. Uno tras otro, accedió a todos los caprichos que le planteaba esa empresa incluyendo la promulgación en 2002 de un Reglamento de la Ley de Radio y Televisión elaborado por esa empresa y el apadrinamiento en 2006 de la malhadada Ley Televisa.

Cada uno de los presidentes mexicanos, desde hace seis décadas, respaldaron o al menos permitieron la expansión del poder económico y político de Televisa. El presidente Felipe Calderón, hasta ahora, no ha sido la excepción. Quién sabe qué sabe, o qué teme Azcárraga Jean, que hace declaraciones tan aventuradas. Es absolutamente falso que a su empresa no le hayan regalado nada. Al contrario. Y si Televisa ha tenido tratos con políticos que han robado mucho dinero, por lo menos ha sido cómplice de ellos al contar con esa información y no denunciarlos.

La Crónica, 7 de febrero de 2008

Para conmemorar el aniversario de la Constitución, antier en Querétaro, el presidente Felipe Calderón leyó un discurso de aproximadamente 7 cuartillas. En ese espacio se refirió por lo menos 28 veces a la ley, las leyes o a la “Ley Fundamental” que es el documento que cumplió 91 años. En otras 10 ocasiones el presidente mencionó, aunque no definió, el término legalidad. Dos de ellas las utilizó para convocar al país todo –poderes constitucionales, gobiernos municipales, estatales y federal, “a la sociedad entera”– a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.

   Nadie que apueste por la política institucional, ceñida a reglas y compromisos entre los actores de la vida pública, querrá ni podrá rehusarse a un arreglo de esa índole. El solo hecho de formar parte de alguno de los poderes constituidos ya sea como gobernantes, legisladores o jueces, hace de los servidores públicos sujetos obligados a un acuerdo tácito, pero también a reglas muy explícitas, con la legalidad. Y entre los ciudadanos, aunque a veces las leyes existentes no nos gusten es indudable que al tener derechos contraemos obligaciones y la primera de ellas es el acatamiento al orden jurídico.

   Todo eso resulta demasiado evidente. Pero al parecer no lo es tanto para el presidente Calderón porque si no se le nutre de contenidos específicos, el acuerdo al que emplazó en el Teatro de la República quedará en pura palabrería.

   La vieja política mexicana está repleta de discursos huecos. La redundancia en el lugar común y el abuso de una retórica que se agotaba en sí misma formaron parte de las rutinas del poder político. Quienes lo encabezaban, en buena medida por carecer de un proyecto de país o debido a que para ellos el proyecto nacional era aquel que se ajustaba a sus conveniencias, acudían con frecuencia a esos discursos repletos de fórmulas grandilocuentes pero ayunos de precisiones conceptuales y programáticas.

   Sería prematuro considerar que el discurso que el martes 5 de febrero ofreció el presidente Calderón para homenajear a la Constitución recala en esa triste y gastada tradición. Si le da contenido al pacto por la legalidad y la seguridad, ese mensaje quedará registrado como preámbulo de una cadena de decisiones posiblemente importantes. Pero si queda en la retórica sin sustancia estaremos ante una nueva expresión de la política que, a falta de fondo, se constriñe a las formas.

   A la legalidad, en ese discurso, el presidente Calderón la consideró como la vía que le permitió al país pasar a una convivencia ordenada y armónica después de los tiempos turbulentos que dieron origen a la Constitución. Legalidad e igualdad, dijo luego, son las garantías consagradas por la Constitución liberal de 1857. Es la vía para acercarnos “a los sueños e ideales de nuestros próceres”. También constituye el principio que debe regir a todo acto de autoridad. La formulación que más se acercó a explicar ese término la ofreció el presidente cuando consideró: “los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad”.

   Calderón, además, estimó que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad deben ser sancionados. En la lucha por la legalidad, añadió, ningún miembro de la sociedad debe quedar excluido. De allí su convocatoria al acuerdo “por la legalidad y la seguridad”.

   Legalidad es, en términos llanos, la cualidad de legal y el conjunto de normas legales que rigen en un país. Cuando el presidente de la República exhorta de manera tan enfática a que compartamos y cumplamos la legalidad, evidentemente anuncia él mismo su compromiso con ella. Pero el pacto que anuncia difícilmente podría ir más allá de una mera enunciación de reiteraciones porque todos, querámoslo o no, estamos obligados por el orden jurídico.

   Quizá, entonces, más que esa exhortación resulta relevante el hecho de que el presidente Calderón considere necesario formularla. Si el titular del Ejecutivo Federal cree que los responsables de instituciones y los ciudadanos todos, que de cualquier manera están obligados con el orden jurídico, deben hacer explícito ese compromiso, no puede ser sino porque advierte que el cumplimiento de la legalidad es débil o insuficiente. Y entonces podemos preguntarnos si una exhortación como la de Querétaro es la vía más pertinente para propiciar que las leyes se cumplan en nuestro país.

   Si esa admonición hubiera sido formulada por algún comentarista, o por un actor de la vida política sin responsabilidades institucionales, no habría motivo peculiar para ocuparnos de ella. Pero quien convocó a un pacto por la legalidad fue nada menos que el Presidente de la República. Como gobernante que es de todos los mexicanos resulta explicable que el presidente Calderón presente recomendaciones y amonestaciones. Pero además de ellas a la ley se le cumple, valga la perogrullada, haciéndola cumplir.

   Allí es donde falla la exhortación del presidente Calderón y no porque se pueda decir que su gobierno incurre en ilegalidades, sino porque se desempeña en un contexto acotado por ellas. Cuando los partidos políticos –incluyendo el partido del presidente de la República– transgreden la reforma constitucional que ellos mismos establecieron como sucede con la designación de los consejeros del IFE, para mencionar uno de los casos en donde con mayor impudor los legisladores disponen, modifican y rectifican a sus anchas, evidentemente es difícil reivindicar la legalidad.

   Con ese entorno tiene que lidiar quienquiera que se proponga propiciar el cumplimiento de la legalidad. Lograrlo no es solamente asunto de aplicar el orden jurídico, ni podrá conseguirse únicamente predicando con el ejemplo. Además hace falta consolidar una cultura de la legalidad comenzando por la todavía en buena medida cerril clase política que tenemos.

   Junto con esa clase política, hay actores de la vida pública para los cuales no hay más legalidad que aquella que ampara sus negocios e  intereses. Esa es la idea que prevalece acerca de las leyes en varios de los consorcios mediáticos más importantes del país. Para algunas de tales empresas se ha vuelto costumbre despotricar contra los políticos –y no faltan motivos para eso– sin reconocer los muchos atropellos que ellas mismas cometen tanto contra sus audiencias como con los mecanismos de competencia salvaje que practican a menudo. No habrá cultura de la legalidad sin un auténtico compromiso de los medios de comunicación. Allí se encuentra uno de los principales escollos para cualquier cruzada por el cumplimiento de las leyes.

   En ese panorama, además de incitar a la legalidad y de desempeñarse en observancia a ella el presidente de la República está obligado a conciliar entre las principales fuerzas nacionales, especialmente con los partidos. Gobernar, en la actual circunstancia mexicana, requiere de diálogo y arreglos constantes. En su discurso de Querétaro el presidente Calderón mencionó el término “acuerdo” en 3 ocasiones. Pero solamente una vez, y no en referencia a la conciliación que se requiere ahora sino para aludir a la pluralidad que había en el Constituyente de hace 91 años, mencionó la palabra “política”.

   Hace un siglo, en vísperas del movimiento social que luego daría lugar a la Constitución de 1917, había quienes sostenían que para gobernar se necesitaba poca política y mucha administración. Luego tuvimos gobiernos que, por ausencia de capacidad y/o voluntad, quisieron hacer lo contrario. Hoy en día México requiere de sus gobernantes mucha administración pero también mucha política. Sin ambos atributos, no habrá legalidad ni admoniciones que valgan.

La Crónica, jueves 31 de enero

Santiago de Compostela. Las nuevas capacidades de los ciudadanos para desenvolverse en un mundo repleto de hechos, datos y desafíos y en donde todo tiende a trivializarse, es uno de los temas que se discute en el Congreso Fundacional de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación que se reúne en esta ciudad gallega con asistencia de varios centenares de académicos de España y algunos convidados latinoamericanos. En las sesiones que comenzaron este miércoles se busca actualizar y darle contenidos al concepto sociedad de la información que ha sido prematuramente denostado por quienes temen sus implicaciones corporativas o en rechazo a la especie de que todos los cambios contemporáneos tendrían que estar supeditados a las innovaciones tecnológicas.

   Las deliberaciones en esta ciudad emblemática de búsquedas contemplativas y extensas peregrinaciones permiten constatar la necesidad de entender y también acotar el poder de los medios de comunicación. En la disertación inaugural del Congreso el investigador Néstor García Canclini, mexicano por adopción y que fue presentado como “ciudadano latinoamericano”, dijo que además de aspirar a construir una sociedad del conocimiento habría que pugnar por una “sociedad del reconocimiento” en donde sean admitidas las diferencias y diversidades étnicas y culturales. Sin embargo, añadió, lo que tenemos de manera cada vez más extendida es una “sociedad del desconocimiento” pues a pesar de la abundante información que recibimos cada vez nos entendemos peor.

   García Canclini recordó al profesor británico Scott Lash para puntualizar: la sociedad está cada vez más desinformada por los medios de información. Esa paradoja se puede constatar en la prensa de cualquier latitud. La nota rosa se confunde con la nota roja, política y espectáculo se alternan en las prioridades de noticieros y periódicos, abunda la algarabía y escasea la explicación de los acontecimientos. El aturdimiento que suscitan toneladas de banalidades a las que se confunde con noticia obliga a que los ciudadanos, para ser precisamente eso, hagan esfuerzos de discernimiento y en la selección de la información que les resulte relevante.

   En el escenario mexicano ese aturdimiento es mayor. A la arbitrariedad de un sistema mediático sin contrapesos suficientes, se añaden la necedad de una clase política que no parece dispuesta a superar sus perspectivas de cortísimo plazo y la inmadurez de una sociedad que no se decide a ser suficientemente exigente tanto con sus políticos como con los medios de comunicación con los que nos tocó vivir.

   Seguimos sin saber discutir. En México no hay deliberación abierta sino desfile de vanidades ensimismadas ante prácticamente cualquier asunto, nodal o trivial, que inquiete en la agenda pública. Los temas que se ventilan lo mismo en espacios institucionales como el parlamento que en esos territorios acaparadores y a menudo condicionadores del espacio público que son los medios de comunicación, carecen de jerarquización y a menudo de argumentos. Un día nos inquieta una declaración estruendosa y aunque no tenga más sustento que la retórica le conferimos tanta relevancia que unas cuantas palabras se sobreponen a hechos, trayectorias y razones. Al día siguiente, esa o cualesquiera otra de las frases de ocasión habrán sido reemplazadas por nuevos golpes retóricos amplificados y propagados por los medios.

   En esas condiciones no hay debate posible, prácticamente en ningún tema. La argumentación más sólida, construida a fuerza de evidencias, alegatos y explicaciones, puede quedar súbitamente desbaratada, como castillo de naipes, ante una expresión hiriente, punzante o solamente esquiva pero con suficiente capacidad para conmover en los medios. El intercambio entre los actores de la vida pública queda sujeto, así, a la ocurrencia y al desplante, al no-argumento.

   Pensemos en cualquier asunto reciente. Uno de los no-debates más sobresalientes en estos días se desenvuelve acerca del destino de la industria petrolera. Hay quienes aseguran que sin inversión importante y expedita, las tareas necesarias para que Pemex siga explorando, administrando y extrayendo ese recurso natural quedarán paralizadas. Aparentemente todo el mundo admite que la empresa petrolera necesita dinero. Pero cuando hay quienes proponen revisar la política de inversiones destinada a Pemex, surge el discurso encendido de quienes claman a no dar un solo paso en esa dirección.

   No existe una discusión clara al respecto, en parte porque las posiciones de quienes abogan por la apertura o el mantenimiento de Pemex tal y como ha existido hasta ahora tampoco son transparentes. Hay mucha más ideología que datos, evaluaciones y prospectiva en ese tema.

   Lo mismo sucede en otros aspectos de la política económica. 14 años después de que comenzó a funcionar, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es mucho más un espantajo en el debate político que un escenario de cuya evolución podamos tener claridad con cifras y hechos indisputables. Que hubo negligencia para que el campo se beneficiara de la ancha posibilidad de exportaciones que abría el TLC, ya lo sabemos. Que el mundo agrario sigue experimentando estancamientos graves tampoco es secreto. Pero acerca del Tratado y sus consecuencias abundan mucho más las especulaciones que el diagnóstico puntual. No es un tema de examen sino de litigio. Secuestrado así, por la ideología y la politiquería, el TLC no ha sido cabal instrumento de la política económica.

   Elija usted cualquier tema actual. O, por otra parte, pensemos en asuntos importantes que al carecer de espectacularidad mediática permanecen rezagados de la exposición pública. El narcotráfico y los recursos del Estado para enfrentarlo, la violencia en calles y carreteras de todo el país, la política financiera y su vulnerabilidad ante trastornos y presiones foráneas, los deficientes índices de aprovechamiento que padece toda la educación pública, la obsoleta legislación laboral y las inercias que impiden actualizarla, el régimen de partidos y las opciones para aderezar o sustituir al sistema presidencialista.

   Podríamos enumerar otros asuntos. Tan solo en esa media docena es posible encontrar una miríada de opiniones, la mayoría de ellas polarizadas, repletas de adjetivos y por lo general ayunas de datos duros.  En todo el mundo se afinan las previsiones ante una posible recesión desatada por nuevas dificultades del sistema financiero especialmente –pero no sólo– en Estados Unidos. Mientras tanto, en México quedamos atrapados entre el optimismo insuficientemente fundado del gobierno y el tremendismo sin soluciones que se pone de moda tanto en las oposiciones políticas como en la también simplificadora comentocracia. En otro tema, las nuevas vulgaridades que profiere Andrés Manuel López Obrador y las réplicas también ramplonas que encuentra dentro y fuera de su partido interesan más que la por lo visto abandonada discusión sobre la reforma del Estado.

   El coordinador de los senadores del PAN había aceptado el reto de ese ex candidato presidencial para debatir acerca de la industria petrolera. Hubiera sido una oportunidad útil en el esfuerzo por racionalizar una discusión analíticamente inasible mientras siga sometida a la adjetivación y la descalificación. Al parecer esa discusión no ocurrirá y no por decisión de Santiago Creel sino de su partido. A los panistas les inquieta más la sombra del “peje” que el esfuerzo para desazolvar las atascadas vías del debate público. Pero más que preguntarse sobre las razones del senador, los comentaristas adocenados a las principales empresas mediáticas aprovechan el incidente para cobrarle a Creel las facturas políticas que le ha significado su reciente compromiso con la creación de límites al desbordado poder de los consorcios comunicacionales.

   Cuando un colega mexicano que lleva varias semanas en España me pregunta qué hay de nuevo en nuestro país, me descubro enumerando un rosario de anécdotas. No pasa nada. Pero deberían ocurrir muchas cosas. Y más hueco aun es el territorio del debate de ideas que no cumple las exigencias del país ni de la presencia global que México ha logrado.

   El domingo pasado en la colaboración para varios diarios del mundo que reproduce el periódico El País, el analista inglés Timothy Garton Ash arrojó una propuesta asaz sugerente. Los líderes de las naciones industrializadas que se congregan en el llamado G-8, dice ese escritor, deberían ampliarse e incluir a seis países más: China, India, Brasil, México, Sudáfrica e Indonesia. Se trata, advierte ese autor, de una propuesta arbitraria y discutible. Pero tiene suficientes dosis de realismo para ser considerada con seriedad. Actualmente el G-8 reúne a los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.

   Propuestas como esa, más allá de su posibilidad específica, confirman que en el resto del mundo hay interés y preocupación por México. Nos toman en serio pero, a juzgar por la estrepitosa forma y el insustancial fondo de nuestro debate público, no nos tomamos en serio a nosotros mismos.

   Mientras tanto aquí en Santiago de Compostela nos disponemos a insistir en que la sociedad de la información tendría que ser el contexto para fortalecer la ciudadanía en un proceso que tenga como eje la deliberación racional y enterada. En México estamos muy distantes de avanzar en y hacia una sociedad de la argumentación. A lo que apenas llegamos es a una estridente y frívola sociedad del argüende.

La Crónica, 24 de enero de 2008

El video de René Núñez Cosío, o de quien aparenta ser él, ya no se encuentra en YouTube. El lunes pasado ese archivo en Internet había sido buscado por 6 mil personas. Ayer miércoles eran más de 24 mil. La mayoría se quedó con la intención de ver las escenas íntimas en donde aparecen un hombre y una mujer y que han sido utilizadas para desacreditar a ese candidato a la alcaldía de Los Cabos, en Baja California Sur. Tales escenas fueron suprimidas del video, al menos en el mencionado sitio de Internet.

   La noticia del video circuló ampliamente por la Red desde la semana pasada. A los domicilios electrónicos de millares de sudcalifornianos llegaban las ligas que conducían a ese archivo digital. Uno de los temas de la campaña de Núñez Cosío ha sido la reivindicación de los valores familiares. Al comienzo de la grabación se le veía refiriéndose a ese tema. Luego, de pronto, eran insertadas las escenas privadas. Los autores del video quisieron evidenciar la real o presunta contradicción entre el discurso y la vida personal de Núñez.

   Ese candidato aseguró que el video era un montaje. Entrevistado en radio por Ciro Gómez Leyva primero negó y luego dudó cuando le preguntaron si el individuo que aparece en tales escenas era él. Eso es lo de menos. Si a Núñez Cosío le tendieron una celada y lo grabaron sin su consentimiento, se trata de una trasgresión a su privacía. Si el video es falso y fue producido para engañar, estaríamos ante una difamación audiovisual. Cualquiera que sea la índole de ese delito, además fue perpetrado para tener consecuencias políticas.

   El domingo 3 de febrero habrá elecciones en Baja California Sur. Serán renovados el Congreso local y los cinco ayuntamientos de esa entidad. En el municipio de Los Cabos las preferencias ciudadanas han favorecido al candidato de la coalición que integran PRD, PT y Convergencia. De acuerdo con la encuesta que levantó Consulta Mitofsky en los primeros días del año, Óscar René Núñez Cosío tenía el 38.2% en la intención de voto. El candidato de la coalición PRI y PVEM, Ángel Salvador Ceseña, tenía 24.9% y Francisco García Valdez, postulado por el PAN, alcanzaba 12.7%.

   Posiblemente esas estimaciones influyeron para que algunos de los adversarios de Núñez Cosío hicieran y promovieran el video. En todo caso, la competencia política en Baja California Sur ha sido afectada por ese incidente. Fuera y posiblemente dentro de esa entidad nadie o casi nadie conoce las propuestas de los candidatos a gobernar Los Cabos y el resto de los municipios sudcalifornianos. Pero en muy diversos medios se habla del video erótico, por lo general con más sorna que desaprobación.

   Por eso tanto como el video mismo, que es expresión de una política vulgar y despreciable, suscita preocupación la indiferencia de los partidos políticos y sus dirigentes no solo en Baja California Sur. El episodio que mencionamos tendría que haber originado una inmediata y categórica condena de todos los partidos pero se le ha querido ver solamente como un asunto aislado o provinciano.

   Puede ser expresión de algo más importante. Cuando a la competencia política se incorporan elementos disruptivos como el que estamos comentando, no solamente resultan perjudicados los personajes directamente involucrados en una contienda electoral específica. También terminan por ser afectados todos los protagonistas del escenario partidario y, junto con ellos, la política misma. Quizá ante la noticia del video haya ciudadanos que se pregunten por la congruencia del candidato Núñez. Pero sobre todo, habrá quienes constaten la ordinariez de los recursos y la ausencia de argumentos no de uno solo, sino del conjunto de los candidatos y partidos que compiten en esas y otras elecciones. Habrá perdido, a la postre, la imagen y la respetabilidad de la política.

   El caso que mencionamos confirma, además, la versatilidad que tiene el aprovechamiento político de las nuevas tecnologías de la comunicación. Internet y sus cada vez más accesibles recursos audiovisuales pueden ser empleados de manera perversa pero también virtuosa. El problema no son esos medios de comunicación e interacción sino la manera como se les utiliza. En YouTube por ejemplo, las campañas presidenciales en Estados Unidos han tenido un espacio inédito para la difusión de mensajes que complementan la propaganda en medios convencionales. En España, ahora mismo, la televisión pública se asoció con YouTube para recabar en ese sitio las preguntas que los ciudadanos quieran presentar a los candidatos del PSOE y el Partido Popular. Una selección de ellas serán planteadas en entrevistas de dicha televisora.

   Los escándalos de contenido sexual son tan antiguos como la política moderna pero han adquirido mayor notoriedad gracias a los medios de comunicación. Sus efectos pueden ser contradictorios e incluso distintos a los que pretenden quienes los provocan. En su célebre investigación sobre El escándalo político el investigador británico John B. Thompson recuerda: “Una de las razones por la que los escándalos sexuales tienen la capacidad potencial de producir perjuicios a las figuras políticas, a sus partidarios y a los gobiernos de los que puedan formar parte, es la que se relaciona con el factor de la hipocresía. La revelación de actividades sexuales ilícitas puede ser políticamente perjudicial si pone en compromiso las políticas que abrazan en público las figuras políticas (o bien sus partidos o gobiernos) –y puede ser perjudicial en este sentido incluso en aquellas circunstancias en que la capacidad vinculante de las normas y los códigos relevantes sea débil–. En otros casos, la posición de una figura política puede verse socavada por un escándalo que se produce como consecuencia de una actividad sexual ilícita pero que es alimentado por una mezcla de hilaridad y resentimiento. Puede que muchas personas no encuentren chocante la actividad que se les acaba de revelar, y puede que en la conducta práctica de sus propias vidas no se adhieran (o no se adhieran coherentemente) a esas normas y códigos relevantes. Sin embargo, puede ocurrir perfectamente que sientan un resentimiento hacia los políticos que tienen la temeridad de prescribir a otras personas formas de conducta a las que ellos mismos no se adhieren”. (El escándalo político, Paidós, Barcelona, 2001).

   Ese es el resultado que buscaron los autores del video relacionado con el candidato Núñez Cosío. Sin embargo en ocasiones las revelaciones o imputaciones de esa índole se revierten contra quienes las propagan. Hace exactamente 10 años, en los últimos días de enero de 1998, el presidente Bill Clinton era el centro de un intenso escándalo cuando se conocieron las travesuras que practicaba con la joven Mónica Lewinski en la trastienda del Despacho Oval. Los medios de comunicación más influyentes en Estados Unidos desataron entonces una indignada campaña moralista, acusando a Clinton por esa conducta personal. No obstante, las encuestas mostraron que la confianza de los estadounidenses hacia su presidente no se había modificado de manera sustancial: mientras gobierne bien que haga lo que quiera en su vida personal, consideró la mayoría de los ciudadanos.

   Aquel incidente permitió constatar que los escándalos políticos, incluso si tienen rasgos tan personales como cuando se entremeten en asuntos privados, pueden alcanzar efectos paradójicos. La madurez de la sociedad llega a ser un dique al tráfico político con la vida privada.

   Quienes no alcanzan esa madurez son algunos dirigentes políticos nacionales. Hace algunos días Leonel Cota, presidente del PRD, dijo acerca del comentado video: “que me digan qué hombre o qué mujer no ha tenido relaciones sexuales extramaritales; el ser humano tiene derecho a ejercer su sexualidad, no creo que en este mundo deban criticarse las preferencias sexuales”.

   De esa manera, el también ex gobernador de Baja California Sur contradijo los desmentidos que el candidato René Núñez  había presentado acerca de ese video. Pero, peor aún, al tratar de restarle importancia Cota incurrió en una expresión de mal gusto y ofensiva para las mujeres cuando dijo que el video, “más que perjudicar a René, lo beneficia, sobre todo con el género femenino”.

   Política sucia y políticos torpes: qué combinación.