Carta de una servidora pública

Publicado el 18 de septiembre de 2000

Como autor de una columna periodística diaria tengo el privilegio de recibir mensajes de lectores que cotidiana, u ocasionalmente, se toman la molestia de leer mis textos. No siempre puedo hacer referencia a esas cartas, que van desde breves reacciones hasta detalladas argumentaciones.

   El martes pasado recibí una carta que me sorprendió primero su extensión equivalente a poco más de seis cuartillas y por su tono juicioso y esmerado. Se trata de las reflexiones de una funcionaria pública identificada con preocupaciones que pudieron haber llevado al doctor Raúl Ramos Tercero a tomar la decisión de suicidarse. A diferencia de la mayoría de las versiones que han proliferado en los medios, esa funcionaria considera que el suicidio es verosímil y relata su propia experiencia en el servicio público.

   En esa carta no hay revelaciones ni denuncias específicas. Se trata del testimonio de una funcionaria incómoda por la desconfianza que la sociedad, pero también el gobierno, suele tener hacia el trabajo que ella y otros como ella realizan.

 

Medios y funcionarios, desconfianza mutua

   De acuerdo con ese testimonio la proliferación de controles administrativos que, a su vez, no son controlados por nadie, mantiene a numerosos funcionarios sometidos a un temor constante. Pero además la imagen social de los funcionarios del gobierno es tan desfavorable que muchos, temen ser condenados en el maniqueo tribunal de la opinión pública incluso antes de haber tenido la oportunidad de defenderse.

  Tales apreciaciones, valiosas como parte de la discusión que se mantiene en torno a la muerte del subsecretario de Secofi, además tienen la singularidad de mostrar un ángulo que pocas veces se conoce. Los empleados públicos de nivel medio o con alguna responsabilidad, suelen ser reacios a manifestar sus opiniones en los medios de comunicación. A veces sus jefes inmediatos se lo prohíben. Pero en la mayoría de los casos tienen tal desconfianza en la prensa que prefieren mantenerse al margen de ella, incluso cuando podrían aclarar o desmentir informaciones publicadas en los medios.

   Los periodistas, por su parte, suelen recelar de las opiniones de los empleados públicos a quienes en ocasiones descalifican en bloque como si todos, de manera autoritaria y prepotente, defendieran al partido político que hasta ahora ha estado en el poder. La situación para esos funcionarios ahora es peor, porque incluso desde ese partido surgen las reprobaciones más arbitrarias contra ellos. A muchos de esos servidores públicos, cuando son especialistas en alguna profesión, se les llega a descalificar tildándolos de “tecnócratas” como, con irónica amargura, se queja la funcionaria.

   Esta carta no fue escrita para publicarse. Sin embargo, después de intercambiar opiniones con ella, su autora accedió a que apareciera en esta columna a condición de que no se le identificara. He comprobado la identidad de esa funcionaria pública y su sitio de trabajo y, a petición suya, eliminé las referencias que hacía a casos de persecución administrativa que han experimentado ella misma, o algunos de colegas cercanos.

   Con autorización de su autora y con agradecimiento a su sinceridad y a su confianza reproduzco las siguientes reflexiones que, estoy seguro, interesarán a los lectores de esta columna.

  

“No se pagan los costos de las opiniones”

   “Antes que nada quiero comentarle que es la primera vez que escribo una carta a un periodista. No lo hago porque tengo la convicción que cada cual escribe lo que quiere mientras lo firme y se haga responsable de sus opiniones. En su medio esa responsabilidad queda muy diluida porque normalmente no se pagan los costos de las opiniones; se es, hasta cierto punto impune, aunque queda del lado de los lectores castigarlos con evitar su lectura y dejar de adquirir o sintonizar el medio para el cual trabajan.

   “En el caso de usted y del periódico La Crónica de Hoy y de la revista etcétera, que son los medios donde tengo el frecuente placer de leerlo, generalmente no siento la necesidad de hacerlo porque sus opiniones me parecen de las más mesuradas y racionales de la prensa escrita. Adicionalmente su parcialidad, natural a cualquier ser humano, coincide con la mía, coincidencia afortunada principalmente para mí.

   “Me sorprendió, es falso, me lastimó, leer en artículos firmados por usted en días pasados, la incredulidad sobre el suicidio del Subsecretario Ramos Tercero. Mi primera reacción fue enojarme y concluir que, en la defensa de su profesión, usted estaba perdiendo su cotidiano deseo de ver más allá de los juicios sumarios y de las versiones populares. Posteriormente y con la lectura de su artículo del día de hoy en Crónica, me di cuenta que, lo que para mí es absolutamente evidente por ser servidora pública, para usted puede no serlo y de ahí mi decisión de compartirlo con usted.

   “No conocí de ninguna manera al Subsecretario. Es más, sólo había oído mencionar su nombre un par de veces antes de ese lamentable suceso. Como le mencioné antes soy servidora pública, trabajo en la Administración Pública Federal desde que inicié mi vida profesional… Sin embargo en ningún momento coincidí con el Subsecretario ni tengo amigos que hayan sido sus amigos, al menos no que yo lo sepa. Es importante la aclaración porque no puedo defender su trayectoria que, al parecer, era intachable pues no me consta, aunque tampoco me consta lo contrario”.

 

“El poder que tiene cada pequeño auditor”

   Aquí haremos un paréntesis. Este columnista no ha rechazado, pero tampoco ha convalidado, la versión oficial sobre la muerte del Subsecretario. Lo que afirmé desde el día posterior al deceso es que se trataba de una muerte extraña. Esclarecer las circunstancias del fallecimiento es tarea de las autoridades judiciales. Por mi parte, más que participar de la especulación morbosa sobre ese terrible hecho he querido escribir, a partir de él, sobre la relación entre el poder público y los medios de comunicación.

   La autora de la misiva contribuye a discutir ese tema y describe la imagen que, de su propio desempeño, pueden llegar a tener los funcionarios públicos. Seguimos con la transcripción:

   “Lo que quiero compartir es un contexto en el que trabajamos los servidores públicos, no una defensa a ultranza de la versión, tanto del suicidio como de la trayectoria del Subsecretario. Durante los últimos dos sexenios, muchos servidores públicos de nivel superior hemos accedido a esos puestos no por la filiación partidista o sólo por las relaciones personales, sino porque somos lo que suelen decir con desprecio, tecnócratas; profesionales del servicio público que hacemos mal o bien nuestro trabajo, pero que lo hacemos con una profunda convicción sobre hacer lo correcto dentro de las funciones que tenemos atribuidas.

   “Este contexto se ha desarrollado durante sexenios en los cuales la vigilancia sobre nuestro desempeño ha sido muy estricta, a tal punto que gran parte de nuestro trabajo consiste en justificar cada una de nuestras acciones para evitar ser sancionados. Durante la presente administración la vigilancia sobre el apego absoluto a las normas ha sido especialmente cuidadosa. No me quejo. Al contrario, lo comparto de manera total. Personalmente soy una obsesiva de las normas, odio la discrecionalidad con la que se han manejado algunas dependencias y programas públicos.

   “Pero hay un problema. Esta vigilancia ha generado todo un aparato burocrático con un poder absoluto sobre el presente y el futuro de cada uno de los servidores públicos. Este aparato es la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y sus brazos al interior de las dependencias, las Contralorías Internas, que administrativamente dependen de esa Secretaría.

   “El poder que tiene cada pequeño auditor de las contralorías es ilimitado por dos razones fundamentales: la primera es que la norma que permite aplicar las sanciones, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene muchos vacíos, pero uno fundamental: no establece sanciones por el tipo de irregularidad detectada, es decir, que el tamaño de la sanción queda a la absoluta discreción de quien califica. La segunda es que las Contralorías son impunes: si se equivocan y se los demuestra así el Tribunal Fiscal, que es la instancia donde se dirimen este tipo de controversias, el servidor público que emitió el dictamen con la sanción no sufre ninguna consecuencia. Adicionalmente y usted lo puede ver en el diario Reforma del día de ayer, se mide la actuación de las Contralorías de acuerdo al número de sanciones que imparte, mientras más servidores públicos sancionados, más eficiencia del órgano de control. El mundo al revés…”

 

“La vida se vuelve un infierno”

   “No conozco la estadística, ignoro si exista alguna, pero se dice en la Administración Pública, incluso en las Contralorías, que la mayor parte de las sanciones que imparte la SECODAM son recurridas y que en su gran mayoría las gana el servidor público sancionado. En las que me han tocado ver de cerca con amigos y conocidos, que son muchas, todas las han ganado, después de años, los sancionados. Pero también me ha tocado ver la depresión, el sentirse delincuente que generan estas sanciones, la suspicacia con la que se expresa de ellos la mayor parte de la gente que se entera de la sanción.

   “Le podría poner mil ejemplos, cada vez más absurdos, de la actividad de las Contralorías, pero estoy abusando de su tiempo. Esto sirve para intentar presentarle el contexto absolutamente paranoico en el cual trabajamos. Algunos nos acostumbramos y vivimos con eso, otros estamos decidiendo buscar otra forma de vida a pesar de que, probablemente con arrogancia, pensamos que hacemos bien nuestro trabajo y que es una lástima dejarlo por esas presiones.

   “En condiciones normales esta telenovela es de consumo interno, se queda dentro de la administración Pública y sólo algunos se enteran. Cuando trasciende a los medios, cuando la prensa se entera, qué horror, ahí sí ya no hay marcha atrás, la vida se vuelve un infierno. En el caso del RENAVE lo puedo imaginar: la ‘sociedad civil’ ya había calificado de irregular el proceso; como hay una ignorancia absoluta sobre los procesos administrativos sólo se ‘sabe’ que algo estaba mal y hay que buscar culpables. Y eso ocurre en un contexto en donde la misma ‘sociedad civil’ ha determinado que, por definición, los servidores públicos somos delincuentes mientras no probemos lo contrario.

   “Cuando leí en la prensa las cartas del Subsecretario entendí perfectamente lo que había sentido, imaginé el infierno que fue para él vivir esas cinco horas que con suspicacia los medios califican de no explicables. Para mí, en esas cinco horas él debe haber pensado todo esto y debe haber tomado la decisión de su suicidio con lo que tenía a la mano. ¿Sabe que es lo triste? ¿Sabe por qué puedo especular así? Porque muy probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Es más, seguramente yo hubiera hecho lo mismo. Que esto probablemente demuestra para muchos la deteriorada salud mental del Subsecretario o la mía, es cierto, pero eso no está a discusión”.

 

“La especulación se vuelve espectacular”

   “Imagine el escenario que al parecer él imaginó: sigue el escándalo y lo investigan por el proceso licitatorio o por otra parte del proceso administrativo; la Contraloría, queriendo dar muestras de eficiencia e imparcialidad, encuentra algún error administrativo por mínimo que sea (el Subsecretario mismo dice en sus cartas que probablemente hay errores, que el trabajo lo sobrepasó a él y a sus colaboradores) y decide inhabilitarlo. La ‘sociedad civil’ sólo se enteraría por medio de ustedes que el señor fue inhabilitado, o que está en proceso de determinarse su sanción. La especulación irresponsable alrededor de este hecho, usted lo sabe –todos lo hemos visto en otros procesos– sería espectacular. Especulo: que el señor trabajó con Salinas en tal época, en tal lugar donde se supo que había habido malos manejos; que es amigo personal de Raúl Salinas porque en tal evento se saludaron, que tiene una casa que a juicio del periodista en turno es casi un palacio, que dice un informante que quiere guardar el anonimato que sabe que tiene cuentas en Suiza, que está vinculado con el narcotráfico, según fuentes de la PGR, etcétera….  La prensa investigaría, algunos con ética, otros no; su familia se vería sometida al escrutinio público, sus hijos podrían ser señalados como los hijos de un delincuente. ¿Estoy exagerando? No lo sé, simplemente trato de ponerme en su lugar y explicarme su estado mental y como dijo él en sus cartas, hay personas que no estamos preparadas para eso.

   “No sé si lo que hizo es correcto. Nadie, con excepción de sus seres queridos, tiene derecho de juzgar un acto tan profundamente personal y doloroso como un suicidio. No pretendo que usted se convenza de la teoría del suicidio, ni que sienta lástima por los ‘pobres’ servidores públicos. Después de todo aceptamos los puestos, cobramos los sueldos y tenemos que asumir las responsabilidades y presiones inherentes. Esto es simplemente para compartir un estado de ánimo y para que periodistas como usted, cuando alguno de nosotros sea señalado como delincuente, trate de ver más allá: llame, como siempre, a la mesura y trate de evitar desde su tribuna linchamientos morales y juicios sumarios.  Al final yo no creo que el Subsecretario haya culpado de su suicidio a nadie, ni siquiera al periódico Reforma, simplemente trató de expresar lo que sentía, esa impotencia frente a ese poder ilimitado que tienen los medios, no por lo que se había dicho sobre él sino por lo que podía ser de acuerdo a lo que todos hemos visto en otros sucesos similares.

   “Finalmente le pido que no publique esta carta. Es sólo para usted, no quiero salir en la prensa ni siquiera como cita, no quiero que mi nombre salga en letras impresas para bien o para mal. Podría yo guardar el anonimato, pero quiero responsabilizarme ante usted de este escrito, no tengo absolutamente nada que ocultar, pero me da terror tener que probarlo.

   “Le agradezco la atención a esta catarsis, le expreso mi respeto desde siempre y le envío un abrazo como lectora asidua”.

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