Las propuestas de López Obrador (en 2000)

Publicado en 4 de agosto de 2000 en La Crónica de Hoy

Las 40 medidas de gobierno que ayer anunció Andrés Manuel López Obrador para la ciudad de México se encuentran a medio camino entre el populismo y la reivindicación de necesidades sociales auténticas, y entre la democracia directa y la infracción de las leyes vigentes en el Distrito Federal. Varias de ellas implican el sacrificio de ingresos salariales y otros recursos de los funcionarios del gobierno capitalino; algunas más requerirían de la aprobación de la mayoría panista en la Asamblea Legislativa e inclusive del Congreso de la Unión.  

   La propuesta para establecer una Constitución Política del Distrito Federal puede decir mucho, o nada, mientras no exista un proyecto que la defina y explique sus alcances. El próximo Jefe de Gobierno y su partido no tienen capacidad para, por sí solos, tomar decisiones de ese alcance. Por eso López Obrador dice que buscará un “amplio acuerdo” con organizaciones políticas y sociales. En realidad, el principal acuerdo que necesita es con el PAN, pues son militantes de ese partido quienes serán mayoría en el órgano legislativo local y quienes ocupen un buen número de delegaciones.

   Esas nuevas circunstancias políticas conducen al próximo Jefe de Gobierno a asegurar que no habrá nuevos impuestos. Sabe que los diputados locales, en su mayoría panistas y priistas, se resistirían a aprobarlos. Ese candado legal y la necesidad de congraciarse con los maltratados y desconfiados habitantes del DF, llevan a López Obrador a proponer una drástica reorientación del gasto: menos salarios a funcionarios y más inversión en política social.

   Tales medidas parece, en principio, plausibles. Pero cada vez que una administración, del signo político que sea, anuncia que ahorrará reduciendo gastos para sus principales funcionarios, los ciudadanos podemos preguntarnos por qué hubo tanta tardanza en poner en práctica esas normas. O podemos sospechar que, tal vez, lo que se deja de gastar no es tan significativo.

   Reducción drástica de asesores, cancelación de guardaespaldas,  ahorro del 50% en gastos de publicidad y limitación de celulares y líneas telefónicas, sin duda parecerán decisiones encomiables. ¿Por qué entonces el actual gobierno del DF, encabezado por funcionarios del mismo partido en donde milita el señor López Obrador, no hizo esos ajustes?

   Es posible preguntarnos si esos son auténticos ahorros o solamente simulaciones o, inclusive, economías mal entendidas. No sabemos si los funcionarios de alto nivel en el DF se pasan el día charlando con sus amigos y familiares a través de los celulares que pagamos con nuestros impuestos. Si es así, qué bueno que haya esas restricciones. Pero sería muy lamentable que a partir de diciembre los nuevos funcionarios tuvieran que perder el tiempo formándose junto a un teléfono público para comunicarse a su oficina.

   También pueden ser contradictorias medidas como la entrega del mando de la policía a los jefes delegaciones y la adjudicación de facultades ejecutivas a los comités ciudadanos. Actualmente el mando de la fuerza pública en la ciudad de México corresponde al Presidente de la República, que designa al jefe de la policía a propuesta del Jefe de Gobierno del DF. Transferir esa conducción a los jefes delegacionales podría ser una manera de quitarle atribuciones al próximo Presidente.

   A los comités vecinales, cuyas facultades ahora son solamente consultivas y de enlace entre ciudadanos y autoridades, López Obrador pretende convertirlos en “verdaderos gobiernos vecinales”. De manera paralela a esos organismos, propone la creación de “comités ciudadanos de seguridad pública” que dispondrían de recursos para contratar vigilantes e instalar sistemas de alarma, entre otras tareas.

   Esa participación posiblemente lograría una relación más cercana entre los ciudadanos y el personal a cargo de cuidarlos. Sin embargo junto con los problemas de coordinación y organización que implicaría, tal propuesta podría conducir a una fragmentación de la ciudad de México y a una mayor ineficacia en la persecución de la delincuencia.

   La democracia directa no siempre es la mejor solución a los problemas, especialmente en las sociedades grandes y complejas. Traspasar a los ciudadanos o a autoridades intermedias algunas de las responsabilidades cuyo cumplimiento es, antes que nada, obligación del Jefe de Gobierno, quizá implicaría problemas mayores a los que resolvería.

   López Obrador dice que cada dos años convocará a una consulta para que los ciudadanos determinen si permanece o no al frente del gobierno local. Eso implicaría que durante 24 meses, igual que le ocurrió a Cuauhtémoc Cárdenas, tendría que dedicarse a cultivar el aplauso de los capitalinos y no necesariamente la atención a la infraestructura y a las obras menos lucidoras, pero necesarias para la ciudad de México. Se trata en todo caso de una propuesta audaz, que implica un riesgo político interesante.

   Es de una pertinencia indiscutible el aumento a los servicios asistenciales para los más pobres en la Ciudad. En cambio no existe justificación alguna para crear un nuevo sistema de escuelas preparatorias e incluso ¡una Universidad!, adicionales a los sistemas de educación superior que ya existen en la capital. No se necesita exagerar para temer que esa institución pudiera ser remedo tardío –y sombrío– de las ideologizadas “universidades-pueblo” cuyo deterioro académico, hace dos décadas, fue tan costoso para la educación y para millares de jóvenes en varios sitios del país.

 Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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