Alcances del acuerdo nacional

La Crónica de Hoy, 7 de octubre de 2001

Todavía anoche proseguían los regateos entre la secretaría de Gobernación y el Partido Revolucionario Institucional para lograr la unanimidad deseable en torno al acuerdo nacional que el gobierno espera firmar esta tarde de domingo.

La precipitación con que se han tenido que procesar los consensos alrededor de ese documento se advirtió la noche del viernes cuando, ya tarde, se dio a conocer, de manera extraoficial, la ceremonia que según ese anuncio tendrá lugar hoy en Palacio Nacional.

Ese pacto establecería compromisos de los partidos políticos y el gobierno alrededor de una ambiciosa e importante colección de temas. A diferencia del acuerdo para la reforma política que suscribieron los partidos y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en enero de 1995, el documento anunciado para hoy contendría medidas que forman parte de la reforma de las instituciones estatales pero antes que nada disposiciones para enfrentar las dificultades económicas del país. Se habla de coincidencias para actualizar y respaldar las instituciones encargadas de la generación de energía, encarar viejos y costosos rezagos políticos como la legislación sobre la información y los medios y, entre otros temas, la reforma fiscal.

 

Opciones fiscales

El de los impuestos ha sido el tema principal en torno al que el gobierno ha demandado, casi desde comienzos del año, la comprensión y la solidaridad de los partidos.

El PRI y el PRD e incluso segmentos importantes del PAN regatearon su adhesión a la propuesta del gobierno, que consideraron injusta en términos sociales e impertinente en el plano político. Desde entonces las negociaciones han sido intensas aunque esporádicas, pues no se mantuvieron a lo largo de todos estos meses. Aunque parecía que el gobierno tenía prisa pero además dominio de los plazos políticos para la aprobación de los nuevos impuestos, todo indica que fue perdiendo el control de esas negociaciones e incluso dejó de considerarlas entre sus prioridades.

Quizá se pensó que darle tiempo a la reflexión sobre la pertinencia de los ajustes fiscales llevaría a los partidos a reconocer que nutrir de mayores ingresos a las arcas públicas es una prioridad nacional, más allá de visiones facciosas o parciales. Esa ha sido una de las insistencias del presidente Vicente Fox al demandar a los partidos que cierren filas en torno a los temas primordiales de la agenda mexicana, sin demérito de las diferencias que puedan mantener en otros asuntos.

Sin embargo la situación financiera del Estado es vista con ópticas diferentes. Desde el gobierno hay la certeza de que se requiere más dinero –según el presidente, sobre todo para atender compromisos de política social–. En los partidos de oposición se admite esa necesidad pero también se apunta que los nuevos parámetros de recaudación fiscal no tienen por qué ser los que el gobierno ha propuesto.

El IVA a los productos básicos y la tasa del ISR para las personas y empresas de mayores ingresos siguen siendo, igual que hace seis meses y medio cuando el gobierno dio a conocer su propuesta, los grandes ejes de una discusión que ha oscilado entre las consideraciones técnicas y los enfoque políticos. Aunque en los últimos días distintos legisladores aseguraron que ya existía un acuerdo sobre la reforma fiscal, no se ha explicado quiénes cedieron en qué.

 

Efectos del terrorismo

La situación económica del país y del mundo han cambiado en el medio año reciente. La recesión del aparato productivo mexicano se había acentuado debido al estancamiento en la economía estadounidense que, según se esperaba, habría de resolverse en el último trimestre de este año.

Pero esta fase de 2001 ha estado precedida por la tragedia del 11 de septiembre que, además de muchas otras, tiene consecuencias adversas para el intercambio comercial, las inversiones casi de toda índole, el turismo y muchos otros servicios.

Si la recesión que Estados Unidos padeció a partir de la primavera pasada amenazaba con ser tragedia económica para México, la sacudida que en ese terreno significaron los atentados terroristas tienen consecuencias aun difíciles de evaluar pero sin duda graves para nuestro país.

De allí la urgencia de una ruta para la economía mexicana. Ese rumbo no ha existido y no precisamente porque los partidos no se hayan puesto de acuerdo, sino por ausencia de un proyecto de desarrollo suficientemente explícito.

 

Un rumbo incierto

La gestión del presidente Fox se ha dedicado, en lo fundamental, a tratar de mantener el rumbo y las prioridades económicas que ya teníamos pero sin actualizarlos y en muchos casos, sin tomar decisiones necesarias.

En más de un sentido, en estos casi 11 meses México ha tenido más una administración de los asuntos públicos que un gobierno en el sentido más amplio –e indispensable– de ese término.

Esa preponderancia de la administración sobre el gobierno se ha debido a la inexperiencia política de buena parte del equipo del presidente Fox y también, a la carencia de una concepción compartida por ellos, que a la vez resulte precisa y clara, del país que quieren modelar.

Aunque algunos de sus errores han significado rezagos y tropiezos, en términos generales el gobierno actual se singulariza más por las omisiones que por las acciones.

Todavía se advierte, en algunas secretarías y especialmente entre los funcionarios que no habían tenido responsabilidades en el gobierno federal, una mezcla de inexperiencia, parálisis e indecisiones en numerosos asuntos.

El acuerdo que se pretende firmar hoy puede ser parte del contexto de un proyecto de país, que resultaría más sólido y factible en la medida en que sus líneas maestras fuesen compartidas por las principales fuerzas políticas del país.

Pero ese acuerdo, sin demérito de la importancia que puede alcanzar, no propiciará por sí solo ni constituirá el proyecto de nación que el gobierno del presidente Fox les sigue debiendo a los mexicanos.

 

Legitimar estrategia

En medio de las dudas que ayer se mantenían sobre el contenido del acuerdo anunciado para hoy a las 17 horas, fuentes del gobierno federal aseguraban que será un documento que trascienda a la reforma del Estado y a la acción de los legisladores. Será el germen de acuerdos para el desarrollo nacional, se decía.

El contenido, en todo caso, será conocido dentro de pocas horas. Pero la ruta que se ha seguido hasta ahora para definir los acuerdos que serían suscritos esta tarde y el destino inmediato de ese documento suscitan dudas y prevenciones.

Desde hace semanas, o meses, se sabía que la secretaría de Gobernación auspiciaba acercamientos con los partidos políticos para establecer el acuerdo. En su informe del 1 de septiembre el presidente de la República destinó insistentes e invitadoras frases para que las fuerzas políticas definieran puntos de coincidencia entre ellas mismas y con el gobierno.

En aquella ocasión al acuerdo nacional se le identificaba fundamentalmente con las viejas –y quizá unas cuantas nuevas– asignaturas pendientes de la reforma del Estado.

“La pauta para un avance nacional consistente –dijo Fox el día que entregó su primer Informe a los legisladores– está en la agenda para la reforma del Estado y es en este Congreso, que cristaliza de mejor manera la pluralidad del México actual, donde puede desarrollarse una propuesta concertada por todas las fuerzas políticas”.

Más aun, recalcó que la falta de un pacto de esa naturaleza sería visto por la sociedad como síntoma de incapacidad de las fuerzas políticas: “Urge ese acuerdo explícito que defina las grandes líneas nacionales para resolver los rezagos históricos del país mediante una estrategia legitimada por todos. Nada aprecia más la ciudadanía, nada le es más esencial, que el acuerdo entre los distintos actores políticos y sociales para avanzar en un marco de estabilidad y certidumbre”.

El Congreso, excluido

El deterioro en la imagen de los partidos y sus dirigentes quizá no baste para orillarlos a privilegiar las coincidencias por encima de los discrepancias. Posiblemente la perspectiva de un estancamiento mayor en la economía, que inevitablemente afectaría las expectativas políticas de todos y desde luego el deterioro en las condiciones de vida de la sociedad, sea un mayor impulso para que los partidos y el gobierno se estén poniendo de acuerdo.

Sin embargo la ruta que hace cinco semanas definía el presidente no ha sido la que se puso en práctica para auspiciar el pacto nacional.

No ha sido el Congreso, sino la negociación privada, el espacio requerido para afinar las coincidencias que hoy se darán a conocer.

Aparentemente esos acuerdos, firmados por los dirigentes de los partidos, serán presentados a las cámaras de diputados y senadores para que los avalen o, en algunos casos, resuelvan las reformas legales que se derivarían de tales compromisos.

El legislativo cumpliría con su tarea central que es la confección y actualización del régimen jurídico, pero se habría quedado fuera de la definición de las coordenadas centrales de los acuerdos.

Quizá no podía ser de otra manera. Los acuerdos políticos se negocian en privado aunque sus efectos tengan que ser públicos.

No era de esperarse que, en un clima tan polarizado como el que hemos tenido en el último año, los acercamientos entre los partidos y el gobierno pudieran tener su mejor escenario en los ámbitos legislativos. Además el Congreso no parece demasiado interesado en asumirse como foro para discutir grandes temas nacionales, o como corresponsable en la conducción del rumbo del país. Los exabruptos y las reconvenciones mutuas, el desplante retórico, la impugnación por encima de la discusión, han definido al trato entre los legisladores y entre ellos y los funcionarios del gobierno federal que han comparecido en ambas cámaras.

 

Pactos bilaterales

Así que, aun cuando el presidente Fox señaló que el acuerdo entre las fuerzas nacionales se procesaría en el Congreso, el realismo colocó las negociaciones principales en la secretaría de Gobernación, encargada institucional de esos menesteres.

Hasta donde se afirmaba ayer, esas negociaciones se desarrollaron fundamentalmente de manera bilateral. Cada una de las direcciones de los partidos regateó y acordó con Bucareli a partir de una propuesta inicial que presentó el secretario Santiago Creel.

De esa manera se pudieron precisar los intereses y divergencias específicos de cada partido. Pero al no existir un espacio multilateral, en donde participaran simultáneamente los líderes de las principales organizaciones políticas, la negociación fue más tortuosa y se dejó abierta la posibilidad de que, a última hora, surjan nuevas discrepancias.

Haber discutido entre todos hubiera permitido que se limasen diferencias mutuas y que los compromisos en torno al documento, hasta antes de que sea firmado esta tarde, resultasen más sólidos.

 

Visiones distintas

Ayer todavía, la presidenta nacional del PRI expresaba reservas sobre el compromiso de su partido con ese acuerdo.

Al parecer los dirigentes priistas querían acciones más enfáticas para encarar la crisis económica, especialmente el desempleo que según Dulce María Sauri “es muy serio y grave, el gobierno tiene que enfrentarlo de una vez”.

Sin embargo casi al mismo tiempo en Monterrey, delante de empresarios de la Concamin, el presidente Fox manifestó ayer sábado una visión radicalmente distinta. El empleo, lejos de haber caído, hace un par de meses era del 2.36 por ciento, cifra inferior al desempleo de agosto del año pasado. En 18 estados la oferta de empleo ha crecido y muchas industrias ofrecen nuevos puestos de trabajo.

Se trata de visiones muy distintas de la realidad del país. El presidente no compara los datos actuales con los de hace algunos meses ni toma en cuenta la expansión del subempleo. La dirigente del PRI no ofrece cifras pero su recelo es representativo de el de muchos mexicanos respecto de la situación del país.

Si los diagnósticos sobre la situación actual son tan distintos, es difícil que puedan establecerse acuerdos sólidos para mejorarla o remediarla.

Ese habrá de constituir uno de los obstáculos principales para que los compromisos anunciados para hoy domingo sean tan consistentes como requieren el país y el gobierno.

 

Resistencia del PRI

La señora Sauri quiere tensar la negociación hasta el momento último. Sin originalidad aunque con sentido lúdico, ayer recordó la frase de un célebre cronista de deportes: “Esto es como en el béisbol. Esto no termina hasta que se acaba”.

Pues sí. Pero si no se acaba a tiempo y el PRI no llega con compromisos suficientes al acuerdo de esta tarde le infligirá un contratiempo fuerte al gobierno aunque, antes de todo, se lo propinará él mismo.

Si hay un compromiso de las principales fuerzas políticas y el gobierno, al PRI más que a nadie le tendría que interesar estar dentro y no auto excluido.

Los plazos suelen ser apremiantes para quienes tienen la obligación de gobernar, mas que para aquellos que se encuentran en las oposiciones. Pero en este caso la imagen de un partido marginado de las grandes decisiones sería más costosa que la de un gobierno que no supo (porque muchos insistirán que no fue su culpa) articular el acuerdo con todos.

Temores sobre Pemex

Uno de los temas de discrepancia ha sido, al parecer, la definición sobre el futuro de Petróleos Mexicanos. El PRI teme que las ansias privatizadoras de algunos segmentos del gobierno actual quieran propiciar la enajenación, formal o virtual, de la principal empresa del país.

Significativamente ayer la presidenta del PRD, Amalia García, dijo que para su partido uno de los aspectos más alentadores del acuerdo es el compromiso para que Pemex permanezca como empresa del Estado mexicano.

Es decir, la respuesta a una de las objeciones centrales del PRI no vino del PAN, ni de la secretaría de Gobernación, sino del PRD.

 

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