Comisiones de la verdad

La Crónica de Hoy, 17 de junio de 2001

Las comisiones de la verdad que han surgido en los años recientes fueron creadas como instrumentos de reconciliación en sociedades divididas por situaciones de extrema violencia y abusos en contra de los derechos humanos. En la mayor parte de los casos (como en países de América del Sur y Centroamérica) dichas comisiones han servido como eslabón importante en el tránsito de los gobiernos militares a los regímenes civiles. En otras circunstancias fueron resultado de los pactos de transición entre las fuerzas sociales y políticas que resolvieron establecer un nuevo régimen político.

   En todo caso, las comisiones de la verdad han sido creadas –aunque no siempre cumplen con tales propósitos– para identificar y en ocasiones castigar a los responsables de transgresiones a los derechos humanos y para que los ofendidos encuentren alguna forma de reparación en el reconocimiento de los delitos de los que fueron víctimas. Se trata de espacios para la expresión de agravios y para, de esa manera, avanzar en la reconstrucción de sociedades profundamente lastimadas por episodios que no pueden ni quieren olvidar.

   Las comisiones de la verdad aparecen, prácticamente en todos los casos, cuando el sistema judicial se encuentra tan atado a intereses políticos o tan carente de instrumentos legales y reales que le resulta imposible castigar a los culpables, cuando se les puede identificar, de episodios ocurridos años o décadas antes. En otros casos también suplen la ineficacia de los Congresos o la falta de confianza de la sociedad en el gobierno. Más que comisiones investigadoras, aunque también tienen esa función, esas han sido mecanismos de expresión de los ciudadanos ultrajados y también, espacios de enfrentamiento y eventualmente de negociación entre las fuerzas políticas dominantes en un momento de transición.

 

En América Latina

   Esas son algunas de las funciones y circunstancias que han tenido distintas Comisiones de la Verdad. Casi siempre se trata de organismos integrados por personalidades de la política y la cultura que más que ofrecer una sentencia se proponen informar documentadamente acerca de los testimonios y evidencias que han recibido.

   Algunas de esas comisiones han sido la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada en Argentina por el presidente Raúl Alfonsín a fines de 1983 y encabezada por el escritor Ernesto Sábato; la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que estableció en Chile el presidente Patricio Aylwin en 1990, encabezada por Raúl Rettig; La Comisión de la Verdad, resultado de los acuerdos de paz en El Salvador, establecida en 1991 y entre cuyos integrantes estuvo el ex presidente colombiano Belisario Betancur; la Comisión Uchuraccay encabezada en enero de 1983 por el escritor Mario Vargas Llosa para indagar el asesinato de ocho periodistas y su guía en la localidad de ese nombre en Ayacucho, Perú; la Comisión Investigadora de las Masacres en los Penales establecida por el Congreso peruano después del asesinato de 250 presos en junio de 1986.

   Todas esas han sido comisiones con  respaldo de alguna entidad del Estado o con estatutos legales que precisan sus tareas. También han surgido comisiones auspiciadas por organismos no gubernamentales como, entre muchas otras, el Comité Impulsor del Juicio contra el ex dictador García Meza en Bolivia en 1982; el Proyecto Brasil Nunca Más encabezado por el cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo de Sao Paulo, en 1979; el proyecto Paraguay Nunca Más iniciado en 1984 por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia.

 

Violencia y guerra interna

   El desempeño de esas comisiones ha sido analizado por el investigador Esteban Cuya, del Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en América Latina establecido en Nuremberg.

   Ese autor explica: “Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes”.

   Añade Cuya: “El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho”.

 

Fuerte polarización

   Diversas sus circunstancias y actuaciones esas son, a rasgos muy grandes, algunas de las tareas de las comisiones de la verdad.

   Por lo general se trata de organismos creados en contextos de fuerte polarización política en donde existe un amplio reclamo social para que se esclarezcan, y sancionen, episodios o conductas de atropellos notablemente graves a los derechos humanos. A veces se ha pretendido que esas comisiones tengan el propósito de establecer una verdad “definitiva” para que después de sus averiguaciones ya no exista reclamo posible sobre los hechos que han indagado. Incluso en algunas experiencias los mismos personeros de los regímenes militares que han sido desplazados, promueven comisiones de la verdad para tratar de saldar sus posibles o auténticas culpas.

 

Pros y contras

   ¿Necesitamos en México una comisión de la verdad?

   Algunos actores de la vida pública consideran que sí. Otros, sin decirlo de manera enfática, sugieren que no se trata de una exigencia social considerable y que una comisión de esa índole acarrearía más problemas que ventajas.

   Entre los partidarios de una comisión de la verdad se encuentran ciudadanos agraviados por abusos del Estado mexicano en otras épocas y también, dirigentes y personajes políticos que consideran que con un juicio como el que podría ofrecer un organismo de esa naturaleza se le acabaría de dar la puntilla al viejo régimen encarnado fundamentalmente por el PRI.

   Pero incluso, hay líderes y miembros de ese partido que apoyan la creación de una comisión de la verdad para sancionar, aunque sea solo políticamente, a los gobiernos anteriores de los cuales, de tal manera, se deslindarían. Hay personajes y hasta funcionarios de esos gobiernos que sin reparar en que ellos mismos fueron parte de administraciones a las que ahora cuestionan, ahora son promotores de una comisión similar a las que hemos mencionado.

 

Represión y corrupción

   Entre los partidarios de una comisión así parece haber distintas ideas sobre los asuntos que serían susceptibles de ser evaluados.

   Muchos piensan que una Comisión de la Verdad tendría a su cargo, antes que nada, la revisión de episodios de extrema represión contra ciudadanos y movimientos sociales. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 o la emboscada del 10 de junio de 1971 cuyas tres décadas recordábamos hace apenas una semana encabezan la lista de acontecimientos susceptibles de ser escrutados.

   También se habla de episodios más recientes, como la matanza de campesinos en Acteal, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997 y la  celada del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero.

   Hay quienes consideran que más que esos hechos, lo que resulta preciso indagar en México es la corrupción, real o supuesta, de los anteriores gobiernos.

 

Colisión con la justicia

   Sin lugar a dudas quienes exigen explicaciones y sobre todo reparaciones a esos y otros hechos similares merecen una respuesta del Estado, el sistema político y la sociedad. Hay agravios, como la muerte de amigos o familiares, que ningún reconocimiento público podrá ello no invalida –al contrario– el derecho a una explicación oficial.

   Pero en prácticamente todos los casos que se mencionan ya hay indagaciones e incluso resoluciones judiciales y en otros, parece imposible que se logre averiguar más de lo que ya se sabe.

   De las matanzas de Aguas Blancas y Acteal existen responsables identificados, juzgados y encarcelados. Es posible que no hayan sido sancionados todos los culpables, especialmente quienes pudieran haber sido algunos de los autores intelectuales de esos crímenes, pero en esos y otros casos el sistema judicial ha llegado hasta donde legalmente es posible.

   Ante esas situaciones es difícil el alcance que pudiera tener una comisión de la verdad.

   Si su encargo es simplemente simbólico, con capacidad para formular declaraciones y si acaso recomendaciones pero sin mecanismos formales para poner en práctica algún tipo de sanción, su desempeño tendría una fuerte carga simbólica pero nada más eso.

   Si, en cambio, a una comisión de esa naturaleza se le adjudicaran funciones punitivas, se convertiría en un poderoso pero altísimamente riesgoso instrumento que lo mismo podría actuar con rectitud, que para emprender venganzas políticas por encima del orden legal.

   Una comisión así entraría en colisión con el actual sistema judicial. Sin duda nuestros actuales mecanismos de justicia tienen numerosos defectos. Pero con un organismo paralelo, ajeno a la estructura jurídica del Estado mexicano, la reforma de las instituciones para hacer justicia sería todavía más difícil.

 

¿Es necesaria?

   Una comisión de la verdad difícilmente haría más de lo que hicieron las indagaciones en casos recientes como los crímenes en Guerrero y Chiapas. Y respecto de casos más distantes, parece impensable que averigüe más de lo mucho que se ha dicho, con numerosos testimonios, acerca de los crímenes de Tlatelolco y el Jueves de Corpus.

   Ya existió, integrada por ciudadanos independientes, una comisión acerca de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas cuyas conclusiones corroboraron la opinión generalizada sobre la culpabilidad del gobierno y del Ejército Mexicano en el asesinato de centenares de personas en aquella triste noche de 1968. Es difícil que pueda saberse algo más sobre tales casos.

   Esos son algunos de los bemoles que pueden advertirse en la creación de un organismo indagador de crímenes y violaciones a los derechos humanos.

   En la sanción a posibles delitos tanto criminales como patrimoniales en gobiernos anteriores, una comisión de la verdad requeriría estar muy acotada para que no invadiera invade funciones y atribuciones de organismos e instituciones actuales como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Contraloría, el Congreso de la Unión y la Contraloría Mayor de Hacienda, entre otras.

   Las comisiones de la verdad en numerosas experiencias internacionales, como apuntábamos antes, han sido creadas para subsanar deficiencias de las instituciones encargadas de procurar justicia.

   ¿Estamos en México en esa circunstancia? La creación de una comisión como la que distintos personajes públicos han requerido implicaría que la PGR, el sistema judicial, la Contraloría y el Congreso, entre otros organismos, no tienen capacidad suficiente para indagar y sancionar delitos de gravedad extrema.

  

No hay sociedad escindida

   Por otro lado hasta ahora, a diferencia de experiencias internacionales en donde las comisiones de la verdad han sido antes que nada mecanismos de reconciliación social, en México la existencia de un organismo de ese tipo no parece estar entre las preocupaciones centrales de los ciudadanos.

   Tampoco tenemos un país escindido por distintas apreciaciones en torno a episodios o etapas de represión. En Santiago de Chile o Buenos Aires es posible encontrar defensores de Pinochet o de la guerra sucia del ejército argentino. En México los crímenes cometidos en etapas anteriores no son tema de discusión en la sociedad y resulta muy difícil que alguien defienda a Díaz Ordaz o a Martínez Domínguez y Echeverría por los sucesos de 1968 y 1971.

   Los casos de represión en México no son en absoluto comparables a los que padecieron otros pueblos latinoamericanos.

   En México no hemos transitado de un régimen militar o de naturaleza profundamente distinta como sucedió en Paraguay, El Salvador o Sudáfrica. Las elecciones del 2 de julio sustituyeron a un gobierno por otro pero no modificaron la estructura institucional del Estado mexicano.

 

Tampoco pasado traumático

   Las comisiones de la verdad, en opinión de la estudiosa Rocío Orsi, “se constituyen como instrumento para esclarecer un pasado traumático y reaccionar en consecuencia, son importantes porque marcan deliberadamente una ruptura con el pasado que se pretende depurar” (“Los usos políticos del pasado”, ponencia en el VII Simposio de la Revista Internacional de Filosofía Política en Cartagena, noviembre de 2000).

   ¿Padecemos en México un pasado traumático que pudiera ser rehabilitado con un ajuste de cuentas como el que propicia una comisión de la verdad? Esa es una pregunta que habría que formular más allá de las revanchas y los intereses políticos de ocasión.

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