Legalizar las drogas

La Crónica, agosto 2 de 2001

La semana pasada miembros de la Armada de México detuvieron en alta mar, en aguas de Quintana Roo, a cinco colombianos acusados de traficar con droga. La persecución a la lancha en la que se transportaban estupefacientes fue una de las informaciones televisivas más vistosas en los días recientes.

   Ese tanto a favor del combate al narcotráfico, es una de las acciones meritorias que contrastan con el avance, que a veces parece imposible de contener, de las redes de los comerciantes de la droga. El narcotráfico no reconoce fronteras ni jurisdicciones nacionales y tiene un poder corruptor que los mexicanos ya hemos conocido.

   Los gobiernos y las sociedades se quedan rezagados ante el poderío y la impunidad que alcanzan los cárteles trasnacionales de las drogas. Esa extensión y las dificultades reales que enfrenta el consumo de sustancias ilícitas llevan a cada vez más personas e instituciones a preguntarse si no será pertinente legalizar el uso de las drogas.

   En su edición de esta semana la prestigiada revista británica The Economist ofrece un sólido alegato a favor de esa posibilidad. Tan atildada y en muchos aspectos conservadora como es, esa publicación resulta coherente con el liberalismo a ultranza que postula para la economía y la política y recuerda que una de las expresiones de las libertades individuales es el derecho de cada ciudadano a consumir lo que le dé la gana.

   El editorial de esa publicación razona por qué legalizar las drogas: “El motivo para hacerlo descansa en dos argumentos, uno de principio y el otro práctico. Los principios fueron establecidos, hace un siglo y medio, por John Stuart Mill, un filósofo liberal británico, quien insistió en que el estado no tenía derecho a intervenir para evitar que los individuos hicieran algo que los lesionara, si como consecuencia de ello no había lesión alguna para el resto de la sociedad. ‘Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente el individuo es soberano’, proclamó Mill genialmente. Esta es una perspectiva que The Economist siempre ha promovido y a la cual se han adherido muchos gobiernos democráticos, hasta un límite. Permiten que el individuo emprenda todo tipo de actividades indudablemente peligrosas, desde el alpinismo hasta fumar y montar en bicicletas a través de las calles de la ciudad. Esas tareas alarman a las compañías de seguros y a las madres, pero son correctamente toleradas por el estado”.

   La revista se apoya en el autor de los Principios de economía para respaldar su alegato: “En realidad, Mill argumentó que algunos grupos sociales, especialmente los niños, requieren protección adicional. Y algunos consideran que los consumidores de drogas son también una clase espacial: una vez adictos, ya no pueden hacer elecciones racionales acerca de cómo seguir dañándose a sí mismos. Pero solo una minoría de todos los usuarios son dependientes; además la sociedad ha rechazado este argumento en el caso del alcohol y la nicotina (cuyo poder adictivo es más grande que el de la heroína). El asunto importante aquí es que los gobiernos gasten adecuadamente en educación para la salud”.

   “El asunto práctico para un acercamiento liberal radica en los daños que resultan de las prohibiciones a las drogas y los beneficios que podría tener una legislación. Actualmente los daños caen desproporcionadamente sobre los países pobres y la gente pobre en las naciones ricas”, abunda The Economist para citar dos casos que conocemos demasiado bien: “Colombia es el ejemplo más egregio, pero México también lucha con el desafío a policía y a la honestidad política”.

   Legalizar las drogas permitiría acabar con la actual fuente de beneficios y poder de las pandillas de narcotraficantes. “Precisamente porque el mercado de drogas es ilegal, no puede ser regulado. Las leyes no pueden discriminar entre la disponibilidad para niños y adultos. Los gobiernos no pueden insistir en un mínimo de parámetros de calidad para la cocaína; o advertir a los pacientes de asma que eviten el éxtasis; o exigir que los distribuidores se hagan responsables de la manera como son vendidos sus productos. Con el alcohol y el tabaco esas restricciones son posibles; con las drogas, no. Esto aumenta los riesgos para los usuarios y especialmente para los usuarios jóvenes o incompetentes”.

   En ese texto editorial, que es preámbulo de un documentado expediente sobre el narcotráfico en el mundo, The Economist se adelanta a una de las preguntas que suscita la propuesta que defiende: “¿Y si las drogas fuesen legales, ¿cómo serían distribuidas? La idea de que haya heroína en los estantes del supermercado añade terror, entendiblemente, a esa perspectiva. Así como las drogas legales están disponibles a través de diferentes canales –la cafeína en cualquier café, el alcohol solo con la prueba de la edad, el Prozac sólo bajo prescripción– así las drogas que ahora son ilegales algún día podrían ser distribuidas de maneras diferentes, según el conocimiento acerca de su capacidad para lastimar. Más aun, diferentes países deberían experimentar con soluciones diferentes”.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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