Propaganda “copeteada”

La Crónica de Hoy, 8 de abril de 2001

La actitud fundamentalista del presidente Fox en la reforma fiscal que propone, no solamente fue refutada por partidos de oposición, sindicatos, grupos sociales diversos y por numerosos ciudadanos cuyas inquietudes han sido recogidas en los medios de comunicación. La incomodidad con las formas, más allá del fondo de la iniciativa de reforma fiscal del gobierno fue compartida el jueves por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes.

   Frente a la actitud del Presidente de la República que insistentemente ha llamado “mentirosos” a quienes advierten los perjuicios que su propuesta tiene para la sociedad, García Cervantes reivindicó el derecho a la diversidad sin la cual será imposible construir una auténtica política de Estado.

   “Todos tienen derecho a tener una opinión, aunque sea distinta. Y precisamente de las distintas opiniones saldrá la fortaleza del consenso y saldrá la fortaleza nacional”, consideró el presidente de esa Cámara.

   Hoy como nunca es indispensable reconocer las posiciones de otros, aunque el Ejecutivo Federal no ha tenido una actitud de tolerancia y respeto. García Cervantes subrayó: “En estas condiciones políticas del país y del Congreso mexicano, en donde priva la pluralidad y la vocación democrática, no se puede descalificar al adversario, no se le pueden atribuir intenciones a quien piensa distinto”.

  

Presión al Congreso

   La lección de civilidad política que ofreció García Cervantes no parece haber sido entendida en las oficinas presidenciales. La iniciativa de reformas fiscales es presentada de manera perentoria, esquemática y autoritaria.

   Al presionarlos para que desahoguen con toda prisa las propuestas que les acaba de enviar, el Presidente de la República está limitando el trabajo de los legisladores.

   Más aún, la intensa campaña publicitaria dispuesta por la Presidencia busca conformar un contexto de presión social que tiende a limitar los márgenes de decisión y deliberación de los diputados y senadores.

   El presidente Fox ha impulsado su propuesta de reforma fiscal como si se tratara de un asunto cuya aprobación dependiera del consenso que logre en la sociedad. Más que argumentos y datos, la campaña por los impuestos ha estado definida por eslogans y ofertas difusas.

   El Presidente pone por delante su prestigio y compromiso personales para convencer a los ciudadanos de que él sería incapaz de perjudicar los ingresos de los pobres (aunque casi nada se dice de las clases medias que con la reforma que busca el gobierno quedarían más depauperadas). Más allá de las intenciones, sin embargo hay realidades que no han sido esclarecidas. Esa reforma fiscal acabará cobrándole menos impuestos a quienes más tienen y, al menos en el plano inmediato, significará más sacrificios para quienes tienen menos recursos.

 

Campaña defensiva

   Esa opinión, sustentada en datos oficiales, le ha molestado sobremanera al Presidente de la República y a sus colaboradores más cercanos que han reaccionado con imprecaciones cargadas de emotividad y no con la templanza que sería de esperar en quienes tienen la tarea de gobernar para toda la sociedad y no sólo para quienes están de acuerdo con ellos.

   La campaña publicitaria que abruma en estos días los espacios radiofónicos y televisivos ha sido diseñada con un tono defensivo. “No es cierto…”, “es mentira”, comienzan los anuncios del gobierno para promover la iniciativa de reforma fiscal.

   Los ciudadanos que reciben esos mensajes tendrán motivos para desconfiar de ellos aunque no conocieran otra información sobre las propuestas hacendarias. Los estrategas de la comunicación del gobierno han olvidado uno de los principios elementales de la propaganda: un mensaje negativo tiende a despertar reacciones negativas.

   Si nos dicen “no es cierto que tal refresco esté adulterado… pero además es nutritivo”, lo más natural es que nos preguntemos por qué nos hacen esa aclaración. Y como, aunque sea una actitud poco razonable y no siempre justa, la gente tiende a pensar que cuando el río suena algo lleva, la respuesta a esos mensajes gubernamentales estará matizada por la suspicacia.

   Si no es cierto que la reforma fiscal perjudica a los mexicanos, ¿entonces por qué el gobierno se defiende de esa manera? ¿Por qué promueve una propuesta que asegura es benéfica descalificando a quienes tienen una apreciación distinta sobre ella?

 

Pobres a la Internet

   Esa autodefensa, anticipadamente culposa, en parte se debe a que las consecuencias inmediatas del ajuste fiscal sí serían perjudiciales para la mayoría de los mexicanos. Los mecanismos para transferir a los más pobres recursos equivalentes o superiores al gasto adicional que tendrían debido al impuesto a productos que ahora están exentos, siguen siendo poco claros e insatisfactorios.

   La colocación en la Internet del padrón de los 5 millones de familias que recibirían esas transferencias, anunciada por el secretario de Hacienda, quizá obedezca a un buen propósito. Pero su solo anuncio parece una burla que ofende a millones de mexicanos pobres que no tienen energía eléctrica, computadora, módem ni conexiones para consultar si sus nombres aparecen en ese listado.

   La idea de enviar giros telegráficos a los beneficiarios de esos subsidios, según dijo la secretaria de Desarrollo Social, soslaya las dificultades prácticas para que lleguen telegramas a las regiones más pobres del país.

  

Quedar bien con todos

   La propuesta del gobierno pero sobre todo la campaña para promoverla son débiles, porque pretenden quedar bien con todos.

   El presidente y sus publicistas aseguran que todos los mexicanos se beneficiarán con esas reformas. Los más pobres tendrían subsidios y acabarían recibiendo más de lo que ahora tienen. Los que son pobres pero no tanto podrán deducir de sus impuestos los gastos de colegiatura y seguros médicos. Los más ricos pagarán tasas menores de impuesto sobre la renta.

   Esas son verdades, pero a medias. Antes de los subsidios a través del salario para quienes los tienen, o del giro telegráfico, los pobres más pobres habrán tenido que pagar 15% al comprar tortillas, refrescos o medicinas. Como nadie les adelantará el subsidio y en vista de que esos mexicanos no suelen tener ahorros para enfrentar estos cambios, durante un tiempo habrán comido 15% menos de tortillas y habrán reducido en ese porcentaje su consumo de medicamentos.

   Los ciudadanos de clase media tendrán que aguardar a la declaración fiscal dentro de un año para compensar el subsidio por sus gastos de colegiatura y nadie les compensará el IVA que pagarán en productos básicos, cuyo consumo no solo es necesario para los más pobres.

   Los ricos más ricos deberán aguardar también hasta abril de 2001 para recibir el beneficio de hasta 8 puntos en el pago del impuesto sobre la renta pero seguramente sabrán ser pacientes y aguardarán con optimismo. Ellos serán los únicos beneficiados si la reforma es aprobada tal como quiere el Ejecutivo Federal.

   No es verdad que todos se beneficiarían con esos ajustes fiscales. Allí hay, aunque al presidente y sus colaboradores no les guste, una verdad a medias que siempre es una forma de engañar, aunque también en parte.

   Lo que no dicen es que el beneficio para algunos de los mexicanos pobres (aunque no se encuentren en los dos deciles de menores ingresos) será relativo o incluso inexistente y que el provecho que esta reforma significaría para los mexicanos más adinerados sería muchísimo mayor.

  

Tributo enmascarado

   Eso es lo malo de querer quedar bien con todos. Los ciudadanos pueden ser a veces desprevenidos o desinteresados, pero tontos no son. Recelosos como suelen ser respecto de cualquier modificación al régimen fiscal comenzarán a preguntarse cómo es posible que una reforma en la que nadie pierde signifique beneficios para el país.

   Si todos recibirán más de lo que ahora aportan al erario, ¿entonces de dónde saldrán los recursos adicionales para emprender nuevas tareas o para repartir entre los más pobres?

   Allí se encuentra la gran debilidad de la propaganda fiscal, cuyos promotores no quieren decirle a la sociedad que algunos tendrán que aportar más en beneficio de quienes tienen menos.

   Esa es la clave de cualquier reforma impositiva, o hacendaria como ahora le quiere decir el gobierno. Si de lo que se trata es de tener más recursos fiscales para hacer más cosas o, mejor aún, para transferir más dinero a quienes hoy tienen menos en la sociedad mexicana, la única fuente de financiamiento son los ciudadanos que pagarán más en comparación con sus actuales contribuciones.

   Unos pagarán más, en beneficio de otros. De eso se trata. Sin embargo el gobierno, en vez de explicar ese cambio con toda honestidad, lo ha querido enmascarar presentando a la reforma fiscal como una solución mágica, inédita y transformadora.

 

No hay solidaridad

   En vez de convocar a la solidaridad de los ciudadanos para pagar más o simplemente para que quienes no pagan impuestos comiencen a hacerlo, el gobierno diseñó un discurso truculento y débil.

   Si en lugar de dilapidar su capital político en ese discurso el presidente Fox lo hubiera destinado a convocar a la solidaridad de los mexicanos que tienen algo, para auxiliar a los que no tienen nada, posiblemente habría suscitado una reacción generosa aunque no fuese mayoritaria –porque, por muy nobles que sean sus propósitos, a nadie le gusta pagar impuestos–.

   Sin embargo el gobierno se decidió por un discurso falaz porque ha hipotecado sus expectativas de éxito a la capacidad de la propaganda más que a las posibilidades de la política.

   Pero además el gobierno no puede exhortar a la solidaridad de los ciudadanos con la causa fiscal porque su propuesta tiene un flanco notablemente débil: los únicos a quienes les reduce los impuestos son los mexicanos que ganan más de medio millón de pesos al año.

 

Litigio en los medios

   Al llevar al frente mediático el litigio sobre su propuesta fiscal el gobierno empobreció el debate. Los formatos y estilos que suelen imponer los medios –especialmente la televisión y la radio– para las discusiones de esa índole favorecen las posiciones polarizadas. La reforma fiscal aparece, así, descrita como “buena” frente a quienes dicen que puede ser “mala”. “Justo” e “injusto”, son parámetros que poco ayudan a discernir entre los aspectos técnica y políticamente complejos de una iniciativa como la que presentó el gobierno federal.

   Esa simplificación aumenta cuando a la reforma fiscal se le adjudican atributos triviales o equívocos. Si el ingreso de los más pobres estará “copeteado” depende de políticas y decisiones precisas y no del adjetivo con que se quiera aderezar su condición actual.

   Pero además, al llevar su propuesta al terreno de la publicidad mediática y a la confrontación delante de la sociedad, el presidente Fox elude la discusión con quienes tienen la responsabilidad de aprobar o no esas propuestas. Incluso, la campaña de propaganda por la reforma fiscal está constituyendo una fuente de presión sobre el Congreso. Por mucho respeto que diga tener a la división de poderes y a la autonomía del Legislativo, el Presidente de la República y su equipo de propaganda vulneran la capacidad de los senadores y diputados para tomar decisiones.

 

Encontrar consensos

   A esas presiones respondió el presidente de la Cámara de Diputados. Asimismo Ricardo García Cervantes le ayudó a Fox al recordarle que solo en la colaboración entre poderes podrán “encontrar los consensos, no descalificando el argumento del adversario”.

   Al presionarlos a través de los medios y polarizar la discusión, el presidente de la República parece olvidar que serán los legisladores, y no los ciudadanos, quienes aprueben, rechacen o enmienden la propuesta fiscal. Si no es con acuerdos entre los grupos parlamentarios, esa reforma quedaría estancada.

   El licenciado Fox necesita adhesiones antes que nada entre sus compañeros de partido de quienes está distanciado o con quienes no tiene toda la interlocución que le hace falta, a juzgar entre otras por expresiones como las de su correligionario García Cervantes.

   El presidente de la Cámara de Diputados le ha recordado al presidente de la República que la reforma fiscal no podrá ser aprobada sin acuerdos con el suyo y el resto de los grupos parlamentarios. Esa negociación será más difícil si desde Los Pinos se desmantelan con descalificaciones los acuerdos que deben construirse en San Lázaro. Será saludable tener una propaganda menos “copeteada” de voluntarismo y adjetivos y ceñir el debate fiscal a los hechos, no al marketing.

 

ALACENA: Gana la

legalidad en Yucatán

Con el golpe político que recibió ayer, ya no hay motivos para que el gobernador Víctor Cervera Pacheco siga evitando las elecciones del mes próximo en Yucatán.

   La decisión de la Suprema Corte de Justicia para declarar ilegal el consejo electoral que había sido creado por el congreso de esa entidad, reivindica al consejo designado por insaculación por el Tribunal Federal Electoral. Las decisiones del Trife fueron reiteradamente desacatadas por los legisladores priistas y el gobierno de Yucatán.

   Algunos de los miembros del Consejo establecido por el Trife habían aceptado formar parte del nuevo organismo, que los reunía a ellos y a los integrantes del consejo que designó el Congreso local.  Ahora se confirma que el desempeño del Tribunal Federal estuvo apegado a la Constitución, de acuerdo con la lectura que de esas decisiones hicieron ayer los magistrados de la Suprema Corte.

   Será difícil organizar el proceso electoral en las condiciones políticas que prevalecen en Yucatán pero, precisamente por ellas, es preciso que los comicios no se demoren. Después de la confusión atrabiliariamente propalada por el gobernador Cervera, que para enfrentarse al Trife promovió expresiones de ramplón patrioterismo local, ya es momento de que sea el turno de los ciudadanos para que designen nuevo gobierno y Congreso en Yucatán.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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