Teléfonos intervenidos

La Crónica, 15 de julio de 2001

Durante décadas hemos sospechado que nuestros teléfonos están intervenidos. Primero con resignación y ahora con una suerte de realismo más morboso que indignado, acostumbramos suponer que cada conversación puede estar siendo grabada aunque pocas veces imaginamos exactamente por quiénes.

Esa vulnerabilidad de las comunicaciones telefónicas ha sido reconocida ante la presunción, pocas veces documentada pero repleta de leyendas y solo de cuando en cuando sustentada en hechos reales, de que hay espías dedicados a escuchar, grabar e incluso transcribir lo que conversamos por ese medio.

Las recientes y aun incompletas revelaciones sobre la banda de fisgones que interceptaba teléfonos en el estado de México se añaden a la cauda de filtraciones y denuncias sobre casos similares que se habían conocido en los meses recientes. Desde la grabación que puso en aprietos a los hermanos Salinas de Gortari hasta la afectuosa charla de la señora Padierna con uno de sus clientes, a últimas fechas hemos asistido a una danza de frases, compromisos, revelaciones o murmuraciones que tienen en común la circunstancia de haber sido grabadas a espaldas de quienes las decían.

La peculiaridad en el episodio más novedoso radica en que la noticia –y la denuncia– ha sido la existencia de un grupo semi profesional que, aparentemente patrocinado por el gobierno mexiquense, escuchaba las conversaciones de reputados políticos y personajes de esa entidad.

En muchos de los casos de espionaje telefónico anteriormente conocidos el acontecimiento más relevante era el contenido de las conversaciones ilegalmente interceptadas, o la personalidad de los ciudadanos escuchados a pesar suyo. En ninguno de esos casos se ha sabido quiénes –y por encargo de quiénes– perpetraron esas intercepciones. Ahora en cambio, el hecho notable es el descubrimiento de una banda que se encargaba de entrometerse ilegalmente, y con propósitos políticos, en las pláticas de otros.

 

Fácil y barato

Conversar a distancia –y a veces también cara a cara– implica el riesgo de que nuestras palabras pueden ser conocidas por otros. El teléfono es un instrumento de comunicación interpersonal pero sus características técnicas permiten la intromisión de extraños. Es relativamente fácil, sobre todo con artefactos rápidamente adquiribles, interceptar una conversación telefónica.

El desarrollo de las nuevas tecnologías permite que al teléfono lo llevemos en el bolsillo y a todas partes. Pero paradójicamente, mientras más versátil es la capacidad de traslado del teléfono mayor es su vulnerabilidad. Para “pinchar” –como dicen los españoles– una conversación a través de un teléfono alambico se necesita colocar un dispositivo en ese aparato o en alguna de las centrales por las que pasa nuestra conversación. En cambio para interferir un celular basta con un escáner desde el cual se puede escuchar a varias decenas de metros.

La tecnología entra, entonces, en una carrera interminable para colocar diques a los fisgones. Los nuevos celulares, de características digitales, resultan mucho más difíciles de intervenir pero nadie puede garantizar que sean del todo invulnerables a tales infiltraciones. La Internet, en donde se concentran los mayores avances en tecnología de las comunicaciones, es mucho más abierta de lo que acostumbramos suponer. Los mensajes que enviamos a una página web o los correos electrónicos pueden ser conocidos por personas distintas a sus destinatarios. La velocidad de ese medio es directamente proporcional a la ausencia de confidencialidad.

 

Espiral lucrativa

Todo eso se sabe y es, incluso, fuente de nuevos y sofisticados negocios. La creación de códigos, lo mismo que los vericuetos informáticos para eludirlos, constituye una de las áreas de más creativo y costoso desarrollo en la investigación en materia de procesamiento de datos.

Lo mismo ocurre con la telefonía: por cada cachivache que se inventa para intervenir teléfonos en el mercado aparece otro para bloquearlo y así sucesivamente. La espiral lucrativa que se crea entre quienes pretenden intervenir comunicaciones ajenas y aquellos que a toda costa quieren que sus mensajes privados lo sean auténticamente, es parte de la nueva industria de las comunicaciones.

Gran parte de las discusiones e intercambios internacionales en esa industria están relacionados con la protección de la intimidad personal. Por ejemplo el jueves pasado en el Valle Microsoft en Mountain View California (al que no hay que confundir con el Microsoft Sun Valley en Idaho en donde ayer se reunieron Bill Gates y el presidente Vicente Fox) se realizó un encuentro llamado “Privacía: ¿en dónde está el negocio?” en donde se reconoció:

“Cientos, quizá miles de nuevos proyectos empresariales se sustentan en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la privacidad. Las tecnologías que protegen la privacía –tanto como los negocios apoyados en aquellas que la socavan– parecen emerger casi cada semana. Las leyes federales actuales o propuestas para defender la privacía tendrán un enorme impacto en el éxito que puedan alcanzar esos proyectos”.

En los Estados Unidos la discusión sobre la privacía forma parte del análisis de las nuevas tecnologías de la comunicación. La elaboración de leyes actuales para defender ese derecho de los ciudadanos se ha desarrollado con intensidad aunque, a menudo, algunos de los reglamentos que buscan ese propósito tienen el efecto de limitar otras prerrogativas sociales e individuales. La reivindicación de la privacía se ha convertido en negocio mercantil pero también político.

 

Mal aparentemente menor

En México nos hemos acostumbrado a saber, o a suponer, que nuestros teléfonos pueden estar intervenidos. Esa convicción lleva a mucha gente a hablar en clave, o a no conversar por teléfono asuntos importantes.

En realidad son pocos los negocios –comerciales, políticos o personales– que correrían riesgos si sus detalles, al ser platicados por teléfono, quedasen inermes ante el posible escrutinio de oídos extraños. Muchas veces exageramos, o nos asignamos más relevancia de la que creemos tener, cuando aseguramos que nuestras conversaciones están siendo grabadas.

Hay quienes, incluso, se hacen los interesantes, o pretenden serlo, suponiendo que sus teléfonos están intervenidos. Pero es realmente poca la gente a la cual le resulta imprescindible hablar con completa discreción. Pero ese es un asunto menor. Lo realmente grave es que, aunque ocurra en menos ocasiones de las que imaginamos, haya diálogos privados que sean registrados sin autorización alguna.

Independientemente del contenido de una conversación, el derecho de quienes la sostienen a que esa plática sea privada debiera ser inalienable. Y no sólo no lo es, sino que la inercia nos ha llevado a considerar que la intercepción telefónica es un mal menor, molesto pero con el que podemos convivir.

 

Derecho de la gente

El de los teléfonos intervenidos no es un problema de cantidad de aparatos pinchados, ni de tecnología compleja o rudimentaria. Ni siquiera se trata, en primera instancia, de un asunto específicamente político.

Lo que se quebranta cuando un teléfono es intencionalmente interferido es la privacidad de los ciudadanos. No importa si la víctima es un hombre de negocios emprendiendo transacciones financieras, un político hablando de sus próximas maquinaciones, o la adolescente que invierte espaciosas y entretenidas horas platicando con una amiga.

Lo que se vulnera con la intercepción telefónica, antes que nada, es el derecho de la gente a tener vida privada.

Ese es un derecho que en México nos ha preocupado poco. Nuestras leyes lo protegen, pero pocas veces son aplicadas en beneficio de esa prerrogativa individual.

Por eso, aunque lo sabemos ilegal y lo consideramos desagradable, llegamos a acostumbrarnos, con docilidad y paciencia, a la intervención de los teléfonos. Aunque lo intuimos grave, ese asunto nunca ha formado parte de la agenda de los asuntos públicos que más preocupan a la sociedad mexicana.

Peor aún, el respeto a la privacía no suele ser considerado una obligación ni por las autoridades gubernamentales ni por una gran cantidad de empresas. Con enorme frecuencia bancos, tiendas y otros negocios trafican con los nombres y datos personales de sus clientes. Las listas de tarjetahabientes o socios de una institución financiera o comercial suelen circular sin que en todas las ocasiones se haya recabado el permiso de las personas cuyos teléfonos y domicilios aparecen allí.

El lugar de pedir autorización para lucrar con sus datos, Teléfonos de México dispone a discreción de los nombres y direcciones de sus clientes al colocarlos en el directorio telefónico de cada localidad. Cuando un suscriptor manifiesta que no desea que sus datos aparezcan en esa guía la empresa telefónica le cobra una cantidad. “La privacía tiene su precio”, alegan los empleados de Telmex.

 

Delito frecuente

La falta de respeto al derecho de los ciudadanos a la vida privada se extiende por toda la sociedad. Esa ha sido una de las causas para que en nuestro país, aunque nos irrita, no nos sorprenda ni nos alarme demasiado el hecho de que el gobierno o distintas fuerzas políticas y/o económicas practiquen la intercepción telefónica.

Ahora que hay alguna expectación porque ha podido comprobarse la existencia de grupos con patrocinio oficial y que se dedican a escuchar teléfonos sin permiso legal para ello, el tema cobra actualidad.

A diferencia de lo que a veces se piensa las leyes castigan esa intercepción e incluso, la publicación de conversaciones que hayan sido grabadas clandestinamente.

Quizá esa legislación no es tan actual como se pudiera, o como sucede en otros países. Pero sin lugar a dudas, en México la intervención telefónica solo puede realizarse, sin que sea un delito, con autorización de un juez y con destinatarios y plazos específicos. Cualquier espionaje al margen de esas consideraciones amerita, según las leyes, sanciones de cárcel y pecuniarias.

 

Medios corporativos

También la publicación de documentos que sean resultado de intercepciones telefónicas está sancionada por la ley. Esa circunstancia pone en riesgo a los medios de comunicación que dan a conocer grabaciones o transcripciones que son resultado del espionaje en un teléfono.

En ocasiones los medios sostienen que el derecho del público a saber datos y circunstancias de que otra manera no conocerían, legitima política y aun éticamente la publicación de tales materiales, aunque la ley no lo permita.

Sin embargo son muy escasas las circunstancias en las que una conducta o una declaración de auténtico interés público solo puedan ser conocidas mediante la publicación de una interferencia telefónica.

El tema ha sido discutido en varios países. Lamentablemente en México, cada vez que se pone a debate, muchos periodistas reaccionan a ese asunto con un espíritu de cuerpo tan apasionado e irracional que impide cualquier discusión sensata.

Pero ya es difícil darle la vuelta a esa asignatura.

 

Espiral del chisme

En nuestro país la privacía está siendo crecientemente reconocida como un derecho de los ciudadanos tan importante y reivindicable como muchos otros.

Sin embargo ese derecho es vulnerado de distintas maneras, entre otras por la recurrente intercepción telefónica.

Recientemente la intervención de teléfonos ha encontrado un nuevo espacio para propagarse –y, también, para de alguna manera legitimarse– en la amplia disposición de numerosos medios de comunicación para publicar transcripciones de conversaciones privadas realizadas en contra de la voluntad expresa de quienes las han sostenido.

Más allá de consideraciones jurídicas o éticas, distintos medios impresos y electrónicos han publicado conversaciones de esa índole.

Siempre estará a discusión la pertinencia de hacer públicas esas charlas privadas. Pero en los casos recientes, es poco lo que la sociedad mexicana o la causa del debate público hayan ganado con el conocimiento de tales conversaciones.

En cambio, la publicación de esos materiales ha contribuido a crear una espiral del chismorreo y el fisgoneo.

 

Que la ley se aplique

Las intercepciones telefónicas, como las que se han conocido en la semanas y los meses recientes, no han sido realizadas por los medios de comunicación sino por agentes o grupos que luego, para hacer negocio o simplemente como parte de una táctica de presión respecto de alguna persona, las dan a conocer.

En esos casos los medios se convierten en cómplices de intereses que en ocasiones ni siquiera identifican con toda claridad.

El registro o la publicación de esas conversaciones nunca constituye un mérito periodístico, aunque lleguen a tener fuerte relevancia en la sociedad y consigan vender ejemplares o elevar el rating de los medios.

Es indispensable que el gobierno federal explique cabalmente las circunstancias y los motivos con los que han actuado grupos de fisgones (su desempeño es tan rudimentario que nos resistimos a llamarles espías) como el que fue descubierto en el estado de México.

Es preciso que se conozca quienes han sido los patrocinadores de ese grupo y que se apliquen las sanciones que la ley establece.

 

Por un compromiso

Pero la sociedad podría hacer algo más en contra del espionaje telefónico: podría exigir a los medios de comunicación que dejen de dar a conocer grabaciones telefónicas realizadas ilegalmente.

Es difícil, pero resultaría altamente meritorio que los medios asumieran un compromiso de esa magnitud y acordaran no difundir grabaciones originadas en intercepciones de carácter ilegal.

De esa manera no sólo dejarían de escandalizarse ante una práctica respecto de la cual en ocasiones han sido cómplices, intencionales o involuntarios. Además contribuirían a poner en el centro de las preocupaciones públicas el asunto de la privacía.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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