El capitalismo contra sí mismo

La Crónica, julio 12 de 2002

Desde que cayeron los muros de Europa del Este hace más de doce años y las apresuradas predicciones sobre el fin de la historia en beneficio de la perennidad capitalista cobraron auge y arrogancia, la economía de mercado había transcurrido sin cuestionamientos significativos. Pero en la semanas recientes ha recibido más críticas que en más de una década.

   A diferencia de las disputas de intensa pasión e interés ideológico que se conocieron en otras épocas, ahora los reproches contra el capitalismo provienen de su interior mismo. Las dudas sobre la eficacia de ese sistema para organizar las economías se han extendido a causa de abusos perpetrados por algunos de sus más notables beneficiarios: grandes corporaciones y directivos empresariales.

   El derrumbe de Enron a comienzos de este año inauguró una cadena de escándalos acerca de manejos tramposos en la contabilidad de varias firmas. Los directivos, o sus contadores, ocultaron pérdidas, pretendieron que los pasivos fueran ganancias, especularon en su beneficio personal y engañaron a clientes y accionistas.

   Todos esos comportamientos se han registrado, de una u otra manera, en los episodios de fraude y prácticas ilícitas conocidos en los meses recientes. Así ocurrió con la empresa Global Crossing y luego con la compañía de comunicaciones World Com. La Xerox e incluso el corporativo Disney y más recientemente la farmacéutica Merck también han reconocido distorsiones en sus cuentas. Esos son algunos de los casos recientes, aunque hay más.

 

Contabilidades falseadas

   La falta de los directivos de WorldCom fue tan sencilla como grave. En vez de incluirlas como pérdidas, registraron como ganancias los gastos por 3 mil 900 millones de dólares que tuvieron al emprender proyectos de comunicación para Internet y telefonía de larga distancia. Entre esos gastos se encontraban los viajes internacionales de sus ejecutivos.

   En la hasta hace poco poderosísima corporación energética Enron, los ejecutivos abultaban las ganancias para que los informes públicos resultasen más atractivos y el precio de las acciones (de cuya propiedad algunos de ellos participaban) fuese más elevado. Se ha estimado que entre 2000 y 2001 los rendimientos de esa corporación fueron inflados en más de mil millones de dólares.

   Esta semana se supo que la empresa Merck, de productos farmacéuticos, registró como ingresos 12 mil 400 millones de dólares que nunca recibió.

   No solo las corporaciones han estado en falta. Junto con ellas contadores y funcionarios compartieron culpas y responsabilidades. Arthur Andersen, quizá el despacho contable más importante del mundo, quedó entrampado en el escándalo Enron cuando se supo que sus especialistas habían admitido la alteración de los registros financieros de esa corporación. Más tarde, funcionarios de Andersen destruyeron documentos probatorios de esas operaciones ilícitas y de testigos cómplices, pasaron a ser encubridores y transgresores de la ley ellos mismos. Andersen también auditaba los balances de WorldCom.

 

Negligencia gubernamental

   Tantos y tan sonoros escándalos han comenzado a develar una compleja y, hasta hace pocos meses, redituable cadena de complacencias y beneficios. Enron contribuyó para las campañas de casi la mitad de los miembros del Congreso de Estados Unidos. Numerosos operadores financieros en Wall Street recibieron comisiones cuantiosas de esa corporación petrolera.

   Ahora parece sospechosa, o al menos errónea, la decisión del Mercado de Valores estadounidense que en 1997 eximió a Enron de cumplir la Ley de Compañías de Inversión creada en 1940 para evitar excesos como los que condujeron a la histórica crisis de fines de los años veinte.

   Enron y WorldCom no eran compañías ordinarias. Han estado entre las diez corporaciones más grandes de Estados Unidos y los efectos de sus caídas se han multiplicado en las bolsas de valores y las economías de numerosos países. Para evitar un efecto en cascada y sobre todo para que no caiga en manos de empresarios de otras naciones, WorldCom ha sido respaldada por el gobierno de George Bush. Salvar a esa empresa, se afirma en Washington, es asunto de seguridad nacional.

   Sin embargo evitar situaciones como las que han llevado a tales corporaciones a la debacle financiera y pública, no interesó tanto, hasta ahora, a las autoridades estadounidenses. Tampoco ha sido prioridad en los sistemas financieros de otros países.

   Los abusos contables, el abultamiento de ganancias y el empleo de recursos e información financiera en beneficio de los directivos no ocurren solamente en corporaciones de aquella nación. En Japón, varios bancos exageraron sus activos hasta que esa falsedad los llevó a una seria crisis financiera. En España hace varios años estuvo en problemas la Telefónica y más recientemente se conoció el empleo inescrupuloso de fondos de pensión en el Banco Bilbao Vizcaya. En México todavía no se aclaran suficientemente los fraudes en bancos cuyos propietarios huyeron del país para no enfrentar cargos judiciales.

 

“Traiciones” al mercado

   Los escándalos Enron y WorldCom han alertado a observadores insospechables de padecer fobias ideológicas contra la economía de mercado. Por ejemplo Kurt Eichenwald, escritor de asuntos económicos en The New York Times, expresaba esta sorpresa el 30 de junio:

   “A través de los últimos siglos el capitalismo ha sido el más saludable contendiente en la arena global para la supremacía económica. Ha emergido como incuestionado vencedor de sus largas décadas de lucha a muerte con el comunismo. Su pelea con el socialismo apenas duró unos cuantos rounds. Floreció en épocas de guerra y sobrevivió obstinadamente a los asaltos de los embargos y las tarifas. Incluso el terrorismo que apuntó al corazón del capitalismo falló al asestar un puñetazo de nocaut.

   “Pero ahora, una sorprendente ráfaga de catástrofes corporativas está realzando una inquietante pregunta: ¿puede el capitalismo sobrevivir a los capitalistas?

   “Los escándalos que han brotado de la América corporativa con alarmante regularidad en los meses recientes han presentado repetidamente a los ejecutivos traicionando al mercado en aras de sus intereses personales de corto plazo. De Enron a Global Crossing, Adelphia o WorldCom, los detalles difieren pero las historias destilan el mismo asunto: las compañías mintieron acerca de su desempeño y los inversionistas pagaron el precio por ello”.

   La imagen pública de los ejecutivos de las grandes corporaciones, que llegó a ser engrandecida y mitificada, ha caído bruscamente. Ya no son prototipos de sofisticación y éxito y si se filman películas acerca de ellos será para retratarlos como villanos. Lo mismo sucede con algunos de los grandes despachos de auditores y contadores. El patrimonio básico de esas firmas, que es la confianza de sus clientes, se ha deteriorado a partir de los manejos fraudulentos en compañías otrora, para muchos, distantes de las estafas.

   Además de funcionarios y auditores, los consejos de administración de las grandes corporaciones han quedado en entredicho. La participación en tales cuerpos de deliberación y decisión se volvió tan rutinaria y en muchos casos simbólica que, en vez de revisar a conciencia los estados financieros y los proyectos de tales empresas, muchos consejeros estaban fundamentalmente preocupados por sus propias inversiones. Los accionistas a quienes representaban quedaron defraudados.

   La confianza, que es piedra angular en el trato entre inversionistas y fondos financieros, se ha resentido de manera notable. Joaquín Estefanía, especialista en asuntos internacionales y económicos del diario español El País, consideraba en mayo:

   “Lo peor del escándalo de Enron en Estados Unidos o del BBVA en España no es, con ser lamentable, haber sacado del balance –es decir, del control de sus dueños– una parte de sus cuentas; o los fondos de pensiones de que se dotaron en el primer caso algunos ejecutivos, y en el segundo determinados miembros del consejo de administración. Lo estrepitoso es la comparación: en Enron, los ejecutivos utilizaron la información confidencial para enriquecerse o protegerse de los malos tiempos mientras el resto de los empleados veían tambalearse sus pensiones y su futuro. En España los consejeros se abastecieron de un fondo de pensiones para corregir una bajada en su remuneración mientras que decenas de miles de empleados tenían que soportar la tensión de una fusión empresarial (despidos, traslados, cierre de sucursales, jubilaciones anticipadas, etcétera)”.

 

Cadena de connivencias

   Hay que evitar la tentación de generalizar. No todas las corporaciones funcionan igual, ni todos los gerentes y administradores tienen el mismo comportamiento. Si escándalos como los antes mencionados han resultado notables es por sus enormes dimensiones.

   Pero la develación, una tras otra, de estafas e irregularidades, indica que no se trata de casos aislados. Tales episodios de abuso no hubieran ocurrido de no ser por el relajamiento, o el franco incumplimiento, en las tareas estatales de regulación de los mercados. El economista Paul Krugman escribió el 28 de junio en The New York Times:

   “No estoy diciendo que todas las corporaciones estadounidenses sean corruptas. Pero es claro que los ejecutivos que quieren ser corruptos han encontrado pocos obstáculos. Los auditores no estuvieron interesados en ponerles dificultades a las compañías que les daban enormes ingresos por su consultoría; los ejecutivos de los bancos no estuvieron interesados en ponerles dificultades a las compañías que, como hemos aprendido en el caso Enron, los dejaron en algunas de esas posiciones lucrativas. Y los gobernantes, que se quedaron conformes con las contribuciones a sus campañas y otros incentivos, limitaron el trabajo de los reguladores escatimando recursos para esas agencias, creando ‘hoyos negros’ regulatorios en los cuales podían florecer las prácticas sospechosas”.

 

Herramienta o explotación

   El solo hecho de que tales fraudes hayan sido posibles sin objeción de las autoridades, indica que la fiscalización sobre las operaciones financieras tiene enormes deficiencias. El conocimiento de cada vez más casos de corporaciones con números alterados indica que, lejos de ser excepcional, el manejo fraudulento de sus estados contables ha sido costumbre al menos en un segmento significativo de las grandes empresas internacionales.

   Sería precipitado considerar que tales abusos manifiestan una incapacidad estructural del capitalismo para funcionar según sus propias reglas. Pero evidentemente, tal y como se ha desarrollado en los años y décadas recientes la economía de mercado no se basta a sí misma para responder a las expectativas de inversionistas y de los ciudadanos en general.

   Como dice el historiador canadiense John Ralston Saul en una definición a la vez puntual y ambiciosa: “El capitalismo puede ser una herramienta social o un arma de descarada explotación humana. Todo depende del modo en que se regule. El capitalismo en sí no tiene valores éticos. Quienes lo usan deciden con sus actos si es una fuerza buena o mala”. (Diccionario del que duda. Granica, 2000).

   Sin reglas eficaces el capitalismo tiende a desbordarse y a que prevalezca el imperio de los más fuertes, los más astutos o los más deshonestos. O de todos ellos juntos. Para evitarlo hace falta un Estado capaz de reglamentar, evitar excesos, sancionarlos cuando se produzcan y de esa manera, ofrecer certezas a la sociedad.

   El dilema entre el capitalismo salvaje y la pertinencia del Estado seguirá siendo uno de los grandes temas de la sociedad y la política. Desconocer la necesidad de la regulación estatal implica dejar la economía en manos de intereses privados –por definición ajenos al interés público–.

   Las atribuciones estatales, más que el tamaño de la influencia directa del Estado sobre la economía, constituyen uno de los asuntos respecto de los cuales se definen las fuerzas políticas en todo el mundo. La existencia de regulaciones no basta para evitar los abusos, ni significa maquinalmente que habrá más equidad y felicidad entre los ciudadanos. Pero la carencia de ellas favorece la discrecionalidad, la impunidad y la desigualdad.

 

¿Quién regula al Citibank?

   Tampoco es suficiente con que el Estado regule asuntos como las transacciones financieras, si su ámbito se reduce a una sola nación. La supervisión de los negocios tiene que asumir una perspectiva global porque de esas dimensiones es ahora el espacio en donde circulan mercancías, capitales y trabajadores, todos ellos elementos constitutivos de las economías.

   El riesgo de que las grandes corporaciones internacionales permanezcan al margen de fiscalizaciones, no es señal de libertad sino de privilegios que suelen conducir a excesos. La autonomía de esas firmas respecto de la potestad de los estados nacionales no preocupa únicamente a estudiosos comprometidos con metodologías materialistas o estatistas. Hace dos meses, el 18 de mayo, el semanario británico The Economist prevenía:

   “¿Quién regula a Citigroup, la institución financiera más grande y más diversificada del mundo? Con operaciones en más de cien países, vendiendo casi cualquier producto financiero que jamás haya sido inventado, probablemente todo regulador financiero en el mundo considere que Citi es, de alguna manera, su problema. Tan solo Estados Unidos cuenta con la Reserva Federal, la Comisión de Seguridades y Cambio, la Comisión para el Comercio de Activos y Futuros, la Bolsa de Valores de Nueva York, 50 comisionados estatales de seguros y muchos otros. Pero en un sentido nadie regula verdaderamente a Citi: es una firma global en un mundo de perros guardianes nacionales y a veces sectoriales. Lo mismo puede decirse de AIG, General Electric Capital, UBS, Deutsche Bank y muchas más”.

   Ese reconocimiento del poderío de las corporaciones está emparentado con preocupaciones como las que, acerca de la misma institución financiera, expresa en un ensayo reciente Francisco Suárez Dávila, subsecretario de Hacienda en el gobierno de Miguel de la Madrid y luego funcionario en la OCDE:

   “El director del Citibank en Nueva York o en Bilbao, le tomará las llamadas a los funcionarios nacionales? ¿Considerará la conveniencia del país en el largo plazo o sólo su rentabilidad de corto plazo? Los nuevos gerentes bancarios (que no son dueños) obedecen a las autoridades y directivos del país de sus matrices. Consideraciones por entero ajenas a lo que ocurre en México (por ejemplo, un serio quebranto en otro país emergente) pueden incidir adversamente sobre las políticas de ese banco en México. Citibank ya ha dado algunas señales de oposición a las políticas de la autoridad” (“El Estado y el sistema financiero mexicano, 1930-2002”, en Este País, mayo de 2002).

 

Proteger mercado y sociedad

   No existen soluciones prácticas para la creciente influencia de las corporaciones. Instituciones de regulación internacional, fiscalizaciones transfronterizas, observatorios de las transacciones financieras, son todas propuestas parciales.

   La mejor opción tendría que incluir una reconstrucción del sistema financiero mundial, todavía fincado en los acuerdos que se tomaron hace casi seis décadas cuando fueron creados el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además tendrían que existir mecanismos de regulación de las operaciones corporativas capaces de escudriñar más allá de las fronteras nacionales.

   Mientras eso ocurre, no hay motivos para que las autoridades locales relajen sus funciones de verificación y control de los negocios en cada país. Seguramente no estamos ante el fin del capitalismo. Pero habría que hacer todo lo posible para que episodios de avidez y estafa como los que se han conocido recientemente, sirvieran para tomar decisiones capaces de evitar que se desaten los rasgos más depredadores del capitalismo desbocado.

   No se trata de impedir el desarrollo del mercado sino, al contrario, de hacerlo posible. Como explica el ya citado John R. Saul: “La regulación económica protege al mercado de sí mismo al introducir el sentido común. De paso, protege a la sociedad”.

 

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