El gobierno de los jueces

La Crónica, 29 de abril de 2002

Los jueces se están convirtiendo en árbitros de la vida pública mexicana. La ausencia de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el extravío del primero y la indolencia del segundo así como la difuminación de coordenadas políticas han creado enormes huecos que el Poder Judicial comienza a llenar.

   No se trata de una ruta que los magistrados hayan diseñado para acaparar la atención o las decisiones relevantes. Ellos cumplen con su obligación de atender los reclamos de controversia constitucional cuando son interpuestos por alguno de los actores de los asuntos públicos. Ejercen esa responsabilidad con cierta satisfacción al advertir que la ausencia de oficio, o la dejadez de quienes encabezan otras instituciones, los han colocado en el sitio eminente que hoy ocupan a la cabeza del entramado político mexicano.

   El viernes fue el diferendo entre dos grupos parlamentarios del Senado y el presidente de la República por los ajustes al reglamento de energía eléctrica. La Suprema Corte de Justicia no dictaminó si con esas modificaciones el presidente promovía la privatización del sector eléctrico. Únicamente reconoció la contradicción que la reforma reglamentaria implicaba con la ley correspondiente. Ese acuerdo ha sido entendido como un tropiezo más del presidente Fox en su relación con los otros poderes de la Unión y en la tarea de gobernar al país.

   Ante los ajustes reglamentarios que contradecían la ley de energía eléctrica que solo a ellos y a los diputados les corresponde aprobar, los senadores no encontraron más camino que la solicitud para que la Corte reconociera la inconstitucionalidad de la decisión presidencial.

   En otros casos recientes, además de fallas del gobierno federal se han interpuesto juicios de controversia constitucional debido a la impericia del Poder Legislativo, los abusos de gobiernos locales y de manera general a causa de la incapacidad de unos y otros para respetar las leyes y/o ponerse de acuerdo.

   En los meses recientes se han conocido solicitudes de esa índole contra la reforma en materia indígena, la ley acerca de la Delincuencia Organizada, el horario de verano, los límites entre un  estado y otro, las rencillas entre un ayuntamiento y un gobierno estatal, el reglamento sobre energía eléctrica, entre otros asuntos.

   El recurso de controversia constitucional existe precisamente para dirimir conflictos que no se han resuelto en otras instancias del entramado jurídico y político. Pero su empleo reciente ha sido tan intenso y frecuente que cabe pensar si no nos encontramos ante un acentuado deterioro de la institucionalidad estatal y una crisis de la negociación entre los actores de esas instituciones.

   Las controversias constitucionales no se presentan porque repentinamente los sectores de la clase política hayan advertido que la Carta Magna les brinda ese recurso, sino porque los espacios de transacción tradicionales están dejando de funcionar o porque quienes están a cargo de los asuntos públicos no tienen suficiente aptitud para aprovechar tales cauces.

   Si el jefe de gobierno del DF hubiera sido capaz de tener una apreciación menos dogmática acerca del horario de verano el asunto no habría llegado hasta la Corte. Si el presidente Fox y los miembros de su gabinete a cargo de las áreas energética y política hubiesen dialogado todo lo que hacía falta con los legisladores, posiblemente el litigio sobre el reglamento y la ley de la industria eléctrica no habrían sido motivo de otra controversia. Si en muchos estados los gobernadores no siguieran comportándose como dueños del territorio y los recursos, con toda seguridad no causarían conflictos como los que han llevado a varios municipios, o a otros estados, a interponer sus propios recursos de inconstitucionalidad.

   La Suprema Corte se ha visto tan requerida que hace dos semanas anunció que a fin “de agilizar el estudio y resolución de asuntos de excepcional interés para la vida política, económica y social del país, como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad” remitiría a dos de sus salas varios expedientes que estaban siendo atendidos por todos los ministros. De esa manera el Pleno se dedicará únicamente a cuestiones “que son de la mayor trascendencia para la vida jurídica nacional”.

   Dejarle al Judicial asuntos que no pueden resolver conjuntamente le resta autoridad al Congreso y al gobierno federal. Pero además esa propensión a judicializar las decisiones públicas erosiona la legitimidad del conjunto del sistema político. Acudir a la Corte constituye un recurso último, excepcional, para los gobiernos y cuerpos legislativos. Cuando se vuelve costumbre corremos el riesgo de transferir a los jueces decisiones que tendrían que ser procesadas con el tamiz de los acuerdos políticos.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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