Fox: con esos “amigos”…

La Crónica, 6 de octubre de 2002

Es imposible hacer política sin dinero. Esa fatalidad ha propiciado lo mismo coartadas cínicas –la más ostensible era aquella acerca de los políticos pobres y los pobres políticos que decía Carlos Hank– que medidas precautorias para que no por necesitarlo, la política quede atada al imperio del capital.

   La legislación electoral mexicana impone limitaciones muy precisas a los montos y al origen del financiamiento a los partidos, sus candidatos y campañas. El sostenimiento de las actividades políticas lo aporta fundamentalmente el Estado para que los partidos no queden supeditados a intereses privados –entre los que se encuentran poderes salvajes como los que ejercen las mafias delincuenciales–. 

   Eso implica que la política nos cuesta. A menudo las cifras del gasto necesario para la preparación de las elecciones y el sostenimiento de los partidos parecen tan altas que causan indignación. Pero si no fuera por el financiamiento público la política y los procesos electorales serían mucho más vulnerables. El problema principal no radica en el dinero que el país destina a los partidos sino en el mal uso que algunos partidos y dirigentes hacen de tales recursos.

    También la indagación de esas irregularidades tiene procedimientos muy claros. Sin embargo los principales actores políticos del país se niegan a utilizarlos cuando se trata de denuncias que afectan su imagen e intereses.

   El gobierno asegura que el PRI recibió, indebidamente, dinero de Pemex para financiar la campaña presidencial de hace dos años. Las acusaciones han sido presentadas ante juzgados aunque hasta ahora las pruebas de esas presuntas ilegalidades siguen siendo poco claras.

   El PRI y el PRD, por otra parte, aseguran que el PAN y Vicente Fox recibieron financiamiento del extranjero que habría servido para la campaña presidencial de 2000. Aunque hay documentos de transacciones que si no fueron ilícitas al menos resultan sospechosamente tortuosas los responsables de ellas, dirigentes del grupo “Amigos de Fox” han obtenido amparos que dificultan la intervención de la justicia para indagar ese asunto. 

 

Del Pemexgate al Linogate

   El presidente Vicente Fox considera que “no hay elementos de comparación” entre el llamado Pemexgate y las acusaciones contra sus “amigos”.

   Quizá el tamaño de los recursos transferidos de manera ilegal fue distinto pero tanto el PRI como el PAN y sus candidatos han sido señalados como posibles beneficiarios de transacciones ilícitas.

   Al Pemexgate de consecuencias todavía imprecisas, le acompaña el Linogate. La resistencia del señor Lino Korrodi, dirigente de “Amigos de Fox” para admitir que la justicia indague y dictamine acerca de las imputaciones que se le hacen constituye una actitud absolutamente contradictoria con la transparencia y la honestidad que el gobierno federal dice postular.

   Pemexgate y Linogate: la tendencia a equiparar las tragedias nacionales –incluso en el terreno político– con las vicisitudes de otros países nos ha llevado a identificar los escándalos públicos con aquel Watergate que defenestró al presidente Richard Nixon hace 30 años.

   Nuestros domésticos episodios de engaño y revancha no llegan a tanto y a diferencia de aquella crisis en la Casa Blanca aquí prácticamente no hay investigación periodística como aquella que emprendieron Woodward y Bernstein, los ahora legendarios reporteros de The Washington Post.

   Nuestros escándalos se fincan sobre todo en suposiciones y se deben al interés de las principales fuerzas políticas por golpearse mutuamente con insinuaciones que no han sido fehacientemente demostradas. No les importan tanto las pruebas como el rebumbio porque la apuesta fundamental –lo mismo del PAN y del gobierno como, por otra parte, del PRI y desde luego del PRD– busca magullar al adversario en el veleidoso pero implacable tribunal de la opinión pública. Cuando llegan al sistema judicial, esos casos van abrumados por una fuerte carga de politización e ideologización.

 

Obstáculos a la justicia

   Los escarceos alrededor del Pemexgate, como incluso el presidente Fox le llama, nos costaron varias semanas de intranquilidad. Después del amago de huelga los líderes petroleros quedaron sujetos a un proceso de destino aun desconocido pero no porque esté en manos del Poder Judicial –cuya imparcialidad tendría que estar acompañada por cierta dosis de incertidumbre– sino porque en él influyen numerosas circunstancias. Ya es demasiado preocupante la tendencia a transferirles a los jueces la responsabilidad de resolver los litigios políticos más enconados. Pero es aun más grave la politización que se les impone a esos casos incluso cuando ya están a cargo de los magistrados y jueces.

   Si se le mide según el monto de las transacciones involucradas, quizá las faltas que pudieron haber cometido los Amigos de Fox no son tan grandes como las que se dice que perpetraron algunos dirigentes del PRI hace un par de años.  

   El dinero que el grupo de apoyo del ahora presidente de la República pudo haber recibido de manera irregular para la campaña de 2000 aparentemente fue de varias decenas de millones de pesos.

   En el caso de la triangulación Pemex-sindicato-PRI, que no ha sido demostrada pero de la que casi todos hablan como si fuera un hecho, pudo haber involucrado varios centenares de millones de pesos.

   Así evaluados, hay diferencia entre ambos casos. Pero tratar de exculpar a unos porque su falta fue más pequeña que la de otros es un recurso de cínicos (otra vez) o de delincuentes. Tan ladrón es el que roba un banco como el que asalta diez. Tan desconsiderados de las leyes electorales habrían sido el PAN y los aliados de Fox como el PRI y sus amigos de siempre si se comprobara que en ambos casos hubo transacciones financieras de carácter ilícito.

   En donde habrá diferencias será, si ambos casos resultan ciertos, en la aplicación de la ley. A un mayor monto del delito patrimonial correspondería una sanción más alta. Pero todavía no existe la documentación suficiente para que esos casos lleguen a la autoridad electoral. En cambio ambos se encuentran en el ámbito del poder judicial.

 

Posible “lavado” de dinero

   En el plano de la indagación penal, en cambio, las consecuencias para los Amigos de Fox podrían ser más graves que para los responsables del Pemexgate. Los fondos enviados desde el extranjero y cuyo destino final aparentemente fue la campaña de Vicente Fox fueron transferidos a cuentas de particulares en un recorrido que despierta suspicacias porque parece diseñado para eludir el escrutinio de las autoridades financieras.

   A esos traspasos habitualmente se les denomina lavado de dinero. Sería muy lamentable que la campaña que le permitió ganar las elecciones al actual presidente de México hubiese estado manchada por prácticas de esa índole. Pero resultaría aun más cuestionable que el presidente Fox quisiera justificar los intentos de antiguos colaboradores suyos para impedir la investigación de esas transferencias

   El destino de varios de los acusados por el Pemexgate se encuentra en manos de los jueces –y de los diputados, en el caso de los dirigentes petroleros que tienen fuero constitucional por ser legisladores–. En cambio, debido precisamente a la intervención de otros jueces, el Linogate no ha sido investigado a adecuadamente por la autoridad electoral a la que fue remitido.

   Cuando arreciaron las acusaciones contra los caciques petroleros los dirigentes del PRI, según distintas versiones, quisieron ir a fondo en la negociación con el gobierno. Entonces propusieron que a cambio de despejar la indagación acerca del sindicato de Pemex también se eliminasen los obstáculos que enfrenta la investigación sobre los Amigos de Fox.

   Según versiones publicadas y hasta ahora no desmentidas el presidente de la República se opuso enfática y personalmente a que se diera curso a la indagación judicial sobre las transferencias que manejó su amigo Korrodi.

 

Los amparos a Korrodi

   Ahora, sin embargo, además del PRI y el PRD el esclarecimiento de ese asunto es del mayor interés para el Instituto Federal Electoral. Las denuncias sobre los fondos que manejó Amigos de Fox han sido dificultadas por los amparos que Korrodi solicitó y obtuvo.

   Tales amparos contradicen la resolución del Tribunal Federal Electoral que en mayo pasado conminó al IFE para que investigara ese caso. Nueve meses antes, el propio IFE había considerado que no podía avanzar en esas indagaciones debido a que según la Secretaría de Hacienda y otras autoridades el secreto bancario impedía que se conociera información sobre los manejos financieros de las personas presuntamente implicadas en las transferencias de fondos para la campaña de Fox.

   El Tribunal Electoral sostuvo que cuando examina los recursos de los partidos políticos el IFE tiene derecho a conocer información bancaria. Sin embargo varios juzgados otorgaron amparos a petición de Korrodi y algunos de sus asociados.

   En un extenso documento que suscribieron el 30 de octubre los nueve miembros del Consejo General del IFE explican: “Esos Juzgados de Distrito dieron entrada a las demandas mencionadas, aún cuando el artículo 105 constitucional establece que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son ‘definitivas e inatacables’. Por otro lado, parece claro que la determinación de los Jueces contraviene el artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que ‘el Juicio de Amparo no procede contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral’. No se debe olvidar que el artículo 41, fracción IV de la Constitución establece un sistema de medios de impugnación propio para la materia electoral, por lo que existe un conjunto de instancias administrativas y jurisdiccionales ante las cuales deben desahogarse los asuntos de tipo electoral”.

 

Interés privado y público

   El secreto bancario no tendría que ser impedimento para la aplicación de la justicia. De hecho distintas autoridades, entre ellas las hacendarias, tienen derecho a enterarse de la información bancaria de los particulares para cumplir con sus responsabilidades legales.

   En otros países el secreto bancario no es obstáculo para la fiscalización de los recursos de partidos y campañas. El IFE ha recordado que las autoridades electorales en naciones como Argentina y Estados Unidos tienen acceso “directamente o a través de jueces, a la información bancaria de personas físicas y morales involucradas en investigaciones en materia de financiamiento a los partidos políticos”. A fin de conocer los movimientos financieros de los partidos puede ser necesario conocer también las transacciones que hayan realizado algunos particulares.

   Los alcances de esa prerrogativa de la autoridad forman parte de la necesaria articulación entre el interés privado y el interés público. “La democracia consolidada –dicen los consejeros electorales– ha de contar con instrumentos para inhibir conductas ilegales y, en el caso concreto, para controlar la relación entre el dinero y la competencia por los cargos de gobierno y legislativos”.

 

IFE: una situación inédita

   El IFE se ha inconformado en los mencionados juicios de amparo y está en espera de las resoluciones en cada caso. Los consejeros electorales reconocen que se trata de situaciones inéditas. “Estamos –dicen– ante una circunstancia nunca antes presenciada que las diversas autoridades administrativas y judiciales interpretan desde puntos de vista y desde códigos distintos. Por un lado, varios Jueces de Distrito han admitido a trámite los diez juicios de amparo que se han promovido y, por lo visto, estudiarán el fondo del asunto. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral se ha declarado ‘convencida de la falta de idoneidad jurídica de las actuaciones realizadas por los Jueces de Distrito, pero imposibilitada para tomar cualquier tipo de medida por carecer de las atribuciones necesarias. Por su parte, el IFE ha sostenido la improcedencia de los Juicios de Amparo porque los requerimientos de información que ha formulado se circunscriben a la materia electoral. Se trata de posturas contrapuestas y, por lo visto, debe esperarse hasta que los Jueces de Distrito mencionados desahoguen los juicios respectivos”.

   El problema es cuánto tiempo van a tardar los jueces para resolver en esos litigios. No es un secreto que, en numerosos casos, la demora innecesaria y discrecional de los procedimientos legales constituye una forma para eludir, retrasándola, la aplicación de la justicia.

   Ante esa posibilidad los consejeros electorales federales han declarado: “esperamos que el Poder Judicial resuelva con la mayor celeridad posible los asuntos y, así, allane el camino para que el IFE pueda continuar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en materia de financiamiento de los partidos políticos. Hay que recordar que todo el entramado institucional-electoral mexicano se diseñó basado en el principio de la expeditez, en la diligencia de los procedimientos, en la certeza y definitividad de las resoluciones”.

 

Requerimiento a los jueces

   Si los jueces no atienden esa petición de la autoridad electoral, podría suscitarse un conflicto entre poderes de distinta índole. Los consejeros electorales, en una exhortación poco común, declaran que es urgente que los jueces de distrito resuelvan en breve “apegándose estrictamente a los mandatos constitucionales”.

   En todo caso es muy posible que, cualquiera que sea su contenido, las decisiones en esos juzgados sean recusadas ante otras instancias legales. El IFE se adelanta a esa posibilidad y explica: “Es aquí donde existiría la posibilidad legal de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para conocer directamente, en su calidad de máximo órgano jurisdiccional del país, la disyuntiva en que actualmente nos encontramos. El IFE espera que, dada la centralidad política del asunto, sea la Suprema Corte quien lo conozca y resuelva de manera definitiva”.

   En otras palabras: el destino de la investigación sobre el grupo Amigos de Fox no se encuentra en manos de la autoridad electoral sino del poder judicial. El IFE ha apelado a la máxima instancia de ese poder a fin de que ratifique el derecho de la autoridad electoral para investigar las cuentas de Korrodi y asociados.

   Una vía más sencilla para facilitar esa investigación sería que los “Amigos de Fox” aceptasen la indagación de sus estados financieros. Hasta ahora se niegan a ello y el presidente de la República los respalda en esa reticencia a la aplicación de la justicia.

   Todos los partidos representados en la Cámara de Diputados, excepto el PAN, exhortaron el jueves al presidente de la República para que les diga a sus amigos que entreguen al IFE la información necesaria sobre la campaña de 2000. Esa exigencia es compartida por numerosas fuerzas políticas y sociales. Incluso dentro de Acción Nacional la resistencia de Korrodi y socios a rendir cuentas de manera clara ocasiona una profunda incomodidad.

   Si son sus amigos, esos ciudadanos tendrían que facilitar el cumplimiento de las indagaciones en vez de obstaculizarlo. A menos que lo que escondan sea de tal magnitud que, impidiendo que se conozca, esos amigos suyos consideren que están defendiendo al presidente de la República.

   Mientras este asunto no se aclara, el presidente Fox está resultando más amigo de sus amigos que amigo de la verdad.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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