Guerra política (Pemexgate)

La Crónica, septiembre 29 de 2002

Todos pierden con el litigio petrolero. Pero algunos pierden más que otros. El actor político más perjudicado en esta crisis será el PRI, cuya fractura y desorientación resultan más evidentes que nunca. Si se cumplen las previsiones optimistas que todavía ayer campeaban en declaraciones y medios y se llega a un acuerdo capaz de suspender el emplazamiento a huelga, el presidente Fox se anotará un triunfo importante. Será un éxito pírrico, o al menos sumamente costoso, en un litigio que su gobierno provocó.

   Todo ello, si la negociación llegó a un desenlace feliz para cuando estas líneas sean publicadas, o si el acuerdo se consolida a más tardar en el transcurso del lunes. De otra forma sería imposible desactivar la maquinaria de la huelga que, a pesar de todo lo que se ha dicho, sigue activa y puede conducir a una situación de dificultad extrema para el país.

 

Halagos y amagos, a la vez

   Aunque el amago de la huelga fue utilizado por el sindicato petrolero en su negociación con Pemex, si se mantuvo vigente durante varias semanas fue debido a la intransigencia de ambas partes.

   El encausamiento contra los caciques sindicales politizó una revisión que de otra manera habría transcurrido sin nerviosismos ni aspavientos. Ante el acoso a sus líderes el sindicato aprovechó el emplazamiento por motivos salariales para negociar un acuerdo en beneficio de ellos.

   El gobierno, con toda razón, replicó que los temas judiciales no debían mezclarse con los de carácter laboral. Sin embargo no se esmeró para resolver las causas formales que podían precipitar la huelga y que son, precisamente, de índole laboral.

   Durante varias semanas el gobierno mantuvo sin cambios su propuesta para aumentar los salarios en Pemex. Aunque en público diversos funcionarios e incluso el presidente de la República hablaban de un monto mayor, en la mesa de negociaciones la empresa insistía en un incremento del 5.5%.

   Esa fue al menos la actitud denunciada por el sindicato en un desplegado que publicó el viernes 27 de septiembre. Para entonces el titular del Ejecutivo Federal había sugerido que el incremento sería más alto. La lentitud con que han fluido las decisiones de Los Pinos hasta la Torre de Pemex ha sido extraña, por decirlo de alguna manera.

   También ha resultado contradictorio el comportamiento del gobierno hacia los trabajadores petroleros.

   En sus visitas a plantas y plataformas de Pemex el presidente Fox se ha dirigido a ellos de manera elogiosa. “Todos los mexicanos y todas las mexicanas (están) particularmente agradecidos con sus trabajadores, con quienes le dan vida a esta empresa”, dijo el viernes en Cadereyta.

   Al mismo tiempo el gobierno articula una campaña que pone en evidencia los desmedidos privilegios que tiene el sindicato. Aguinaldos de varios meses, créditos a tasas prácticamente simbólicas, gasolina y aceite a mitad de precio, becas generosísimas, todo ello a cargo de la empresa petrolera, son algunas de las prestaciones que reciben esos trabajadores.

   Quizá se trata, como en las películas de serie negra, de la manida táctica del bueno y el malo para ablandar a su adversario. El presidente va con los trabajadores petroleros y les da afectuosas palmaditas retóricas, al mismo tiempo que su oficina de comunicación promueve una visión desfavorable de ellos al exponer las ventajas que disfrutan.

   Quizá esa contradicción sea simplemente uno más de los desatinos del gobierno en este conflicto.

 

Beneficios del petróleo

   Pase lo que pase, el sindicato y no solo sus líderes quedarán muy maltratados después de este enfrentamiento. No está claro si ese debilitamiento le conviene o no al país.

   No está mal que ese gremio se haya beneficiado de la riqueza petrolera. Si sus trabajadores son quienes extraen y procesan ese recurso, nada más natural que sus rendimientos los favorezcan.

   Sin embargo las ganancias del petróleo no se han desparramado de la misma y generosa manera entre el resto de los mexicanos. Es cierto que un segmento importante del presupuesto federal se origina en la industria petrolera. Pero en comparación con la riqueza distribuida antes que nada entre sus propios trabajadores, esas utilidades son muy desiguales con el país.

   Tales ganancias no benefician tanto a los trabajadores, como al sindicato. Sería útil que junto a las cifras que ahora se difunden acerca de los salarios y prestaciones de los trabajadores pudieran conocerse los montos que recibe el STPRM –y que sus dirigentes administran a discreción– por cuotas, pagos especiales y sobre todo gracias a los contratos de servicios que esa organización todavía le proporciona a Pemex.

   Tales recursos no necesariamente benefician a los trabajadores petroleros sino a la burocracia sindical. Pero si esos dirigentes han medrado con dicho patrimonio ha sido, entre otras causas, gracias a la complacencia de los trabajadores.

 

Qué sindicato hace falta

   Es difícil aventurar cuál será el destino de un sindicato debilitado y acotado si es que ese resulta ser uno de los saldos, al cabo de un litigio que dista de haber terminado. Aunque ha sido una de las principales sangrías de la empresa petrolera el sindicato también ha sido una de sus fuentes de estabilidad –ciertamente costosa, pero eficaz en términos técnicos y políticos–.

   La desnaturalización que ha sufrido por culpa de los dirigentes antidemocráticos no debiera hacer olvidar el origen y el comportamiento en ocasiones responsable y nacionalista que el Sindicato de Trabajadores Petroleros ha sabido tener en distintos momentos de su historia. No siempre ha sido una cueva de líderes bandidos como la que Pemex y el país han padecido especialmente bajo los cacicazgos de Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero Deschamps.

   Es difícil pensar en una empresa pública sólida y estable sin un sindicato fuerte y responsable. Hasta ahora el sindicato ha sido una de las debilidades de Pemex. Pero sin él, posiblemente esa empresa sería más vulnerable a los muchos intereses foráneos y domésticos que suelen presionarla.

   Pase lo que pase el sindicato de Pemex no va a desaparecer. Y hasta ahora el presidente de la República asegura que sólo “zafado de la cabeza” se le ocurriría promover la privatización de esa empresa –aunque durante su campaña presidencial, quién sabe en dónde o cómo tendría la cabeza, llegó a considerar esa posibilidad–. Así que a pesar de las turbulencias de esos días sería pertinente mirar hacia delante y pensar qué sindicato les hace falta a la empresa petrolera y al país. Esa es una de las varias asignaturas que, pase lo que pase, habrá en la siguiente etapa del litigio en Pemex.

  

Riesgos, réditos, costos

   Sin embargo casi ninguno de los actores en esta crisis manifiesta voluntad para mirar hacia el mediano y el largo plazos. Lo más que alcanza la perspectiva del gobierno es julio de 2003, fecha que se parece haberse convertido en meta y obsesión del presidente y sus colaboradores. Todo parece indicar que las acusaciones que desataron el Pemexgate, la persistencia en imbricar a la política con la justicia, el desafío a los líderes petroleros y muy especialmente el propósito para apalear al PRI con este incidente tienen el propósito de ganar consenso y votos para las elecciones federales del año próximo.

   Esa es la única explicación a la obstinación, que implica tantos riesgos que a ratos parece políticamente suicida, del presidente y su gobierno para hacer del litigio en Pemex el tema central y ahora prácticamente el único (excepto por las terribles consecuencias del huracán en Yucatán, Campeche y Chiapas) de la agenda nacional de esta temporada.

   Al enfrentar a los caciques del sindicato petrolero el presidente Fox logrará que su imagen mejore entre los ciudadanos. Al compartir e impulsar la idea de ir hasta las consecuencias últimas en este asunto, el PAN participará de ese nuevo repunte en la popularidad presidencial y estará en mejores condiciones de competir con éxito en las elecciones legislativas de 2003. Todo ello si se evita la huelga y a los líderes señalados por haberse beneficiado de transacciones presuntamente ilícitas la justicia los castiga de alguna manera.

   A cambio de ello el presidente y su partido habrán puesto en tensión a la economía y a la sociedad mexicanas. El riesgo que habrán corrido será muy elevado en comparación con los réditos políticos que, a la postre, lleguen a cosechar.

   El presidente recibirá numerosos y, amplificados por el sistema mediático que se alinea en torno al gobierno, atronadores aplausos. El costo de esas inopinadas aunque bulliciosas ovaciones será, en primer lugar, la constatación de que tenemos un presidente más interesado en que le aplaudan que en gobernar de manera responsable y prudente. Con tal del mejorar su posición y la de su partido en las encuestas, habrá puesto en peligro la estabilidad política y financiera del país.

 

Anticorrupción, autopromoción

   Hay dos costos adicionales que el presidente, y junto con él sus gobernados, pagaremos al cabo de este episodio.

   Uno de ellos es la degeneración política del combate a la corrupción. Aunque más adelante el gobierno encuentre nuevas evidencias para acusar de ladrones y tramposos a los dirigentes petroleros o a ex funcionarios de Pemex –o contra miembros destacados del PRI– no podrá soslayarse el hecho de que la acusación inicial contra esos personajes ha sido de un lamentable desaseo jurídico.

   Imputaciones apoyadas en presunciones y no en hechos, utilización de los medios para dar a conocer expedientes que tendrían que estar en el ámbito de los tribunales y cargos que se presentan con tanta ligereza que luego de habla de negociarlos (como la acusación de narcotráfico a los dirigentes sindicales que según se dice ahora se debió a un “error mecanográfico”) son algunos de los dislates que la PGR y el gobierno han cometido en un caso cuya importancia exigía la mayor escrupulosidad.

   Después del llamado Pemexgate habrá quedado claro que al gobierno del presidente Fox, el combate a la corrupción le interesa como bandera de autopromoción política más que para atender a su obligación de aplicar y cumplir las leyes. Desde luego todo gobierno quiere obtener réditos de sus acciones. Pero cuando se trata de medidas que buscan fundamentalmente un efecto político mas que el cumplimiento de las leyes o de las responsabilidades sustantivas de los gobernantes, entonces queda de manifiesto que se trata de decisiones motivadas por su agenda particular y no por el interés general de la sociedad.

   Desvirtuado por las ambiciones políticas del presidente y sus colaboradores, el combate a las malversaciones y los abusos en la administración pública no deja de ser necesario y urgente. Sin embargo lo que el gobierno gana en popularidad con el Pemexgate quizá lo pierda, en credibilidad social, la lucha contra la corrupción.

 

PRI, líderes aislados

   La otra consecuencia onerosa que deja la crisis de estos días es la renovada discordia en el PRI. Gústenos o no se trata –todavía por lo menos– del partido político más importante del país, que reúne a más legisladores federales y locales, más gobernadores y más presidentes municipales que cualquier otro.

   Quizá resulte exagerado decir –como, hablando de Pemex, amagaba hace varios años un líder petrolero a un presidente de la República– que si se hunde el PRI se hunde México. De hecho el naufragio definitivo de ese partido ha sido el empeño político central de una importante corriente de dirigentes políticos y aspirantes a serlo tanto en el actual grupo gobernante como en sus periferias.

   Pero una operación de esas dimensiones requeriría tiempo, consensos y circunstancias suficientes. Y no parece que hasta ahora se haya cumplido con ninguna de esas condiciones para suponer que el sistema político mexicano puede, al fin, prescindir del PRI.

   En este episodio el gobierno ha puesto a los dirigentes priistas en un callejón sin salidas. Si no respaldan a los líderes petroleros, quedan debilitados en su partido y pierden capacidad para encabezarlo con representatividad suficiente. Si se oponen al gobierno quedarían indeleblemente identificados con la corrupción y la ilegalidad que se les imputan a esos caciques sindicales. Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo han querido hilar con fineza en este litigio pero el afán para mantenerse en una posición intermedia los ha dejado, al menos hasta ahora, aislados de una porción significativa de su partido.

   El comité ejecutivo nacional del PRI ha defendido el derecho de huelga pero reconociendo que parar Pemex sería inadecuado y  demandó que los procesos judicial y laboral transcurran cada uno por su cauce institucional. Sin embargo no ha enfrentado el propósito central del gobierno en este asunto que no es otro que el intento para perjudicar al PRI.

 

Gobernadores soliviantados

   La necesidad de mantenerse como interlocutores entre el gobierno y el sindicato llevó al presidente y la secretaria general priistas a buscar ese difícil equilibrio. Cuando se haga el balance de esta crisis podrá discutirse si el papel de los dirigentes del PRI era fungir como intermediarios.

   El documento que los 17 gobernadores priistas presentaron el viernes por la noche en Querétaro tiene coincidencias con las posiciones de la dirección nacional de su partido. Reconoce la importancia de Pemex y la responsabilidad del sindicato, exige que la demanda salarial no se confunda con las indagaciones judiciales y exhorta a los diputados federales para que no se mimeticen a la postura del gobierno cuando examinen las peticiones de desafuero contra los líderes sindicales.

   Pero a diferencia de la postura del comité nacional de su partido, los gobernadores miembros del PRI cuestionan la actitud del presidente Fox cuando dicen que “el radicalismo en el discurso del Ejecutivo Federal tan solo agrava el conflicto”.

   Mas aun, cuando identifican el núcleo del problema queda claro que esta crisis, más allá del emplazamiento a huelga, no se dirimirá del todo en los siguientes días. “Tenemos la percepción –dicen los gobernadores– de que el caso Pemex es parte de una cruzada gubernamental para debilitar el sindicalismo y aniquilar al PRI”.

   Aunque no señalan vías específicas para distender este conflicto, llaman a la sensatez y la prudencia y dicen: “México está de por medio y no puede ser presa ni seguir inmovilizado a causa de una enconada guerra política”.

   Esa es la opinión de los gobernadores de la mayoría de las entidades del país. Es una posición que, además, comparte una buena cantidad de los senadores de dicho partido.

 

Presidente en campaña

   Eso es lo que se juega con el llamado Pemexgate. Como líder de un partido, comprometido con causas y ambiciones particulares, Vicente Fox se habrá anotado un triunfo al golpear y dividir al PRI con tanta fuerza que posiblemente este episodio contribuya de manera importante a definir el resultado de las elecciones de julio próximo.

   Pero como presidente de la República, que hipotéticamente no gobierna para reivindicar solamente los intereses de un partido sino con un horizonte más amplio, el licenciado Fox habrá demostrado una conducta facciosa y poco prudente.

   Al apalear al PRI y dejar mal parados a sus dirigentes, el titular del Ejecutivo maltrata a su interlocutor político más importante. Al bloquearles las salidas políticas habrá confirmado la gran fascinación que le suscitan la popularidad y las encuestas y la inquietud que le causan las elecciones de julio de 2003. Pero también se habrá constatado su escasa previsión como gobernante.

   Con la composición política que tiene el país, parece extremadamente difícil gobernar en confrontación con el PRI. Será muy complicado tomar decisiones nacionales cuando los gobernadores de 17 estados se consideran sometidos a una enconada guerra política.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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