Pemex, el escándalo

La Crónica, 27 de enero de 2002

La ausencia de una estrategia homogénea y la precipitación de algunos de sus funcionarios para denunciar delitos respecto de los cuales no tienen las pruebas que hacen falta, enfrentaron innecesaria y costosamente al gobierno federal con el principal partido de la oposición.

   Insinuaciones y versiones a medias pero sobre todo una actitud amenazante del presidente de la República y el secretario de la Contraloría pusieron al PRI en pie de guerra y lograron algo que ni la derrota electoral del 2000 ni posteriores vicisitudes habían conseguido: unificar a los priistas en torno a un objetivo común.

   La defensa de su partido, al que consideran agraviado, llevó a los dirigentes del PRI a considerar incluso la suspensión de las votaciones para elegir dentro de cuatro semanas a su presidente y secretario general. Esa decisión hubiera quebrantado uno de los principales acuerdos de la asamblea nacional que dicho partido tuvo en noviembre pero sobre todo, habría constituido una muestra de debilidad.

   De esas dimensiones han sido las angustias priistas ante la que pareciera ser una ofensiva deliberada pero insuficientemente documentada del gobierno en contra del PRI.

 

Secodam rectifica

   Antier, viernes 25 de enero, la Secretaría de la Contraloría rectificó las acusaciones que pocos días antes formuló contra la anterior administración de Petróleos Mexicanos. En un comunicado  la Secodam desmiente las versiones que implican al PRI como beneficiario del millonario desvío de fondos del que tanto se ha dicho desde hace una semana.

   “Se ha generado una gran confusión sobre las declaraciones del secretario en torno al caso. Se menciona que el titular de Secodam ha involucrado al PRI. Francisco Barrio jamás ha hecho imputaciones al respecto. No existe ninguna declaración o comentario del secretario que involucre a ese partido político o alguno de sus miembros”.

   El comunicado de la Contraloría no aclara si entre esos miembros incluye a Rogelio Montemayor Seguy, que ha sido gobernador, senador y diputado por el PRI. De ser así la rectificación desmentiría las imputaciones que la Secodam hizo desde que, hace una semana, se publicó que estaba investigando un desvío de mil cien millones de pesos entregados en 2000 por la administración de Pemex al sindicato petrolero para que, luego, fueran destinados al PRI.

 

Confusiones

   El litigio alrededor de esas versiones ha estado contaminado por la falta de claridad respecto a lo que realmente está indagando el gobierno federal.

   En el barullo político y público que se ha desatado alrededor del dinero que Pemex le entregó a su sindicato hay imprecisiones al menos en cuatro planos.

   Por una parte hay que distinguir entre lo que han insinuado destacados funcionarios del gobierno (comenzando por el presidente Fox) y lo que de manera oficial han comunicado distintas dependencias acerca de esa investigación.

   En segundo lugar es pertinente diferenciar las acusaciones (formales) sobre la entrega de recursos de Pemex al sindicato y las alusiones (informales) sobre el presunto desvío de esos fondos para beneficiar al PRI.

   En tercer término será indispensable que se aclare si Pemex actuó de manera ilegal –o no– al suministrarle esos recursos al sindicato.

   Por último será necesario que se demuestre si una vez que lo tenía en sus manos el sindicato le traspasó ese dinero al PRI y, entonces, si esa operación era lícita, o no.

 

Pescaditos y filtraciones

   Aunque desde meses antes, como veremos más adelante, había informaciones sobre la investigación de la Contraloría, el escándalo se avivó hace 10 días cuando destacados funcionarios crearon expectativas sobre la persecución a importantes personajes de la administración anterior.

   El jueves 17 de enero, de acuerdo con información que más tarde publicaría en Crónica el reportero José Contreras, el presidente Vicente Fox les dijo a varios senadores del PAN en el Club de Industriales: “Pronto conocerán acciones muy fuertes en materia de combate a la corrupción”. Horas antes el presidente se había reunido con el titular de la Contraloría, Francisco Barrio, en la presentación del portal de Internet de esa dependencia.

   Al día siguiente, viernes 18 de enero, Barrio estuvo en un foro de la Coparmex en Ciudad Juárez. Allí dijo: “tenemos carne en la sartén y vamos a freír pescaditos de buen tamaño”. Incluso, de acuerdo con las informaciones periodísticas, anunció: “Tenemos una orden de aprehensión en contra de un cercanísimo colaborador del ex presidente Ernesto Zedillo”. Existe “un caso que traerá serias implicaciones políticas”, dijo el Contralor.

   Ese anuncio pareció estar vinculado con la información que el sábado 19, desplegó La Jornada como nota principal. Según ese diario tres ex colaboradores de la campaña presidencial de Francisco Labastida estaban arraigados en sus domicilios por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. La Operación Crudo como según se dijo la denominó esa dependencia, investigaba un aparente desvío de mil millones de pesos de Pemex para pagar actividades del PRI en las elecciones de 2000. El sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sería corresponsable en ese fraude. La indagación había sido iniciada a raíz de una denuncia de la Contraloría, aseguró el diario.

 

Vanas aclaraciones

   Ese sábado 19 el Contralor Barrio acudió a una reunión del PAN en la ciudad de México y, entrevistado por periodistas, confirmó que había una investigación pero aclaró que no se podía afirmar que los recursos de Pemex se hubieran utilizado para financiar de manera directa la campaña del PRI.

   La coincidencia entre su anuncio acerca de los “pescaditos de buen tamaño” que estarían a punto de pasar al sartén de la Contraloría y la publicación en La Jornada permitieron suponer que en Ciudad Juárez el secretario Barrio había aludido a los fondos que, según se dijo después, habrían beneficiado a la campaña del candidato priista Francisco Labastida.

   De nada sirvió que la Secodam aclarase, en varias ocasiones, que no había acusaciones contra el PRI. Las filtraciones a la prensa eran tan abundantes y las afirmaciones iniciales de Barrio y del mismo presidente Fox tan amenazadoras, que tanto en el mundo político como en los medios no pudo sino reconocerse que todos hablaban del mismo asunto.

 

1100 – 460 = 640

   El lunes 21 de enero la Secodam confirmó que había presentado ante la PGR “una denuncia penal…por el presunto desvío de recursos federales, cuyo monto total asciende a mil 100 millones de pesos, detectado en Petróleos Mexicanos”.

   Ese pago habría sido entregado por la dirección general de Pemex al sindicato petrolero “sin la autorización del Consejo de Administración de la paraestatal y sin contar con la provisión presupuestal correspondiente, lo cual contraviene las normas presupuestarias vigentes”. Según la Contraloría el 5 de junio de 2000 el director de Pemex, Rogelio Montemayor, suscribió con el sindicato un convenio para prestarle 640 millones de pesos que fueron pagados tres días más tarde.

   Un nuevo convenio, el 11 de septiembre de 2000, amparaba 850 millones de pesos para “cubrir supuestos incumplimientos laborales de la paraestatal, acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999” y 250 millones de pesos más para que el sindicato enfrentase la antigua demanda de una empresa estadounidense por incumplimiento de contratos. De esa cantidad el sindicato solicitó que se le descontara el préstamo de junio, por 640 millones de pesos.

   Es decir, si las reglas de la aritmética no han cambiado, restando el préstamo Pemex debía pagarle al sindicato 460 millones de pesos. Ese fue el monto que Petróleos Mexicanos le entregó al comité ejecutivo nacional del sindicato el 19 de octubre de 2000, siempre según la información de la Contraloría.

   Debido a esa operación la Secodam presentó a la PGR, el 10 de diciembre de 2001, una “denuncia de hechos”.

   Se habló entonces de mil cien millones de pesos. En varios medios de información se dijo que ese dinero posteriormente el sindicato lo había entregado para apoyar la campaña del PRI. Sin embargo, de manera formal, el actual gobierno no ha hecho tal acusación.

 

Lícito o ilícito

   El miércoles 23 el general Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República hizo una precisión que parecía desmentir parcialmente la denuncia de la Contraloría: “no podemos hablar de elementos para fincar responsabilidades… la Fiscalía… únicamente tiene en sus manos aspectos relacionados con 640 millones”.

   Para entonces en el PRI se hablaba de una declaración de guerra y el jueves los dirigentes de ese partido tuvieron una reunión de emergencia. Ese jueves 24 la Contraloría hizo un nuevo esfuerzo de precisión: “Derivado de las pruebas que se recaben y de las varias líneas de investigación que procedan, se establecerá la existencia o inexistencia de delito y, en su caso, los probables responsables de los mismos”.

   Ese mismo día, más tarde, la Contraloría y la PGR trataron de poner un poco de orden para que sus respectivas declaraciones no parecieran contradictorias: “hasta el momento se investiga el origen, destino final y por ende licitud o ilicitud, de 640 millones de pesos”.

   A diferencia de su comunicación del lunes, ahora la Secodam admitía que estaba por determinarse si la entrega de recursos de Pemex al sindicato había sido lícita o ilícita. Y se acotó el alcance de la investigación al monto que señaló el procurador Macedo: 640 y no mil 100 millones de pesos.

 

Concesiones y sindicato

   Hasta ahora parece claro que Petróleos Mexicanos entregó al sindicato las sumas que la Contraloría ha señalado. El diferendo es si el pago de esos recursos fue legal, o no.

   La entrega de esos recursos, según se ha publicado también, ocurrió después de una negociación de varios meses entre la administración de Pemex y el sindicato. Desde varios años atrás el comité ejecutivo de esa agrupación gremial le exigía a la dirección de la empresa el pago de comisiones que se derivan del contrato colectivo pero, sobre todo, de los convenios que le autorizan al sindicato la explotación de obras y servicios que la paraestatal le concesiona.

   Ese adeudo, según la información publicada en varios diarios, era cercano a 5 mil millones de pesos. La Dirección de Pemex habría negociado esa suma para disminuirla al 20 por ciento.

   Se trata de montos exorbitantes cuya sola mención causa asombro e indignación. Desde hace tiempo los privilegios del sindicato han sido insistentemente mencionados como una de las causas de la insuficiente solidez financiera de la principal empresa de nuestro país. El Sindicato de Trabajadores Petroleros se ha enquistado como un grupo de presión que disfruta de cuantiosas concesiones que le impiden a Pemex funcionar con la competitividad y eficiencia que estaría obligada a tener.

   Pero eso no es lo que se discute ahora. El litigio es si el pago de la multicitada suma al sindicato fue ilegal.

   La Contraloría acusa a la anterior dirección de Pemex de haber autorizado esa erogación sin haber consultado con el Consejo de Administración y sin tener suficientes reservas presupuestarias.

   Sin embargo no se ha demostrado que las normas internas de Pemex obliguen a su dirección a someter esas decisiones al Consejo de Administración. Al parecer la dirección de Pemex tiene atribuciones para tomar acuerdos con el sindicato y solamente debe enterar de ellos al Consejo de Administración, posiblemente sí ocurrió.

   Por otro lado se ha informado que la secretaría de Hacienda autorizó el pago de esos recursos, de tal manera que el requisito de la suficiencia financiera habría sido satisfecho. Incluso se ha dicho que el convenio entre Pemex y el sindicato quedó registrado en la Secretaría del Trabajo.

 

Transacción anunciada

   Mil cien millones son muchísimos pesos. Es natural que la información sobre un pago de esas dimensiones a un sindicato tan desprestigiado y con fundada fama de corrupto como es el petrolero, despierte indignación.

   Pero hasta donde puede establecerse esa transacción no fue ilegal. Y tampoco fue subrepticia. También según informaciones diseminadas en la prensa de estos días el pago al sindicato estaba consignado en los estados financieros de Pemex que, incluso, fueron aprobados por las instancias de fiscalización estatales, entre ellas el Congreso de la Unión.

   

Transferencia incierta

   Otro asunto es si ese dinero el sindicato lo destinó para apoyar la campaña del PRI.

   Posiblemente los dirigentes del sindicato petrolero no habrían cometido una falta legal ni estatutaria al utilizar esos recursos para hacer proselitismo político, porque las normas de esa organización propician una alta discrecionalidad y un manejo autoritario de los recursos y de decisiones de toda índole.

   Pero una cantidad de esas dimensiones sin duda habría quebrantado el límite máximo que la ley electoral impone a las contribuciones que reciben los partidos.

   Allí sí habría un delito a perseguir. Sin embargo hasta ahora no parece que el gobierno tenga evidencias de que el PRI hubiese recibido tales recursos. Tanto así que, de manera expresa, antier la Secodam precisa que “jamás” ha formulado imputaciones contra ese partido.

  

Juicio pendiente

   ¿Qué ha pasado entonces? Antes que nada será indispensable aguardar a que termine la investigación de la PGR iniciada por la denuncia que la Contraloría entregó el mes pasado.

   Hasta ahora solamente se conocen declaraciones que cambian de un día a otro, sobre reacciones que nada ayudan al esclarecimiento de este asunto  y  contradicciones que solo muestran confusión política.

   Lo que sí se puede documentar es que desde hace varios meses era público que el gobierno investigaba a la anterior administración de Pemex. Y desde hace dos años al equipo del ahora presidente Fox le inquietaba la posibilidad de que la empresa petrolera sufragara la campaña de Labastida.

 

Ya se sabía

   El lunes 24 de septiembre de 2001 el columnista Miguel Badillo publicó en El Universal una detallada nota sobre las investigaciones que la Secretaría de la Contraloría realizaba en Petróleos Mexicanos.

   “El asunto que aún rastrean los auditores de la Secodam se refiere al supuesto desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Pemex con fines políticos… Según las pesquisas (Rogelio) Montemayor Seguy entregó dos cheques, uno por la cantidad de 600 millones de pesos y otro por más de 400 millones a nombre del Sindicato Petrolero, el cual utilizaría parte de los fondos para la compra de votos de los trabajadores y otra parte sería canalizado directamente a la campaña del PRI”.

   La misma información, ahora en la primera plana de La Jornada, es la que desató hace ocho días la tormenta política que hemos presenciado toda la semana.

   Notas similares aparecieron en varios diarios en los últimos meses del año pasado. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2001 el periodista Fausto Fernández Ponte escribió en México hoy que la Secodam investigaba “1) El presunto desvío de recursos de la empresa a la campaña de proselitismo paraelectoral de Francisco Labastida Ochoa, quien fue el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2000. 2) Esos recursos suman más de mil millones de pesos, suma que fue presuntamente entregada en dos partes —una de 600, otra de más de 400—…”

   La denuncia periodística que tanto revuelo ha levantado había sido anticipada por filtraciones de ese estilo. Si adquirió notoriedad fue, entre otras circunstancias, por las advertencias del presidente Fox y el secretario Barrio sobre los peces gordos y los pescaditos fritos.

 

Anticipación de Fox

   El posible desvío de dinero de Pemex en beneficio del PRI es una antigua preocupación de Vicente Fox.

   El 26 de marzo de 2000, cuando estaba de campaña en Poza Rica, dijo en un mitin que le advertía al director de Pemex, Rogelio Montemayor, que no fuera a desviar recursos de esa empresa para destinarlos a la campaña electoral del ”chaparrito” Labastida.

   Ese día el candidato de la Alianza por el Cambio amonestó: “Cuidado y meta la mano (…) porque lo que primero vamos a hacer es auditar para asegurar que no se utilizaron recursos de Pemex y de los mexicanos, que no se utilizó a Pemex como caja chica de la campaña de Labastida”.

   La deplorable fama pública del PRI y la necesidad de transparencia en el financiamiento de los partidos hacían entendible esa exigencia. Pero el día que Fox demandó que Pemex no financiara la campaña de Labastida aun faltaban 2 meses y medio para que el sindicato petrolero recibiera el primero de los pagos que ahora han sido motivo de un escandaloso litigio.

   Aun está por demostrarse si el ahora presidente se anticipó, aquel 26 de marzo, a un delito cometido a favor del PRI. También es posible, y resultaría tan vergonzoso como lamentable, que las indagaciones y filtraciones que se han conocido en estos días no hayan tenido el propósito de hacer justicia sino de satisfacer una obsesión política del presidente Fox y sus allegados.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

–0–

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s