Pobreza, el desafío mayor

La Crónica, 15 de marzo de 2002

La pobreza en el mundo es responsabilidad de todos, pero los que tienen más cuentan con mayores posibilidades de contribuir a resolverla. Por sí solos, los países pobres nunca saldrán de esa condición de la misma manera que la ayuda externa tampoco es suficiente para reivindicarlos.

   El reconocimiento de que la pobreza en el mundo es asunto de todos pareciera evidente pero arribar a él ha costado largos años de regateos e insistencias. La semana próxima en Monterrey tendrá lugar uno de los acontecimientos más importantes en ese proceso. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo examinará numerosos ángulos de la pobreza en el mundo y reconocerá el compromiso de todas las naciones para combatir los rezagos en ese terreno.

   Más allá de la deliberación se ratificarán un compromiso y un monto: que los países desarrollados destinen por lo menos el 0.7% de su producto interno bruto a la ayuda oficial para el desarrollo del resto de las naciones.

 

Grupo de Alto Nivel

   La radiografía de la miseria en el mundo que ha precedido al encuentro en Monterrey consigna datos estremecedores. Casi la mitad de los seres humanos viven en situación de indigencia. Uno de cada cinco habitantes de este planeta (aproximadamente mil 200 millones de personas) vive con menos de un dólar cada día.

   “En los países de bajos ingresos, habitados por 2 mil 500 millones de personas, mueren más de cien de cada mil niños que nacen, frente a apenas 6 de cada mil en los países de altos ingresos. Y en los países de bajos ingresos, cuatro de cada diez personas aún no saben leer y escribir. La distribución de los ingresos en el mundo es cada vez más desigual. Hoy en día el 80% de la población mundial vive con menos del 20% de los ingresos mundiales. La más dolorosa realidad internacional de los tres últimos decenios es el empobrecimiento de países habitados por 500 millones de personas, la mayoría de ellos en el África al sur del Sáhara. Ninguna parte del mundo necesita más que esa región de un compromiso mundial de reducir la pobreza. El África al sur del Sáhara tiene la mayor proporción de personas que viven con menos de 1 dólar diario, y, realmente, sus habitantes son casi tan pobres como 20 años atrás”.

   Esos datos forman parte del documento que a solicitud del secretario general de la ONU, Kofi Annan, elaboró el Grupo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo encabezado por el ex presidente Ernesto Zedillo.

   Además del ex presidente mexicano en ese grupo participaron, entre otros personajes, el presidente del Fondo Árabe para el Desarrollo de Kuwait, Abdulatif Al-Hammad; el director de Oxfam del Reino Unido, David Bryer; la ex directora de la Organización Mundial del Trabajo Mary Chinery-Hess; el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors; el ex Secretario del Tesoro estadounidense Robert Rubin y el ex ministro de Finanzas indio Manmohan Singh.

   A partir de diciembre de 2000 el grupo encabezado por Zedillo trabajó durante medio año en un amplio documento que el secretario general de la ONU dio a conocer en junio pasado. Ese estudio de la pobreza mundial y de las opciones que los estados tienen para cumplir la obligación de combatirla manifiesta un enfoque realista y sin tremendismos: no se asombra ante la globalización, a la que reconoce como contexto inevitable de la situación de nuestros días, pero tampoco la propone como la solución a los rezagos del mundo.

   El documento de ese grupo explica:

   “Los éxitos logrados en nuestra era en materia de desarrollo se han debido esencialmente a la mundialización, con el doble impulso de las decisiones políticas explícitas de los Estados nacionales y de un progreso tecnológico sin precedentes. La economía de mercado y la mundialización en general brindan tremendas oportunidades. Pero demasiadas personas, en demasiados países, carecen de la libertad necesaria para aprovechar esas oportunidades, y en consecuencia quedan al margen del proceso de mundialización. Las personas carecen de libertad cuando carecen de alimentos, de educación, de capacitación, de salud, de los derechos humanos y políticos fundamentales, de seguridad, de la infraestructura elemental y de oportunidades de empleo. Si a las personas se les brindan esos elementos —mediante el crecimiento económico y mediante políticas sociales que igualen las oportunidades de los distintos individuos, comunidades y naciones— se verá que quedan en posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades y mejorar sus vidas”.

   La economía de mercado no basta para resarcir a la gente de esa desigualdad. Si así fuera, resultaría suficiente con auspiciarla para que el desarrollo floreciera.

   “Desdichadamente –añade ese informe– la polarización cada vez mayor entre los privilegiados y los desposeídos ha pasado a ser una característica del mundo en que vivimos. Revertir esa vergonzosa tendencia es el desafío moral y humanitario fundamental de nuestra era. Para los habitantes del mundo rico, también se trata de una cuestión de interés propio bien entendido. En la aldea planetaria, la pobreza de los demás se convierte rápidamente en nuestro propio problema: falta de mercados para nuestros productos, inmigración ilegal, contaminación, enfermedades contagiosas, inseguridad, fanatismo, terrorismo”.

   El informe fue presentado dos meses y medio antes de los acontecimientos del 11 de septiembre.

 

Consenso de Monterrey

   A partir de ese documento la secretaría general de la ONU promovió un extenso proceso de consultas para encontrar acuerdos en torno al diagnóstico y sobre todo, las medidas que propuso el grupo encabezado por Zedillo. El documento final de ese recorrido fue aprobado en enero de 2002 y ha sido denominado “Consenso de Monterrey”. Los países participantes en la Cumbre que habrá en la capital de Nuevo León ya respaldaron dicho documento y su importancia es clara. Allí se propone una nueva alianza entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo.  No sería un pacto a partir de declaraciones sino apoyado en medidas para atenuar la pobreza.

   “Nos comprometemos a adoptar políticas racionales, promover una buena gestión pública en todos los niveles y respetar el estado de derecho. También nos comprometemos a movilizar nuestros recursos internos, atraer corrientes financieras internacionales, fomentar el comercio internacional como motor del desarrollo, incrementar la cooperación financiera y técnica internacional en pro del desarrollo, promover una financiación sostenible de la deuda, adoptar medidas para el alivio de la deuda externa y aumentar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales”.

   El Consenso de Monterrey es un cuidadoso documento pensado para ser aprobado por gobernantes que tienen perspectivas muy variadas pero que no se queda en los formulismos retóricos que con frecuencia tienen las declaraciones internacionales.

   Allí se precisa, por ejemplo, que la ayuda externa no es el único recurso para que las naciones logren redimirse de su pobreza: “Cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social, y nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo. No obstante, las economías nacionales están ahora interrelacionadas con el sistema económico mundial; entre otras cosas, las oportunidades de comercio e inversión pueden ser una ayuda para los países en su lucha contra la pobreza. La labor de desarrollo nacional debe apoyarse en un entorno económico internacional favorable. Alentamos y apoyamos los programas de desarrollo emprendidos a nivel regional, tales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y las actividades análogas emprendidas en otras regiones”.

   Los estados tienen que garantizar un funcionamiento adecuado de sus economías, pero tampoco eso será suficiente: “Reconocemos la necesidad de aplicar políticas macroeconómicas racionales encaminadas a mantener índices altos de crecimiento económico, el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la estabilidad de los precios y saldos fiscales y externos sostenibles a fin de que el crecimiento beneficie a todos, en particular los pobres. Los gobiernos deben asignar prioridad a la prevención de distorsiones inflacionarias y fluctuaciones económicas bruscas que repercuten negativamente en la distribución del ingreso y la asignación de recursos. Es necesario contar con un sistema cambiario apropiado y aplicar políticas fiscales y monetarias prudentes”.

   Pero también se requieren políticas laborales que impulsen la capacitación y, entre otras medidas, “ampliar la cobertura y el alcance de los programas de protección social”. El Consenso de Monterrey sostiene que es indispensable la existencia de crédito a las empresas pequeñas y medianas.

   Solo con un marco analítico muy dogmático se podrá pensar (como sin embargo harán quienes de antemano busquen ver con desconfianza a la reunión en Monterrey) que esa declaración es de corte neoliberal. El reconocimiento de la globalización y de realidades como la interdependencia comercial de casi todas las naciones no implica la legitimación de ese estado de cosas. El Consenso de Monterrey tiene un enfoque social que va más allá del neoliberalismo ramplón y también, de la globalifobia catártica.

   A la inversión extranjera directa se la entiende, allí, como un factor que puede impulsar el desarrollo aunque no sea el principal en esa tarea. “Un gran desafío es crear las condiciones internas e internacionales necesarias para facilitar las corrientes de inversiones  directas —que contribuyan al logro de los objetivos prioritarios de desarrollo de los países— hacia los países en desarrollo, en particular de África, así como a los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países con economías en transición”.

   El Consenso de Monterrey insta a las empresas para que tomen en cuenta las implicaciones sociales de sus inversiones. Pero su atención fundamental se encuentra en los estados, capaces de sustentar la que allí se denomina “asistencia oficial para el desarrollo” (AOD).

   Tal asistencia “puede ayudar a los países a movilizar un volumen adecuado de recursos internos en un plazo apropiado, y a la vez a mejorar su capital humano y aumentar su capacidad productiva y de exportación”.

   La gran iniciativa que se anunciará en Monterrey aunque ha sido anticipada desde el documento del grupo encabezado por Zedillo es la exhortación “a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho a que adopten medidas concretas para dedicar el 0.7% de su producto interno bruto como AOD para los países en desarrollo y destinar entre el 0.15% y el 0.20% de su PIB a los países menos adelantados”.

   Un documento de trabajo previo a la reunión de la próxima semana estima que si todas las naciones del Grupo de Asistencia al Desarrollo de la OECD (Organización para la Economía, la Cooperación y el Desarrollo) cumplieran el propósito de destinar ese 0.7%, la ayuda internacional crecería en casi cien mil millones de dólares al año.

   ¿Eso para cuánto alcanza? Para muchísimo. El grupo de Alto Nivel que designó el secretario Kofi Annan calculó el costo de las metas en materia de política social que en septiembre de 2000 estableció la Cumbre del Milenio con la que concluyó una asamblea general de Naciones Unidas. Allí se establecieron objetivos a alcanzar en 2015.

   Reducir a la mitad la pobreza y el hambre en el mundo requeriría de un gasto de 20 mil millones de dólares cada año, de aquí a 2015.

   Para lograr que la enseñanza primaria sea universal se necesitarían 9 mil millones de dólares.

   Conseguir la igualdad de sexos en la escuela primaria implicaría una inversión de 3 mil m.d.

   Detener y reducir la infección de VIH-SIDA costaría entre 7 y 10 mil millones de dólares.

   Para mejorar la vida de 100 millones de habitantes de tugurios harían falta 4 mil millones de dólares.

   Todo eso se podría lograr con menos de la mitad del dinero que se reuniría si 22 de los miembros de la OCDE cumplieran la recomendación de aportar el 0.7% de su producto interno para el desarrollo internacional.

 

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