Transición, estancamiento

La Crónica de Hoy, 24 de mayo de 2002

Al presidente Fox le gusta hablar de transición. La base de datos de la Presidencia de la República registra 194 documentos producidos en esa dependencia durante los casi 18 meses del actual gobierno, en los que se hace mención a ese término.

   Algunos de esos textos son discursos que se han dicho en presencia del titular del Ejecutivo y otros, alocuciones de su esposa a las cuales la oficina de prensa de Los Pinos da el mismo tratamiento que a los mensajes del Presidente de la República. La mayoría son mensajes del presidente Vicente Fox.

   De esas casi 200 veces que los documentos inventariados por Presidencia mencionan el término transición, una cuarta parte apareció en discursos y otros textos de los primeros tres meses del gobierno, entre diciembre de 2000 y febrero de 2001.

   En los cinco meses más recientes, entre enero y lo que va de mayo de este 2002, el presidente y sus allegados han hablado de transición en más de 60 documentos.

   Es decir, casi el 60% de las menciones a ese término se produjeron en los primeros y en los más recientes meses durante el año y medio que lleva la administración del presidente Fox.

   El interés por hablar de transición tanto al comienzo como en el trecho más reciente del gobierno pareciera indicar un ánimo inicial, y luego recuperado, para señalar la trascendencia histórica y política que el Ejecutivo quiere darle a esta gestión.

   Cuando asegura que su gobierno es de transición el presidente Fox no se refiere a que este sexenio sea intervalo entre dos etapas distintas en la historia de México.

   Más bien, afirma que este gobierno es de cambios sustanciales en la vida de México y en la presencia de nuestro país en el mundo.

   El propósito para dictaminar el valor histórico de un sexenio que apenas está llegando a su primer cuarto parece innecesariamente prematuro. Pero manifiesta una insistente necesidad para autoafirmarse, confiriéndole al gobierno actual, desde ahora, virtudes modernizadoras que desplazan las inercias y resistencias de las administraciones que lo precedieron.

 

Proceso de cambios

   El presidente Fox no utiliza el término transición para hablar de un proceso de cambios, sino para referirse a una modernización ya lograda.

   No entiende a la transición como fase intermedia sino como el momento de los cambios.

   Ese empleo es distinto al concepto de transición como el lapso que existe entre dos etapas, tal y como se utiliza en la ciencia política contemporánea.

   La diferencia entre ambos usos de esa palabra no tiene importancia solamente conceptual. La idea que el presidente tenga de lo que es su gobierno y del sentido histórico que busca darle es importante en las decisiones que él y sus colaboradores tomen todos los días.

   Para los autores más reconocidos en el estudio de las transformaciones políticas de las décadas recientes, el término transición es, de manera llana, “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”.

   Guillermo O’Donell y Philippe C. Schmitter consideran, además, que régimen político es “el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden emplear para ganar tal acceso” (Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Paidós, Buenos Aires, 1988).

   Es difícil poner fecha al inicio y el desenlace de una transición política. A veces son definidas por acontecimientos trascendentes como una elección o un compromiso de los actores políticos. Pero como no son rupturas históricas sino la suma de pasos de distinta longitud y no siempre unidireccionales, que al cabo de cierto tiempo desembocan en un escenario con reglas y protagonistas diferentes a los que había en la fase anterior, no resulta sencillo declarar cuándo comienza y cuando acaba una transición.

   A diferencia de una revolución que tiene fechas y momentos climáticos, la transición política es una evolución. Es preciso entenderla como proceso, como una colección de ajustes y reformas sucesivos.

 

Voluntarismo sin proyecto

   La idea foxista de transición pone el acento en el empeño y la disposición con que se gobierna y que, según la descripción que el presidente hace de sus propias tareas, es abierta y participativa.

   El 21 de mayo pasado en un evento sobre tecnología y competitividad de las empresas el presidente aseguró: “Estamos construyendo una transición democrática que no se traduce solamente en una alternancia en el gobierno, sino en una nueva forma de hacer las cosas, sin autoritarismos, con el concurso de todas y de todos”.

   Esa manera de reducir la transición al voluntarismo y si acaso a las formas con que se cumplen las tareas de gobierno, es bastante reduccionista pero resulta ilustrativa de la idea que el presidente tiene de su gestión.

   A sus antecesores el actual titular del Ejecutivo los ve como si se tratase de una pandilla de malhechores. Independientemente de las diferencias que hayan existido entre uno y otro gobierno y quienes los encabezaron, para el presidente Fox todos ellos se definían por la ambición de aprovechar al gobierno en su propio beneficio que era, según esa interpretación, en de la élite política priista.

   Para el presidente y quienes dentro de su equipo de trabajo comparten esa apreciación el cambio consiste, antes que nada, en una disposición distinta respecto del ejercicio del poder: no en provecho de los gobernantes sino de la sociedad.

   Para decirlo de manera más esquemática aunque no muy lejana del modo como muchos de los actuales gobernantes se identifican a sí mismos, esa concepción sugiere que ahora el poder es ejercido con intenciones nobles, angélicas casi, a diferencia de las etapas anteriores que estaban determinadas por funcionarios de prácticas abusivas e indecorosas.

   Al definirse en contraposición a dichos estilos el presidente busca contrastar, de manera llamativa, a su administración respecto de las anteriores. Pero los gobiernos que lo precedieron no pueden ser definidos simplemente como cuadrillas de corruptos. Se trata de administraciones de gran complejidad política y que tuvieron tropiezos y logros que impiden describirlas, si se quiere hacerlo con seriedad, de manera tan maniquea.

   Además no todo el gobierno actual ha tenido un comportamiento probo e invariablemente ceñido a parámetros éticos. Episodios como la adquisición de toallas de innecesario lujo, que en otras circunstancias habrían sido casi anecdóticos y nada más, han lastimado al gobierno actual en el centro del discurso con el que pretende mantener su prestigio social.

   Como su presencia pública el gobierno del presidente Fox la finca en la transparencia y honestidad con que se ejerce el poder, cada denuncia de excesos golpea en el eje de dicha legitimidad. Pero además, en vista de que ese discurso  destaca las formas con que se administra al país y no el proyecto para el cual se ejerce el poder, la idea de cambio y transición política que impera en la élite gubernamental resulta un tanto elemental.

 

Acordar para cambiar

   El estilo concurrente de gobierno (“con el concurso de todas y todos” como dice el presidente) funciona más en las arengas que en la realidad de todos los días.

   Ni el presidente puede consultarle a la sociedad cada una de sus decisiones, ni las medidas de gobierno pueden ser siempre las más populares (por mucho que la administración actual parezca más preocupada por ganar consenso, que por gobernar con eficacia y responsabilidad). Pero al constituir el eje del discurso gubernamental esa divisa llega a definir el método y la meta del papel histórico que el presidente aspira a conquistar.

   A fin de singularizarse y además cumplir con el compromiso que contrajo con sus electores para impulsar a la democracia, el presidente y su gobierno dicen que promueven la participación de todos. Ese propósito puede ser fuente de acciones demagógicas y, si se tomase en serio, podría ser profundamente paralizante en las tareas de la administración pública. Ningún gobierno puede tener la participación de todos, aunque su obligación sea gobernar para todos.

   Esa obsesión tiene, sin embargo, un ángulo virtuoso. El interés para que todos confluyan en las tareas del cambio conduce a que se les convoque para definir y emprender tales labores. En tal sentido, a la ya descrita idea foxiana sobre la transición como etapa de cambios se le añade la necesidad de pactar o, como se dice ahora, concertar.

   Con cierta frecuencia el presidente Fox y algunos de sus colaboradores mencionan la necesidad de acordar con las fuerzas políticas junto a las cuales gobiernan. El 16 de mayo pasado, entrevistado en Madrid por la cadena radiofónica SER, describió de esta manera su enfoque acerca de la transición y los acuerdos a los que ella obliga:

   “Estamos en una tarea intensa de buscar la conciliación, de buscar el acuerdo, de buscar el consenso con las otras fuerzas políticas. España nos inspira mucho en esto, queremos una transición acordada, una transición pactada, como fue lo de La Moncloa, que funcionó tan bien y que hoy, pues tenemos una España diferente, exitosa, que es un verdadero ejemplo a nivel mundial, cuando menos lo es para nosotros en Latinoamérica. Ese es el ejemplo que a mí me gustaría seguir en México”.

   Reconocer que para gobernar necesita establecer acuerdos con los partidos es una actitud prudente del presidente Fox. Sin embargo, proponerse al de La Moncloa como modelo de contrato entre las fuerzas políticas puede ser un costoso disparate.

   Más que refundar al país es preciso definir reformas en algunas de sus leyes e instituciones. Pero antes que nada hacen falta coincidencias explícitas en temas básicos la economía y de la política.

   Hasta ahora las fuerzas nacionales no han querido involucrarse en una auténtica deliberación sobre esos temas. El acuerdo que suscribieron en octubre pasado a instancias de la Secretaría de Gobernación, tiene aspiraciones tan vagas que no significa un compromiso real en la mayor parte de las asignaturas que allí se mencionan.

   El renovado interés presidencial para hablar de transición y pactos bien puede ser parte de la búsqueda de coberturas ante la eventualidad de que, en un año más, no existan logros suficientemente convincentes para los ciudadanos que votarán en las elecciones federales de julio. Si los cambios dependen de la concurrencia de todas las fuerzas y si ese acuerdo no se ha logrado, el presidente y su gobierno podrán decir que no es culpa suya sino del resto de los protagonistas políticos que no han querido tomar acuerdos.

   De cualquier manera, ese interés por la transición podría ser contexto para reavivar el examen de los más diversos asuntos como parte del gran acuerdo que las fuerzas nacionales podrían alcanzar si privilegiaran las coincidencias por encima de las discordancias.

 

Fluidez y resistencias

   Es discutible que este sea un gobierno asentado sobre una transición ya consolidada. Los cambios no han sido tantos ni tan profundos para considerarlo así. Pero la noción misma de mudanza y actualización constante que implica el término transición nos puede permitir evaluar en qué condiciones se encuentra nuestro camino en la modernidad política.

   La transición, más allá de la cantidad de cambios que la definan, está asociada a la idea de proceso; es un desarrollo maleable y elástico: fluido.

   En contraste con esas características, en la circunstancia mexicana actual tenemos más resistencias que transformaciones. El litigio constante pero sobre todo sin vías institucionales e informales suficientemente eficaces, pesa más que la vocación para tomar acuerdos. La política tiende a ser instrumento de pugnas en vez de estar al servicio de los entendimientos.

   El panorama mexicano de nuestros días tiene muy poco de la fluidez que distingue a las transiciones. Habría que identificar, en esos rasgos, una señal de alarma de la mayor importancia. No vaya a ser que por refocilarnos o justificarnos en el espejismo de una transición cuyas coordenadas ni siquiera identificamos, estemos descuidando el problema más elemental que significa el estancamiento y enrarecimiento de nuestra vida pública.

 

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/


CONTEXTO

Imposible copiar La Moncloa

   Por varios motivos el modelo español les resulta atractivo a quienes en México suelen referirse a las transiciones políticas. Se trata de un proceso de cambios que transcurrió en paz y de manera exitosa. Todos sus actores tuvieron logros y a todos se les atribuye hoy en mérito de ese cambio hacia la democracia. Además de trata de una transición en nuestro idioma y con una cultura en muchos sentidos entrañable para los mexicanos.

   Sin embargo esperar que aquí tengamos una transición como la española puede conducir a errores serios de estrategia y práctica políticas. Además puede ser una aspiración tardía.

   Los españoles transitaron de un régimen dictatorial a una fase de ajustes que harían posible la democracia plena. En ocasiones la pretensión de que en México tengamos un pacto como el de La Moncloa lleva aparejada una caracterización sumamente sesgada del largo periodo que vivimos bajo los gobiernos del PRI. En esa fase conocimos estilos y proyectos autoritarios, pero es muy exagerado equiparar al régimen priista con el franquismo español.

   En La Moncloa, en octubre de 1977, las fuerzas políticas de España suscribieron una vasta colección de acuerdos para modernizar la economía y la competencia política. Nuevas reglas para el desarrollo empresarial y para regular los litigios entre el trabajo y el capital, pero también para garantizar derechos como los de reunión, asociación y expresión, significaron los cimientos de un entramado político completamente nuevo.

   Aquella fue, por la vía pacífica y del entendimiento, una auténtica refundación de la institucionalidad española. Esos acuerdos incluían lo mismo decisiones sobre política fiscal y en el ejercicio del gasto público, que lineamientos para promover la educación, desarrollar las ciudades, reformar la seguridad social o establecer precios para los productos agrícolas.

   Pretender que en México hagamos algo similar es un despropósito. En nuestro país ya tenemos reglas e instituciones cuyo desempeño es aceptable. El mismo triunfo electoral de Vicente Fox hace menos de dos años confirma que al menos algunas de esas normas y organismos funcionan bien.

 


Avisos

Tentaciones autoritarias

   Las transiciones políticas no son necesariamente procesos lineales hacia la democracia. En ocasiones experimentan tumbos y retrocesos. Desde su ensayo pionero acerca de las transiciones, O’Donell y Schmitter advirtieron de esos riesgos hace casi 15 años:

   “Durante la transición, en la medida en que existen reglas y procedimientos efectivos, éstos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios. Estos gobernantes conservan un poder discrecional mayor o menor, según el caso y según la etapa en que se halle la transición, sobre los ordenamientos jurídicos y los derechos que en una democracia estable pueden ser confiablemente protegidos por la Constitución y por diversas instituciones independientes. La señal típica de que se ha iniciado una transición es que estos gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y grupos”.

   Si a esa caracterización nos atenemos, la transición mexicana habría comenzado en los gobiernos anteriores. Pero no ha desaparecido el riesgo de involución. El presidente actual conserva todas las facultades legales que, en ocasiones, algunos de sus antecesores emplearon de manera tan excesiva. El de las atribuciones presidenciales y sus posibles equilibrios es uno de los grandes temas en la discusión sobre el régimen político que deseamos construir.

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