Un país sin auténtico debate público

La Crónica, 10 de febrero de 2002

Con la misma veleidad que padecen casi todos los asuntos que desfilan por el escenario público mexicano –apenas se comienza a hablar de ellos cuando se les sustituye por nuevos temas sin que unos ni otros sean ventilados con seriedad y mucho menos resueltos– ahora se dice que la Constitución tiene que cambiar.

   Con la misma ligereza, a partir de diagnósticos tan categóricos como instantáneos se asegura que no deben existir más partidos políticos, que debe haber menos diputados o que el dinero para organizar las elecciones debe ser drásticamente reducido.

   Cada uno de esos temas amerita una discusión extensa e intensa. Sin embargo ninguno de ellos es abordado con la seriedad y ni densidad que requerirían sus implicaciones en la vida política mexicana.

   De la misma manera que se prescriben medidas como esas, posiblemente mañana se les desplace por temas de mayor actualidad o a los que, según el vértigo mediático de cada momento, se considere de mayor urgencia.

   La falta de coordenadas precisas, capaces de organizar la deliberación de los asuntos nacionales, constituye una de las principales pobrezas de nuestra vida pública. En vez de agenda política tenemos sobresaltos, muchos de ellos a partir de noticias policiacas, todos los días.

 

Ni pericia, ni proyecto

   La crispación del clima político ha sido culpa de todos los partidos. En cada uno de ellos hay fuerzas que apuestan a medrar en la confusión porque mas que propuestas políticas tienen ambiciones que, según esperan, resultarán más exitosas mientras más revuelto se encuentre el ambiente nacional.

   Pero de ese clima el gobierno tiene una responsabilidad específica. Aunque él mismo es víctima de la difuminación de los ejes del debate público el gobierno ha alimentado ese barullo con acusaciones infundadas, filtraciones interesadas y manteniendo la discusión de los más diversos asuntos en un nivel muy elemental.

   Esa es una de las consecuencias del poco oficio político de los actuales gobernantes. Pero sobre todo, es uno de los resultados de la ausencia de proyecto de país en el actual gobierno.

   La inexistencia de una idea clara sobre el México que quiere construir no significa que el gobierno no tenga intereses precisos, o que a su interior no haya funcionarios con una visión más amplia. Pero como institución, comenzando por la Presidencia, el gobierno actual sigue careciendo de principios claros acerca del sistema político y la política económica que busca establecer, o reforzar, durante esta administración.

   Impericia política y ausencia de proyecto, juntas, son factores que propician el desencuentro constante del gobierno respecto de las fuerzas partidarias.

 

¿Qué Constitución?

   Un ejemplo más en esa costosamente larga cadena de yerros se advierte en el discurso del presidente Vicente Fox el martes, cuando se conmemoraron 85 años de nuestra Constitución.

   El titular del Ejecutivo repitió allí su convocatoria a revisar la Carta Magna con un ánimo reformador tan insistente que ha podido pensarse en la renovación completa de la Constitución.

   Tal posibilidad, como se ha comentado, se está convirtiendo en proyecto estratégico del actual gobierno. A partir de la idea de que solamente con una nueva Constitución podrá considerarse que este ha sido un gobierno singular por su papel en la transición política, el presidente Fox está empeñado en llegar al final de su sexenio con una ley suprema distinta a la que hemos tenido desde 1917.

   Sin embargo, salvo unas cuantas propuestas peculiares, el gobierno no ha dicho qué Constitución quiere para México. No lo dirá porque no lo sabe. Y no lo sabe porque en la administración actual no existe una idea básica, compartida y consistente sobre el país que desean.

   El discurso del presidente en ocasiones como el 5 de febrero es fundamentalmente hueco porque, más allá de la retórica, no ofrece definiciones. No es el discurso de un estadista que oriente a su país con una visión de futuro. Tampoco el de un político que busque representar el interés general de la sociedad que gobierna con propuestas de reforma legal capaces de articular una mejor convivencia. Se trata de una colección de exhortaciones que, al menos hasta ahora, parecieran pretender fundamentalmente cambios cosméticos antes que de fondo.

 

Grandes cambios… sin miga

   El gobierno no ha querido (y quizá no ha podido) establecer los trazos básicos para una deliberación informada, responsable y creativa sobre la Constitución. En realidad prácticamente no hay asunto público cuya discusión, en los meses recientes, haya satisfecho esas condiciones.

   La reforma fiscal jamás se examinó con seriedad porque frente al fundamentalismo del gobierno federal que no quería modificar su propuesta originaria se levantaba el tráfico de intereses de partidos, legisladores, gobernadores y medios de comunicación. Cada quien defendía su parcela de querencias y conveniencias y nadie hizo un esfuerzo para articularlas en una discusión nacional.

   Las reglas pero sobre todo los compromisos para hacer política tampoco han sido tema de una deliberación de esa índole. Vaya, ni siquiera puede decirse qué sistema político quieren los partidos, los legisladores o el presidente. Sin proyectos de largo alcance varios de esos actores políticos piensan, entonces, en grandes cambios aunque no tengan miga.

   Crear una nueva Constitución parece gran empresa, digna de los mejores auspicios y cuyo desenlace constituiría una apuesta de largo alcance para cualquier gobernante o fuerza política.

   Pero sin idea de para qué la quieren, algunos de los promotores de esa nueva Carta Magna pueden quedarse con un enorme cascarón que se resquebraje por hueco, o con un el receptáculo de atropelladas propuestas no tengan coherencia entre sí y que afecten los imperfectos pero aun funcionales equilibrios del sistema político mexicano.

  

Congreso y reelección

   El presidente propone discutir seriamente la reelección de los legisladores para que estén más ligados a sus representados y a fin de que exista la carrera parlamentaria.

   Esa propuesta ha encontrado eco en fuerzas muy variadas y responde a problemas reales en la continuidad del trabajo parlamentario. Aunque contradice la no reelección que es principio casi sagrado –por mítico– de la cultura política nacional, la posibilidad de que senadores y diputados puedan repetir en esos cargos acaso permitiría que trabajasen con menos ineficiencia.

   Pero al mismo tiempo que se preocupa por reivindicarlo, el presidente Fox ha sido descortés con el Poder Legislativo cuando buscó que la sociedad presionara a los diputados y senadores a favor de la reforma fiscal en lugar de que el gobierno acordase con ellos los términos de los nuevos impuestos.

 

¿Cuántos diputados?

   Más allá de las propuestas explícitas del gobierno pero en coincidencia con el disgusto presidencial con los legisladores, en distintos sitios se ha propuesto que nuestro Congreso tenga menos diputados.

   En apariencia esa parece una propuesta interesante, sobre todo si se le ubica en el contexto de desprestigio que está definiendo la imagen pública de los legisladores. Si en una Cámara de 500 diputados se comenten tantas torpezas e improvisaciones como según parece perpetran esos representantes de la nación, quizá resultaría más saludable reducir la cantidad de ellos. Posiblemente 100 o 200 diputados hicieran menos daño que medio millar de ellos.

   Las cosas, sin embargo, no son tan simples. Es cierto que el trabajo de los legisladores ha dejado muchísimo que desear. Pero un balance de sus actividades tendría que tomar en cuenta lo que se hace en las comisiones y no solo en el pleno de San Lázaro. También hay que recordar las condiciones en que los diputados reciben iniciativas y los juegos de intereses a los que su trabajo queda sometido.

   Para definir si conviene que sean menos de los 500 que tenemos ahora sería preciso establecer qué diputados y qué Cámara queremos. Y para ello se necesita saber qué tipo de sistema político buscamos construir, en caso de que hayamos decidido que los lineamientos fundamentales del que todavía tenemos ya no le resultan útiles al país.

   Lo mismo puede decirse en el caso del Senado, para el cual distintas voces sugieren el retorno a la representación directa por cada entidad eliminando la presencia de legisladores de minoría. La actual composición de la llamada Cámara Alta es contradictoria y casi absurda: hay dos senadores por cada estado, otro de la primera minoría en cada entidad y un cuarto, de representación proporcional. Esa composición desvirtúa la función originaria del Senado y quizá sería pertinente modificarla. Pero proponer ese cambio al margen de una concepción más amplia del Poder Legislativo que México requiere ahora equivaldría a, solamente, colocar remiendos.

 

Contra los partidos

   Los partidos están hoy en el centro de la animosidad social. Es cierto que ninguno de ellos se ha encontrado a la altura de las responsabilidades que les imponen estos tiempos nuevos, de cambios y desafíos. Pero además existe una deliberada campaña, en ocasiones alentada desde el poder político, para desacreditarlos.

   Todos los partidos pero especialmente los tres de dimensiones nacionales han demostrado un comportamiento mezquino. Justo cuando el país requiere claridad y rumbo los dirigentes partidarios, lejos de contribuir a ello, han favorecido la confusión dentro de las élites políticas y en la sociedad misma. En cada uno de los partidos las disputas internas se han sobrepuesto a la elaboración de proyectos con horizonte.

   Son detestables y lastimosos, pero los partidos resultan indispensables en cualquier sociedad de masas que quiera dirimir de manera civilizada sus complejidades y dificultades.

   Ese es un principio que muchos de los personajes políticos más destacados no quieren advertir. Por una parte, excesos, dislates y insensateces contribuyen a que la sociedad tenga una impresión desfavorable de los partidos. Pero además la tarea de desacreditación mutua que dirigentes y operadores políticos han elegido como la vía primordial para dirimir sus diferencias, ha tenido como consecuencia el hastío ciudadano respecto de ellos.

 

Dos grandes déficit

   Está de moda pegarle a los partidos. Se lo merecen. Pero el cuestionamiento de los partidos que ahora tenemos y de los abusos y miserias de algunos de sus líderes no debiera conducirnos a creer que las organizaciones políticas son prescindibles.

   De los partidos, necesitamos tanto como de las reglas para las elecciones y tanto o más que del Congreso y el resto de los mecanismos de representación. Sin partidos no hay política por mucho que nos encontremos en la paradójica situación de que, aun sin política, tengamos partidos.

   El déficit principal, en esta materia, es de oficio y de ideas políticas. Sin el primero las divergencias se magnifican y en vez de  coyunturales parecen abismales y la ausencia de acuerdos sólidos impide que haya decisiones capaces de reformar la política o la economía.  Sin ideas políticas de largo aliento el intercambio entre los actores de la vida pública se limita a la reconvención, la confidencia o el encontronazo de cada día y el estruendo de las murmuraciones impide mirar más allá de los asuntos más inmediatos.

 

Sin dinero no hay política

   A partir de malquerencias similares hay quienes consideran que el dinero que la nación les da a los partidos es excesivo. Incluso, se sugiere que ya no deberían ser registradas más organizaciones de ese tipo. También se cuestiona, con mucha frecuencia, el presupuesto destinado a organizar las elecciones.

   Tras esas críticas suele haber una idea primitiva de los beneficios y costos en las actividades públicas. Como su desempeño no ha sido el que quisiera la mayoría de los ciudadanos (al menos de los ciudadanos que opinan) está llegando a ser costumbre considerar que los partidos son una carga de la cual el país debería abstenerse. Quizá es tiempo de que comiencen a depender también de las cuotas de sus militantes y de otras fuentes de apoyo que no impliquen compromisos ilícitos, pero es un hecho que los partidos requieren de financiamiento constante para no depender de fuentes de sustento oscuras como las que habría en el narcotráfico.

   Por eso los recursos destinados a los partidos no son un gasto prescindible sino una inversión indispensable. Lo mismo puede decirse de las nuevas organizaciones políticas. La inoperancia y complacencia del PAN, el PRI y el PRD solo podrá ser atenuada con el contrapeso que pueden constituir las organizaciones políticas que han solicitado el registro como partidos. Ninguna de ellas será una opción realmente nacional por lo menos en el futuro cercano y más de una parece más un negocio político personal que un partido digno de ese nombre. Sin embargo la diversidad política que ahora y más adelante exista en la sociedad mexicana no tendrá cauces si no es, aunque sea por la tortuosa y costosa vía del ensayo y el error políticos, en la construcción de partidos nuevos y el remozamiento de los que ya existen.

 

Ni discusión, ni contexto

   Nada de eso se discute con la amplitud e intensidad suficientes. Se habla de los partidos, general y explicablemente mal, sin reparar en la necesidad básica que tenemos de ellos. Se propone que haya menos diputados sin discutir para qué los necesitamos antes de precisar cuántos queremos que tenga el Congreso. Se dice que es posible hacer una nueva Constitución sin definir previamente a qué régimen político le daría reglas y sustento.

   Los partidos nada hacen para reivindicar un intercambio de ideas sólido y creativo. El gobierno parece haber renunciado a esa responsabilidad. Las alocuciones del presidente Fox ayer en su programa de radio y luego al recibir a un equipo de beisbol están repletas de exhortaciones voluntaristas para construir un gran país que ya es ganador en el exterior, para que cada quien ponga su granito de arena, a que todos paguen las nuevas tarifas de la luz. Todo eso puede ser necesario pero tales exhortaciones carecen del contexto que solo podría darles un gobierno con idea de qué nación, con quiénes y para quiénes, con cuáles rumbo y compromisos convoca a edificar.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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