Una pesadilla que crece

La Crónica, 13 de eneo de 2002

“Estar secuestrado es lo peor que le puede pasar a un hombre. Te denigran. Te hacen basura. Te golpean. Te vejan”.

   Marcado por los 36 días de secuestro que padeció, el empresario que le contó esa experiencia a Pablo Hiriart manifiesta una entendible amargura y una cólera irremediable. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años liberado pocos días antes de la conversación con el director de Crónica.

   Ese testimonio describe con toda crudeza la atrocidad que viven los secuestrados y sus familias. Cuando la extorsión ha finalizado muchas de las víctimas quedan con heridas físicas y emocionales que serán irreparables. También hay quienes no viven para contarlo.

   En la serie de reportajes que esta semana publicó Hiriart de afirma que desde 1995 en México se registran al menos mil 300 secuestros al año. No son plagios “express” que se resuelven en pocas horas y a los cuales las autoridades se resisten a considerar como secuestros con tal de no engrosar las estadísticas. Se trata de plagios de semanas y hasta meses que se convierten en todo el tiempo del mundo para quienes los padecen.

   Luego de ellos quedan el dolor, el miedo, las deudas financieras. Y la indignación profunda.

 

Miedo

   Al terminar la charla el ciudadano secuestrado, cuyo nombre no se revela, le pide al periodista que publique un texto que ha llevado escrito.

   Ese mensaje dice lo siguiente:

   “Cuando un gobierno no tiene la fuerza o la capacidad para preservar el estado de derecho ante la violencia, provoca la debilidad social, el temor, la desconfianza y la parálisis, al mismo tiempo que incita a que la ciudadanía se defienda por sí misma, lo cual lleva a la existencia de muchos pequeños Estados dentro de otro Estado, lo que significa el colapso de la legitimidad de éste”.

   En esas líneas, más allá de la tragedia personal que significan para centenares de personas y sus familias, se sintetiza el significado de los secuestros.

   Se trata de implicaciones que ni el gobierno, ni los partidos, ni los legisladores, han querido reconocer en toda su dimensión.

   Una sociedad infectada por los secuestros es una sociedad con miedo. Un país cuyos habitantes no saben cuándo serán víctimas de ese delito que los priva de libertad y bienes y a veces de sus vidas, puede convertirse en una nación sin credibilidad en sus instituciones básicas.

   Los secuestros, tanto aquellos que duran pocas horas como los que se extienden hasta varios meses, ya no atentan solo contra personas adineradas.

   Cualquier transeúnte, cualquier persona que viaje en su propio vehículo o que aborde un taxi puede ser víctima de un plagio. Salir a la calle en las principales ciudades de México se ha convertido en una aventura repleta de incertidumbres y no únicamente por las madrugadas o las noches.

 

Desconfianza

   La advertencia del ciudadano que le narró su secuestro al periodista Hiriart ameritaría reflexiones y decisiones serias por parte de nuestros principales gobernantes. Tanto quienes han sido víctimas de secuestros como quienes se indignan ante tales delitos comienzan a considerar que el Estado ha dejado de ser eficaz para impedir ese tipo de fechorías.

   El resultado de esa inermidad de las personas y las instituciones transita, sucesivamente, del miedo a la desconfianza y la irritación.

   De allí a la búsqueda de soluciones que trasgredan la legalidad no hay un gran paso.

   Si la gente se considera desprotegida por parte del Estado buscará cómo cuidarse a sí misma.

   Si los ciudadanos que han sido víctimas de delitos encuentran que sus agresores no son aprehendidos o que cuando lo son solamente reciben sanciones leves, es posible que algunos de ellos quieran buscar represalia por mano propia.

   No se trata de situaciones hipotéticas o extremas, sino de un riesgo que la sociedad mexicana está a punto de padecer, en caso de que no lo sufra ya. La creación de grupos ilegales y financiados por quienes han sido víctimas de secuestros ya no solamente es tema de películas acerca de vengadores anónimos. La posibilidad de que existan escuadrones clandestinos dedicados a tomar “justicia” por su propia mano ha dejado de preocupar solamente al sur de América Latina y comienza a ser considerada en México.

   La serie de reportajes que cometamos es aviso, quién sabe si todavía a tiempo, para atajar una oleada que rompería un orden legal que en muchas ocasiones las autoridades son las primeras en incumplir.

 

Incertidumbre

   La legitimidad en un sistema político democrático y moderno ya no depende solo de haber ganado las elecciones sino del consenso que constantemente manifiestan –o retiran– los ciudadanos. En una sociedad tan compleja y sometida a tantos vaivenes como la que tenemos hoy la legitimidad pasa por el bienestar de los ciudadanos, la imagen de los gobernantes, la eficacia de la administración pública y el efecto de los conflictos sociales, entre muchos factores.

   Pero uno de los afluentes principales de la legitimidad del poder político radica en las certezas que los ciudadanos puedan tener sobre sus vidas cotidianas. Contar con empleo, salud, vivienda y servicios básicos son requisitos para afianzar esas seguridades. La estabilidad de las personas y las familias es el principal factor de legitimidad y su ruptura siempre genera desequilibrios. Allí está, reciente y lacerante, el caso de Argentina.

   Las certezas cardinales que la gente requiere incluyen la seguridad sobre sus bienes y su integridad física. Por eso hoy en día, quebrantada esa certidumbre por las oleadas de delincuencia entre las cuales los secuestros a cargo de bandas organizadas constituyen uno de los agravios más notorios y ofensivos a la sociedad, allí se encuentra una de las principales fuentes de inestabilidad que tenemos en México.

   Se trata de un problema judicial, policiaco y legal. Pero también es político y alcanza una gravedad capaz de afectar la seguridad nacional.

 

Indignación

   Samuel, que es el seudónimo empleado para identificar al empresario entrevistado por Crónica, recuerda las conversaciones que tenía con sus secuestradores:

   “Me explicaban que lo hacían por negocio, que necesitaban dinero, que les había ido mal… Un rencor social bárbaro.

   “—¿Por qué no se dedican a otra cosa? ¿A robar, por ejemplo? —les preguntó Samuel—.

   “—Es más seguro secuestrar que robar. En los bancos ya hay mucho policía y en cambio usted va a estar aquí tranquilo unos días, el tiempo necesario hasta que se junte el rescate y no va a pasar nada.

   “—¿Cómo que no pasa nada? ¿No tienen miedo a que los detengan?

   “—A los que han agarrado es porque son pendejos. Nosotros no. Tenemos un buen comandante y no nos van a agarrar. Si te agarran repartes un billete y estás otra vez en la calle.”

   No se sabe si el “comandante” de esa banda de secuestradores era un ex jefe policiaco o incluso uno que estuviera en activo, pero en numerosos secuestros se ha comprobado que los cabecillas de tales grupos tienen o han tenido experiencia en corporaciones judiciales.

   Ex policías destituidos o retirados y también comandantes que aprovechan su investidura judicial para delinquir con impunidad, han sido identificados como miembros de pandillas de secuestradores.

 

Soluciones

   Allí se encuentra el rasgo más agraviante de la industria ilegal y devastadora que ha llegado a constituir el secuestro.

   Allí está, también, el principio de una solución a fondo en el combate a ese delito.

   ¿Cuántos pueden ser los policías y especialmente jefes policiacos que han salido de distintas corporaciones y que potencialmente podrían alimentar y hasta encabezar bandas delictivas?

   Sin lugar a dudas la mayoría de ellos son mexicanos honestos. El hecho de haber sido policía, o de serlo en activo, no es sinónimo de ser delincuente. Al contrario, si el crimen no se ha extendido más es por el empeño de miles de servidores públicos que trabajan en corporaciones de seguridad de manera responsable y honesta.

   Pero es un hecho que bandas como las de secuestradores se alimentan, en alguna medida, con la participación de policías o ex policías.

   ¿Qué tan difícil es establecer un servicio de auténtica inteligencia (que reúna todas las implicaciones de ese término) capaz de dar seguimiento a las actividades de quienes han pasado por corporaciones policiacas y de quienes ahora tienen alguna responsabilidad en ellas para identificar a quienes cometen delitos?

   ¿Cuánta gente se necesitaría para encargarse de ese rastreo de manera profesional y con resultados eficaces? Seguramente mucha menos de la que el Estado emplea para tareas de menor urgencia.

   Por lo general los grupos policiacos destinados a delitos especializados como los secuestros tratan de resolver las fechorías cuando son cometidas. Eso es importante pero también es necesario que exista una actitud preventiva, capaz de identificar y combatir a las bandas criminales antes de que cometan delitos.

   Cuando hablamos del Estado nos referimos al gobierno federal pero también a todos los niveles de la administración pública. El del crimen organizado que se expresa en delitos como el secuestro constituye un reto a todos los partidos, al Congreso, al gobierno en todos sus rangos. Hasta ahora no parece que el Estado mexicano haya asumido la dimensión de tal amenaza.

 

Ineptitudes

   No sabemos cuántos secuestros se comenten en México. No existen datos oficiales claros. Tampoco se cuenta con una definición precisa de qué ha de entenderse por secuestro en la elaboración de esas estadísticas.

   En sentido estricto secuestro es la privación de la libertad de una o más personas para, a cambio, obtener dinero o cualquier otra cosa. Son secuestros las retenciones de varias semanas lo mismo que las de algunas horas.

   Los datos oficiales podrían distinguir entre la duración de los secuestros pero no enmascarar los llamados plagios “express” en el rubro de asaltos callejeros.

   Las estadísticas también son insuficientes porque mucha gente decide no presentar denuncias judiciales. En casi todos los casos el trámite en la delegación policiaca es tan tortuoso e incluso vejatorio como el delito que acaba de padecer la víctima de un secuestro.

   A la ofensa que significa haber sido privado de la libertad, casi siempre en medio de amenazas, incertidumbre y golpes, el secuestrado tiene que someterse a la indolencia, la ineptitud y a veces la corrupción que hay en las oficinas de los ministerios públicos.

   En la edición de enero de la revista Arcana el analista político Ricardo Becerra cuenta la experiencia del secuestro que sufrió durante varias horas y las vicisitudes que, después de ese agravio, tuvo que padecer para levantar la denuncia judicial.

   La gran mayoría de las personas que han sufrido un secuestro y que por necesidad o convicción denuncian el delito han debido sobrellevar desgracias similares.

 

Incremento

   Por eso no sabemos con claridad de qué tamaño es la industria del secuestro en México.

   El reportaje publicado esta semana menciona datos de la empresa Comunicación y Análisis de México que considera que entre 1980 y 1994 tuvimos cerca de dos mil secuestros en México; es decir aproximadamente 140 cada año. Se trata de plagios de varios días, no de secuestros rápidos.

   A partir de 1995 los secuestros aumentaron para, según esa fuente, llegar a un promedio de mil 300 cada año.

   Por otra parte la Coparmex, fundamentalmente a partir de información hemerográfica, hizo un cómputo de 428 secuestros tan solo entre enero y agosto de 2000. Esos datos no toman en cuenta los muchos plagios que no son denunciados y no llegan a ser conocidos en la prensa.

   Noventa y dos de esos secuestros, el 21.5%, se cometieron en el Distrito Federal. El segundo sitio en incidencia de ese delito lo ocupó Oaxaca con 52 casos (el 13.6%). Luego se encontraban el estado de México con 41 secuestros, Sonora con 38, Guerrero con 34, Baja California con 27 y Jalisco con 23.

   Son, insistimos, datos parciales. El secuestro ha crecido en medio de la oscuridad, pero no pasa desapercibido para los ciudadanos.

   A veces tiene consecuencias irreparables. El mencionado reportaje informa que tan solo entre enero y abril de 2001 se supo de 12 secuestrados que fueron asesinados por sus plagiarios.

 

Impunidad

   Ese delito no habría crecido si no fuese por la impunidad que suelen disfrutar quienes lo cometen.

   Se trata, como refiere el testimonio que transcribimos antes, de un delito que implica pocos riesgos para los delincuentes. Es más fácil secuestrar a una persona que asaltar un banco. Pero eso se debe a la lentitud y en ocasiones la indiferencia o desidia de las indagaciones policiacas. Luego, en no pocas ocasiones los delincuentes, si llegan a ser aprehendidos, se benefician de sentencias a la ligera o  condescendientes con ellos.

   El multicitado reportaje menciona la pesadumbre del dueño de una pequeña empresa de xerografía a quien secuestró un ex policía judicial del DF. Como su esposa no reunió todo el dinero que querían, los plagiarios lo dejaron libre para que juntase una cantidad superior. El ex secuestrado comenzó a ser extorsionado para pagar nuevas cantidades hasta que fue a la policía y la banda fue aprehendida con todo y su jefe, Francisco David Piña. Poco después la juez Martha Salgado Román, de Ciudad Nezahualcóyotl, los sentenció pero solamente a 3 años de cárcel. Ahora el secuestrado y extorsionado vive con el temeroso de la excarcelación de sus plagiarios, dentro de un año.

 

Desarticulación

   Casos como esos explican, aunque no justifiquen, la reacción del empresario entrevistado por Hiriart. Aunque su familia presentó una denuncia judicial ni siquiera ha sido llamado a declarar.

    “ ‘No va a quedar de otra’, dice con una furia fría que le sale del alma: ‘habrá que contratar gente y ponerse a matar cuates de esos. Las autoridades no dejan de otra’”.

   Claro que habría de otra. Pero para eso sería indispensable que el combate a la delincuencia y específicamente al secuestro fuesen asumidos como prioridades de Estado.

   Eso no está ocurriendo ni en las decisiones presupuestales del Congreso destinadas  la acción de la justicia, ni en la atención que el gobierno ofrece a las áreas dedicadas a la seguridad pública, ni en las preocupaciones centrales de los partidos políticos.

* * *

   Esta semana recibimos el siguiente correo electrónico:

   “¡Protesta! ¡protesta! ¡protesta! Yaaa basta! Paro nacional contra el secuestro. Hoy fui yo  el secuestrado mañana serás tú. No tenemos libertad en el país: los secuestradores te vigilan, saben cuánto tienes, todo lo que haces, cuántos hijos tienes, tu e-mail, las rutas que tomas diariamente, y finalmente secuestran, le quitan la libertad a alguien que amas y tu familia se acaba física, emocional y económicamente y… para siempre.

   “Necesitamos un México unido… con valores humanos: únete , hazlo por ti, por tu familia…. tu libertad”.

   Más adelante se dice:

   “Esta protesta no tiene fines políticos, es por ti, tu familia, tu seguridad, una verdadera libertad.

   “Exigimos: que los busquen, los encuentren de inmediato. Los secuestradores nos esconden como cucarachas en sótanos. Con nuestro dinero compran armas ilegales. Se convierten en grupos poderosos (más armas, más dinero) y quizás de la noche a la mañana tengan un negocio como el tuyo, que a ti te costo tu trabajo, tu esfuerzo… Tu vida”.

   El correo, anónimo, llama a un “paro nacional” para uno de los próximos días. No tendrá tales consecuencias porque se trata de una campaña modesta, pero la sola proliferación de convocatorias de esa índole, que no resuelven nada por sí mismas, expresa un desasosiego que el Estado no está siendo capaz de resolver. En ese vacío –profundizado por el miedo y la cólera– la confusión y la desarticulación sociales pueden crecer más de lo que quizá imaginamos.

 

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