Entre la notoriedad y la legalidad

La Crónica, noviembre 9 de 2003

Emocionados y orgullosos, varias docenas de ciudadanos recorrieron ayer la antigua cárcel de Lecumberri. Convertido ahora en Archivo General de la Nación, las crujías del viejo Palacio Negro que antaño alojaron a millares de presos hoy guarda parte de la historia del país.

   Había muchos prisioneros recluidos de manera injusta en aquel Lecumberri. Varios centenares de quienes allí estuvieron confinados entre los años sesenta y setenta eran presos políticos. Algunos fueron ayer a encontrarse con su memoria, en el edificio en donde estuvieron ilegalmente durante años.

   La reunión que ayer se realizó en el ahora Archivo General no tenía propósitos académicos, ni conmemorativos. Entre los asuntos que discutieron esos ex presos políticos se encuentra el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, algunas de cuyas denuncias resultaron favorecidas por la decisión que tomó el miércoles la Suprema Corte.

   Como es sabido, una sala del máximo organismo judicial del país estableció que el delito de secuestro cometido por servidores públicos no prescribe mientras la víctima no haya sido encontrada. Esa resolución permitirá que se reinicie el juicio acerca de la desaparición en 1975 del joven Jesús Piedra Ibarra. El juez de Monterrey que hace medio año consideró que ese asunto no podía ser sancionado porque el delito había prescrito, tendrá que revisar nuevamente las evidencias que ha recibido.

 

Razonable exigencia

   La Fiscalía Especial ha consignado a tres personas por la desaparición de Piedra Ibarra. Uno de ellos es el ex titular de la antigua Dirección Federal de Seguridad, el capitán Luis de la Barreda Moreno.

   El hecho de haber estado a cargo de esa dependencia, a la cual se atribuyen abusos numerosos, ha bastado para que muchos ciudadanos consideren que De la Barreda fue culpable de la desaparición de Piedra Ibarra. Sin embargo la aplicación de la justicia no tiene derecho a sustentarse en presunciones sino en hechos comprobados.

   Hasta ahora no se conoce un solo testimonio de personas que digan haber sido tratadas con abusos por parte de ese ex jefe policiaco a diferencia del ex comandante Miguel Nazar Haro, otro de los inculpados por la desaparición de Piedra Ibarra y cuya sevicia y cobardía cuando maltrataba a detenidos por motivos políticos ha sido narrada por algunas de sus víctimas.

   Quizá De la Barreda Moreno haya cometido excesos cuando encabezó a la Dirección Federal de Seguridad. No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que, hasta la fecha al menos, no existe una sola evidencia que indique que haya sido responsable del delito que le imputa la Fiscalía Especial.

   Todos los ciudadanos que ayer se congregaron en Lecumberri quieren que se haga justicia en los delitos cometidos contra ellos mismos, y muchos otros mexicanos, en los tiempos en que la disidencia política a menudo era castigada con persecuciones, encarcelamientos y desenlaces aun peores. Un amplio y vigoroso segmento de la sociedad mexicana los respalda en esa compartible exigencia.

   Seguramente no son pocos quienes, entre esos ciudadanos, creen que De la Barreda Moreno es culpable del delito por el cual se reabrirá el juicio en su contra. Algunos se alegrarían si a ese ex funcionario se le castigara, creyendo que de esa manera se comienza a hacer justicia contra los culpables de abusos como los que ellos mismos padecieron.

   Sin embargo, precisamente porque lo que buscan es justicia y no el escarmiento en contra de chivos expiatorios o incluso la sanción a personas inocentes de los delitos que les imputan, esos ciudadanos y quienes comparten sus puntos de vista tendrían que fijarse en las irregularidades y lagunas que hay en la acusación contra De la Barreda Moreno.

 

Indagación de la CNDH

   La averiguación de la Fiscalía Especial acerca de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra está apoyada en el extenso trabajo de investigación que presentó hace dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El “Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80” que la CNDH entregó el 27 de noviembre de 2001 al presidente de la República contiene los resultados de una minuciosa investigación que incluyó tanto la recuperación de documentos de los años en que se cometieron aquellos delitos como el testimonio de algunos de quienes los cometieron o presenciaron.

   Allí se indica que Piedra Ibarra, que utilizaba el seudónimo “Rafael” y llevaba varios años en la clandestinidad, participando en el “Comité Estudiantil Revolucionario de la Liga Comunista 23 de Septiembre” fue detenido el 18 de abril de 1975 –aunque hay varias versiones sobre la fecha exacta– en Monterrey.

   Hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, la exigencia por la presentación de ese joven, o el castigo a quienes pudieran haberlo asesinado, ha sido emblemática de la perseverante lucha de los familiares de desaparecidos políticos.

   Durante ya más de un cuarto de siglo la señora Ibarra ha sostenido que a su hijo lo secuestraron en Monterrey y de allí lo llevaron al Campo Militar Número Uno. En las denuncias que reiteró durante ese tiempo no mencionaba a De la Barreda Moreno.

   Tampoco se involucra a ese ex titular de la DFS en la queja con la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió formal aviso de la desaparición de Jesús Piedra.

   En el expediente integrado partir de la queja que presentó el “Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México” –más tarde llamado Comité Eureka– en el que doña Rosario Ibarra ha participado de manera muy destacada, se sintetizan los hechos conocidos y denunciados por la familia de Jesús Piedra:

   “…el 18 de abril de 1975, el señor Jesús Piedra Ibarra fue detenido en Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León al mando de Carlos G. Solana Macías, agentes que intervinieron en la detención: Javier Cortés, Manuel Meuriez, Gustavo Melo Palacios, Donato Granados Cuevas, Pedro Canizales y Ariel Salazar Castañeda, en cuyo rancho en el ejido ‘Los Remates’ fue torturado Jesús, hecho que le valió un ascenso a Salazar Castañeda”.

 

La detención

   Participante en la Liga 23 de Septiembre, Piedra Ibarra era buscado por delitos como el asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada –que murió en 1973 cuando un comando de ese grupo intentaba secuestrarlo–. La casa de seguridad en donde vivían Piedra y otros de sus compañeros estaba vigilada. Su detención, de acuerdo con el expediente de la CNDH, ocurrió de la siguiente manera:

   “Según testigos, Jesús fue sorprendido por la espalda por uno de los agentes mencionados que le cubrieron la boca y sujetaron fuertemente sus brazos por la espalda mientras los demás le golpeaban con los puños y las cachas de sus armas, Jesús se defendió cuanto pudo, mordió la mano que cubría su boca, pero al fin fue subido por la fuerza a un vehículo y conducido al parecer a las oficinas de la Judicial del estado”.

   No hubo notificación oficial de esa detención, pero dos meses más tarde los padres de Piedra Ibarra se enteraron de que su hijo había sido llevado a la ciudad de México.

   Continúa el mencionado documento: “El 18 de junio de 1975 sus familiares supieron a través de una fuente de probada credibilidad que Jesús estaba en el Campo Militar Número Uno, repuesto de las salvajes torturas a que fue sometido. Permaneció allí hasta finales de 1976, fecha en que fue conducido a Santa Martha Acatitla en compañía de otros prisioneros de la misma categoría, es decir, detenidos-desaparecidos”.

   Alentados por la esperanza de que se mantuviera vivo y al parecer documentándose en versiones privadas, cuya fuente no mencionan, los amigos y familiares de Piedra Ibarra aseguraban que había datos sobre su paso por diversas prisiones.

   En el expediente de la CNDH se dice: “Posteriormente se supo de diversos traslados a varias cárceles clandestinas en el país, siendo posible obtener la última información en enero de 1984, en el sentido de que se encuentra en una cárcel clandestina en el Distrito Federal. Esta información no ha sido debidamente corroborada como las anteriores, las cuales fueron proporcionadas por muchos testigos amigos de la familia de Jesús”.

 

Judiciales y Ejército

   Visitadores de la CNDH revisaron documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, acerca de la detención y el posterior paradero de Piedra Ibarra. En el informe que ofrecieron después de consultar 532 fichas individuales y 150 expedientes con un total de 41 mil 200 páginas, se mencionan los interrogatorios a los que Piedra fue sometido en Monterrey. También hallaron documentos en el Archivo General de la Nación y recogieron el testimonio de tres ex agentes que habrían participado en la detención. Aunque en esos documentos se mencionan oficios dirigidos al entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad en ningún sitio se dice que De la Barreda Moreno fuese responsable de la custodia de Piedra Ibarra.

   Es evidente que el hijo de la señora Ibarra de Piedra, a juzgar por esos testimonios, fue detenido de manera ilegal. El hecho de que se le acusara de cometer delitos graves, entre ellos presuntos homicidios, no justificaba la comisión de arrestos ilícitos.

   La indagación de la CNDH y ahora la denuncia de la Fiscalía Especial fincan en la Dirección Federal de Seguridad la presunta responsabilidad por la desaparición de Piedra Ibarra debido a que varios agentes de esa dependencia habrían participado en la detención y los interrogatorios a ese militante de la 23 de Septiembre.

   Sin embargo en esos documentos también se indica que en tales operaciones también intervinieron elementos del Ejército Mexicano adscritos a la Séptima Zona Militar. Además se menciona la versión de que a Piedra se le vio en el Campo Militar Número Uno.

   Habiendo sido dos las dependencias del gobierno federal que participaron en la detención y, aparentemente, en la posterior custodia de Piedra, llama la atención que solo se busque fincar responsabilidades en miembros de una de ellas.

 

Contradictorias versiones

   Algunos informes aseguran que Piedra Ibarra se encontraba libre, a incluso fuera del país, años después de aquellos acontecimientos. Puede tratarse de errores e incluso de versiones fantasiosas. De hecho, resultaría muy extraño que a Piedra Ibarra el gobierno federal lo hubiese liberado sin mayor explicación después de la detención de abril de 1975.

   Pero se trata de versiones obtenidas en el transcurso de una investigaciones oficiales y al parecer no se les dio el mismo seguimiento que a otras vertientes de esa indagación.

   En los documentos de la CNDH se informa de la existencia de un expediente fechado el 14 de julio de 1977, dirigido al entonces titular de la DFS, en donde se indica:

   “Tampico. El personal de la maderería ‘La Consolidada’ de esta ciudad, sobre todo dos cajeras y el gerente de dicha empresa […] identificaron como presuntos asaltantes de la maderería y del Banco Nacional de México (camioneta), identificaron a José Luis Carrillo Gutiérrez y Jesús Piedra Ibarra, como participantes en ese asalto (sic)”.

   Otro documento, del 11 de mayo de 1980, informa:

   “Monterrey. El día 11 del presente, en el periódico local El Norte, se publicó una nota con el siguiente encabezado: ‘Piedra, es parecido al Comandante 1’, cuyo texto es el siguiente: Varios fisonomistas, dijeron encontrar un gran parecido de Jesús Piedra Ibarra, con el Comandante 1, jefe de los guerrilleros colombianos del grupo M-19 […] el parecido es extraordinario (sic)”.

   Los sics aparecen en el expediente de la CNDH que, más adelante, indica:

   “Resulta oportuno señalar que dentro de las constancias que a esta Comisión Nacional obsequió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, se encuentra la ficha de identificación personal del señor Jesús Piedra Ibarra, de cuyo contenido se transcribe sustancialmente lo siguiente:

   “Fue detenido en Monterrey, Nuevo León, el 19 de abril de 1975. Presuntamente fue identificado como el Comandante 1, jefe de los guerrilleros colombianos del grupo M-19, según publicó el periódico El Norte de Monterrey el 12 de mayo de 1980. Miembro de la Coordinadora Nacional de la Liga Comunista ‘23 de Septiembre’”.

 

Un Acta desdeñada

   No es intención de este recuento señalar que Jesús Piedra pudiese estar vivo. No lo sabemos, de la misma manera que no hemos encontrado evidencias que inculpen a De la Barreda Moreno. Sin embargo no deja de resultar inquietante la posibilidad de que algunas pistas de investigación sobre el paradero de aquel militante de la Liga 23-S hayan sido desdeñadas, sin justificación, tanto por los investigadores de la CNDH como por la Fiscalía Especial.

   Aparentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos supo hace seis años otra hipótesis sobre Piedra Ibarra que ni siquiera fue incorporada al expediente sobre la desaparición de ese ciudadano. Existe la versión de que dos visitadores adjuntos del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos se presentaron el 10 de junio de 1997 en el penal de San Luis Río Colorado, Sonora, para reunir información sobre tres personas. Dos de ellas habían estado detenidas en ese reclusorio.

   Cuando los visitadores Rafael Vázquez García y Víctor M. Valverde Luna conversaron con el director del penal, Gilberto Vázquez, se encontraron con una información que no habían buscado. Ese funcionario les dijo que a partir de un amigo suyo, cuyo hermano había sido preso político, supo que Piedra Ibarra podría estar con vida. Según esa versión, además de las amnistías que fueron públicas a fines de los años setenta el gobierno de José López Portillo resolvió excarcelar de manera no oficial a varios presos por motivos políticos a quienes comprometió para que abandonaran el país. Gracias a esa medida Piedra Ibarra, siempre según tal versión, podría encontrarse en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago.

   Esa información aparece en el “Acta circunstanciada” firmada por las mencionadas personas, que se identifican como visitadores de la CNDH. Hace un par de días un lector de esta columna nos envió un facsímil de ese documento. No podemos dar fe de su autenticidad pero si la Comisión Nacional contó con esa información y no la incluyó en el expediente sobre Jesús Piedra, habría dejado de atender a una vertiente en la indagación sobre el hijo de la señora Rosario Ibarra.

 

Dudosa culpabilidad

   En la acusación contra De la Barreda Moreno, como en cualquier otra, lo menos que se puede exigir es que la ley sea cumplida de la manera más cuidadosa. En este caso hay una enorme carga de ideologización que podría desviar el rumbo de la justicia si los responsables de aplicarla atienden más a la presión social y en los medios que a las pruebas y certificaciones que se logren documentar.

   No sabemos si De la Barreda Moreno es inocente. No nos toca a nosotros establecerlo. Pero, como se ha dicho antes, hasta ahora no se han conocido evidencias de su culpabilidad.

   Ciudadanos como los que ayer se reunieron en Lecumberri y que durante varios años padecieron las consecuencias de una presunta legalidad, amañada y torcida, harían honor a sus convicciones democráticas si reflexionaran sobre la injusticia que se puede cometer cuando, en vez de pruebas fundadas, se establecen sentencias orientadas por el veleidoso tribunal de la opinión pública.

   Igual que ellos, las autoridades judiciales que revisen este caso tendrían que distinguir entre una actuación que otorgaría notoriedad y sería en apariencia políticamente correcta –pero no necesariamente fundada en el Derecho­– y el cumplimiento estricto de la ley.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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