Chivo expiatorio

La Crónica, 16 d ejunio 2004

A Luis de la Barreda Moreno, quien fuera director Federal de Seguridad a mediados de los años setenta, “se le persigue injustamente sólo por presiones políticas”. Esa es la acusación que presenta su hijo, el prestigiado abogado Luis de la Barreda Solórzano en un documento que entregó ayer a los medios de comunicación.

   Quienes consideren que únicamente la solidaridad filial motiva esa imputación contra la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, tendrían que considerar con serenidad y seriedad los categóricos argumentos que presenta ese alegato.

   A De la Barreda Moreno se le acusa de la desaparición, en abril de 1975, de Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. El magistrado Isidro Gutiérrez, a petición de la mencionada Fiscalía, expidió orden de aprehensión contra ese ex funcionario asegurando que Piedra “al parecer estuvo privado de su libertad” en el edificio ubicado en Avenida de la República número 20, esquina con Ignacio Ramírez, en la ciudad de México. Allí, se afirma, se encontraba “la extinta Dirección Federal de Seguridad”.  

   La Fiscalía realizó en ese sitio una prueba ocular que presentó como respaldo de la acusación. Sin embargo la defensa de De la Barreda Moreno ha demostrado, con documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación, que en abril de 1975 la DFS no estaba ubicada en ese domicilio. Así que si las oficinas de esa dependencia no se encontraban en el sitio que señalan el fiscal y el juez –sino lejos de allí, en la colonia Roma– se desbarata la acusación contra el ex director Federal de Seguridad.

   La Fiscalía presentó un documento fechado en abril de 1975 y atribuido a De la Barreda Moreno en donde se dice que Piedra Ibarra había sido aprehendido en Monterrey. La defensa ha explicado que ese informe no demuestra que el detenido hubiera sido traído a la ciudad de México ni interrogado por el entonces titular de la DFS.

   A De la Barreda Moreno se le acusa de privación ilegal de la libertad. Sin embargo esa es una falta que solo podía ser cometida por particulares y no por un funcionario público. Además la detención de Piedra fue legal porque había una orden de aprehensión en su contra. Al ser detenido llevaba una pistola, lo cual constituía por sí mismo un delito.

   Todo parece indicar que el 18 de abril de 1975 agentes de la policía judicial de Nuevo León detuvieron a un individuo que se pensó era Jesús Piedra. Sin embargo no hay la certeza de que se hubiera tratado de ese guerrillero. Un informe de la PGR, expedido casi cuatro años después, asegura que en febrero de 1975 Piedra había sido recogido por varios de sus compañeros al quedar muy herido en un tiroteo en Monterrey. Quizá murió a consecuencia de ese incidente.

   El documento que comentamos apunta numerosas contradicciones en la acusación y en la orden de aprehensión que dictó el magistrado Gutiérrez. Allí se asegura que ese funcionario judicial, “presenta notorio deterioro senil en sus facultades mentales y pasó a retiro en cuanto emitió la resolución”. Tales irregularidades ameritarían que a De la Barreda Moreno se le concediera el amparo que ha solicitado.

   Ahora la Fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto es acusada de actuar con criterios de conveniencia política y no apegándose a la ley como es su responsabilidad. El doctor De la Barreda Solórzano recuerda que hace poco más de un año se publicó el testimonio de las agentes del Ministerio Público Antonieta Martínez Valdez y Evangelina Díaz Rodríguez, que estaban adscritas a la mencionada Fiscalía pero pidieron ser ubicadas a otra área de la PGR. Ellas denunciaron que funcionarios de la Fiscalía intentaban tergiversar las declaraciones de testigos y denunciantes para que se ajustaran a las versiones que sus altos mandos creían convenientes.

   Las anomalías que se advierten en ese proceso judicial confieren sustento a esta dura recriminación: “A Luis de la Barreda Moreno se le persigue penalmente porque, habiéndose convertido el ajuste de cuentas con el pasado en razón de Estado para demostrar que el gobierno del cambio ha roto con el ayer autoritario, se le eligió como chivo expiatorio”.

 

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