Golpistas

La Crónica, septiembre 9 de 2004

Al mismo tiempo que la petición para retirarle el fuero quedaba inevitablemente en manos de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador encontró un enunciado cómodo, contundente y eficaz para describir –desde su punto de vista– la situación en la que dice lo han colocado.

   Se trata, dijo ayer el jefe de Gobierno, “de un intento de golpe de Estado”.

   Así nomás. Pero ni el Zócalo no está ocupado por tropas de asalto dispuestas a deponer al jefe de Gobierno del DF, ni los ciudadanos hemos padecido la suspensión de garantías individuales.

   Nade de eso ocurre aunque la sola mención de tan drástico y categórico vocablo remite a experiencias siempre indeseables a las que sería mejor no invocar, ni siquiera forzando ese término como hace López Obrador.

   El uso embustero pero por lo visto útil de ese término se le ocurrió al abogado Javier Quijano Baz que, el martes, lo empleó en un artículo en el diario Milenio. El mismo texto apareció reproducido como desplegado ayer en ese periódico.

   La tesis de Quijano es tan peregrina como estridente. Después de dedicar varias líneas a considerar que ya es tiempo de darle a las palabras su auténtico valor –aunque luego es notoriamente inconsecuente con ese afán– ese abogado considera que el desafuero al que se pretende someter a López Obrador “es un liso y llano golpe de Estado: un vulgar y corriente golpe palaciego”.

   Más adelante el autor de ese texto se extravía en consideraciones acerca de la competencia del Congreso para retirarle sus derechos políticos a un ciudadano que ha sido electo a un cargo de responsabilidad. Y finalmente considera que el desafuero sería golpe de Estado porque al gobernante afectado por esa medida le impediría postularse a otro cargo de elección “sin ser juzgado, sin ser oído, sin oportunidad de defensa alguna”.

   El hecho de que López tenga simpatizantes que con tal de propagandizar sus puntos de vista acudan a un empleo ligero y precipitado de conceptos cuyo manejo exige alguna seriedad, no es sorprendente. Uno de los efectos de la demagogia es que se vuelve contagiosa. Pero que un abogado de prestigio como el licenciado Quijano diga de manera tan gratuita que estamos ante un golpe de Estado es expresión del deterioro que padecemos en el debate acerca de los asuntos públicos.

   Quijano no es especialista en ciencia política sino abogado. Pero esa perspectiva profesional no lo exime de la responsabilidad de ser riguroso cuando emplea términos de una disciplina distinta a la suya.

   En la bibliografía más seria y en las más variadas experiencias nacionales, el golpe de Estado se encuentra asociado: a) al desplazamiento o la sustitución, por vías ilegítimas, de un gobierno o un gobernante; b) a la actuación de órganos o integrantes del Estado en esa operación espuria; c) a la ruptura del orden constitucional y d) a la búsqueda del poder político a través de ese mecanismo.

   Esas son constantes que pueden encontrarse en numerosas definiciones de golpe de Estado. No tiene que tratarse de una acción violenta, pero sí implica el quiebre de la legalidad desde el seno mismo del poder político.

   Nada de eso está ocurriendo en México con motivo de la denuncia que podría llevar al desafuero de López Obrador. No se le busca sustituir, ni se trata de una maniobra ilícita. Al contrario. Ante una decisión judicial que pone en duda el cumplimiento de la ley por parte del jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados tiene que determinar si ese funcionario debe quedar a disposición de un juez.

   No está a discusión si López incumplió la ley. Él asegura que no lo hizo. Un juez consideró lo contrario. La única forma de resolver esa diferencia es permitiendo que tenga libre cauce la aplicación de la justicia.

   Hay quienes consideran que el delito por el que se acusa al jefe de Gobierno es tan pequeño y las consecuencias del desafuero serían tan grandes que lo mejor es no profundizar en ese litigio. No sería la primera vez que una decisión política se sobrepusiera a la aplicación de la justicia. Pero por esa vía el orden jurídico quedará avasallado por consideraciones políticas.

   No es verdad, como dice Quijano, que a López Obrador se le sustraería el derecho a defenderse. Al contrario: para eso precisamente –para que compareciera ante un juez– sería la decisión de retirarle la inmunidad constitucional en caso de que los diputados encuentren motivos suficientes.  

   Eso no es golpe de Estado sino, al contrario, la aplicación de un procedimiento previsto por la Constitución. Golpe de Estado es una expresión a la que sería saludable referirse con escrupulosidad, sin dejarla al garete de la propaganda política ni en la imprecisión del arrebato retórico.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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