Justicia y genocidio

La Crónica, 26 de julio de 2004

En parte, el fracaso inicial del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para que fueran atendidas sus consignaciones contra los que considera responsables del crimen del 10 de junio de 1971 se debe al exiguo margen jurídico con que debió enfrentar ese asunto.

La extravagante acusación de genocidio, aparentemente fue la fórmula menos peor que encontró Carrillo para fincar responsabilidades contra antiguos funcionarios como el ex presidente Luis Echeverría.

Lo más directo e incuestionable –independientemente de quiénes hayan sido responsables de aquellos hechos– era la imputación de homicidio. Pero ese cargo se enfrentaba a la resolución que expidió en noviembre de 1982 la Procuraduría General de la República en donde se consideraba que ya había transcurrido el plazo que indica la ley para considerar la prescripción de un delito.

Quizá por eso el titular de la fiscalía de extenso nombre pero que todos identifican con la persecución de delitos políticos cometidos en el pasado por funcionarios públicos, optó por la acusación de genocidio que ha resultado tan discutible.

En la discusión jurídica y política internacional hay diferencias sobre los crímenes que han de considerarse como genocidio.

Cuando se recuerdan episodios de la historia de la humanidad en el siglo que concluyó hace poco, resulta incuestionable cuándo han ocurrido casos de esa índole.

Genocidio fue la aniquilación de entre uno y dos millones de cristianos armenios en el antiguo Imperio Otomano (luego convertido en Turquía entre 1915 y 1923.

Genocidio fue el asesinato de alrededor de varios millones de ucranianos y campesinos de varias nacionalidades (algunas fuentes indican que fueron 20 millones de personas) en los años 30, durante el terror estalinista en la Unión Soviética.

Genocidio fue, sin lugar a dudas, el exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos y 5 millones de personas más a cargo de los alemanes nazis en la primera mitad de los años 40.

Genocidio hubo en Camboya, entre 1975 y 1979, cuando el Khmer Rojo asesinó a entre uno y tres millones de opositores, entre ellos miembros de las minorías vietnamitas y budistas.

Genocidio fue la muerte, entre los años 70 y 90, de 800 mil personas en el Timor Oriental y las islas indonesias.

Genocidio fue el asesinato, en Ruanda, de entre 500 mil y un millón de miembros del grupo tutsi a manos de miembros del grupo hutu. Eso ocurrió hace exactamente 10 años.

Genocidio ha sido la liquidación de 2 millones de personas en Sudán desde hace veinte años por motivos étnicos y religiosos.

Considerar, frente a esos episodios, que los crímenes del 10 de junio de 1971 constituyeron un acto de genocidio, puede resultar un exceso. Al genocidio no lo define la cantidad de víctimas, sino la intención de exterminar a un grupo específico de la población.

Los argumentos del fiscal Carrillo Prieto para calificar así a esos acontecimientos son controvertibles. Difícilmente se puede sostener que el gobierno de Echeverría quería exterminar a los estudiantes de educación superior cuando, quizá, nunca en la historia de México las universidades públicas crecieron tanto como a principios de los años 70.

En todo caso, deliberar si aquel sombrío 10 de junio hubo o no genocidio se puede convertir en una manera, voluntaria o no, de enmascarar la discusión necesaria sobre esos hechos.

Aquel día, y eso es incuestionable, ocurrió una provocación alentada desde el poder político en contra de la manifestación que realizaban estudiantes de varias instituciones.

El grupo Los Halcones, que había sido creado por las autoridades federales, fue el encargado no solo de dispersar la marcha sino además, con toda alevosía, de victimar a varios de quienes participaban en ella.

En términos políticos, es difícil suponer que el entonces presidente no estuviera al tanto de esa provocación antes y durante su realización.

El problema es que la fiscalía especial no tiene facultades para encausar a nadie por su comportamiento político, o como resultado de conjeturas de esa índole.

Los únicos recursos de la fiscalía son los que establece la ley. Y dentro de ese campo, hasta donde puede apreciarse, no hay evidencias que comprueben fehacientemente la responsabilidad directa de Echeverría y otros funcionarios destacados de su gobierno en los crímenes que se cometieron aquel 10 de junio.

La Suprema Corte resolverá si el delito ha prescrito o no. Y entonces, la autoridad judicial tendrá que revisar las pruebas que ofrece el fiscal Carrillo. Si no son concluyentes para tipificar el delito de genocidio, se declarará que los funcionarios a quienes muchos mexicanos consideran culpables responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 no tienen tal responsabilidad.

Los caminos –y las reglas– de la política, no son necesariamente los de la justicia. En este caso se han entreverado, con riesgo para ambas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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