La inquietante educación

La Crónica, septiembre 26 de 2004

Con certera ironía, la senadora panista Cecilia Romero describió el significado del más reciente berrinche del jefe de Gobierno del Distrito Federal: “Me parece verdaderamente que habla de su mesianismo, no sé qué quiera decir con eso de pacto fiscal, no sé si entendió lo que dijo o si sabe las consecuencias que tendría romper el pacto federal, a menos de que quiera instaurar la república de Pejelandia“.

   La legisladora reaccionó así a la amenaza de Andrés Manuel López Obrador para deshacer los compromisos fiscales del DF con el resto del país. “Se rompe el convenio de coordinación. ¿Quieren eso? Vamos, que el Distrito Federal ejerza su propia soberanía, cobre sus impuestos, que no haya participaciones federales”, dijo el jueves el jefe de Gobierno.

   Esa fue la reacción, desmesurada e impulsiva, que tuvo López Obrador ante la decisión de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para proponer que la educación básica en esta entidad esté a cargo del gobierno local y no del gobierno federal como ha ocurrido.

   El asunto tiene implicaciones muy variadas y su discusión no es reciente. Desde hace doce años comenzó un proceso de descentralización educativa que transfiere, a los estados, los recursos que hasta entonces venía gastando el gobierno federal en tareas relacionadas con la enseñanza básica.

   Ese traspaso ha tenido implicaciones accidentadas, sobre todo cuando los estados consideran que el dinero que les entrega la federación resulta insuficiente.

   De esa manera, un proceso concebido para que las decisiones relacionadas con la enseñanza fueran tomadas por las instituciones dedicadas a esta tarea en cada estado se ha convertido, en algunas ocasiones, en un mecanismo para que el gobierno federal deje de cumplir una de sus responsabilidades esenciales.

   Pero también, la descentralización educativa ha sido un reconocimiento a la capacidad y obligación de los gobiernos estatales para encargarse de ese aspecto de la política social.

 

Viejo y resbaloso asunto

   Aunque la descentralización educativa lleva más de dos sexenios, las autoridades del Distrito Federal se han negado a que llegue a esta entidad.

   A veces esa reticencia se ha debido al temor de enfrentar un sistema educativo elefantiásico y cuyos rezagos crecen a cada momento.

   En otras ocasiones, el propio gobierno federal lo ha pensado dos veces antes de transferir a los sucesivos gobiernos locales los recursos para mantener la educación en la capital del país.

   El interés para que el DF se haga cargo de su educación va más allá de las relaciones entre esa entidad y el gobierno federal. Con frecuencia los gobiernos de los estados manifiestan recelo ante la que, consideran algunos, es una situación de privilegio en beneficio de la ciudad de México.

   Por eso no fue extraño que desde hace varios meses arreciara la discusión para consumar la transferencia de recursos educativos al DF. En diciembre pasado, varios diputados federales del PRI presentaron una iniciativa para precisar, en la Constitución, la obligación del gobierno del DF en la educación básica que se imparte en esa entidad.

 

Repentina votación

   Esa iniciativa era examinada en la Comisión del DF con la parsimonia que suele afectar a la mayor parte de las propuestas legislativas.

   Pero además el presidente de la Comisión, José Agustín Ortiz Pinchetti, del PRD, se había negado a dar trámite a la discusión de la iniciativa porque afectaría las finanzas de la Ciudad de México.

   El martes pasado, según el comunicado que expidió la Cámara de Diputados, la reunión de la Comisión del DF tenía el propósito de examinar los proyectos para modificar la iniciativa presentada en diciembre pasado. No estaba previsto llevar esas opciones, en ese momento, a una votación. Sin embargo el diputado priista Marco Antonio Gutiérrez Romero sugirió que la propuesta fuese votada allí mismo.

   13 diputados del PAN y el PRI votaron a favor de la iniciativa, para que pase a ser considerada en el pleno de la Cámara. 7 legisladores lo hicieron en contra. Según la información de Francisco Reséndiz en La Crónica del miércoles, esos votos fueron de diputados del PRD y de los priistas Roberto Campa y Claudia Ruiz Massieu.

   El presidente de la Comisión, Ortiz Pinchetti, consideró que esa aprobación ““viola todo principio Constitucional y el orden del día, por tanto es un proceso ilegal, además causará graves problemas a las finanzas públicas del Distrito Federal”. Aseguró que las finanzas del gobierno de la Ciudad de México serían lastimadas con una reducción de 9 mil millones de pesos pero no explicó de dónde surgían esos cálculos.

 

Contribuir igual que todos

   Al día siguiente la furia de López Obrador fue patente y vinculó el asunto de las finanzas educativas con la posibilidad de desafuero que pende sobre él. Al acuerdo de la Comisión del DF lo calificó como “una infamia”.

   “No nos pueden quitar así nada más 5 mil millones de pesos”, dijo el jefe de Gobierno pero tampoco indicó el origen de esa cifra.

   La propuesta inicial para reformar el artículo 122 Constitucional fue presentada el jueves 11 de diciembre de 2003 por el diputado Alfredo del Mazo González y estaba suscrita, además, por los también priistas  Rebeca Godínez, Blanca E. Gómez Carmona y Marco A. Gutiérrez Romero.

   Esa modificación establecería en uno de los apartados del 122, que es el extenso artículo constitucional que se refiere a las autoridades del DF: “El Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria”.

   Así presentada, la propuesta parece de lo más equitativa. No parece haber causas legítimas para que el Distrito Federal tenga una situación de preferencia –y si las hubiera, tendrían que ser explícitas y no resultado de la inercia o de la ausencia de decisiones–.

   La exposición de motivos de tal iniciativa recuerda la obligación constitucional del Estado para impartir educación gratuita y más adelante hace un recuento de las condiciones de excepción jurídica y política que ha tenido el Distrito Federal en donde las autoridades, durante largo tiempo, no eran electas por los ciudadanos.

   “Pero a cambio de su discapacidad política –considera acerca del DF ese documento– gozaba, y sigue gozando, de prebendas en el Presupuesto Federal, que van desde conceptos jurídicos en las leyes tributarias para beneficiarlo con el producto de los impuestos federales, hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual en el resto del país. Por eso el Distrito Federal tiene un presupuesto que supera en el doble al estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos, que obligatoriamente sufragan el resto de las entidades del país”.

   Allí se encuentra expresado el meollo de los reclamos que en muchas entidades suelen hacerse respecto del centralismo no solo político sino financiero del Distrito Federal.

 

Desembolso obligatorio

   La argumentación del ex gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo y otros diputados continuaba: “Urge corregir tal situación en términos de equidad y transparencia, ya que de continuar así, además de la notoria inequidad que ello implica, se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federados. Muestra de la situación de privilegio de que disfruta el Distrito Federal radica en el hecho de que, dentro de sus obligaciones, atribuciones y facultades que le confiere el artículo 122 de nuestra Carta Magna, se soslaya la prestación del servicio de educación básica, tan es así que ese servicio se ha venido prestando en el Distrito Federal con cargo a recursos federales; resulta incongruente que si, de acuerdo con la reforma constitucional de 1996, se le otorgó el nivel de entidad federativa, no se le haya impuesto la obligación de participar en el gasto público destinado a cubrir la educación básica obligatoria, como lo hacen las demás entidades federativas”.

   “La equidad es el trato igual a los iguales”, proclama la iniciativa. Además de proponer que el DF participe en el sostenimiento a la educación igual que el resto de las entidades, incluye varios artículos. En el primero de ellos se precisa: “El Distrito Federal, al igual que las demás entidades federativas, deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria”.

   Luego se establece el procedimiento para que el gobierno del DF haga su parte de esa contribución. De las contribuciones que correspondan al DF, la Federación le descontaría el monto equivalente al gasto educativo. Podría decirse, en otras palabras, que sería una forma de cobrarse a lo chino. (Sin embargo ese término resulta políticamente incorrecto, especialmente después del exitoso activismo político con que el gobierno de China ha presionado al de nuestro país con motivo de la visita del Dalai Lama. Pero ese, claro, es otro asunto).

   La cantidad que se le dejaría de entregar al gobierno del DF se repartiría entre los estados que están gastando más en servicios educativos. Eso ocurriría a partir de julio de 2005.  

 

Sindicato por decreto

   Un transitorio más, que no aparecía en la iniciativa, establece que la reforma constitucional no afectaría los salarios ni las prestaciones de de los empleados de la educación en el Distrito Federal. Además se precisa que “el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales” es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

   La exposición de motivos no explica por qué es necesario llegar a una reforma constitucional para consumar un proceso de descentralización educativa que ha sido posible, en prácticamente todo el país, a partir de ordenamientos de otra jerarquía.

   Tampoco se argumenta la repentina aparición del SNTE en todo este asunto. Enredar la descentralización de las finanzas y las decisiones educativas con la adscripción gremial de los trabajadores incorpora un elemento de confusión y hace más vulnerable a la iniciativa.

   Los motivos de esa adición parecen comprensibles. Los diputados que la incorporaron quieren proteger al SNTE de una posible y cuantiosa escisión en el caso de que los trabajadores de la educación de la ciudad de México resolvieran, ya que cambian de patrón, mudar también de sindicato.

   Hasta ahora la interpretación rigurosa de la ley reglamentaria apartado B del artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales de los trabajadores del Estado, ha mantenido a esos asalariados en sindicatos únicos. Sin embargo ya existen decisiones judiciales que han permitido que, en algunas dependencias, los trabajadores formen sindicatos distintos a los oficiales.

   En el caso del Distrito Federal, si los trabajadores de la educación tuvieran como jefe al gobierno local y ya no al federal, posiblemente se facilitaría la formación de un sindicato distinto al SNTE. Por eso la incorporación de ese inopinado artículo transitorio.

 

Descalificar e intimidar

   Al reaccionar tan irreflexivamente, el jefe de Gobierno del DF indicó lo peliagudo que le resultaría el paquete educativo si, por decisión del Congreso, se lo transfiere el gobierno federal.

   Y también, López Obrador reiteró la intolerancia y el autoritarismo con que reacciona ante los problemas. Encresparse en vez de entender, amenazar en lugar de negociar –y, en otras palabras, fanfarronear en vez de hacer política– son actitudes que forman parte del carácter y, con él, del estilo de gobierno del iracundo personaje tabasqueño.

   Aquellos que consideran a López Obrador como una opción satisfactoria en la presidencia de la República, podrían aprovechar este incidente e imaginar de qué manera reaccionaría ante desafíos más graves e inminentes que el que le plantea la descentralización educativa. No es difícil suponer cómo respondería ante una crisis económica, o frente al reclamo de algún grupo social.

   Descalificar e intimidar no son, en un gobernante, recursos para resolver los problemas sino formas de eludirlos.

   Amagar con retirarse de los compromisos de colaboración fiscal implica, además, una profunda ignorancia de López Obrador sobre el funcionamiento de las finanzas en el DF y el resto del país. Desconocer los convenios para cobrar y pagar impuestos implicaría que la ciudad de México quedase al margen de la nación.

   No sería la república de Pejelandia como ocurrentemente supone la senadora Romero, sino una ínsula de desgobierno en materia económica. Antes de que eso ocurriera, muy posiblemente López Obrador se haría acreedor a sanciones jurídicas mucho mayores a las que ahora lo tienen a las puertas del desafuero y, como puede apreciarse, tan preocupado e irritable.

 

Resentimiento ante el DF

   Por lo pronto, la iniciativa de reforma sobre el gasto educativo en el DF trae a la discusión pública no solo la inversión en ese rubro sino, de manera más amplia, la pertinencia de los recursos federales que se destinan a la capital del país.

   El resentimiento –a veces con buenas razones o otras no– que existe en el resto del país debido al monto del gasto federal que se desembolsa en el DF, podría tener un nuevo catalizador con esa iniciativa. No es reciente la animosidad debido al trato financiero y fiscal que recibe esta entidad y que no pocos, en el país, consideran inmerecidos.

   La respuesta de López Obrador a la propuesta para que el gobierno local se encargue del gasto educativo le añade a ese tema un ingrediente de mayor polarización. Al considerar que es parte de la conspiración en contra suya, el jefe de Gobierno politiza esa propuesta tanto para obstaculizarla, como en sentido contrario.

   Habrá quienes aconsejen que más vale dejar así las cosas y que la descentralización de la enseñanza debe aguardar a otro momento para ser vigente en el DF, con tal de que no se mezcle con la encrespada coyuntura política.

   Pero otros, pretenderán empujar esa iniciativa precisamente como expresión de disgusto no solo a los desplantes y pretensiones de López Obrador sino también para poner a prueba sus bravatas.

  Como se trata de una reforma constitucional, esa adición al artículo 122 tendría que ser aprobada en las cámaras federales y, también, en la mayoría de los congresos de los estados.

   Allí tenemos un nuevo tema de tensión, confrontación y prueba entre las fuerzas políticas. La deliberación de esa reforma en cada uno de los congresos estatales sería una suerte de road show, de resultados ahora imprevisibles, en donde más que la responsabilidad de las entidades federativas hacia la enseñanza se discutiría la circunstancia política de López Obrador. El camino a pejalandia todavía está empedrado de numerosas vicisitudes.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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