La nostalgia autoritaria de López Obrador

La Crónica, mayo 23 de 2004

Cuando Andrés Manuel López Obrador se queja de la inexistencia de un árbitro capaz de resolver los conflictos políticos en México, está describiendo puntualmente el modelo de país al que quisiera retornar. Durante largas y para muchos insufribles décadas, en nuestro país dominó un presidencialismo absoluto que no solo era el eje del sistema político sino, además, interventor, juez y en ocasiones inquisidor de los litigios políticos.

   El presidente, como es bien sabido, disponía de las considerables atribuciones que le sigue confiriendo la Constitución pero además, ejercía potestades meta institucionales que eran toleradas por la debilidad del resto de las fuerzas políticas y, también, por la aprensión que suscitaba el poder del Ejecutivo Federal.

   Débil e inorganizada la sociedad, pequeños y dispersos los grupos de oposición y con un PRI que al no ser un auténtico partido fincaba su estabilidad en la supeditación sin condiciones al Presidente de la República, la capacidad del inquilino de Los Pinos para disponer de los asuntos políticos y resolverlos a su capricho era tan evidente como, a menudo, incuestionada.

   La oficina presidencial era el escenario de todas las decisiones relevantes en la vida pública del país. No había conflicto importante que no pasara por el conocimiento y el fallo presidenciales. Designaciones y concesiones, alianzas y subordinaciones, eran dispuestas desde allí o con el consentimiento del titular del Ejecutivo Federal.

 

Larga condescendencia

   Desde luego el presidente no se encargaba personalmente todas las decisiones. Pero la claque de la cual se rodeaba solía ampararse en la figura presidencial para tomar el resto de las determinaciones.

   Durante mucho tiempo la sociedad condescendió con ese esquema, intensamente autoritario pero bajo el cual se mantenían una relativa estabilidad política y un conveniente desarrollo económico.

   Para los poderes reales, aquellos que cuentan y modelan las decisiones más allá de la política formal, el presidencialismo autoritario era suficientemente eficaz. El clero, los intereses extranjeros, incluso no pocos intelectuales, encontraban satisfechos sus requerimientos en la interlocución que tenían con el presidente.

   Las fuerzas regionales admitían ese poder que surgió, precisamente, en reconocimiento a ellas cuando a fines de la década de los 20 el sistema político se cohesionó en torno a un caudillo nacional que fincaba su hegemonía en los acuerdos, explícitos y tácitos, con los caudillos locales.

   Para los dueños del dinero el dominio presidencial era provechoso mientras les permitiera acumular, extender y usufructuar sus negocios sin padecer significativas limitaciones estatales.

   Aquella concordia quedó rota cuando los excesos del presidencialismo afectaron los intereses de quienes lo proveían de consenso,  más allá de lo que habían admitido permitir.

 

Defecto del sistema

   En ese desarrollo, como en cualquier proceso histórico repleto de complejidades, no hay momentos de quiebre definitivo. Los rasgos autoritarios del presidencialismo mexicano se fueron debilitando en el transcurso de una extensa época de cambios y nuevas definiciones.

   Sin duda, parte de la aceptación pasiva que le otorgaba un segmento de la sociedad mexicana quedó erosionada cuando Gustavo Díaz Ordaz ordenó la represión contra los estudiantes de 1968. Al constatarse la brutalidad a la que podía llegar con tal de mantener un discutible principio de autoridad, el presidencialismo de ese corte quedó irremediablemente lesionado.

   También se puede considerar que cuando decretó la nacionalización bancaria en septiembre de 1982, José López Portillo privó al presidencialismo tradicional del respaldo de la clase empresarial, o al menos de su segmento más codicioso e intolerante.

   De la ruptura de 1968, entre otros acontecimientos, se derivó una más extendida conciencia ciudadana acerca de la necesidad de renovar la política. En la confusión de los años setenta surgieron opciones tan diversas como el desconcierto que comenzaba a inquietar a la sociedad acerca del futuro político del país.

   De la desavenencia de 1982 surgió una agresiva belicosidad empresarial que, entre otras vertientes, se traduciría en la revitalización del PAN.

   En ese proceso el presidencialismo tradicional fue reconocido, desde muy diversas perspectivas políticas y analíticas, como un defecto de nuestro sistema político. Erosionadas aunque fuera solo parcialmente sus fuentes de legitimidad social y electoral, ese presidencialismo perdía también la imagen conciliadora en la que había fincado parte de su legitimidad ideológica.

   Al presidente no se le veía más como el patriarca indulgente, al que la sociedad y la clase política así subordinadas le dispensaban excesos e incluso extravagancias. Cada vez de manera más extendida se le entendía como crisol y manantial de algunos de los grandes problemas del país.

 

Era absolutismo, no arbitraje

   El presidencialismo autoritario nunca había sido auténtico árbitro. No podía serlo porque, indefectiblemente, en cada conflicto había intereses que presionaban para orientar las decisiones del presidente. El mismo titular del Ejecutivo Federal solía tener preferencias, convicciones y conveniencias en muchos de los asuntos que eran sometidos a su decisión discrecional.

   Más que arbitrar, el presidente tomaba decisiones que al resultar incuestionables cancelaban prácticamente cualquier margen para que los litigios prosiguieran. Lo mismo la candidatura al gobierno de un estado que una adjudicación ejidal, la concesión para abrir un negocio, la orientación de la enseñanza básica, la política de relaciones exteriores o el encarcelamiento o la liberación de prisioneros políticos, toda decisión importante quedaba sometida a la determinación presidencial. Muchos asuntos incluso por omisión, cuando el presidente no se enteraba de ellos, quedaban zanjados al cobijo de la potestad de Los Pinos.

   Ese no era arbitraje, sino absolutismo.

   Aquel presidencialismo fue crecientemente incompatible con el país que los mexicanos comenzaron a remodelar.

   Cada vez resultaba más claro que ni la política ni la economía –ni mucho menos la vida y la vitalidad creciente de la sociedad– admitían estar subordinadas a la discrecionalidad presidencial.

   Las grandes medidas de política económica comenzaron a ser tamizadas a través de consejos o pactos como los que estableció Miguel de la Madrid. En muchas ocasiones esos, mas que espacios de participación, eran mascaradas con propósitos de legitimación de las decisiones presidenciales. Pero al menos el Ejecutivo Federal admitía la necesidad de contar con nuevos instrumentos capaces de representar a las fuerzas corporativas de la economía.

   La política electoral también en los años ochenta se nutrió de nuevas presencias, algunas de las cuales se volvieron competitivas delante de la añeja y marrullera hegemonía del PRI.

   En numerosos campos de la vida pública el empeño central de las fuerzas sociales y políticas consistió en abrir espacios –y cuando era posible convertirlos en instituciones– para sustituir la vieja discrecionalidad del Ejecutivo.

   Esa fue una de las consecuencias, con distintos bemoles, de la liberalización de la economía. Ese fue el enorme triunfo, encarnado en el IFE, de la lid por la reforma electoral. Los nuevos márgenes de libertad que ganó la prensa, la inquietud por los derechos humanos, el surgimiento de vigorosas aunque a veces demasiado ambiciosas ONG’s y muy especialmente la nueva conformación del Congreso y la aun insuficiente pero ya constatable autonomía del Poder Judicial, fueron expresión de esas búsquedas ante las antiguas costumbres del presidencialismo autoritario.

 

Arcaico paternalismo

   En aquellas zonas de la vida pública en donde antaño prevalecía la parcialidad presidencial surgieron exigencias, reglas e instituciones –o simplemente nuevas realidades como en el campo de la economía–. Todas ellas eran expresión de un país que, al aspirar a la madurez, buscaba cómo sustituir al arcaico paternalismo presidencial.

   Carlos Salinas quiso ejercer de manera virtuosa las capacidades de aquel presidencialismo para modernizar a la economía dejando intencionalmente pospuesta la renovación de la política. Los errores y excesos de esa gestión han sido advertidos –y padecidos– por los mexicanos.

   Ernesto Zedillo, aun antes de contemplar los cuestionamientos a su predecesor, entendió el fin del antiguo autoritarismo pero no preparó al sistema político (especialmente a su partido) para la sustitución del “presidencialismo totémico” –como le llamaba– por un sistema de relaciones y entendimientos abiertos.

   Vicente Fox llegó a Los Pinos suponiendo que gran parte de los defectos del país se debía a los abusos de aquel presidencialismo. Pero acaso por esa visión parcial, aunque también por ausencia de proyecto y perspicacia, ha confundido el ejercicio del gobierno con el de la simple administración. México sufre todos los días las consecuencias de era ausencia de oficio.

   El presidencialismo autoritario ha quedado atrás. La realidad económica y social lo desplazó por nuevos espacios (en algunas áreas todavía insuficientes) para tomar decisiones y dirimir conflictos. La circunstancia política creó frente a él nuevos contrapesos, especialmente en el Poder Legislativo. Desde 1997 el Presidente de la República debe gobernar junto con un Congreso en donde su partido no tiene mayoría absoluta.

 

Árbitros, ya tenemos

   En ese país, aun en tránsito en la configuración de reglas y costumbres políticas, sería inaceptable la existencia de un árbitro que estuviera por encima de los mecanismos institucionales que hemos creado.

   En el terreno electoral, el árbitro es el IFE y sus decisiones son revisadas por el Tribunal de esa materia.

   En la creación y actualización de reglas para la vida pública, las decisiones corresponde al Poder Legislativo.

   En asuntos de carácter civil y penal, tenemos un Poder Judicial cuyas decisiones están sometidas a un complejo sistema de revisiones y contrapesos que desembocan, en última instancia, en la Suprema Corte de Justicia.

   Árbitros, ya tenemos. Quizá sus decisiones no nos gustan a todos, en todos los casos. Pero no se puede decir que el país no cuente con espacios, mecanismos, normas y figuras específicas para resolver diferendos.

   Sin embargo el jefe de Gobierno del Distrito Federal considera que debería haber un árbitro por encima de las instituciones.

  

“Hace falta el árbitro”

   Lo ha dicho en varias ocasiones. A veces se retracta parcialmente, cuando aparentemente advierte que las consecuencias de esa pretensión pueden ser graves. Pero, de nuevo, porfía en esa pretensión.

   Andrés Manuel López Obrador quisiera que el país regresara a la etapa del árbitro único, omnipotente e incuestionable, que era el Presidente de la República.

   El viernes 14 de mayo, al reiterar que no estaba en busca de una confrontación directa con el Presidente, López Obrador deploró: “hace falta un jefe de Estado siempre con autoridad, es fundamental el árbitro, se necesita un árbitro”.

   Más tarde, en esa misma reunión, recordó una reyerta futbolística para explicarse: “No vamos a confrontarnos con la institución presidencial, hace falta el árbitro, miren lo que pasó en el juego del América, no le hacen caso al árbitro, además hace falta mucho tiempo todavía estamos a mitad de sexenio”.

   Una semana más tarde el tema volvió a la cotidiana conferencia de prensa cuando el jefe de Gobierno dijo, acerca de la petición de desafuero para que se le sancione por el incumplimiento de la decisión judicial en el asunto del predio El Encino:

   “Tenemos que actuar de manera muy responsable para expresarnos, manifestarnos en calma, no agravar las cosas. Cuando no hay árbitro, corresponde al público y a los jugadores mantener la tranquilidad y crear las reglas de entendimiento porque está de por medio el país”.

   En pocos días López Obrador cambió de opinión. Ya no solo considera que hace falta un árbitro para los asuntos políticos. Una semana más tarde sostenía, además, que ante la ausencia de ese arbitraje la sociedad y los actores políticos tienen que sustituirlo.

   Los reporteros insistieron.

   “–¿No hay árbitro entonces en el país?

   –No, no, yo creo que se…

   –No, digo para…

   –¿Si hay o no hay?

   –Se malinterpretó, muy bien o lo dije mal, lo retiro pues, lo…”

   Así se reproduce ese diálogo, con todo y puntos suspensivos, en la transcripción de la conferencia de prensa del viernes pasado.

 

Ambición regresiva

   Cuando habla del árbitro que quisiera encontrar en la Presidencia, López Obrador describe al viejo sistema político en el cual se formó. No solo añora esa fuente de sentencias autoritarias. Además, desde su posición, ha querido reproducirlas.

   Igual que en el viejo régimen, en donde la voluntad del gobernante era ley, el jefe de Gobierno del DF ha insistido en imponer decisiones solamente porque las considera correctas.

   Cada vez que una disposición legal contradice sus determinaciones López Obrador ha calcado, en la administración del DF, el presidencialismo discrecional que ambiciona para el país. El actúa, o le gustaría actuar, como su propio árbitro.

   México ha querido superar la época del arbitraje supremo que estuvo encarnado en un poderoso, incontestable y solitario gobernante. Pero ese es el modelo de sistema político al que pretende retornar Andrés Manuel López Obrador. No tiene una idea de futuro, sino una nostalgia regresiva en donde el árbitro del país pueda ser él.

 

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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