Legalidad, revancha, conjeturas

La Crónica, 25 de julio de 2004

La decisión que ayer anunció el juez César Flores Rodríguez al considerar que ya prescribió delito de genocidio del cual se acusa al ex presidente Luis Echeverría y varios de sus antiguos colaboradores, constituye el primer gran tropiezo de la fiscalía especial que indaga episodios como los del 10 de junio de 1971.

   El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales no entró al examen de las pruebas aportadas por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto. Solamente consideró que el delito que se les imputa al ex presidente, así como a ex funcionarios como el antiguo titular de Gobernación Mario Moya Palencia, ha caducado.

   Vigente o no –al respecto cabían ambas interpretaciones– la acusación por genocidio era peculiarmente escurridiza. Solo a partir de una lectura muy holgada se podía considerar que el 10 de junio de 1971 lo que se cometió contra la manifestación de estudiantes que fue emboscada en la Calzada México Tacuba fue un acto de genocidio.

   La definición del Código Penal Federal (artículo 149 Bis) es muy precisa. Es genocidio aquel que se comete “con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o mas grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso”. No hay duda de que en la Alemania de los nazis se quiso exterminar al pueblo judío, para mencionar uno de los casos de genocidio más escandalosos que recuerda la historia reciente. Pero en la agresión a la marcha del Jueves de Corpus es imposible encontrar esas características.

 

Discutible genocidio

   La explicación del fiscal Carrillo Prieto resulta controvertible. Aquel 10 de junio, dice, se quiso privar de la vida a “los integrantes de un grupo nacional de disidentes políticos”. ¿Qué identificaba a los miembros de ese grupo? Según Carrillo, el hecho de pertenecer “mayoritariamente a establecimientos de educación superior del país”.

   El 10 de junio de 1971 se cometió un crimen político. Una manifestación pacífica fue asaltada por un grupo de provocadores armados que actuaron en absoluta impunidad. Varias docenas de manifestantes fueron asesinados. La saña de los agresores llegó al extremo de que varias horas después de la emboscada contra la marcha, se dedicaron a asaltar hospitales de la ciudad de México para identificar estudiantes heridos y secuestrarlos.

   Lo que allí ocurrió puede ser denominado de varias maneras. Fue un acto de autoritarismo extremo, un asesinato alevoso, un crimen de Estado. Pero todas esas son consideraciones políticas y, si se quiere, de carácter moral.

   A las víctimas del 10 de junio no las mataron por ser estudiantes. No había una política de exterminio contra los alumnos de instituciones de educación superior. Las causas de aquel crimen siguen siendo oscuras aunque hace tiempo hayan sido sancionadas por la apreciación de los ciudadanos.

   En el terreno de la política –y de la moral también– el gobierno de Luis Echeverría y varios de sus colaboradores de entonces han sido culpados por aquella matanza.

   Pero no hay que confundir al juicio histórico con la aplicación de la justicia que debiera estar desprovista de adjetivos.

   Aunque muchos mexicanos crean que es culpable, esa opinión no hace a Echeverría jurídicamente responsable de esos crímenes. Y allí radica la debilidad enorme que, en medio de su intencionada estridencia publicitaria, ha padecido la fiscalía de Carrillo Prieto. Hasta ahora, ha querido encausar a personajes políticos y policíacos del viejo régimen no con alegatos y evidencias plenamente sustentadas en la ley sino con sospechas e imputaciones de carácter político.

 

Antigua inmunidad

   La sola consignación de un ex presidente significa una novedad en el panorama mexicano. Los historiadores establecerán si se trató de un hito o de una anécdota más en la tortuosa evolución del sistema político de nuestro país. Pero sin lugar a dudas se trata de un hecho inusitado. Después de todo no ha sido demasiado el tiempo que ha transcurrido desde las épocas del presidente intocable e intocado, a estas fechas de procesos judiciales que trascienden viejas jerarquías y fronteras cronológicas.

   La inmunidad que confiere el cargo presidencial solía mantenerse aún después de haber desempeñado esa responsabilidad. Los ex presidentes habitualmente estaban a salvo de indagaciones y encausamientos en aras de una no del todo explícita pero frecuente razón de Estado. Esa era una de tantas otras costumbres del poder político, discutibles pero vigentes.

   En una interpretación simplista, pero sensible a esas realidades políticas, podía considerarse que al amparar a sus predecesores cada presidente afianzaba su propia protección en el futuro. En una lectura más compleja, en esa precaución se podía advertir uno de los equilibrios básicos –discutibles pero reales– del viejo sistema político mexicano. La abolición de muchas de tales rutinas ha sido síntoma de renovación. Pero no siempre se han creado los contrapesos que sustituyan a esas usanzas arcaicas.

 

Costumbres presidenciales

   El único poder ante el que debían subordinarse los ex mandatarios era el de su sucesor en el ejercicio del cargo. Esa autoridad fue reivindicada por el general Lázaro Cárdenas cuando, para terminar con el maximato, dispuso el exilio de Plutarco Elías Calles. Pero fuera de esas circunstancias extremas, una amalgama de complicidades, lealtades y prevenciones mantenía a los ex presidentes a salvo de indagaciones formales de cualquier índole.

   En virtud de esa costumbre, Adolfo Ruiz Cortines toleró excesos pasados e incluso muy activos, ya en su sexenio, del ex presidente Miguel Alemán Valdés. Luego, no significó problema alguno para su tocayo López Mateos. A éste, Gustavo Díaz Ordaz seguramente le reprochaba dispendios pero fundamentalmente en la intensa exposición personal que tuvo dentro y fuera del país. Y esa continuidad, que era expresión de un país aun pequeño y en desarrollo constante y de una clase política sencilla pero en ocasiones de voracidad legendaria, se interrumpió al siguiente gobierno.

   Entre otros problemas de percepción, Díaz Ordaz no había entendido la diversidad cultural y política que se abría paso en la sociedad mexicana. Su incomprensión de esos cambios y los rígidos cartabones con los que apreciaba las transformaciones del país lo condujeron, junto con un intolerante autoritarismo, a disponer la represión de la Noche de Tlatelolco. Independientemente de cuál haya sido su papel en ese episodio criminal, Luis Echeverría Álvarez entendió que sin cambios en la conducción pero también en la organización política del país, México sería cada vez más difícil de gobernar.

   De allí el acercamiento con intelectuales, la aquiescencia al surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la gana de plantarse en universidades en las que se podía presumir que no sería bien recibido y la apertura que, en distintos órdenes, puso en práctica Echeverría. El contraste con el presidente que lo había designado era notorio. Sin duda ese cambio de estilos e incluso de alianzas en la sociedad era incómodo para Díaz Ordaz, ya como ex presidente.

   Los acontecimientos del jueves de Corpus  de 1971 rompieron, y a la vez intensificaron, la línea de apertura que había comenzado el echeverrismo. La mayoría de los presos políticos, muchos ellos encarcelados cuando el movimiento de 1968, ya estaban en libertad y el grupo de ellos que se había exiliado en Chile acababa de regresar. Ese era uno de los rasgos llamativos en la manifestación a la que grupos de estudiantes de la UNAM y el Politécnico habían convocado para aquel 10 de junio. De hecho, una de las tensiones principales entre los organizadores era su división entre adversarios y partidarios de la apertura echeverrista.

 

Límites y distanciamientos

   De la tragedia a la comedia, si la relación de Echeverría con Díaz Ordaz había sido difícil porque les tocó estar en un cruce de épocas y  costumbres políticas, la que tuvo con su heredero resultó peliaguda hasta la punición grotesca. Cuando José López Portillo quiso castigarlo por desencuentros entre ambos, eligió el punto más lejano que encontró en el globo terráqueo. Efímero embajador en las Islas Fidji, Echeverría sin embargo no perdió interés, ni influencia, en la política mexicana.

   Un presidencialismo más acotado, tanto por exigencias sociales como por circunspección personal, definió al gobierno de Miguel de la Madrid. Su mesura destacó sobre todo ante el vendaval que fue la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Débil cuando tenía que imponerse a vicisitudes como los terremotos de 1985 y autoritario cuando tenía que conciliar como cuando impuso los pactos de estabilidad económica, De la Madrid fue mejor ex presidente que presidente.

   De Carlos Salinas no puede decirse lo mismo. El éxito de su gestión, singularizada por reformas económicas muy importantes pero que no irradiaron los beneficios sociales que había anunciado, se transformó en un rápido declive cuando, al gobierno siguiente, sobrevino la crisis de 1995. El trato que recibió apenas había comenzado la administración de su sucesor señaló los momentos más difíciles que haya vivido cualquier ex presidente mexicano por lo menos desde los años 30.

   Las acusaciones contra Raúl Salinas, fincadas en una mascarada con testigos pagados y evidencias falsas, fueron toleradas sin miramiento alguno por el presidente Ernesto Zedillo. No se puede asegurar que él indujo la acusación para encarcelar al hermano de su predecesor pero sí fueron notorios los abusos que, amparados en la autonomía del ministerio público, se cometieron en ese caso durante su gobierno.

 

La Fiscalía de Fox

   Para Vicente Fox diferenciarse de sus antecesores priistas era una bandera de campaña, luego fue obsesión de gobernante y se ha convertido en una trampa de la que difícilmente saldrá políticamente indemne.

   Para distinguirse de los gobiernos anteriores el actual presidente contaba con dos posibilidades. La primera de ellas, era gobernar de tal manera que los resultados de su gestión fueran notoriamente mejores a los que ofrecían las administraciones priistas. Pero a casi dos tercios del sexenio nadie espera que con Fox los mexicanos vivan mejor, ni más seguros, ni con más esperanzas que en las administraciones anteriores.

   La otra opción del presidente Fox para distinguirse de sus predecesores consistía en castigar los abusos que cometieron. Por eso acogió con tanto interés la demanda de grupos sociales legítimamente indignados con crímenes como los de 1968 y 1971 y la convirtió en bandera de su gobierno.

   De allí resultó la creación de la Fiscalía Especial que ayer tuvo su primer tropiezo significativo. No se ha dicho la última palabra, pero la decisión del juez que no encontró sostenible la acusación por genocidio indica que los argumentos de Ignacio Carrillo Prieto no eran tan sólidos como algunos pudieron esperar.

   La sola consignación de Luis Echeverría, aunque haya sido negada por el juez, marca un cambio en el trato que los ex presidentes recibían por parte de los sistemas político y jurídico en este país. Se trata de una más de las novedades que definen a la vida pública mexicana.

   Es plausible que no haya impunidades, así se trate de quienes han sido depositarios, y beneficiarios, de la investidura política más relevante del país.

   Es conveniente que se hagan esfuerzos para abatir la impunidad con que fueron cometidos crímenes como los de junio de 1971.

   Pero el desempeño de la Fiscalía, las fundadas sospechas de politización por encima del acatamiento al orden jurídico que suscita su comportamiento y la incómoda sensación de que no se está buscando justicia sino venganza, impiden celebrar este episodio.

 

Inciertas evidencias

   No se conoce el contenido de las nueve cajas que el abogado Ignacio Carrillo Prieto llevó el jueves por la noche al juzgado penal con las pruebas que reunió para demostrar la culpabilidad de varios ilustres ex gobernantes en los acontecimientos del 10 de junio de 1971. Resultaría interesante que pudieran ser del dominio público para saber si hay evidencias concluyentes de la responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría en esa represión criminal.

   La decisión que ayer anunció el juez César Flores tomó en cuenta, solamente, la prescripción del delito de genocidio que el fiscal les imputa a Echeverría y varios de quienes fueron funcionarios durante su gobierno. No hubo tiempo, ni necesidad, para que entrara al examen de las pruebas que ofrecía Carrillo Prieto.

   Pero sería saludable que esas evidencias fuesen conocidas porque, hasta ahora, las sospechas han corrido por un cauce distinto al de las evidencias acerca de la responsabilidad de Echeverría en los hechos del jueves de Corpus de 1971.

   Muchos mexicanos creen que, puesto que era presidente, tuvo que haber conocido los preparativos de la agresión contra los manifestantes aquella tarde del 10 de junio. Muchos, durante 33 años, han estado convencidos de que solo con la aquiescencia presidencial pudo haberse perpetrado una matanza como la de esa ocasión.

   Sin embargo la justicia no puede ejercerse a partir de suposiciones, por muy extendidas que sean o por mucha corrección política que se les atribuya.

   Por eso era interesante el trabajo que podía desarrollar un organismo independiente que investigara acontecimientos como los del 2 de octubre y el 10 de junio y ofreciera una conclusión sólida y pública acerca de ellos. La Fiscalía que creó el presidente Fox y que encabeza el licenciado Carrillo Prieto ha tenido el reto de probar esas acusaciones y no solo hacerse eco de las creencias acerca de ellas.

 

Eludir ilegalidades

   Hasta ahora no ha tenido éxito en ese cometido. Jurídicamente incierta en este caso la figura de genocidio, el proceso continuará con la apelación de la fiscalía y la petición para que el asunto llegue a la Suprema Corte.

   Que los jueces y jurisconsultos se hagan cargo de la definición de genocidio. Más allá de esa especializada disputa el auténtico problema es que seguimos –y seguiremos, hasta donde puede apreciarse– sin saber con certeza quiénes fueron culpables de los asesinatos del 10 de junio de 1971.

   Seguramente es posible identificar a algunos jefes policiacos y a pandilleros menores que formaron parte de Los Halcones, el grupo que arremetió contra la manifestación. Pero de los responsables principales, hasta donde se puede apreciar, no existen pruebas concluyentes.

   De ser así la fiscalía especial habrá estado bordando en el círculo vicioso, sin soluciones jurídicas, de la revancha y las conjeturas. Sus efectos en el terreno de la ley habrán sido pocos y en el plano de la política habrá demostrado una notoria pero acotada capacidad de estruendo.

   Es importante seguir diciendo, con toda convicción, que el 10 de junio no se olvida. Hay que recordar esa fecha como expresión de un autoritarismo sin límites y para condenar siempre aquel crimen ignominioso y cobarde. Por eso es pertinente que episodios como ese no se vuelvan pretexto para que, con el propósito de castigar atropellos, se cometan nuevas ilegalidades.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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