Guerra de todos

La Crónica, enero 23 de 2005

Una guerra desemboca solamente en la derrota de uno de los contendientes o en un armisticio. Pactar con el narcotráfico sería inadmisible: implicaría el reconocimiento, por parte del Estado, de que hay un poder comparable al suyo.

   Así que cuando el gobierno federal encuentra en los asesinatos en Matamoros una declaración de guerra por parte de las pandillas de narcotraficantes, además de la gravedad de esa escalada de agresiones está admitiendo que, de este trance, no hay más desenlace que la aniquilación de esos grupos o el sometimiento del Estado a sus intereses criminales.

   De esas dimensiones es el desafío que ha presentado el narcotráfico. Cuando el jueves por la noche se refirió a “esta guerra contra el crimen organizado” la presidencia de la República resaltaba la gravedad de las ejecuciones de seis empleados del reclusorio de alta seguridad en Matamoros.

   Todo parece indicar que se trata de una venganza ante las medidas, adoptadas unos cuantos días antes, para desarticular la red de complicidades que había construido en el penal de La Palma el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No es un secreto la influencia que ese criminal tiene sobre la vida social –incluyendo a menudo la impartición de justicia– en Matamoros y otras zonas de Tamaulipas.

 

Venganza anunciada

   La respuesta de grupos como ese después de la ocupación de La Palma por parte de más de 750 militares y agentes policiacos y el traslado a otros penales de algunos de los secuaces de Cárdenas Guillén, se esperaba desde varios días antes.

   Pertrechado en una amplia experiencia en el seguimiento de las tropelías del narcotráfico, el martes 18 de enero el periodista José Blancornelas escribió en La Crónica: “Osiel Cárdenas Guillén está pensando cómo vengarse. Es lógico. Posiblemente contra quienes le servían adentro y afuera del penal. Tal vez a delegados de la Procuraduría General de la República. O agentes federales. En la secretaría de Seguridad, desde Ramón Martín Huerta para abajo. O hasta periodistas”.

   La venganza de ese capo del narcotráfico, en opinión de Blancornelas, dependía de que encontrara cómo transmitir instrucciones a los cómplices que tiene fuera de La Palma, donde había creado tantas connivencias que algunos lo consideraban el verdadero poder dentro de ese reclusorio en el Estado de México.

   Todo parece indicar que Cárdenas Guillén encontró la manera de comunicar esas indicaciones. Su desquite recayó sobre seis trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social en Matamoros que fueron asesinados el jueves por la mañana.

   Esa noche en Toluca Leonardo Oceguera Jiménez, abogado del grupo de narcotraficantes que encabeza Benjamín Arellano Félix, fue asesinado de cinco balazos cuando llegaba a su casa.

   La batalla entre pandillas de la droga se traslapa con la guerra que el gobierno federal advierte por parte de esos grupos.

   Si en esa guerra estamos, resulta indispensable actuar en consecuencia. Un enfrentamiento de esa índole supone invertir todos los recursos posibles, tensar los ánimos y hacer el mayor esfuerzo porque en una guerra pocas veces hay desenlaces intermedios. Se apuesta a ganarlo o perderlo todo.

   En la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, el gobierno federal está actuando con escaso respaldo en el resto del Estado y en la sociedad. Gran parte de los actores políticos del país se han desentendido en ese litigio. Los ciudadanos, al mismo tiempo, permanecen impávidos ante un enfrentamiento cuya gravedad no se reconoce cabalmente. Estamos dejando solo al gobierno en la guerra contra las pandillas de la droga.

 

Advertencias desoídas

   Las respuestas del gobierno al reto del narcotráfico han sido tardías y, como se puede apreciar, insuficientes. La capacidad corruptora de esos grupos ha trasminado a los cuerpos de seguridad pública, entró a los penales y se instala también en algunas áreas de la sociedad mexicana.

   El poder de Osiel Cárdenas dentro de La Palma se conocía desde hace meses. En octubre de 2004, en su columna de Milenio, el periodista Jorge Fernández Menéndez publicó fragmentos de las cartas que enviaba ese narcotraficante con instrucciones a sus lugartenientes fuera de La Palma. Negocios, represalias, recompensas e indicaciones muy directas, eran comunicadas en varios mensajes confiscados en una casa en Metepec que servía como refugio a un grupo de enlace de ese delincuente.

   Esa no fue la única advertencia. El viernes pasado La Jornada publicó fragmentos de una carta que, según se dice allí, varios custodios de La Palma le dirigieron el 14 de octubre anterior pasado al presidente Fox, así como a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y a otros funcionarios. En ese documento previenen que la falta de personal hacía imposible el resguardo del penal. “De 120 elementos que había por cada compañía, ahora sólo hay 40”, se quejan. Y explican: “Hemos sido rebasados en todos los ámbitos de la seguridad que el centro nos exige para dar cabal cumplimiento y resguardo y por falta de personal no es posible controlar ciento por ciento todas las áreas”.

   La situación era desesperada pues, según esos custodios “la delincuencia organizada cuenta con todo el poder económico y en cualquier momento podría atacar, como ya ha ocurrido en otros centros penitenciarios”. Advertían de la posibilidad de una fuga masiva o de una operación externa para rescatar a varios reclusos.

   Advertencias, había. Pero las autoridades no actuaron, o si lo hicieron no fue de manera suficiente, para atajar esa red de relaciones. Solamente hasta que, el último día de 2004, fue asesinado en La Palma el también narcotraficante Arturo Guzmán Loera –hermano de El Chapo, que encabeza una banda rival a la de Cárdenas Guillén– hubo decisión e interés para modificar el tráfico de privilegios dentro de ese reclusorio.

 

Traslados y aliados

   La ocupación militar de La Palma, el 14 de enero, dio cuenta de la descomposición del régimen carcelario en ese lugar. Todavía está por precisarse la connivencia que pudieron tener autoridades del penal con Osiel Cárdenas, pero se ha asegurado que había comprado la colaboración de otros conocidos reclusos.

   El traslado a otros reclusorios de los narcotraficantes Miguel Ángel Caro Quintero y Miguel Ángel Beltrán, así como del secuestrador Daniel Arizmendi, tenía el propósito de desbaratar la organización de Cárdenas Guillén dentro de La Palma.

   También fueron reubicados los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, que están acusados de haber colocado, en 2001, tres bombas de fabricación casera en otras tantas sucursales bancarias de la ciudad de México. A esos jóvenes se les identifica con el Ejército Popular Revolucionario, un grupo clandestino de cuya dirección aparentemente forman parte sus padres.

   No se han publicado evidencias de la colaboración de los hermanos Cerezo con el grupo de Cárdenas Guillén dentro de La Palma. La información ofrecida por autoridades judiciales indica que se les veía cerca de esa pandilla cuando había problemas en el penal. Otras versiones indican que colaboraban en la organización de los reclusos para apoyar las protestas que promovía Cárdenas Guillén para presionar a las autoridades de La Palma.

   Héctor y Antonio Cerezo, de 25 y 27 años, fueron trasladados a otros penales. Su hermano menor, Alejandro, que acaba de cumplir 23 años, permaneció en el reclusorio ubicado en el Estado de México.

 

Narcos movilizados

   En todo caso, es un hecho que Cárdenas Guillén y otros narcotraficantes han desplegado formas de presión política, y para adquirir presencia pública, que trascienden el hermetismo que habitualmente buscan –estén o no en prisión– los jefes de grupos criminales.

   El año pasado ese personaje conversó telefónicamente durante largo rato en el noticiero de televisión del periodista Carlos Loret de Mola. Como parte de su campaña para lograr mejores condiciones en La Palma, publicó un desplegado en la prensa.

   El 16 de enero pasado 150 custodios de La Palma mantuvieron un plantón en desacuerdo con las declaraciones del entonces titular de reclusorios, Carlos Tornero, quien había sugerido que algunos de ellos estaban en connivencia con los jefes criminales dentro del penal.

   Ese mismo día unas varios centenares de personas –algunos medios dijeron 600 o 700– trasladadas desde Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Michoacán, realizaron un mitin afuera de La Palma para exigir que terminara el aislamiento de reclusos como Osiel Cárdenas que habían sido llevadas a celdas de confinamiento especial.

   Esos manifestantes llegaron en una veintena de autobuses y hospedados en varios hoteles, algunos de ellos de cuatro o cinco estrellas,  en el área de Toluca. Varios de esos simpatizantes de Cárdenas Guillén dijeron que les habían pagado por hacer ese viaje.

   La capacidad de movilización y, sobre todo, el empleo de recursos que suelen utilizar grupos sociales o políticos, no terminó en ese acarreo. Tres días más tarde, una demostración más vistosa por el escenario que buscaron y la indumentaria de algunos de sus participantes llamó la atención en la explanada del Palacio Legislativo en la ciudad de México.

 

Diligentes diputados

   Muy elegantes, custodiadas por guardaespaldas y transportándose en camionetas blindadas, varias esposas de narcotraficantes recluidos en La Palma llegaron el miércoles 19 por la mañana a San Lázaro a fin de exigir que la Cámara de Diputados intercediera para que se respeten los derechos de sus familiares presos.

   Extravagante –por decirle de alguna manera– esa demostración, resultó aun más sorpresiva la condescendencia que encontró en varios diputados del PRD. Unos 200 parientes de presos en La Palma aguardaron media hora para que media docena de sus representantes fuera recibida por los diputados Arturo Nahale, Santiago Cortés Sandoval y Gilberto Ensástiga.

   Seis mujeres de otros tantos capos del narcotráfico manifestaron sus quejas por el reciente operativo en La Palma. El diputado Ensástiga fue especialmente diligente para atenderlas. Según las informaciones periodísticas habló por teléfono con José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde consiguió que fueran recibidas.

   La nota de Reforma indica: “Las señoras salieron de San Lázaro acompañadas por Ensástiga para ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y escoltadas por policías del agrupamiento Cisnes de la SSP-DF”.

   Todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado y la reclusión, incluso en penales de seguridad especial, no tiene por qué suprimir derechos elementales. Pero no deja de ser peculiar el comportamiento de los mencionados legisladores perredistas, notoriamente interesados en acceder a las demandas de aquellas distinguidas señoras. Tenemos la impresión de que Ensástiga y sus compañeros de bancada legislativa no demostrarían el mismo esmero para atender a cualquier ciudadano que llegase a tocar a las puertas de San Lázaro.

 

Indiferencia y tontería

   Queremos suponer que la cortesía de esos diputados del PRD no se debe a contubernio alguno sino a simple tontería de su parte. Pero también se puede advertir que esa torpeza para distinguir entre un caso ordinario de transgresión a los derechos humanos y las presiones de los narcotraficantes para mantener privilegios y capacidad de maniobra dentro de los reclusorios, forma parte de la escasa importancia que buena parte de la clase política le reconoce al desafío del crimen organizado.

   Ese miércoles no habían ocurrido los asesinatos de seis custodios del penal en Matamoros. Pero ya eran ampliamente conocidos los negocios e incluso venganzas que, desde la prisión de La Palma, habían orquestado líderes mafiosos como Cárdenas Guillén.

   Así que la decisión de recibir con un trato privilegiado a los familiares de algunos de esos presos no puede considerarse como simple descuido por parte de los mencionados diputados del PRD. Ese beneplácito solo puede entenderse dentro del clima de indiferencia que hemos mantenido ante las amenazas del narcotráfico.

 

Responsabilidad en huelga

   En muchos otros países, una provocación como las que recientemente ha promovido el narcotráfico ameritaría la respuesta, cohesionada y enfática, de las fuerzas sociales y políticas. En España por mencionar un solo caso– el reto del terrorismo suscita el rechazo unido, más allá de sus desavenencias políticas, de todos los partidos.

   Sin embargo en México pareciera que el narcotráfico y sus tropelías son problema nada más del gobierno federal.

   Incluso, sin mucha suspicacia, casi podría considerarse que hay grupos políticos que esperan que estos incidentes debiliten aun más al gobierno o a algunos de sus principales funcionarios.

   Cuando el presidente de la República asegura que utilizará “toda la fuerza del Estado” reconoce la amenaza que implica el narcotráfico.

   Pero ese riesgo no lo entienden así otros segmentos y personajes del mundo político.

   Enfrascados en el chismerío mutuo, en la frívola búsqueda de notoriedad y sobre todo en una lucha política que la mayor parte de ellos despliega sin más interés que el de promoverse a sí mismos, dentro de todos los partidos se mantiene una actitud de indolencia ante los crímenes del narcotráfico.

   El gobierno federal dice que está en guerra contra ese poder fáctico y hasta ahora no se ha conocido una expresión de claro respaldo por parte de las direcciones nacionales del PAN o del PRI.

   El viernes por la mañana la reportera Irma Losada, de Formato 21, le pidió a Andrés Manuel López Obrador una declaración sobre los acontecimientos en Matamoros.

   “No voy a opinar, no, no quiero opinar ahora”, respondió el jefe de Gobierno.

   La también reportera radiofónica Karina Nalda, de Radio Mil, insistió: “¿Se reforzó la seguridad al exterior de los penales de la ciudad?”.

   Entonces López Obrador, que quiere ser presidente de México y de quien tan solo por esa aspiración se esperaría un comportamiento responsable ante el reto del narcotráfico, quiso salir del paso de esta manera:

   “Me declaro en huelga de entrevistas y de respuestas… siempre respetan mi derecho al silencio y es viernes hoy, vamos a cambiar, vamos a pensar en otras cosas”.

   Como era viernes y no quería decir algo que compitiera noticiosamente con la obra que inaugurará el día de hoy, López Obrador le hizo el vacío a la necesidad nacional de enfrentar al narcotráfico. No pudo o no quiso advertir que si dejamos solo al gobierno federal, los perdedores de esa guerra vamos a ser todos nosotros.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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