Imprudencias

La Crónica, 22 de febrero de 2005

A simple vista la argumentación parece impecable: las contiendas políticas deben resolverse en las urnas y no en los tribunales. Juntos, los 57 firmantes de tal aseveración conforman una nómina impresionante. Varios de los más distinguidos –en todos los sentidos del término– pensadores, escritores y artistas mexicanos suscribieron la carta abierta a los diputados de la actual Legislatura que apareció ayer en algunos diarios.

   Esos sobresalientes ciudadanos consideran que “sería una imprudencia, que podría acarrear consecuencias serias, el desafuero y la probable inhabilitación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal”. Eliminar al contrario es una “práctica incivil”, sostienen. “No es legítimo que alguno de los poderes constituidos pretenda sustituir con su voluntad a la voluntad popular”.

   Esos postulados, así expresados, son irrebatibles. Las barandillas jamás deben relevar al sufragio. De acuerdo. Pero los firmantes del documento dejan de lado la otra cara del desafuero.

   Querer frenar de un carpetazo las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador es una arbitrariedad. Pero ese personaje se ha empeñado, una y otra vez, en transgredir las leyes cada vez que le viene en gana, en burlarse de la institucionalidad jurídica cuando no se ajusta a sus intereses y en presentarse como víctima de una conspiración cuyo principal instigador ha sido él mismo.

   Al abuso que significa la utilización facciosa de la ley para invalidar la candidatura de López Obrador, se añade el abuso que ese personaje hace torciendo a su modo las normas no solo para abrir una calle en contra de una resolución judicial sino, cotidianamente, en el gasto publicitario, el acarreo de empleados del gobierno local y la promoción de una causa particular apoyándose en recursos públicos.

   El alegato que suscriben algunos de los más destacados intelectuales mexicanos (Héctor Aguilar Camín, José Luis Cuevas, Alí Chumacero, Enrique Florescano, Margo Glantz, Miguel León Portilla, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Vicente Rojo entre otros) expresa una entendible preocupación ante lo que pareciera estar a punto de ser tremendo atropello contra las libertades políticas en México. Pero omiten recordar el hecho de que, antes, López Obrador ha cometido otros excesos.

   Si tales antecedentes no existieran la argumentación de esos firmantes –entre los que también se encuentran algunos de los creadores de la literatura más vital que se escribe hoy en México como Hugo Hiriart, David Huerta, Ángeles Mastretta, Rafael Pérez Gay y Juan Villoro– sería redonda: hay que frenar el abuso antes de que sus consecuencias devasten la democracia que tanto esfuerzo nos ha llevado edificar. Pero con ese documento, al no mencionarlos, indirectamente avalan otros abusos, los que comete López Obrador.

   “La construcción de un auténtico Estado de derecho supone que la ley se aplique de manera estricta, sistemática y universal”. Eso dicen, con razón, pensadores y actores del cambio político mexicano como Sergio Aguayo, Rolando Cordera, Víctor Flores Olea, Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero, David Ibarra, Adolfo Sánchez Rebolledo, Carlos Tello Macías, José Woldenberg.

   Amigos queridísimos algunos de ellos, creo que en esta ocasión se equivocan al plantear solamente el haz, soslayando el envés, de este enredado e incómodo asunto. La posición política que asumen en ese documento es, por omisión, parcial a favor de López Obrador. Tienen sus razones. Me parecen insuficientes.

   Oponerse al desafuero sin recordar los excesos del Jefe de Gobierno implica hoy, en la práctica, respaldar sus comportamientos también ilícitos. Es cierto: a López Obrador habría que derrotarlo con el voto. Pero participar acríticamente en la campaña contra el desafuero es una manera de apuntalarlo antes de la hora de las urnas.

   “Un juego limpio”, sostienen los firmantes del desplegado, “es la única garantía de estabilidad y paz social”. Por ello no hay que olvidar las manipulaciones y los desplantes –el juego sucio– del que participa López Obrador. No por eso habría que desaforarlo. Pero impugnar el desafuero dejando a un lado ese comportamiento puede ser políticamente eficaz –y desde luego políticamente correcto– aunque intelectualmente frágil.

   Cuando se les presentan opciones maniqueas respecto de asuntos álgidos las sociedades se polarizan. Sí o no, a favor o en contra, suelen ser disyuntivas que escinden y aprisionan la discusión. En esas situaciones el papel del análisis crítico, con o sin preferencias políticas, consiste en advertir los matices en vez de allanarse a alguna de las opciones dicotómicas.

   Posiblemente el desafuero sea, como dicen los 57 firmantes, una imprudencia. Pero también lo es impugnar esa arbitrariedad respaldando a un imprudente.

 

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