Tensar la cuerda

La Crónica, abril 10 de 2005

Los diagnósticos apocalípticos ante las consecuencias del desafuero han menudeado antes y después del jueves. Estamos, se dice, ante los funerales –alguien ha dicho descarrilamiento– de la democracia mexicana; es la rendición de la República ante una decisión facciosa; se trata de un golpe de Estado; es la ruptura de la legalidad como marco de la lucha política. En tales apreciaciones coinciden lo mismo partidarios de Andrés Manuel López Obrador que observadores críticos –otros no tanto– que desde dentro y fuera del país se preocupan por la situación mexicana.

   Son muchas voces, entre ellas algunas respetables, pero nos parece que todas ellas se equivocan en su apreciación fundamental. El desafuero aprobado el pasado jueves 7 de abril por una subrayada mayoría en la Cámara de Diputados constituye uno de los episodios más penosos y riesgosos de la transición política mexicana. Pero ese proceso no se desvanece, ni termina, en el incidente que ahora todos comentamos.

   El solo hecho de haber llegado a la instalación del jurado de procedencia fue expresión de inhabilidad política y jurídica por parte de los protagonistas más destacados de la vida pública mexicana. Sin el desprecio por la legalidad que López Obrador ha manifestado recurrentemente pero, además, sin la ausencia de una operación política por parte del gobierno para atajar ese encontronazo, no habríamos arribado a esa situación.

   El gobierno federal, el PAN y el PRI propiciaron y aprovecharon este episodio para cobrarle cuentas políticas a López Obrador. Pero las circunstancias que condujeron al juicio de procedencia no habrían existido sin los descuidos y quizá abusos que el jefe de Gobierno del DF cometió en el caso de El Encino.

 

Reglas que funcionan

   Todos pierden algo, o mucho, con el desafuero. La imagen pública del PAN, el gobierno y el PRI queda deteriorada. La de López Obrador hoy se encuentra más enaltecida que nunca pero no es seguro que logre mantener ese perfil y, sobre todo, que consiga superar el brete judicial en que se encuentra.

   La sociedad está aturdida y confundida. La política ha quedado, por lo pronto, supeditada a un asunto sin perspectivas ni desenlaces claros. Los medios de comunicación magnifican ese ya de por sí ensordecedor guirigay. El encono está definiendo conductas, invade la vida pública, exaspera la política, ofusca la reflexión, indispone a los amigos, oscurece las salidas políticas y debilita al país.

   Se trata de una situación indeseable e incómoda. Pero aun así, las apreciaciones catastrofistas no se corresponden con la realidad. Quienes dicen que la democracia mexicana ha quedado tocada de muerte con este episodio olvidan por lo menos tres circunstancias fundamentales.

   La primera de ellas es el hecho de que toda democracia se sustenta, antes que nada –aunque no exclusivamente– en reglas para la competencia y la representación políticas. Esas reglas, aunque no a todos les gusten o reconozcamos que son insuficientes o inconvenientes, han funcionado.

   Indudablemente las reglas que tenemos para la competencia política y la actividad institucional son imperfectas y las prácticas que se derivan de ellas pueden ser cuestionables. Posiblemente ese funcionamiento no es el que más les guste a muchos ciudadanos. Pero son las reglas que tenemos y a cuyo cumplimiento se han comprometido, expresamente, todos los funcionarios públicos y todos los partidos políticos.

   El proceso de desafuero se libró a partir de esas reglas. No ha ocurrido ruptura alguna del orden legal. Se puede decir que la justicia se está aplicando de manera discrecional porque en otros casos no se ha llegado al desafuero y con López Obrador sí. Es cierto. La determinación de la Cámara de Diputados ha sido de carácter político. En atención a consideraciones políticas –unas explícitas, otras no– los 360 legisladores que votaron por el desafuero consideraron que había motivos jurídicos suficientes para tomar esa decisión política. Seguramente se pudo haber evitado llegar al juicio de procedencia pero ello hubiera dependido de una negociación política que ni López Obrador, ni sus adversarios, quisieron emprender.

 

Mandato constitucional

   También se puede afirmar que muchas de esas leyes han sido utilizadas para golpear políticamente a ese aspirante presidencial y a quienes se identifican con él. Se cuestiona, por ejemplo, la disposición del artículo 38 Constitucional que suspende los derechos políticos a los ciudadanos que estén sujetos a un proceso judicial que merezca pena corporal. Si el juicio contra López Obrador se prolonga hasta enero próximo, esa sería la causa por la que no podría registrarse como candidato presidencial. Se trata, ciertamente, de un precepto cuestionable. Pero existe desde hace 88 años –además de que cuenta con antecedentes en las constituciones mexicanas previas a 1917­– y prácticamente nadie lo había señalado como riesgoso para la democracia mexicana.

   Quienes hoy defienden, con motivos diversos, a López Obrador –o aquellos que impugnan la decisión para desaforarlo– estuvieron en condiciones de conocer, antes, esa disposición constitucional y sus alcances. Sin duda el jefe de Gobierno del DF y sus asesores jurídicos sabían las consecuencias que podría tener, para su candidatura presidencial, la inhabilitación por estar sujeto a un proceso judicial.

   Sabiendo esas reglas –y los riesgos que implican– López Obrador desatendió los requerimientos judiciales –o al menos hay motivos fundados para suponer que así fue–; decidió no protegerse con los recursos legales que había a su disposición y encontró, precisamente en la posibilidad del desafuero y la eventual inhabilitación política, el horizonte de la ruta de colisión que parece resuelto a emprender. Las reglas en una democracia establecen condiciones para la competencia y la representación políticas pero, también, obligaciones, compromisos y –si se transgreden– riesgos legales y políticos.

 

Instituciones vigentes

   Imperfectas y en algunos casos atrasadas, las reglas que tiene esta democracia han funcionado. En esta ocasión lo hacen en contra de las perspectivas electorales del personaje con más simpatías ciudadanas. Pero la popularidad de López Obrador, sin lugar a dudas relevantísima, no podía ser atenuante en la aplicación de las leyes cuando las acusaciones en su contra llegaron al juicio de procedencia. El problema es que dichas transgresiones no fueron resueltas en las instancias judiciales menores en donde podían haber quedado.

   La segunda circunstancia que soslayan quienes hoy propagan una apreciación tremendista de estos acontecimientos es que, hasta ahora al menos, el litigio por y alrededor del desafuero ha transcurrido dentro de los cauces institucionales. La decisión del jueves ocurrió en una sesión legítimamente instalada de la Cámara de Diputados. Allí acudió, aunque fuera para descalificar a los legisladores, el funcionario acusado. Allí mismo los diputados del PRD e incluso de otros partidos condenaron al desafuero.

   Las instituciones, que son el patrimonio más importante y la creación central de la transición política mexicana, no dejan de operar. Hasta ahora –todavía– los cauces formales siguen siendo admitidos como los espacios del desacuerdo y la confrontación entre las fuerzas políticas. Las elecciones son reconocidas como el único medio válido para disputar el poder. Nadie podría dudar, fundadamente, que el próximo año el IFE y el Tribunal Electoral se desempeñarán con autoridad y legitimidad. Hoy mismo, este domingo, se realizan las elecciones para designar gobernador en Colima.

   ¿Cuánto resistirá ese andamiaje institucional que hoy ciñe y encauza la competencia política en México? La firmeza institucional está vigente y allí se encuentra el principal motivo para desechar, o por lo menos poner entre corchetes, los diagnósticos apocalípticos. Pero esas condiciones pueden cambiar. Tanto en el bando de quienes han querido aprovechar este episodio para desplazar del escenario político al personaje que consideran su rival más peligroso, como entre los seguidores de López Obrador, se puede reconocer un ánimo de ruptura que, de persistir, podría quebrar el fino y a veces delgado hilo que articula el entramado de las instituciones mexicanas.

 

Inmadurez

   La responsabilidad y la madurez no se encuentran entre los mejores atributos del grupo en el gobierno. Tampoco han definido la conducta del PRI –especialmente de su actual dirigente nacional–. Por motivos diversos tanto el presidente Vicente Fox y sus más allegados como Roberto Madrazo, quisieron precipitar y luego aprovechar las acusaciones contra López Obrador. La situación política que padecemos es, en parte, resultado de ese encono. El dilema, hoy, es hasta dónde en Los Pinos y en Bucareli, así como en las oficinas nacionales del PAN y del PRI, la animosidad contra López Obrador sea tanta que conduzca a una confrontación mayor.

   El flanco encabezado por el jefe de Gobierno del DF tampoco se distingue por la sensatez ni, como se ha visto, por el aprecio a la legalidad. La noche misma del día del desafuero la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dominada por seguidores de López Obrador, aprobó una extraña moción para desconocer la decisión que pocas horas antes había tomado la Cámara de Diputados.

   Esa resolución, que parece más consecuencia de un berrinche pueril que de un cálculo políticamente meditado y aquilatado, enfrentaría a ese cuerpo legislativo local con una disposición –constitucionalmente sólida– de la cámara de carácter federal. Llevada a sus consecuencias últimas, esa postura podría llevar a que el Senado de la República decretara la desaparición de poderes en el Distrito Federal.

   La Asamblea de Representantes, en los tiempos recientes, no se ha distinguido por la brillantez ni por la oportunidad de sus decisiones. Hace unos cuantos días había emprendido una reforma legal, de la que tuvo que desdecirse vergonzosamente, nada  menos que contra López Obrador. Pero a pesar de su improvisación el acuerdo que tomó el jueves, junto con la decisión del día siguiente para llevar el desafuero a una controversia constitucional que resolvería la Suprema Corte de Justicia, indica un manejo poco escrupuloso de la legalidad. De la misma manera que los procedimientos en el juicio de procedencia que condujo al desafuero podrían ser cuestionables, también lo es el comportamiento faccioso y desmañado del cuerpo legislativo del DF en donde domina el Partido de la Revolución Democrática.

 

Transición insuficiente

   La tercera circunstancia que vale la pena recordar es que nuestro itinerario a la democracia dista de haber concluido. De hecho, en estos días lo que se ha manifestado son algunas de las fallas de esta insuficiente democracia.

   Esas carencias de la democracia mexicana hacen más peligroso el pantano ante el cual se encuentra nuestro sistema político, pero también permiten relativizar la gravedad de lo que está en juego. La democracia mexicana no se encuentra tocada de muerte sencillamente porque no ha terminado de consolidarse. No hay descarrilamiento alguno –como ha señalado Carlos Fuentes en un artículo muy lamentable– porque el tren de la vida pública mexicana todavía tiene estaciones de llegada y sigue marchando a pesar de las turbulencias que lo amenazan.

   El recorrido que se le presenta a ese tren de la democracia mexicana no es precisamente entusiasmante. Sus conductores se dan de trompicones dentro de la cabina de mandos no por desacuerdos sobre la ruta sino simplemente para dirimir cuál de ellos se queda con el timón. Lo que hace falta es darle sentido a ese recorrido, precisar las estaciones por las que habrá de pasar más allá del próximo año y lograr que siga siendo tan incluyente como hasta ahora. Pero creer que la ruta democrática se estrelló fatalmente en el incidente del desafuero revela una apreciación muy corta sobre la solidez del tren, sus pasajeros y las vías sobre las que marcha.

 

Profecías

   Lo que sí puede ocurrir es que, junto con la irresponsabilidad de los actores políticos en conflicto, los diagnósticos tremendistas sobre la situación mexicana se vuelvan una suerte de profecías autocumplidas. A fuerza de apreciar solamente los flancos oscuros de esta situación coyuntural, bien podríamos contribuir para hacerla permanente. Por eso las evaluaciones de este momento que solo miran las imprudencias de unos sin reparar en las de otros están favoreciendo la polarización que, a su vez, envuelve, obnubila y determina hoy a la vida pública mexicana.

   Para salir de este escenario y de sus implicaciones más indeseables resulta preciso exigir un comportamiento responsable de los actores políticos. Puede ser ilusorio, pero se trata de los gobernantes y dirigentes que existen hoy en México. Al Presidente de la República sería pertinente requerirle que asuma la gravedad de esta situación y no pretenda minimizarla o huir de ella como acostumbra hacer ante los problemas que no entiende o no sabe enfrentar. Al PRI, es posible reclamarle que advierta que sus diferencias con López Obrador no ameritan poner en riesgo la solidez ni la eficacia del sistema político. Al PRD, es oportuno demandarle que se comporte como partido político moderno y no como simple caja de resonancia de un caudillo que lo manipula a su antojo. A todos, que no insistan en tensar la cuerda de nuestro entramado institucional. En una de esas se rompe y, entonces sí, nos quedaríamos sin tren, rieles y estaciones.

 

Juicio expedito

   Lo más urgente, hoy, es que el juicio a López Obrador sea transparente y expedito. Las dilaciones en ese proceso (primero en la entrega del expediente por parte del ministerio público, luego en el trabajo del juzgado) solo nos mantendrían estancados en la situación de enfrentamiento sin salidas que pareciera dominar hoy.

   La Procuraduría General de la República no se encuentra en su mejor momento. Así se comprobó ayer con la decisión de un juez para dejar libre a Nahum Acosta, el ex empleado de la Presidencia contra quien se levantaron cargos a partir de evidencias, por lo que se ha podido apreciar, bastante endebles y discutibles.

   Ese episodio ha demostrado –por cierto– que las decisiones de los jueces pueden contradecir las consignaciones que les entrega la PGR. El Poder Judicial ya no es, como han dicho López Obrador y muchos de sus simpatizantes, una simple agencia que atiende a los caprichos del Ejecutivo.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

–0–

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s