Voto en el extranjero, riesgo para las elecciones

La Crónica, 23 y 24 de febrero de 2005

Ayer, al respaldar el voto de nuestros compatriotas en el extranjero, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que pone en riesgo la transparencia y la confiabilidad de las elecciones mexicanas. Aunque obedece a una vieja y sostenida demanda de las comunidades más activas de mexicanos que radican en Estados Unidos, esa reforma deja fuera del control de la autoridad electoral y del Estado mexicano la promoción de las campañas e incluso, en algunos aspectos, la realización de los comicios.

   La votación casi unánime a favor de las reformas al Código Federal Electoral y los generalizados elogios que se les dispensaron en la tribuna de San Lázaro, indicaron el amplio consenso que tiene el reconocimiento del derecho al voto para los mexicanos que se encuentran o radican fuera del país. Pero la ausencia misma de discusión sobre los pros y contras de esas reformas y la improvisación con que fue presentada la iniciativa (a la cual ayer mismo, en tribuna, se le tuvo que añadir una extensa fe de erratas) manifiesta una preocupante premura.

   Aunque se trata de un tema que ha sido discutido en innumerables foros y desde hace buen rato, el del voto en el extranjero sigue siendo un asunto que suscita dudas e implica riesgos importantes para la integridad de nuestras elecciones.

   En el ánimo de los diputados, esas consideraciones fueron subordinadas al aprecio por el interés cívico de los mexicanos que se encuentran fuera del país. La existencia de cierta actitud culposa con esos compatriotas que han tenido que emigrar para encontrar fuera de nuestras fronteras el trabajo que no hallan en México, ha influido para que se soslayen las dificultades reales que podría implicar una votación fuera del país.

   El Instituto Federal Electoral, de acuerdo con esa reforma, tendría que crear, en su ya compleja estructura, una nueva rama para los votantes fuera de México. Además de las juntas locales y consejos distritales que ahora tiene en cada entidad y distrito electoral en el país, el IFE debería crear una cantidad ahora indeterminada de nuevas delegaciones.

   El número de esas nuevas dependencias, su ubicación y la cantidad de ciudadanos a la que atenderían tendrían que ser establecidas por el propio Instituto Electoral.

   Los aspectos organizativos, las prioridades en la construcción de esa nueva institucionalidad y la selección de personal –que debiera ser inmediata ya que estamos a 15 meses de la elección federal– los diputados se la dejan al IFE. Sin embargo no resolvieron los ajustes al presupuesto del Instituto que todo esa operación requeriría.

   En ese, como en otros rasgos, la reforma aprobada ayer en San Lázaro le transfiere al IFE la responsabilidad, pero sin recursos financieros e incluso jurídicos suficientes, para encargarse de las elecciones en el extranjero. La autoridad electoral mexicana carecería de instrumentos, por ejemplo, para fiscalizar eficazmente la propaganda en las campañas fuera del país.

   Los diputados quedaron bien con los mexicanos que viven en otras naciones y quieren participar en la designación de nuestros gobernantes –la iniciativa les reconoce ese derecho solamente en la elección presidencial–. Pero le dejaron a la Cámara de Senadores la tarea de ignorar esos inconvenientes, o cargar con el costo político que implicaría negarse al voto en el extranjero.

El nuevo gran elector 

 

Además de dificultades financieras y logísticas, el voto de los mexicanos en el extranjero implica supeditar un segmento estratégico de nuestro proceso electoral a condiciones que el IFE será incapaz de regular. Con la reforma que los diputados aprobaron antier se echa por la borda (alegremente, lo que es peor) buena parte de las garantías para el voto que nuestro país logró establecer en los años anteriores.

   Una de las claves de esas salvaguardas ha sido la supervisión, en ocasiones exagerada pero a final de cuentas eficaz, de cada uno de los pasos del proceso electoral. Desde la expedición de las credenciales para votar hasta la selección de candidatos, la obtención de dinero, la jornada electoral y la publicación de resultados, el Código Federal Electoral le confiere al IFE detalladas atribuciones de regulación y sanción. Gracias a ello hemos logrado que, sin lugar a dudas, los votos en las elecciones federales cuenten y sean escrupulosamente contados.

   Esa meticulosidad quedará en riesgo con la apertura de los comicios al sufragio de los mexicanos que radican en el extranjero. Las facultades que la autoridad electoral tiene para organizar y sancionar los comicios, no existirán cuando haya campañas y urnas mexicanas en otras naciones.

   Los diputados, con gran ligereza, aprobaron reformas legales que le dejan al Instituto Federal Electoral el paquete de resolver en qué ciudades y países podrán votar nuestros compatriotas en las elecciones presidenciales de 2006. Esa autoridad deberá credencializar, instalar módulos, informar de tales derechos a los mexicanos en el extranjero y levantar la lista de votantes.

   Los módulos deben estar funcionando dentro de solamente cuatro meses, en junio próximo. Como si le faltaran problemas, la autoridad electoral ahora tiene que resolver problemas prácticos y organizativos que no había previsto enfrentar. Todo ello, a menos que en la Cámara de Senadores se manifieste la cordura que no han tenido sus colegisladores y la aprobación de esta iniciativa esté supeditada a una reflexión más serena.

   Más allá de su organización, el problema central con esa modalidad para nuestras elecciones radicará en la imposibilidad para que las campañas en otros países –muy especialmente en Estados Unidos– sean supervisadas con las reglas que existen para el proselitismo electoral dentro del territorio mexicano.

   El artículo 186 del Código Electoral, que se refiere a la difusión de las campañas políticas en radio y televisión, sería adicionado al establecer que: “para el caso del extranjero, los partidos políticos no podrán contratar espacio en radio y televisión de propiedad extranjera, pudiéndolo hacer únicamente en radio y televisión nacional y sus repetidoras, tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

   No sabemos si la ignorancia fue mayor que el candor –o al revés– en la redacción y aprobación de ese artículo por parte de los diputados. Los partidos no necesitarían contratar directamente la publicidad que aparecería en radiodifusoras y televisoras estadounidenses. Bastaría que un grupo de simpatizantes, mexicanos o no, creara un comité de adhesión a la campaña de cualquiera de los candidatos presidenciales para que la supervisión del IFE quedase flagrantemente burlada.

   Los autores de la iniciativa no saben que las empresas de radiodifusión mexicanas no tienen, formalmente, repetidoras en el extranjero. Están aliadas con emisoras de Estados Unidos que reproducen parte de su programación pero con criterios corporativos y publicitarios que no son necesariamente los que determinan el funcionamiento de esas empresas en México.

   Aunque tienen oportunidad de ver y escuchar medios mexicanos, nuestros compatriotas en Estados Unidos atienden, fundamentalmente, a los medios hispanos que hay en ese país. Se estima que el 92% de las familias hispanas ve la cadena Univisión y el 85% la cadena Telemundo. Alrededor del 65% del mercado hispano en ese país está compuesto por televidentes de origen mexicano.

   Una investigación sobre consumo mediático realizada hace pocos meses por la Fourth Partner Foundation en la ciudad de Tyler, en Texas, encontró que Univisión es la televisora más vista por la población hispana (entre la cual la gran mayoría es mexicana) con 62% de la audiencia. Le sigue Telemundo con 22.7%. Galavisión, la filial de Televisa en Estados Unidos, alcanza solamente el 8.2% de las preferencias y Televisión Azteca apenas el 0.8%. El 3% prefiere a una emisora afiliada a la cadena ABC, el 1.9% a la cadena Fox y el 0.7% a la CNN.

   Univisión y Telemundo podrían convertirse en el nuevo gran elector de los comicios en México. Los candidatos y quienes los respaldaran en la Unión Americana preferirían anunciarse en las televisoras que ven allá nuestros compatriotas. Esa publicidad, sin regulación posible por parte del IFE, podría ser la que definiera quién será el próximo presidente de México.

 

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