Después de las elecciones

Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

 

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

 

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

 

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

 

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

 

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

 

Julio 27 de 2006.

 


[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

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