Momento de la política

 

 Un manido refrán, cargado de voluntarismo y en ocasiones candoroso sostiene que de las crisis, nacen las oportunidades. Desde luego, suponer que siempre hay circunstancias propicias es mejor que encerrarse en la desconfianza y la parálisis. Pero para comprender un escenario político repleto de tantas paradojas y complejidades como el que tenemos hoy se precisa de optimismo y, además, de una preventiva pizca de realismo.

   Considerar que la transición mexicana se encuentra en riesgo es, a la vez, diagnóstico y conclusión inicial. Pero habría que aquilatar en qué han consistido los avances de esa transición para entender qué es lo que está peligrando y cuáles opciones tenemos ante ese apuro.

   El eje del cambio político mexicano en los años recientes fue la construcción de un sistema electoral ejemplar y confiable, cuya solidez ha dependido de reglas muy detalladas y del compromiso de todos los actores políticos con tales normas. La identificación mecánica de la democracia con la competitividad y la transparencia electorales condujo a no pocos observadores de nuestra vida pública a considerar que la transición política podía darse por concluida sin reparar en sus varias asignaturas pendientes: entre ellas se encuentran la insuficiente y a veces inexistente democracia en los sindicatos y otros organismos de la sociedad, la concentración y el autoritarismo de los medios de comunicación más influyentes y el ingente déficit que padece la cultura cívica de los mexicanos. Sin atender esos rezagos, para no referirnos a la desigualdad social que constituye el principal factor de escisión en el país, era demasiado ilusorio considerar que la transición democrática había concluido.

   Ahora, cuando la coalición perdedora en las elecciones del 2 de julio y sus simpatizantes cuestionan agriamente al sistema electoral y colocan a la política mexicana en el desafío más espinoso que haya enfrentado durante esta transición, vale la pena preguntarnos qué es lo que realmente ha entrado en crisis y qué es lo que se encuentra en riesgo.

 

Reformar, sin desdeñar

lo que ahora tenemos

   Se está volviendo lugar común hablar del deterioro de nuestras instituciones políticas. Son caducas, han sido desbordadas, no dan para más, se dice quizá con indocumentada ligereza. Evidentemente nos encontramos en una situación difícil. Pero, justamente por ello, habría que incorporar al análisis al menos parte de la prudencia que les requerimos a los actores políticos para no arrojar por la ventana el agua de estos turbulentos tiempos, el niño que es nuestra inmadura democracia y de paso también la bañera institucional que encauza, cobija y legitima al juego político.

   La confianza e incluso el respeto de un segmento importante de los mexicanos hacia el sistema político y específicamente hacia las instituciones electorales se encuentran notoriamente erosionados. Pero esas instituciones han cumplido con sus obligaciones, han acatado las leyes y están funcionando. Conforme el proceso de la calificación electoral ha avanzado se ha podido ratificar no solamente el resultado de la votación del 2 de julio sino, junto con ello, el desempeño en términos generales escrupuloso del Instituto Federal Electoral.

   Lo que falló no fueron el IFE ni las reglas electorales sino el compromiso de uno de los actores de la competencia política con esas reglas y con los resultados de la votación del 2 de julio. El resto de las instituciones del Estado mexicano también continúa en marcha. Las dos cámaras del Congreso federal ha quedado instaladas y en ellas se encuentran representadas todos los partidos. En pocos días más tendremos presidente de la República formalmente electo. El país está cruzado por la inquietud y por una sensación de malestar que nos ha traído de la crispación al pesimismo pero la economía funciona y la vida cotidiana de la gente sigue. No hay que menospreciar la protesta del candidato presidencial que perdió las elecciones pero, más que por la cantidad de mexicanos a los que pueda representar, el arrebato de  López Obrador es preocupante porque puede está conduciendo al PRD hacia un despeñadero político.

   El hecho de que las instituciones políticas no se encuentren paralizadas no significa que respondan cabalmente a las nuevas realidades del entramado partidario y de la sociedad mexicanos. El presidencialismo está definitivamente agotado, por lo menos con la omnímoda concentración de poder y con las forzosas capacidades de arbitraje que tuvo en otros tiempos de la vida política mexicana. La construcción de un nuevo perfil, más moderno, acotado, dialoguista y flexible para el Poder Ejecutivo Federal, quedó arruinada con las cotidianas torpezas, los compromisos facciosos, las palmarias insuficiencias personales y el patético desempeño del presidente Vicente Fox. Sería injusto condenar a la institución presidencial por todos los desatinos de quien la ha ocupado en los últimos seis años. Pero el solo hecho de que a la Presidencia de la República haya llegado un personaje con las limitaciones que han sido tan ostensibles en este sexenio confirma que el país necesita de un esquema de gobierno diferente, capaz de racionar la responsabilidad del gobierno en diferentes fuerzas y poderes y que, sobre todo, obligue a los acuerdos y compromisos políticos.

 

Partidos inmaduros para

el parlamentarismo

   Cuando nos preguntamos cuál es el modelo de organización institucional más apropiada para México es frecuente voltear la mirada hacia los regímenes parlamentarios. Pero resulta un tanto aterrador imaginar al gobierno del país aherrojado a las cadencias y costumbres de partidos tan atrasados, inorgánicos y escindidos como los que dominan en el actual escenario político. El hecho de que el PAN siga conducido por una dirigencia de vocación fundamentalista, el PRI esté representado –como ocurre ahora en el Congreso– por personajes más proclives a la picardía que a la política y el PRD se empeñe en padecer el síndrome de Estocolmo que lo sujeta al personaje que secuestró el proyecto de las antiguas izquierdas para reemplazarlo por una grotesca reedición del viejo caudillismo caciquil, permiten desconfiar de cualquier esquema que dependa de la interacción cotidiana entre tales actores políticos.

   Es cierto que con esos partidos tenemos que arar. Pero si son indispensables y si su funcionamiento y vigencia resultan incluso deseables para que no lleguemos a tener, entonces sí, una auténtica y acaso irreversible crisis de nuestro modelo político, parece necesario que no nos conformemos con ellos. Junto a la solidificación de opciones políticas nuevas –como la que representa, destacada y meritoriamente el Partido Alternativa– es preciso que mantengamos y profundicemos las apreciaciones críticas acerca de todos y cada uno de los partidos y fuerzas políticas del país.

   La mejor opción para que México supere creativa y provechosamente la crisis actual tendría que pasar por la coincidencia de todos esos partidos y fuerzas políticas en torno a una diversa colección de compromisos. Ojalá hubiera sensatez y generosidad suficientes, en esas fuerzas políticas y en la sociedad, para alcanzar y afianzar un acuerdo nacional capaz de involucrarlos a todos. Esa es la meta deseable y cualquier esfuerzo hacia ella resultará plausible. Pero también es necesario plantearnos la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas entiendan la necesidad nacional de tales compromisos.

   Todos los días constatamos, en todos los partidos principales, la enorme dificultad que sus dirigentes y representantes tienen para mirar más allá de sus intereses y antojos inmediatos. Su extraordinaria dificultad para tener una perspectiva de largo o aunque sea mediano plazo, siempre ha sido un defecto de la clase política mexicana. Por eso no sería remoto que, a pesar de la palmaria necesidad para que formen parte de un acuerdo amplio, magnánimo e incluyente, alguno o algunos de los partidos principales antepongan la confrontación o, en otro caso, supongan que pueden sortear los actuales aprietos sin necesidad de establecer compromisos con sus ahora adversarios.

 

Equívocos del PRD,

dilemas de Calderón

   El PRD aparentemente mantiene una posición ambigua. El candidato presidencial derrotado está a punto de proclamarse alteza inserenísima al mismo tiempo que los senadores y diputados de ese partido, legítimamente electos, asumen sus tareas legislativas. Mientras en el Zócalo llaman a la asonada, en San Lázaro juran la Constitución. Hay quienes confían en que dentro de ese partido se impongan la sensatez y el realismo para que el PRD coseche y usufructúe los nada despreciables triunfos que logró en la elección del 2 de julio. Pero como a la vez que sus nuevos legisladores reciben sus credenciales y se aprestan para el primer periodo de sesiones el PRD prepara una supuesta convención cuyo resultado ya ha sido anunciado y que lo afianzará en una ruta de muy difícil retorno, a estas alturas podemos preguntarnos si en ese partido dominarán la responsabilidad y el realismo, o la esquizofrenia, la insensatez y el resentimiento políticos.

   Felipe Calderón, al parecer más en el plano de las declaraciones que en una auténtica operación de acercamientos y pactos políticos de largo alcance, ha seguido insistiendo en la creación de acuerdos. No es demasiado relevante si esa búsqueda se debe a la seriedad  con que contempla el desastrado panorama que deja la elección o a la necesidad de compromisos que le impone ese mismo contexto. Lo importante es que, en el actual clima de confrontación, esa búsqueda de Calderón puede quedarse sin interlocutores suficientes. Si no se convierte en una operación de cara y hacia el país, los márgenes del presidente electo quedarán acotados por la soberbia y la intolerancia que campean en las fracciones que siguen dominando en Acción Nacional y por el convenencierismo de los aliados de ocasión que encuentre en el PRI.

  

Los acuerdos necesarios

   En este escenario, discutir propuestas puntuales aparentemente resulta anticlimático pero, por eso mismo, puede contribuir a la distender la crispación que sigue imperando quizá no en todo el país pero sí en los segmentos más activos y políticamente interesados de la sociedad mexicana. Sería deseable pensar en un gran acuerdo para renovar la política y otro para el crecimiento económico. Política y economía se encuentran imbricadas como nunca antes. Uno de estos acuerdos, sería irrealizable si no existe el otro. Es imperioso, además, un acuerdo muy puntual y con metas definidas para restablecer la seguridad pública y contra la delincuencia.

   En el plano de la economía el tema de la reforma hacendaria –que incluya significativos ajustes fiscales y recaudatorios– parece imprescindible. Si el Estado no cuenta con más recursos será imposible desplegar la política redistributiva que prácticamente todos reconocen como necesaria. Metas, pautas y beneficiarios de esa política tendrían que ser la otra cara del acuerdo económico.

   Las reformas en el plano específicamente político tendrían que sustituir lo que resulta insuficiente y fortalecer lo que funciona bien. Si, como señalamos antes, no parece pertinente pensar en un sistema político de índole parlamentaria al menos por ahora, habría que considerar la construcción de contrapesos y de esquemas de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. La necesidad, por ejemplo, de que algunos secretarios de Estado sean aprobados por el Congreso a partir de propuestas del Presidente de la República, la creación de mecanismos más ágiles y transparentes para la rendición de cuentas de ambos poderes, el establecimiento de reglas actuales y eficaces para el trabajo parlamentario y la revisión del funcionamiento y la situación legal de comisiones y organismos autónomos en cuya designación participan Ejecutivo y Legislativo, constituirían algunas de las pautas en esa reforma de la institucionalidad política.

   Sería imprudente trastocar el trabajo de los organismos electorales simplemente porque el partido que perdió la elección, y sus simpatizantes, quieren culpar a las autoridades del IFE de la decisión que los votantes definieron en las urnas. Lo que hace falta es emprender reformas hace tiempo requeridas para solidificar y mejorar la competencia electoral, comenzando con la sustitución de la propaganda pagada en radio y televisión por la apertura de franjas destinadas a los partidos en los medios electrónicos.

   La reforma de los medios para establecer límites a la inusitada concentración de muchas frecuencias en pocas manos, propiciar el desempeño responsable de las empresas de comunicación y garantizar que sean regulados por un organismo verdaderamente autónomo –a diferencia de la mascarada de reforma que todos los partidos aprobaron hace pocos meses con la Ley Televisa– forma parte ineludible de esas transformaciones para la competitividad y la convivencia políticas.

 

Ante mesianismos

y fundamentalismos

   Indudablemente, hay áreas del entramado estatal y especialmente de su relación con la sociedad que requieren de importantes actualizaciones y renovaciones. Para ello hace falta el acuerdo de todas o, si no fuera posible, de algunas de las principales fuerzas políticas del país. Pero no hay que olvidar que también se requiere el compromiso de todas esas fuerzas con las reglas que ahora tenemos para la competencia y la representación políticas. Hace falta, para decirlo en términos más llanos, de un expreso y productivo compromiso con la política.

 

Es momento de la política, mas no de la politiquería de miras estrechas y afanes mezquinos con que tan a menudo se la confunde. Las oportunidades para el país, si las hay al cabo de esta crisis, no llegarán solas. El campo de la política es el único en donde pueden procesarse diferencias y edificarse compromisos. Pero además, en el campo de la política quedan aislados tanto el fundamentalismo conservador como el mesianismo populista: es el terreno cuya naturaleza excluye a los excluyentes.

Texto preparado para el foro “La transición en riesgo: retos y oportunidades” organizado por el Partido Alternativa el 30 de agosto en la ciudad de México.

 

   

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