La fiscalía malograda

La Crónica de Hoy, 12 de abril de 2007

Ignacio Carrillo Prieto se echó a cuestas una causa que lo sobrepasó. La fiscalía que ejerció durante más de cinco años tenía propósitos meritorios pero acabó por convertirse en expresión de las lacras que decía perseguir. Con el pretexto de reparar abusos del poder, incurrió en otros nuevos. A nombre de la impartición de justicia, cometió ilegalidades cuya sanción sigue pendiente.  

   El fracaso de la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado cuyo largo nombre (¡uf!) ya era indicio de la imprecisión de las tareas que tenía asignadas, no debiera cancelar el derecho que el país tiene para saldar cuentas con su propia historia. Pero su desmedido y tortuoso desempeño tendría que ofrecer una lección cívica, legal y política: es inadmisible que quienes indagan y sancionan infracciones –antiguas o recientes– actúen con la ligereza y la irresponsabilidad que, en varias de sus decisiones principales, singularizaron la gestión de Carrillo Prieto. 

   Creada en noviembre de 2001, cuando todavía había quienes creían que el gobierno de Vicente Fox se distinguiría de la discrecionalidad con que ejercieron el poder casi todos los presidente priistas, esa Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República tenía el encargo de indagar a profundidad y, en la medida de lo posible, castigar los crímenes cometidos contra mexicanos que fueron reprimidos cuando luchaban por sus derechos políticos. Las masacres contra los estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la llamada guerra sucia contra los grupos guerrilleros de los años setenta, constituían los episodios principales que ocasionaban el surgimiento de la Fiscalía.  

   El legítimo afán de muchas de sus víctimas para que aquellos sucesos tuvieran un esclarecimiento oficial y sus responsables fuesen castigados, alentó desmedidas expectativas respecto de esa oficina de la PGR. La responsabilidad legal por los homicidios cometidos en Tlatelolco y San Cosme, entre otros, había caducado o estaba por vencer. Así que en el terreno de la impartición de justicia era poco lo que podía lograrse. Una comisión capaz de expedir un veredicto político, apoyado en un sólido bagaje documental, posiblemente hubiera sido más eficaz. Pero Carrillo Prieto y, por lo visto, el gobierno que lo designó, aspiraban a resultados más espectaculares. La posibilidad de ver tras las rejas a algún ex presidente, o a varios ex funcionarios de gobiernos priistas, parece haber sido más atractiva que la auténtica búsqueda de la justicia histórica y política. 

   Quizá por eso Carrillo Prieto se convirtió en perseguidor, sin contar en todos los casos con motivos legales suficientes, y así perdió la autoridad moral que pudo haber tenido para ofrecerle a la sociedad un dictamen serio, completo y acreditado acerca de excesos cometidos por el Estado mexicano en décadas anteriores. 

   Como sus indagaciones no bastaron para identificar con toda claridad a los culpables de crímenes como los que hemos mencionado, el Fiscal quiso fabricarlos. El 26 de julio pasado La Crónica dio a conocer la denuncia de César Augusto Osorio, quien había sido director general de Investigaciones Ministeriales “B” de la Fiscalía y que, según dijo, fue despedido cuando se negó a consignar inocentes. 

   De acuerdo con ese funcionario, Carrillo Prieto le había exigido una cuota de culpables para ser procesados: 25 responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968. “Cuando yo le hice notar que eso era técnicamente imposible y que moralmente era deleznable y criticable, entonces me impidió definitivamente el ingreso a las oficinas y me quitó el trabajo”, declaró.    

   Es posible que entre las personas señaladas por Carrillo Prieto hubiera auténticos culpables de crímenes que se quedaron sin castigar. Pero el caso del capitán Luis de la Barreda Moreno, cuya inocencia ha sido ratificada por varios tribunales federales después de once acusaciones penales en su contra, manifiesta un deliberado –e incluso enfermizo, podría considerarse– afán persecutorio. 

   De la Barreda Moreno era subdirector Federal de Seguridad en 1968. Esa circunstancia, así como especulaciones sin sustento demostrable, llevaron a la Fiscalía Especial a consignarlo como uno de los responsables en “la planeación y dirección” de la operación que desembocó en el crimen de Tlatelolco. En aquellos días, sin embargo, De la Barreda Moreno estuvo internado en el Centro Médico Nacional y no pudo haber planeado ni mucho menos dirigido la represión contra los estudiantes del 68.  

   Esa acusación, así como las otras que fueron enderezadas contra De la Barreda Moreno, fueron desmontadas por sus abogados y al cabo de tres años su inocencia quedó plenamente acreditada. Pero en ese lapso él y su familia debieron transcurrir por circunstancias en extremo penosas, que seguramente contribuyeron para que en junio pasado sufriera un triple infarto cerebral que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, ha sostenido un ejemplar esfuerzo primero para defender el nombre y la inocencia de ese ex funcionario que, según todas las evidencias, fue injustamente acusado. Y ahora, para exigir que Carrillo Prieto sea castigado por esa ilegal persecución. 

   Recientemente, el Ministerio Público Federal reabrió la averiguación previa que se inició contra Carrillo Prieto a partir de una denuncia presentada por el doctor De la Barreda en septiembre de 2005. Inicialmente la PGR había resuelto no ejercer acción penal considerando que la consignación contra el capitán De la Barreda Moreno no había sido responsabilidad del fiscal Carrillo Prieto sino de Abel Flores, uno de los agentes del Ministerio Público adscritos a esa Fiscalía. El doctor De la Barreda Solórzano demostró que el Fiscal Especial era plenamente responsable de aquella consignación y además ha denunciado al mencionado agente del Ministerio Público. 

   De la Barreda Moreno y su familia tienen pleno derecho a que se les haga justicia. Y más allá del desenlace que tenga ese nuevo episodio, es claro que la gestión de Carrillo Prieto fue un auténtico desastre. Ahora el ex fiscal promociona el pretenciosamente denominado “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006” con el que, en la práctica, concluyó su gestión en noviembre pasado. Aunque allí se reúnen datos de interés y se hace un interesante recuento a partir de archivos gubernamentales y algunos testimonios, en realidad es poco lo que hay de novedoso en ese documento. En sus 742 páginas, organizadas en 12 capítulos, hay más un frecuente afán de autojustificación que una explicación precisa de cómo ocurrieron los crímenes cuya averiguación le fue encomendada a esa Fiscalía. En ese documento, por cierto, no aparece una sola acusación en contra del capitán De la Barreda Moreno.  

   Qué fracaso. Y qué patético. Si la indagación de los crímenes históricos tiene sentido es para que aprendamos a evitarlos pero, jamás, para que con el subterfugio de sancionarlos se cometan nuevas arbitrariedades. 

ALACENA: El sindicato Minero – Metalúrgico   Como dirigente obrero Napoleón Gómez Urrutia ha sido altamente discutible desde que fue impuesto por su padre, sin que tuviese trayectoria sindical alguna, al frente de los mineros y metalúrgicos. Sus operaciones financieras siguen resultando dudosas. Pero la maniobra para destituirlo, hace más de un año, pasó por encima de la legalidad y, según las evidencias disponibles, de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de ese gremio. Hacía tiempo que el gobierno no se entremetía en un sindicato como hizo entonces, desfachatada y autoritariamente, el gobierno del presidente Fox. Solamente a los miembros del Sindicato Minero corresponde decidir quién los dirige, aunque resuelvan tener un liderazgo tan controvertido como el que encabeza Gómez Urrutia.–0–

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