281 026 spots

La Crónica, 24 de mayo de 2007

La denuncia del IFE destapó nuevas y quizá más graves irregularidades. La autoridad electoral encontró que, de los anuncios transmitidos en radio y televisión que se difundieron como parte de las campañas del año pasado, hay por lo menos 281 mil que no fueron registrados por los partidos políticos en los informes de gastos de campaña que tienen obligación de presentar.

 

   A tal señalamiento, de por sí delicado y que permite confirmar las anomalías a las que da lugar nuestro actual sistema de propaganda política, se añade la denuncia del senador Ricardo Monreal, del PRD, que asegura que esos spots no registrados por los partidos fueron pagados con dinero del narcotráfico. Y al escándalo que esa gravísima acusación que Monreal endereza contra todos los partidos –incluyendo el suyo– aunque no ofrece una sola prueba, se añade la revelación que ayer hizo José Guadalupe Acosta, secretario general del mismo PRD: los spots que contrató la Coalición que encabezaban los perredistas no son 165 mil como dice el IFE sino 460 mil.

 

   Una autoridad electoral que reporta 281 mil anuncios de campaña hasta ahora sin patrocinador reconocido; un senador que asegura que hubo mil millones de pesos de dinero sucio que el narcotráfico invirtió en las campañas (de acuerdo con la información publicada ayer miércoles en Crónica); un partido político que lejos de considerarlas abultadas, dice que las cifras del IFE se quedaron cortas… Antes de hundirnos en la perplejidad es pertinente acudir a varias precisiones. Y hay que separar los señalamientos serios de las frivolidades.

 

   Durante todo el proceso electoral la empresa Ibope realizó, por encargo del IFE, un monitoreo de los anuncios de campaña que se difundieron en radio y televisión. Ese monitoreo comprendió el registro diario, durante todo el día, de las transmisiones de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio en 20 ciudades del país. La metodología con que se realizó ese trabajo fue conocida y aprobada por los partidos que tienen representación en el IFE.

 

   En México hay muchas más emisoras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene registradas 1488 estaciones de radio y 733 de televisión. El universo monitoreado por el IFE no las incluyó a todas pero sin duda incorporó a las estaciones con mayor audiencia en el país y, desde luego, a todas las de carácter nacional.

 

   Gracias a ese monitoreo el IFE tiene grabados cada uno de los anuncios de campaña que se difundieron entre el 19 de enero y el 28 de junio –que fue el plazo oficial de las campañas electorales– en las 20 plazas estudiadas. Esos spots la autoridad electoral los puede consultar, incluyendo varios segundos de las transmisiones previa y posterior a la difusión de cada uno de ellos, en un programa informático que fue creado para tal seguimiento. Los funcionarios del IFE a cargo de esa tarea tienen la certeza de que todos y cada uno de los spots que han reportado fueron transmitidos. Desde luego, puede haber muchos anuncios más que no quedaron registrados porque se encontraban fuera del universo que fue motivo del monitoreo.

 

   A la autoridad electoral, esa información le resulta útil para cotejarla con la información de los gastos realizados durante las campañas y que los partidos tuvieron que haberle entregado varios meses después de la elección federal. En esos informes cada partido debe indicar cuánto gastó y en qué conceptos. Cuando se trata de contratación de espacios en medios electrónicos el partido tiene que presentar un inventario de los anuncios por los cuales pagó, así como el horario preciso en que fueron transmitidos.

 

   En las ciudades en donde se realizó el monitoreo fueron difundidos 757572 anuncios de campaña en radio y televisión. Se trata de spots de todas las campañas federales: para presidente, diputados y senadores.

 

   Al comparar ese inventario con los reportes financieros de los partidos, la autoridad electoral encontró que los partidos no dieron cuenta de 281026 anuncios –es decir, el 37%– en esos informes de sus campañas.

 

   Algunas de esas omisiones pueden deberse a errores técnicos en la contabilidad de los partidos. Pero también puede haber ocurrido que los partidos hayan realizado contrataciones de manera subrepticia y de las cuales no informaron a la autoridad electoral. Y también puede haber sucedido que, en algunos casos, la transmisión de numerosos anuncios de campaña no haya sido resultado de las gestiones de los partidos sino de la contribución (que en ese caso sería ilegal) de otras instituciones, o de ciudadanos a título individual. Una tercera posibilidad es que algunas empresas de radio y televisión hayan transmitido spots por equivocación (a veces en algunas emisoras insertan publicidad como relleno para extender los cortes de estación) o, en otra hipótesis, para respaldar a algún candidato.

 

   La diversidad de situaciones que pueden haber originado los 281 mil spots de cuya transmisión hasta ahora no hay responsables, es tal que la autoridad electoral dio a los partidos un plazo de varias semanas para que ofrezcan las aclaraciones que quieran presentar. Mientras tanto, el IFE puede solicitar a las empresas de televisión y radio que le informen quién patrocinó, o quién resolvió transmitir, esos spots.

 

   Las empresas de radio y televisión no están legalmente obligadas a entregarle esa información al IFE. Pero poco antes de las elecciones algunas de las más importantes, incluyendo a Televisa y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, suscribieron con el IFE convenios de colaboración merced a los cuales se comprometieron a entregar informes regulares de la propaganda que los partidos irían contratando en cada emisora. Las empresas no cumplieron de manera sistemática con esa obligación que ellas mismas habían aceptado y ahora el IFE puede requerirlas para que lo hagan.

 

   El IFE no puede obligar a las televisoras y radiodifusoras a que entreguen esa información. Pero a las que se nieguen a hacerlo, les resultaría sumamente comprometedor quedar señaladas como cómplices de irregularidades electorales posiblemente muy graves.

 

   Si, una vez que se depure el inventario de 281 mil spots irregulares con las aclaraciones que presenten los partidos, resulta que hay una cantidad aún considerable de anuncios que fueron transmitidos y que los partidos mismos no admiten haber pagado, nos encontraríamos ante varios posibles delitos electorales.

 

   Aquellos de esos anuncios que los partidos contrataron a escondidas o cuyas facturas no hayan requerido como es su obligación, podrían ser considerados como gastos de campaña que incurrirían en una o dos infracciones: por no haber sido reportados como tales y quizá, también, por haber excedido el límite de erogaciones que la ley establece para los partidos en cada campaña.

 

   Aquellos ciudadanos o empresas que hubiesen pagado spots de manera directa, habrían transgredido la disposición legal que adjudica a los partidos la exclusividad en la contratación de propaganda electoral.

 

   Y las empresas de radio y televisión que hubieran difundido anuncios de campaña como cortesía a uno o varios partidos y sin haber recibido pago por ello, habrían entregado una donación en especie que está prohibida y que también constituye un delito electoral.

 

   El IFE, en esos casos, puede solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda si considera que alguna empresa tuvo ingresos que no han sido reportados como tales. O puede enterar de esa irregularidad a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR.

 

   Así que el asunto de los 281 mil spots da para mucho. Pero hasta donde podemos apreciar no hay sustento para denuncias como la del senador Monreal. No hay que cerrar los ojos ante la posibilidad de que la delincuencia organizada esté interesada en respaldar candidatos a cargos de elección, sobre todo en las regiones en donde tiene influencia y quiere incrementarla. Pero es preciso desbrozar esos casos de la situación nacional.

 

   Los spots que le sobran al secretario general del PRD pueden haber sido difundidos en plazas a donde no llegó el monitoreo del IFE. Pero aun así parecen demasiados. Es altamente posible que se trate de una exageración más de ese partido.

 

   Mientras tanto, hay varios sesgos que se pueden identificar en la información acerca de los 281026 spots hasta la fecha considerados como irregulares.

 

   Más de la mitad de esos spots, el 51.5%, difundieron propaganda a favor de la Alianza encabezada por el PRI. El 27% fueron anuncios del PAN. El 17%, de la Coalición por el Bien de Todos. El 4.2% de Nueva Alianza y el 0.3% de Alternativa.

 

   De esos spots, el 88% fueron difundidos por radio y el 12% en televisión. Sin embargo entre el total de spots registrados en el monitoreo del IFE –tanto los que son reconocidos por los partidos como aquellos que siguen sin ser aclarados– el 80% fue de anuncios en radio y el 20% en televisión.

 

   Es decir, la mayor parte de tales irregularidades se cometió en la radio. Y, al mismo tiempo, la mayor parte de esos anuncios benefició a la campaña del PRI.

 

   No es difícil imaginar a no pocos empresarios de la radiodifusión en algunos estados, que recibieron sus concesiones de los gobiernos del PRI y que por esa y otras circunstancias tienen compromisos con ese partido, tratando de beneficiar a sus candidatos difundiendo más anuncios de los que les pagaron.

 

   Tal escenario no exime de responsabilidad a las televisoras nacionales que también pudieron haber transmitido anuncios de cortesía. Si no lo hicieron, la mejor manera de aclararlo consiste en entregarle cuentas claras al IFE.

 

   Este episodio, y las secuelas que pueda tener, ratifican la necesidad de acabar con la dependencia que los partidos, y por ello la vida política, experimentan respecto de los medios electrónicos. Los partidos gastan mucho en la contratación de propaganda porque disponen de grandes sumas de dinero público. Y no hay fiscalización que pueda resultar absolutamente eficaz cuando se trata de un universo de estaciones, empresas, partidos y donantes tan amplio y con tantas posibilidades para eludir las reglas que ahora existen. El único remedio para terminar con esa dependencia y con dichas contribuciones irregulares radica en eliminar de nuestras campañas electorales la posibilidad de adquirir propaganda pagada en la televisión y la radio. Nos ahorraríamos muchas complicaciones. Y además, bastante dinero.

 

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