Arquetipos del PRI

La Crónica, jueves 28 de junio de 2007

   La decisión de la Corte para aplazar su sentencia acerca del comportamiento del gobernador de Puebla le dio un respiro –apenas ligero y efímero, pero respiro de todos modos– no solo a Mario Marín sino, junto con él, a su partido. Estos no son, definitivamente, los mejores tiempos para el PRI. A juzgar por lo maltratado que se ve ese partido pero especialmente debido a la obstinación de sus dirigentes para proteger a los priistas más indefendibles no hay un solo elemento que permita guardar alguna esperanza –si es que alguien quisiera tenerla– en el porvenir del Revolucionario Institucional.

   Mario Marín, Ulises Ruiz y Jorge Hank Rohn son, hoy en día, los priistas más visibles. El primero de ellos ha sido acusado por atropellar las garantías individuales de la empeñosa periodista Lydia Cacho. El gobernador de Oaxaca se excedió ostensiblemente en el mando de la fuerza pública para reprimir un movimiento desbordado y exaltado y que había prescindido de cualquier otra demanda para insistir, antes que nada, en la renuncia del mandatario estatal. A Hank Rohn, la autoridad electoral en Baja California le aplicó una ley local que impide la postulación de funcionarios electos cuya gestión no haya terminado, como sucede con él cuya responsabilidad como presidente municipal le impide, según esa disposición, ser candidato a gobernador.

   Personajes de historias diferentísimas, esos notorios priistas viven, hoy, destinos paralelos. La suerte de los tres pende de resoluciones judiciales.

   El caso contra Mario Marín quedó postergado pero antes de ello se conoció el proyecto de resolución que, a la cabeza de la comisión investigadora que había creado la Corte, presentó el ministro Juan Silva Meza. Allí se confirma que el gobernador de Puebla orquestó el acoso judicial contra la periodista Lydia Cacho para congraciarse con su amigo, el empresario textil Kamel Nacif. En esa maniobra el gobernador fue auxiliado por la procuradora del estado de Puebla, por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y por una juez local. Contra todos ellos, se proponen medidas judiciales. Y contra el gobernador, de aceptarse las recomendaciones del ministro Juan Silva, se dejaría al Congreso de la Unión la posibilidad de inhabilitarlo para que fuese sometido a juicio.

   Es altamente posible que, presentado a los legisladores federales, el caso del gobernador Marín no prosperase porque lo defienden sus correligionarios del PRI. Es de esperarse que así ocurra y no en virtud de una elemental solidaridad entre militantes sino debido a la connivencia de intereses y complicidades que constituyen el principal, si no es que el único, elemento de cohesión de ese partido. Además del agravio a la periodista Cacho, en este asunto se ha comprobado la sumisión de la justicia en Puebla a los caprichos del gobernador. Y detrás de todo ello, se mantienen las denuncias acerca de las redes de pederastia de las que podrían ser activos cómplices algunos protegidos de Mario Marín.

   Al comprometerse en la defensa de ese gobernador, el PRI manifiesta de qué lado está en la reivindicación de las leyes y en la defensa de los derechos humanos. Lo mismo le sucede con Ulises Ruiz, cuyo caso también está pendiente de solución en la Suprema Corte. Los dirigentes de la APPO no estuvieron exentos de numerosas culpas. Pero el encarcelamiento al que se encuentran sometidos, las penas desproporcionadas que se les han impuesto y la vigilancia policiaca extrema que se mantiene en Oaxaca, no han cancelado la inquietud social en esa entidad. Ahora no solamente los maestros sino además grupos significativos de empresarios, consideran que la gestión de Ruiz estorba el remedio a las tensiones políticas oaxaqueñas.

   Para salvaguardar a los gobernadores de Oaxaca y Puebla, el Revolucionario Institucional ha puesto en juego su peso parlamentario.   La ecuación que proponen los priistas es tan elemental como impúdica: si Acción Nacional les ayuda a detener las sanciones contra Ruiz y Marín, a cambio el PRI respaldaría la propuesta de reforma fiscal del gobierno federal. Para los priistas, la defensa de esos impresentables gobernadores se ha convertido en prioridad incluso por encima del interés de la sociedad.

   Habrá quien considere que se trata de una medida política, como si la única política posible fuera la del tráfico de influencias y la coacción. También se puede estimar que ese es, simplemente, vulgar chantaje. Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón y el PAN resuelven qué hacer en esos litigios, los líderes parlamentarios del PRI se pavonean ufanándose de la posición estratégica que, según dicen, tiene hoy su partido como fiel de la balanza de las decisiones en ambas cámaras.

   Quizá se equivocan. Indudablemente, aliado con el PRI, Acción Nacional tiene en cada una de las cámaras mayoría suficiente para aprobar la reforma fiscal y cualquier otra iniciativa. Pero también la tendría si contara con los votos del PRD tanto en San Lázaro como en Xicoténcatl. Hace varios meses hubiera sido impensable que los perredistas respaldaran una propuesta del gobierno cuya elección descalificaron con tanto ahínco. Pero hoy, dentro del PRD se abren paso las posiciones de quienes reconocen que si no hacen política (y política es antes que nada el ejercicio de tomar acuerdos en torno a posiciones comunes) quedarían marginados del escenario público.

   Aunque el aniversario de la elección presidencial le dará nueva notoriedad a Andrés Manuel López Obrador y a las posiciones intolerantes dentro del PRD, en distintos frentes los perredistas que ocupan responsabilidades de elección popular ejercen su derecho a ser reconocidos como interlocutores del gobierno. La comida que los gobernadores que son miembros de ese partido tuvieron con el presidente Calderón, así como los encuentros de legisladores perredistas con el secretario de Hacienda, forman parte de esas definiciones políticas.

   Si no fuera con el PRD, el PAN todavía tiene la posibilidad de alcanzar mayoría en ambas cámaras sin contar con el PRI, siempre y cuando entablase acuerdos con varias de las fracciones parlamentarias más pequeñas. Los diputados que no forman filas en ninguno de los tres partidos principales suman 61 (el 12% de los 500 legisladores que hay en esa Cámara) y habría diversas combinaciones para que los 206 diputados panistas lograsen, con algunos de ellos, el mínimo necesario. En el Senado, en donde Acción Nacional tiene 52 de 128 escaños, los legisladores del PVEM, Convergencia y el Partido del Trabajo, además de un senador sin partido, son 17.

   Así que al menos desde el punto de vista aritmético, pero con serias posibilidades de que los números sean políticamente realistas, el PRI no resultaría absolutamente indispensable para que el gobierno y su partido lograsen la fiscal y quizá otras reformas. De hecho, los más interesados para que dentro del PRD prevalezca la línea de obcecación y terquedad de López Obrador son los priistas más dinosáuricos. Mientras el PRD se mantenga refractario a la política y sus decisiones, el PRI le resultará más necesario al gobierno y al PAN.

   ¡Qué paradoja! O qué situación tan emblemática de los intereses que hay detrás de las diversas expresiones de la vieja política, tanto en el priismo elemental como en el segmento más ofuscado del PRD. Hoy en día, la mejor posibilidad que tienen personajes como Mario Marín y Ulises Ruiz para quedar a salvo de la aplicación de la justicia es el endurecimiento en el PRD –para que, entonces, el PRI le resulte indispensable al gobierno y al PAN–. Los extremos se juntan. O, quizá, nunca han estado muy distantes.

   El desconocimiento legal de la candidatura de Jorge Hank Rohn para el gobierno de Baja California se añade a esas vicisitudes del PRI pero, también, confirma hacia donde soplan las adhesiones y afinidades en ese partido. El alcalde con licencia es víctima de una curiosa disposición legal que fue aprobada hace cinco años por su partido. La decisión del Tribunal Electoral de aquella entidad para aplicar la ley invalidando la postulación de Hank, ha sido tomada por priistas dentro y fuera de Baja California como muestra de que hay una confabulación en su contra. Pero la única maquinación que hoy damnifica a ese partido la han cometido los propios priistas. El problema de Hank Rohn no es principalmente el incumplimiento del artículo 42 de la Constitución de Baja California sino el abuso excesivo del poder, la insolente jactancia de un enriquecimiento no siempre claramente lícito, la exhibición de aficiones y costumbres ofensivamente onerosas. La personalidad de Hank Rohn es controvertible ética, pero también estéticamente. A ese individuo, el PRI lo respalda para que sea gobernador.

   Hank, Ruiz y Marín son los tres, aunque con diferentes trayectorias e infracciones, paradigmas de un priismo arbitrario y arcaico que no ha querido desaparecer. Los tres están acusados de atropellos legales de distinta índole pero, además, tienen una pésima fama pública forjada con sus propias y ostensibles acciones. El PRI para protegerlos, presiona con dejar de apoyar reformas de ley. Pero en una alianza parlamentaria ese partido no es necesariamente indispensable. Y de cara a la sociedad, al comprometerse con personajes como ésos el PRI confirma en dónde siguen estando sus verdaderas querencias. ¿Arquetipos? Ah, qué tipos. 


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