El berenjenal minero

Publicado en La Crónica de Hoy el 16 de agosto de 2007

   Reynaldo Hernández González fue despedido el año pasado después de la huelga que se mantuvo durante varias semanas en la mina de Nacozari, en Sonora. El sábado por la noche él y cerca de 80 de sus compañeros, también despedidos, estaba preparando un mitin que planeaban realizar al día siguiente en la plaza principal del municipio. Entonces, fueron atacados por docenas de trabajadores aparentemente recién salidos de la mina y que iban protegidos por gente armada. Se escucharon varios disparos. Los mineros despedidos echaron a correr pero Hernández González ya había sido alcanzado por un balazo.

   Raymundo Hernández quedó muerto. Sus compañeros y familiares aseguran que se debió a un disparo de bala. Las autoridades judiciales de Sonora y la Compañía Minera México sostienen que recibió una pedrada.

   La empresa, que mantiene un peculiar activismo convertida en vocero tanto del gobierno estatal como de la corriente que se opone a la dirección nacional del Sindicato Minero Metalúrgico, insiste en que los despedidos querían asaltar la mina de Nacozari y que cuando se encontraron con trabajadores que salían de ella sobrevino el enfrentamiento. En otras versiones se involucra a los mineros de la vecina Cananea, que están en huelga desde el 29 de julio y respaldan a los despedidos de Nacozari.

   La prontitud la empresa para insistir en la versión de la pedrada contrasta con las dificultades de los familiares y compañeros de Reynaldo Hernández para tener un dictamen confiable sobre las causas de la muerte. Algunos de ellos estuvieron detenidos durante más de 48 horas sin que hubiera motivos para que les fincaran cargo alguno. Varios diarios de Sonora que han ofrecido versiones del conflicto laboral notoriamente apegadas a las posiciones de la empresa, aseguraban el lunes que la muerte de Reynaldo Hernández había sido causada por sus propios compañeros con el propósito de escalar el conflicto en beneficio de la dirección nacional del sindicato.

   Esa ridícula versión no se sostuvo. Pero es significativa de la polarización y la confusión que dominan al conflicto entre el Sindicato Minero Metalúrgico y el Grupo México.

   El año pasado, como puede recordarse, el gobierno del presidente Vicente Fox quiso congraciarse con esa poderosa empresa desplegando una insólita persecución contra el dirigente nacional del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia. La Secretaría del Trabajo avaló la designación de una nueva dirigencia sindical sin que se cumplieran los procedimientos que establece la ley. De manera simultánea, arreciaron las acusaciones judiciales contra ese líder por el manejo de 55 millones de dólares que integraron un fondo para los trabajadores de cuatro minas –entre ellas Cananea– privatizadas años atrás.

   En desacuerdo con el reconocimiento gubernamental a una dirigencia a la que no respaldaban, miles de trabajadores iniciaron paros en distintos sitios del país. Varios centenares fueron despedidos, entre ellos el hoy fallecido Reynaldo Hernández y sus compañeros de Nacozari. El nuevo gobierno federal enderezó parcialmente el entuerto que había perpetrado la administración anterior y reconoció como dirigente nacional de los minero metalúrgicos a Gómez Urrutia –un personaje que jamás habría sido líder obrero de no ser por el nepotismo de su padre que lo puso en lugar suyo a la cabeza del sindicato pero que es respaldado por la mayoría de los trabajadores–.

   Aunque fue resuelto el litigio por la dirección gremial, se han mantenido tres causas de tensión entre sindicato y empresa. El encausamiento judicial contra Gómez Urrutia sigue vigente al grado de que él vive en Toronto para no ser aprehendido. Los paros del año pasado dejaron una secuela de división y despidos que no han sido resueltos. Y el Grupo México está empeñado en minar el liderazgo de Gómez Urrutia con recursos que van desde la promoción de uno o varios sindicatos blancos hasta una dispendiosa campaña de propaganda en televisión.

   Aparentemente esas tres circunstancias precipitaron el estallamiento de otras tantas huelgas –en Taxco, Sombrerete y Cananea– a fines de julio pasado. La dirección del sindicato asegura que las huelgas se deben a la reticencia de Grupo México para firmar un nuevo contrato colectivo con las secciones 17, 201 y 65 que representan a los trabajadores de esas minas. En esos tres sitios los trabajadores se quejan de que las condiciones laborales son tan deficientes que corren el riesgo de padecer un accidente como el de hace año y medio en Pasta de Conchos, en una mina que también es propiedad de Grupo México.

   Es altamente probable que los riesgos de trabajo en esas minas sean mayúsculos. Si la mencionada empresa no tomó previsiones suficientes para evitar el desastre que causó la muerte de 65 trabajadores en la tristemente célebre mina en Coahuila, es posible que tampoco lo hiciera en las canteras de Guerrero, Zacatecas y Sonora que están en huelga desde hace 18 días.

   Pero quizá esa no es la única causa de tales huelgas. Tanto la empresa como el mismísimo Secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguran que en las negociaciones, una vez estalladas las huelgas, la principal demanda del sindicato es que el gobierno auspicie la suspensión de las órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia. Es decir, de acuerdo con esa versión las huelgas en Taxco, Sombrerete y Cananea serían un recurso del sindicato para presionar, aunque sea de manera oblicua, por la exoneración judicial de su dirigente.

   Seguramente esa interpretación influyó para que, a una semana de iniciadas, las tres huelgas fuesen calificadas como ilegales por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El sindicato obtuvo sendos amparos ante esa decisión y ayer un juez le otorgó la suspensión definitiva en los casos de Taxco y Cananea (el caso de Sombrerete será resuelto hoy jueves). En otras palabras, las huelgas son legales y van a proseguir. Pero sólo podrían servir para mejorar condiciones y prestaciones laborales. La exigencia para que merced a esa suspensión de labores se aligere la causa judicial contra Gómez Urrutia difícilmente obtendrá resultados. Sería políticamente inadmisible que el gobierno se dejara presionar de esa manera. Y las denuncias contra ese líder no están en manos del Ejecutivo sino del Poder Judicial.

   Hayan tenido las causas que fuesen, las huelgas y el diferendo entre los trabajadores y la empresa cuentan ya con una víctima. Reynaldo Hernández no habría tenido que reunirse con sus compañeros para protestar si no hubiera sido despedido. Y hoy estaría vivo si esa reunión no hubiera sido confrontada por un grupo armado.

   El enfrentamiento del sábado por la noche en Nacozari pudo haberse evitado. Ayer en Milenio el presidente de ese municipio, Samuel Álvarez Araujo, asegura que desde varios días antes intentó comunicarse con el gobernador Eduardo Bours para alertarle sobre el empeoramiento de las tensiones entre los mineros que tienen trabajo y aquellos que fueron despedidos. Los funcionarios del gobierno estatal a quienes pudo comunicarles esa preocupación lo trataron con desinterés. Hoy ni siquiera son claras las circunstancias en las que murió Hernández. El presidente municipal de Nacozari es del PRD y el gobernador de Sonora es del PRI.

   El conflicto entre Grupo México y el sindicato está desbordando al gremio pero también a las autoridades. Los mineros se han dividido. El gobierno de Sonora y en alguna medida el gobierno federal se han alineado con la empresa, repitiendo el error que hace un año cometió el presidente Fox. Se trata de un asunto extraordinariamente enmarañado en donde danzan intereses prepotentes, alianzas sombrías y millones de dólares. Tras ese asunto están las condiciones ingratas y ahora las asechanzas brutales que sufren los trabajadores mineros. Si alguien merece justicia en este berenjenal, son precisamente ellos. Una forma de comenzar esa justicia sería esclarecer y castigar el asesinato de Reynaldo Hernández González.

  

 

ALACENA: Error en el IMER

   Sin ofrecer explicaciones al auditorio, esgrimiendo una peregrina concepción del rating y la competitividad que debe tener la radio considerada como pública y reproduciendo actitudes que han sido muy cuestionables en la radiodifusión comercial el director del Instituto Mexicano de la Radio, Héctor Villarreal, despidió repentinamente a los comentaristas del programa “Café encuentros” que se transmitía todos los días a las 9 de la mañana en dos de las estaciones del IMER. Entre los comentaristas de esa serie, que era un espacio de diversidad política y análisis inteligente, se encuentran Ricardo Becerra y Jorge Javier Romero, colaboradores de este diario.


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