El suicidio de la transición

La Crónica de Hoy, jueves 30 de agosto de 2007


   Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.

   Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.

   Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.

   Es natural que a los partidos no les gusten muchas de las decisiones del IFE. En esa tensión inevitable entre la autoridad electoral y los actores que compiten en los comicios se encuentra una de las claves que garantizan comicios limpios y confiables. Los partidos compiten bajo el escrutinio de un árbitro cuyas decisiones pueden no agradarles pero que tienen que respetar –y respecto de las cuales pueden inconformarse ante el Tribunal Electoral–. En los 11 años que llevamos con ese régimen de equilibrios y recursos ha sido frecuente que los partidos discrepen de las decisiones que toman las autoridades electorales. Pero las han tenido que acatar y ese respeto, aunque sea mantenido a regañadientes, ha sido garantía de democracia.

   Ahora sin embargo, los partidos quieren remover a los consejeros electorales. El PRD quiso echarles la culpa del desenlace de la elección presidencial del año pasado; inicialmente aquel desplante contra el Consejo General podía entenderse como la reacción del que está tan seguro de ganar que de pronto, enfrentado a la realidad de la derrota, no encuentra mejor justificación que desquitarse con el árbitro. Ya hemos comprobado, no sin tristeza, que ese partido es notoriamente refractario a la reflexión y a la sensatez. Pero aun así, sacrificar a los consejeros del IFE solamente porque han sido vistos como chivos expiatorios del fracaso que ese partido tuvo en las urnas, constituye un nuevo error mayúsculo de los perredistas.

   Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.

   Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.

   Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.

   Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.

   El PRI, por su parte, ahora tampoco quiere a los consejeros pero también debido al discurso ideologizado y falaz que construyó acerca de ellos. Los líderes de ese partido consideran que Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero, es un alfil de Elba Esther Gordillo y a fuerza de repetirla le han conferido a esa versión una verosimilitud que no tiene suficiente respaldo en los hechos. Si el presidente del IFE guardara algún aprecio por la “maestra” ese sería problema suyo mientras tal propensión no afectara el cumplimiento de sus obligaciones. Y nadie ha demostrado que Ugalde haya tomado o propiciado decisiones favorables a esa señora o al partido del que se hizo propietaria. La versión de que entre los funcionarios designados para encabezar las casillas de la elección de 2006 había una gran proporción de líderes del SNTE jamás fue comprobada y, en todo caso, dejaba a un lado el hecho de que tales designaciones fueron resultado de un amplio proceso en el que participaron todos los partidos.

   En el PRI se les olvida que la postulación de Ugalde fue, precisamente, sugerida por ese partido. Elba Esther Gordillo era coordinadora de los diputados priistas. Pero si recordamos la zarandeada y en varios momentos vergonzosa sesión del 31 de octubre de 2003 en San Lázaro, cuando fueron designados los actuales consejeros electorales, podremos advertir que el doctor Ugalde no era el principal candidato de la maestra Gordillo para ocupar la presidencia del IFE. Los regateos entre partidos, no alrededor de los méritos académicos o políticos sino acerca de las fidelidades que se les adjudicaban a los candidatos para llegar al IFE, definieron la lista finalmente aprobada por el PAN y el PRI. El PRD había promovido una conformación más diversa para el Consejo General del organismo electoral pero cuando sus diputados se empecinaron en un solo candidato para la presidencia del Instituto terminaron marginándose de esa votación. Al despotricar contra los consejeros los líderes priistas tratan de exorcizar el fiasco electoral y las querellas internas de su partido. En ambos casos se equivocan. Y en ese error, resquebrajan la institucionalidad electoral que el PRI tuvo el gran mérito de admitir y contribuir a edificar.

   El PAN, por su parte, se ha dejado convertir en rehén de la animosidad de los otros dos partidos. La necesidad del gobierno para que se aprueben algunas reformas fundamentales y ahora, antes que nada, la prisa para que se definieran las condiciones del informe de pasado mañana, han llevado a Acción Nacional a aceptar caprichos y revanchas perredistas y priistas. El PAN ha perdido la perspectiva que permite distinguir entre lo inmediato y lo indispensable. Si el presidente Calderón está detrás de ese comportamiento timorato que consiente en la destitución de los consejeros con tal de evitar abucheos en la ceremonia del sábado, habrá privilegiado la aclamación por encima de la transición.

   La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.

   De ocurrir así, resultará imposible seguir hablando de autonomía de la autoridad electoral. Sería muy difícil que las nuevas autoridades del IFE, cualesquiera que sean sus nombres y prendas, se aventurasen a sancionar a los partidos sin temer por la estabilidad de sus cargos y de la institución toda.

   Lo mismo en otros órganos formal o pretendidamente autónomos: después de este episodio a ver quiénes son los valientes que en instituciones como el IFAI, o la CNDH, se animan a desafiar el interés de los partidos políticos a riesgo de fraguar su propia destitución.

   Las reformas legales son plausibles cuando permiten adecuar el sistema jurídico a las nuevas realidades de la sociedad. En este caso, sin embargo, estaríamos ante una medida sin más propósito que desahogar rencores de la élite partidaria. Se trataría, por sus implicaciones, del suicidio de esta transición política.

 


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