La paja en el veto ajeno

La Crónica de Hoy, jueves 6 de agosto de 2007

 

   Sacar a la diputada Zavaleta de la transmisión televisiva de la ceremonia del sábado en San Lázaro fue una inexcusable torpeza de la Secretaría de Gobernación. La protesta de todos los grupos parlamentarios ha sido entendible e inevitable, máxime porque la censura no solo afectaba a una legisladora del PRD sino, antes que nada, a la presidenta de la Cámara de Diputados.

   Ahora sin embargo los partidos, o al menos PRD y PRI, insisten en perpetrar, en contra de la autoridad electoral, un abuso mucho más grave. La destitución de los consejeros del IFE sería un acto de revancha política por motivos desdichadamente impolíticos, como se comentaba hace una semana en esta página.

   Los legisladores que han clamado su legítima indignación por la exclusión electrónica al discurso de la diputada Ruth Zavaleta miran la paja en el veto ajeno. No quieren percatarse del tremendo atropello que están a punto de formalizar al incluir la remoción forzosa de los consejeros entre los cambios que implicaría la nueva reforma electoral.

   El desagravio a la presidenta de la Cámara fue del tamaño de la falta cometida contra su investidura. El breve mensaje censurado en la transmisión oficial fue incluido horas más tarde, en medio de la programación habitual de los canales de televisión. Gracias a ello tuvo una audiencia muy superior a la que hubiera logrado en los minutos previos a la llegada del presidente Calderón para entregar su informe de Gobierno.

   No era gran cosa lo que decía Zavaleta en ese mensaje. Las machincuepas retóricas para justificar su ausencia de la Cámara hubieran sido incomprensibles fuera del marco de acontecimientos absurdos, algunos de ellos rayanos en la esquizofrenia política, que ha singularizado al comportamiento de los partidos y especialmente al PRD. Durante varias semanas la sociedad mexicana, inerme ante las andanadas de inconsecuencias que le propina la llamada clase política, presenció el extravagante regateo por la ceremonia del informe.

   Los acuerdos finales, francamente nimios, fueron tomados unos minutos antes de que el presidente llegara a San Lázaro. Esa premura explica en parte la omisión del discurso de la diputada Zavaleta en la transmisión para los canales de televisión. Pero no hay duda de que se trataba de una decisión explícita. Manuel Feregrino, periodista de Radio Fórmula, ha narrado cómo los conductores de la transmisión televisiva estaban listos para aparecer en pantalla en cuanto comenzara la intervención de la diputada del PRD. Ya estaba previsto sacarla del aire.

   Ese desacierto, cometido por alguien con alta capacidad de decisión en el círculo cercano al presidente de la República, afectó mucho más al gobierno que al partido de Zavaleta. El mensaje que al día siguiente leyó Calderón en Palacio Nacional fue desplazado, en muchos medios, por la murmuración acerca de la censura a la legisladora perredista. Ese discurso, con miga y formulaciones interesantes, fue desatendido también debido al contexto autolaudatorio en donde lo expuso el presidente Calderón.

   No cabe duda de que la ceremonia de cada 1 de septiembre tiene que cambiar. La obligación constitucional para que el titular del Ejecutivo le informe al Congreso acerca de la situación del país es uno de los pocos puentes institucionales que hay entre ambos poderes. Conviene vigorizarla con mecanismos de interlocución en donde, junto con el intercambio, se aseguren respeto y reconocimiento mutuos. Si se acuerdan de atender ese tema, los legisladores podrían resolverlo antes de que, el año próximo, el 1 de septiembre se les venga encima. Faltan 360 días para esa fecha. Sería imperdonable que los dilapidaran en nuevos dimes y diretes.

   Aunque quién sabe. La capacidad de buena parte de esa llamada clase política para magnificar las disputas pequeñas y perder el horizonte de los asuntos realmente importantes parece inagotable. A menudo pareciera que sus integrantes se empeñan en ponerse zancadillas unos a otros y no en reconocer que los avances, cuando los hay, pueden legítimamente ser reivindicados por todos.

   Esa ineptitud para el acuerdo está atrancando las dos reformas que todos han considerado indispensables pero que se han enredado en disputas mezquinas y de exiguo aliento. La reforma fiscal, que de por sí era limitada y luego fue mermada por presiones empresariales y recelos partidarios, ahora se encuentra amenazada por las dificultades para acordar la reforma electoral. PRD y PRI insisten en negociar aspectos de una con cargo a la otra. Si no hay acuerdo en todo, amagan, no habrá acuerdo en nada.

   Al revolver ambas discusiones los partidos extravían el sentido de cada una de tales reformas. Resulta aberrante que los recursos para el gasto público dependan del regateo alrededor de prerrogativas electorales o, peor aún, de la vendetta política contra los consejeros del IFE. Pero en eso están.

   La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.

   Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.

   Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.

   Por otro lado se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.

   En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuándo una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)?. La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.

   No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.

   La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.

   La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.

   Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no habría motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.

   De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos –al menos PRD y PRI– no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.

   Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.

 


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