Sanciones tenues, sugerencias vanas

La Crónica, 29 de noviembre de 2007

   El agreste cabildeo de las televisoras, la intencionada confusión que han suscitado acerca de la reforma electoral y la indecisión de un buen número de legisladores están rindiendo frutos importantes: el amortiguamiento de las sanciones previstas en el proyecto de modificaciones al Código Electoral para las estaciones de televisión y radio que transgredan las nuevas disposiciones en materia de propaganda política constituye un retroceso respecto de la reciente reforma constitucional.

   Entre las sanciones que contemplaba el proyecto que está siendo elaborado por senadores y diputados de los principales partidos estaba la suspensión, durante varios días, de las transmisiones de aquellas emisoras que difundieran propaganda pagada en beneficio de algún partido o candidato. Ese castigo únicamente sería aplicado a las estaciones que reincidieran en dicha conducta. Es decir, se hubiera tratado de una sanción extrema para un comportamiento excesivo: si un concesionario decide transmitir mensajes pagados sabiendo que está prohibido y lo hace de manera reiterada, estará infringiendo la ley deliberadamente.

   Ahora esa conducta, de acuerdo con algunos legisladores, sería sancionada únicamente con la suspensión de la publicidad de la estación infractora durante un día o un día y medio. Senadores y diputados consideran que es preferible atacar el interés financiero de las televisoras, que depende en buena medida de la publicidad, antes que privar al público de sus telenovelas y espectáculos favoritos.

   Al admitir ese argumento de los concesionarios, el Congreso legitima la programación de las televisoras comerciales. ¿Qué es más importante para la sociedad, mirar la telenovela de más rating y las noticias tamizadas por el interés corporativo junto con las dosis de sensacionalismo que les imprime cualquiera de las dos televisoras nacionales, o que se garantice el cumplimiento irrestricto de las disposiciones en materia de propaganda electoral? Diputados y senadores aparentemente se inclinan por la primera opción. Con ello, contradicen la disposición que ellos mismos votaron hace dos meses y medio y que después de prohibir la contratación de propaganda política y establecer que la difusión de mensajes de campaña se realizará en los tiempos estatales en radio y televisión, indica al finalizar la tercera fracción del nuevo artículo 41 de la Constitución: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”.

   El Código Federal Electoral tendría que reglamentar, pero no avalar o soslayar ese mandato constitucional. La cancelación de transmisiones debería ser una medida perentoria, que se aplicara solamente a quienes quebrantaran la ley una y otra vez.

   Ese viraje al menos inicial de los legisladores ocurre después de una semana de amagos mediáticos por parte de las televisoras y de algunas casas editoriales que difundieron versiones incompletas, o falsas, de las reformas que han sido consideradas para el Código Electoral. En varios medios se dijo que habría impedimentos a la libre expresión en programas de discusión política en radio y televisión pero nunca, uno solo de quienes hacían tales afirmaciones fue capaz de precisar en qué artículo de esos presuntos proyectos estaba contemplada una disposición tan ominosa.

   También hubo referencias, como si fuera nueva, a la cláusula que anticipa la presentación, antes de cada campaña electoral federal, de los lineamientos que los partidos sugieren para la cobertura de sus actividades en los medios de radiodifusión. Ya se aclaró que esa previsión se encuentra establecida desde hace más de una década en el inciso 10 del artículo 48 del Código Federal Electoral. Allí se dice que los partidos representados en el IFE se reunirán con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión “para sugerir” tales lineamientos. Aparentemente en alguna de las propuestas que circularon entre los legisladores en vez de “sugerir” se decía “presentar” o algo así, de tal manera que en vez de una recomendación, como ha venido ocurriendo durante por lo menos cuatro elecciones federales, podría tratarse de una instrucción que hubiera atentado contra la libertad editorial e informativa de los medios de comunicación.

   Los legisladores han vuelto a la fórmula actual y ahora prevén que esa disposición establecerá que el IFE, y su Comisión de Radiodifusión, “sugerirán” pautas para el manejo informativo de las campañas. Aun así, se trata de una norma innecesaria. Los partidos y la autoridad electoral no necesitan estar expresamente facultados por la ley para hacer todas las recomendaciones que quieran. La legislación existe para establecer derechos, obligaciones y sanciones. Si se trata únicamente de exhortaciones, no hace falta que estén previstas en el Código Electoral.

   De hecho, desde hace años hemos considerado que esa disposición del Cofipe resulta innecesaria e inútil. El ejercicio retórico que cada tres años hacen la autoridad electoral y los partidos para que los medios se conduzcan con equidad, objetividad, claridad y respeto en la cobertura de las campañas resulta anodino pero, además, parte de una suposición harto discutible. Ni los partidos ni la autoridad electoral debieran entrometerse en las decisiones de los medios aunque se trate de la cobertura de asuntos de tanto interés público como son las campañas electorales.

   Cada empresa de radiodifusión debe tener toda la libertad necesaria para informar o incluso dejar de informar acerca de esos temas. Si un noticiero decide darle voz o imagen solamente a algunos candidatos y no a todos, o si en vez de reportar los discursos de un mitin de campaña se ocupa de otros asuntos, sería resultado del punto de vista que decida tomar al respecto.

   Desde luego si en esa cobertura hay mentiras, distorsiones o difamaciones, la televisora o radiodifusora estará obligada a presentar aclaraciones de acuerdo con las disposiciones que ya existen en la actual ley electoral para que los partidos tengan derecho a réplica y ahora, además, gracias a la reglamentación que tendrá que garantizar a todos los ciudadanos ese mismo derecho recientemente incorporado a la Constitución.

   Es explicable que los partidos quieran hacer sugerencias acerca de la difusión de sus campañas. Para eso no necesitan respaldarse en un artículo de la ley electoral. Y en todo caso, tales recomendaciones seguirán siendo emblemáticas e inocuas. Los medios de comunicación que son manejados con responsabilidad, no necesitan admoniciones de esa índole. Y aquellos que prefieren la distorsión, el sensacionalismo y la parcialidad como divisas de su comportamiento informativo, seguirán haciéndolo así al menos hasta que encuentren un nuevo contexto de exigencia y competencia.

   Si los legisladores están realmente preocupados por la información y el desempeño de los medios, lo mejor que podrían hacer es, en el plano de los asuntos electorales, dotar al IFE de los mejores recursos de supervisión y sanción. Y más allá de los comicios, tendrían que asumir con seriedad la asignatura pendiente que es la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión. El único camino para que tengamos medios con la diversidad y la calidad que merece la sociedad mexicana radica en abrir más opciones en la televisión nacional, crear un auténtico y autónomo sistema nacional de medios públicos y propiciar la evaluación crítica de los propios medios por parte de los ciudadanos.

 

ALACENA: Un ciudadano para el IFE

   Seguramente cuando, mañana viernes, se cierre la inscripción de autopostulaciones para formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, habrá suficientes opciones respetables e interesantes para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos miembros de ese organismo. Entre ellas se encuentra la candidatura que ha presentado Arturo Martínez Nateras.

   Luchador social toda su vida, Martínez Nateras fue dirigente estudiantil en los años sesenta y preso político durante tres años, después de la represión al movimiento de 1968. Fue dirigente en el Partido Comunista Mexicano, en 1976 coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa –cuya candidatura sin registro contribuyó a impulsar la reforma electoral– y una década más tarde participó en la dirección del Frente Democrático Nacional que respaldaba a Cuauhtémoc Cárdenas.

   Editor de revistas y libros, autor él mismo de textos importantes para entender el tránsito político del país en las décadas recientes, sus convicciones lo llevaron a colaborar con Luis Donaldo Colosio a comienzos de los años 90. En 1989 organizó el Seminario Internacional sobre Sistemas Electorales y entre sus libros se encuentra El sistema electoral mexicano. Entre 1990 y 1991 fue presidente municipal de su natal Tuxpan, en Michoacán.

   Acerca del proceso en el que ahora participa, Martínez Nateras considera: “En la elección de consejeros del nuevo IFE está en juego la voluntad de los actores políticos, la capacidad de los diputados para restituir a la sociedad una parte del poder y de la soberanía delegada. Todavía ahora y espero que por última vez, los ocho diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, son depositarios del patrimonio de la construcción del acuerdo. Sin embargo en nuestro país ya nada se puede hacer al modo de las cúpulas sin la intervención de la sociedad”.

   Y de sí mismo, apunta: “No soy un improvisado ni mucho menos un advenedizo. Soy un demócrata experimentado,  con más de 40 años de una todavía breve hoja de vida”. Si los legisladores están buscando a un ciudadano con experiencia política, probadas cartas democráticas y conocimiento institucional pero que además quiera ser consejero electoral, allí tienen a uno.


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