Ligereza en la Corte

La Crónica, jueves 6 de diciembre de 2007

La decisión que hace una semana tomó la Suprema Corte de Justicia ha sido entendida como respaldo a la impunidad. Los ministros sabían que la virtual exoneración del gobernador de Puebla tendría esa lectura en el ánimo de una sociedad profundamente indignada desde que se conoció la soez conversación telefónica de dicho funcionario con el empresario Kamel Nacif. Hubiera sido indeseable que se dejaran presionar por la opinión publicada acerca de ese caso. Pero en vez de tomar con seriedad la relevancia y las implicaciones de las agresiones denunciadas contra la periodista Lydia Cacho, la mayor parte de los ministros razonó su voto con carambolas y contradicciones.

La Corte resolvió, por 6 votos a 4, que no quedó demostrada la violación grave de garantías individuales de esa periodista. Tiempo atrás, en febrero de 2006, el Senado le había solicitado que determinara la existencia o no de tales infracciones de acuerdo con una disposición del artículo 97 Constitucional que permite la creación de comisiones especiales para averiguar hechos “que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

Hace un par de años Lydia Cacho fue demandada por el empresario Nacif debido a las denuncias que presenta en su libro Los demonios del edén acerca de las redes de pederastia en donde aparecían mencionados ese y otros personajes. A raíz de esa demanda, en diciembre de 2005 fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla por policías judiciales. El carácter punitivo de esa aprehensión fue revelado en la conversación telefónica difundida el 14 de febrero de 2006 y que el país conoció con una irritación que no cesa. Aunque obtenida de manera ilegal, esa grabación expone la en muchos sentidos vulgar complicidad de Nacif con el gobernador poblano para hostigar a la periodista.

La Corte tenía que establecer si esos acontecimientos significaron una “grave violación” de garantías individuales. En abril de 2006 designó una comisión investigadora cuyas conclusiones les parecieron insuficientes a los ministros. Una nueva comisión, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, comenzó en enero de 2007 su propia indagación. La discusión del informe que presentó a fines de junio tuvo que demorarse varios meses debido a que, antes, la Corte quiso reglamentar el tratamiento que daría a investigaciones de esa índole.

Después de una indagación amplísima, que recabó el testimonio de 117 personas y requirió informes de empresas telefónicas y autoridades judiciales de varias entidades, el ministro Silva consideró que sí existió violación grave de las garantías individuales de la periodista Cacho y que contra ella hubo una acción concertada de autoridades de Puebla y Quintana Roo. La propuesta de dictamen acusó al gobernador Mario Marín Torres, al ex secretario de Gobierno, el procurador, el secretario de comunicaciones y a una docena más de funcionarios y agentes judiciales de Puebla. También se culpó a media docena de funcionarios y agentes de Quintana Roo y, por otra parte, al presidente del Tribunal de Justicia de Puebla así como a ocho miembros más del poder judicial en esa entidad.

Las acusaciones presentadas por el ministro Silva Meza acreditaban una comprometedora maraña de complicidades e impunidades en dos de los tres poderes del estado de Puebla. Posiblemente esa amplitud y contundencia de las imputaciones influyó en la decisión final de la mayoría de sus colegas en la Corte. Aceptar las propuestas de Silva podría haber conducido a que el Congreso tuviera que declarar la desaparición de poderes en Puebla y, desde luego, la inhabilitación del gobernador Marín.

La discusión de ese dictamen ocupó al pleno de la Corte los días 26, 27 y 29 de noviembre. Durante dos de ellos, el debate entre los ministros se dedicó primero a establecer si la picante charla entre el aquiescente gobernador Marín y su confianzudo amigo Nacif podía ser tomada como prueba. El ministro Silva había advertido que el origen ilegal de ese documento impedía que se le considerase válido. Pero otros ministros recordaron que el propio gobernador aceptó que la conversación era suya.

Luego, el Pleno discutió durante varias horas si la Comisión investigadora tenía facultades para, además de las violaciones a las garantías de Cacho, investigar el problema de la pederastia y la pornografía infantil en México. El informe del ministro Silva contiene impresionantes datos acerca del crecimiento de esos delitos. A los ministros que impugnaban la inclusión de esos temas se les olvidó que ellos mismos, cuando designaron a la Comisión, la mandataron para que además de indagar una posible confabulación contra Cacho, tomaran en consideración otros elementos “que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales”.

El tema central, que consistía en determinar si existió “violación grave de garantías”, los ministros lo enfrentaron desde perspectivas diversas, varias de ellas notoriamente insuficientes. Los cuatro que consideraron que sí hubo tal transgresión –José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y desde luego Juan Silva Meza– coincidieron en que, además, hubo acción concertada de autoridades contra esa periodista. Y entre los seis que votaron en contra menudeó el esfuerzo para restarle importancia a las denuncias de Cacho.

Para el ministro Cossío, había versiones encontradas acerca del traslado de Lydia Cacho a Puebla. Pero recordó que además de ese episodio existieron violaciones a sus garantías individuales en los trámites del proceso judicial.

El ministro Genaro Góngora afirmó que, independientemente del valor probatorio de la conversación telefónica entre el gobernador y el empresario, las irregularidades en el procedimiento bastaban para demostrar una violación grave de garantías individuales.

Según el ministro Gudiño, la violación de garantías individuales y el concierto de autoridades, está plenamente demostrado gracias a la concatenación lógica de las pruebas presentadas por la Comisión. El ministro Silva ratificó su propuesta de resolución.

El más beligerante contra esa iniciativa fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Más que contundente en el terreno jurídico, resultó insistentemente burlón contra sus colegas e incluso al referirse a Lydia Cacho. Al ministro le parecía que las declaraciones de esa periodista, que cuando llegó a Puebla después de haber sido aprehendida en Cancún dijo que no había padecido incomunicación, tortura o presiones, descalificaban la denuncia que ella misma presentó después. Aguirre decidió que, entre las declaraciones de Cacho acerca de su traslado, la versión auténtica era la que había manifestado cuando, exhausta e intimidada, respondió que no tenía queja: “lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó”.

Para Aguirre, la conversación telefónica entre Marín y Nacif fue de “contenido más o menos soez” como si en la ordinariez hubiera medias tintas. Se mofó de la denuncia de Cacho acerca de una camioneta presuntamente ocupada por pistoleros al servicio de Nacif y que el día de su detención siguió a la comitiva judicial: “hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un trailer, para mí esto carece de toda significación”.

La ministra Margarita Luna Ramos consintió: “me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para… advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales”. Pero sostuvo que como son “posiblemente resarcibles” por otros cauces jurídicos, la Corte no tenía motivos para emitir una recomendación. Sin embargo la Constitución no señala que la aplicación del artículo 97 pueda ocurrir únicamente cuando los afectados en sus garantías individuales no tengan otro recurso legal.

El ministro Mariano Azuela convino en que toda violación de garantías individuales es grave. Pero en este caso “no está probada la violación gravísima de garantías individuales”. Así que además de interpretarla en perjuicio de la víctima, Azuela enmendó la Constitución: la violación de garantías tiene que ser “gravísima” (whatever that means) para que la Corte se manifieste al respecto.

El ministro Sergio Valls Hernández fue más directo: “no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho”.

En cambio la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que no había evidencias de tortura física pero sí de “tortura sicológica” como dice que sucede en cualquier traslado de acusados de una entidad a otra. En este caso, “parece ser que estos agentes sí fueron un poquito más allá”. La ministra Sánchez reveló: “he platicado con varias personas que estuvieron presentes cuando menos cuando ella llega precisamente al juzgado”. Según tales personas, Cacho inicialmente dijo que no fue maltratada durante el traslado a Puebla. No deja de resultar irregular que la ministra Sánchez haya tomado en cuenta, y quizá buscado, testimonios ajenos al expediente que presentó el ministro Silva.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidió en que hubo violaciones a las garantías individuales de Cacho pero “no adquieren el calificativo de graves”. Además opinó que no hubo acción concertada de autoridades. Y aunque la famosa llamada telefónica hubiera tenido el valor de prueba, dijo, no significaba que el gobernador se hubiera puesto de acuerdo con algún otro funcionario en contra de Cacho. Lo que esa grabación hubiera demostrado era “una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal” que, si acaso, había tenido “irregularidades menores”.

En otras palabras, para quienes negaron que hubo violación de garantías individuales el problema central se redujo a la dimensión de los agravios que padeció Lydia Cacho. Qué tanto es tantito, después de todo.

En las transcripciones de las tres sesiones no encontré la expresión que por lo menos media docena de comentaristas le han atribuido a Aguirre Anguiano: “si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora?” Varios de los ministros dijeron abundantes ligerezas en esa discusión. No hace falta que les inventen otras.

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