Última hora para el IFE

La Crónica, jueves 13 de diciembre de 2007

   Una de las mejores noticias en los tiempos recientes había sido la decisión de casi 500 ciudadanos para competir por las tres posiciones que el revanchismo de los partidos dejó vacantes en el Consejo General del IFE. El rango de habilidades disciplinarias y experiencias políticas de esos aspirantes era muy amplio: abogados, politólogos, profesores, economistas; especialistas en temas electorales; viejos y recientes luchadores sociales; comentaristas con alguna presencia mediática; antiguos consejeros del propio IFE y ex funcionarios de organismos electorales en los estados; investigadores universitarios; miembros del sistema judicial… Evidentemente no todos tenían méritos suficientes pero entre esos casi 5 centenares había una pléyade sorprendentemente cuantiosa.

   Por eso tenía gran importancia el proceso de selección a cargo de los partidos en la Cámara de Diputados. Sabiéndose culposos de la decisión para remover al todavía hoy presidente del IFE y a dos consejeros más, los diputados montaron un dispositivo en donde el show prevaleció sobre la deliberación.

   Desde el primer momento fue claro que la designación de los consejeros sería una decisión política como siempre ha ocurrido. No puede suceder de otra manera porque se trata de responsabilidades eminentemente políticas por mucho que, además, se requieran cualidades específicas para fungir como autoridad electoral. El problema es que el nombramiento de estos tres consejeros y la selección de aquellos que tendrán que ser destituidos antes de cumplir los siete años para los que fueron designados en 2003 está condicionada por una decisión injusta.

   La venganza política impulsada atrabiliariamente por el PRD, admitida marrulleramente por el PRI y admitida dócilmente por el PAN para deponer al presidente del IFE y a dos consejeros más, llevó a los diputados a improvisar un mecanismo de selección que supuestamente sería cristalino y pulcro. Pero de los 500 iniciales, los filtros establecidos para llegar a 106 candidatos fueron tan crípticos como caprichosos.

   En el poco más de un centenar de ciudadanos admitidos para ser entrevistados por las comisiones de diputados quedaron mexicanos notables por su conocimiento del tema electoral así como, en algunos otros casos, por su respetabilidad personal y política. El problema de esa lista no eran tanto los agraciados con un sitio en ella como varios de los excluidos, que tenían tantas o mejores credenciales que la mayor parte de aquellos 106.

   Nadie en San Lázaro ha sido capaz de explicar por qué de esa selección fueron apartados académicos de tan puntual conocimiento de los temas electorales como Álvaro Arreola Ayala y Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Arreola tiene varios años estudiando las legislaciones electorales del país y cuenta con experiencia práctica pues fue consejero electoral en el Estado de México. Meyenberg ha trabajado temas de cultura política y reformas institucionales y participó en la oficina de Comunicación del pasado gobierno federal.

   Como ellos, hay varios casos notorios de aspirantes que reunían todas las condiciones formales y varias de las cualidades políticas pertinentes para formar parte del cuerpo directivo del IFE pero que fueron inopinadamente descartados de esa posibilidad. Otro de ellos,  Pablo Javier Becerra Chávez, investigador y profesor en la UAM Iztapalapa, considera en una carta publicada este miércoles en el diario Reforma: “Los ciudadanos descartados nunca fuimos informados puntualmente de las razones de nuestra exclusión ni de los requisitos que, supuestamente, no cumplimos. No pretendo que mi participación en dicho proceso deba concluir necesariamente con mi inclusión entre los finalistas, pero me parece inaceptable que la Comisión de Gobernación pase por encima de mi trayectoria y de la de colegas de gran valía…”

   Esa queja y otras similares quedarán sin respuesta porque si algo define al proceso de selección que montaron los diputados, es la discrecionalidad. Las entrevistas con los 106 aspirantes fueron públicas pero no por ello hubo mayor transparencia. Gracias a que se difundieron en el Canal del Congreso fueron públicos méritos y personalidades de todos ellos pero, sobre todo, la ordinariez que desplegaron algunos legisladores contra los aspirantes que quisieron suponer adversarios suyos.

   La retahíla de insolencias que la diputada Layda Sansores descargó contra la doctora María Marván Laborde dibujó con nitidez la vergonzosa carga de necedad que sigue existiendo en nuestro Poder Legislativo. Heredera, literal y políticamente, del viejo caciquismo priista, si algo ha definido durante los años recientes a la ahora diputada Sansores es la carencia de principios a la que, en estos tiempos de difuminación de la realidad en aras de la corrección política, algunos denominan simplemente pragmatismo. Esa fue la diputada que, sin credencial democrática alguna y para sonrojo de la mayoría de sus colegisladores, propició con sus agresiones que la doctora Marván desistiera de seguir participando en el proceso para la llegar al Consejo del IFE.

   Con sinrazones y contradicciones, la nómina de 106 quedó reducida a 39. Y otra vez, los motivos para seleccionar a unos sí y a otros no quedaron en la oscuridad. Puesto que no se conocieron los criterios que supuestamente utilizaron los diputados para calificar a más de 100 aspirantes, puede suponerse que hubo alguna dosis de ignorancia y antipatía para descartar a varios de ellos.

   Nos quedamos sin saber por qué fueron excluidos ciudadanos como Mireille Rocatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rosa María Mirón Lince, investigadora en asuntos electorales y ex consejera del Instituto Electoral del DF; Fernando Serrano Migallón, sobresaliente director de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de obras sobre legislación electoral o Arturo Martínez Nateras, que además de ofrecer como aval su trayectoria política personal hizo propuestas muy puntuales sobre lo que hubiera hecho de llegar al IFE.

   A pesar de todo ello, si anoche los diputados responsables de la designación seguían entrampados, acaso no era por falta de opciones interesantes para cubrir las tres posiciones en el Instituto Federal Electoral. Entre los aspirantes que se mantuvieron hasta la fase final hay ciudadanos de largo y respetado recorrido en el servicio público como los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Ricardo Valero. Está el ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuyen simpatías políticas que él no ha querido tomarse la molestia de esclarecer. Hay varios ex funcionarios electorales como el ex presidente del IEDF Javier Santiago Castillo, la ex consejera de ese mismo Instituto María Elena Homs Tirado, el ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto y los ex consejeros del IFE Virgilio Rivera –que por algo habrá obtenido la mayor calificación en la puntuación que adjudicaron los diputados– y Mauricio Merino Huerta, mencionado desde hace varias semanas entre quienes tenían más posibilidades de ser seleccionados y que ayer en su artículo de El Universal advirtió a los partidos: “El consenso político que han venido anunciando no puede ser un asunto cosmético ni trivial, sino el principio de la reconstrucción de los acuerdos que le permitan a México volver a la ruta de la consolidación democrática”.

   También hay académicos de sólida obra en el campo de la ciencia política y la sociología como Víctor Alarcón Olguín, José Fernández Santillán y Leonardo Valdés Zurita, éste último además ex consejero electoral en el IEDF. Similar es la experiencia de Pablo Arredondo Ramírez que, a su desempeño como investigador y funcionario académico en la Universidad de Guadalajara, aúna la experiencia que tuvo durante tres elecciones como consejero en el Consejo Local del IFE en Jalisco. Arredondo podría aportar la visión de los estados del país que no siempre está presente en el organismo electoral pero, sobre todo, el conocimiento que tiene como especialista en la influencia política de los medios de comunicación.

   Y está desde luego, ampliamente conocido gracias a la comprensión especializada pero también a la sensatez que ha manifestado en el análisis de asuntos electorales el jurista y politólogo Lorenzo Córdova Vianello, cuya colaboración en varios medios de comunicación no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdova conoce los entresijos del IFE ya que fue asesor del presidente de ese Instituto durante los primeros años de esta década. Luego se fue a hacer su doctorado de Investigación en Turín. Córdova Vianello sabe de esos temas, está en una edad en donde la juventud comienza a ser una ventaja, cuenta con respeto y reconocimiento de los partidos, es inteligente y tiene sentido del humor.

 


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