Dignidad de Ugalde, ilegalidad de diputados

La Crónica, diciembre 20 de 2007

Atrapada en las indecisiones de sus grupos parlamentarios, al postergar la designación de los nuevos consejeros del IFE la Cámara de Diputados violó por lo menos cuatro disposiciones de la reforma constitucional que sus integrantes habían aprobado tres meses antes.

Esa transgresión forma parte del vergonzoso espectáculo que ofrecieron los diputados –y con ellos los dirigentes nacionales de los partidos representados en San Lázaro– al enredarse en una ya proverbial incapacidad para tomar acuerdos cuando están en juego cuotas de poder que cada segmento de la llamada clase política considera irrenunciables.

Apenas un mes antes, el 13 de noviembre, había quedado promulgada la reforma constitucional que a mediados de septiembre fue aprobada por los mismos diputados que ahora la infringieron. Junto con las importantes modificaciones constitucionales en materia electoral, allí estaban contenidas las disposiciones transitorias para la sustitución de los consejeros del IFE que serían destituidos sin que jamás hubiera explicación política expresa ni justificación legal alguna para ello.

El Artículo Cuarto Transitorio dice con toda claridad que, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esa reforma constitucional, la Cámara de Diputados tendría que haber integrado el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ese plazo se cumplió el 13 de diciembre.

Los legisladores tenían tan presente esa fecha que desde comienzos de la semana pasada intensificaron sus negociaciones para designar a los consejeros del IFE. El calendario que establecieron incluyendo el proceso de auto postulaciones, la inopinada descalificación de buena parte de los inscritos y la extravagante pasarela a la que fueron sometidos quienes llegaron a esa fase, estaban diseñados precisamente para respetar el plazo que concluía el día 13.

Ahora sin embargo, en una mezcla de cinismo y prevaricación a la cual los diputados han querido denominar realismo político, sostienen que no quebrantaron la ley. Además de tramposos han resultado mentirosos.

Junto al incumplimiento del plazo legal, la Cámara de Diputados contravino la reforma constitucional al no haber designado al nuevo presidente del IFE. Una tercera infracción ha sido el desacato al mandato para que, además, eligiera a dos nuevos consejeros electorales. Y una cuarta, la omisión para elegir a quienes, de entre los actuales consejeros, terminarán su mandato en agosto de 2008 y a los que continuarán hasta octubre de 2010.

Como resultado de esa indolencia de los diputados, el Instituto Federal Electoral quedó descabezado. Luis Carlos Ugalde no podía seguir al frente de esa institución porque la reforma constitucional le había puesto plazo fijo a la arbitraria terminación de su encargo.

Los líderes parlamentarios quisieron justificar su propia incuria para acordar la designación de los nuevos consejeros acudiendo a una leguleyada que ni siquiera ellos mismos se creen. El Artículo Cuarto Transitorio, que establece los plazos para la integración del Consejo General del IFE, incluye en su último párrafo la siguiente disposición:

“Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus encargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

Ese párrafo ha sido esgrimido por algunos de los diputados federales, especialmente por Emilio Gamboa que coordina la fracción del PRI, para manifestar que no hay ilegalidad al postergar la designación de los nuevos consejeros electorales. Somos tan previsores, han dicho esos legisladores, que al redactar los transitorios incluimos una cláusula de seguridad por si nos demorábamos en la designación de los consejeros.

También en eso mienten tales diputados. La reforma constitucional no la diseñaron ellos sino los senadores. La Cámara de Diputados aprobó sin modificación alguna la minuta que le envió su colegisladora. Y la previsión que incluye el citado párrafo del Cuarto Transitorio no deja lugar a dudas. Allí se aclara que los consejeros electorales que ya ocupaban esos cargos al momento de la promulgación de la reforma constitucional, seguirían en ellos durante los 30 días que, cuando mucho, transcurrirían hasta la designación de los nuevos funcionarios del IFE. Allí seguirían, se dice, “hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”. ¿Y qué es lo que dispone tal artículo? Pues precisamente los plazos para esos nombramientos: 30 días a partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

Los legisladores, cuando redactaron la reforma constitucional, estaban tan seguros de que en 30 días lograrían los acuerdos suficientes para designar a las nuevas autoridades electorales que, además de señalar un plazo específico, dejaron sin efectos los nombramientos de consejeros suplentes que el Congreso aprobó en octubre de 2003 cuando eligió a Luis Carlos Ugalde y al resto de los miembros del Consejo General del IFE.

Así que por donde se le mire no había manera de evitar, dentro de la ley, el cumplimiento de esa disposición. Los diputados la transgredieron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Y actuaron así ante la incapacidad de sus dirigentes parlamentarios para ponerse de acuerdo en la designación de tres ciudadanos para el IFE.

Esa infracción crea una situación de incertidumbre tanto para la autoridad electoral como para el sistema político mismo. Seguramente nadie declarará ilegal al actual Consejo del IFE aunque habría motivos jurídicos para hacerlo. Pero la erosión política que se infligen a sí mismos y que propagan por el resto del entramado legislativo e institucional señala ya los límites de la extraordinaria capacidad de acuerdos que el Congreso había demostrado tanto en la reforma constitucional como en la elaboración del nuevo Código Federal Electoral.

No es de extrañar que los inmediatamente afectados por esa reforma, que son los propietarios de las cadenas de la televisión privada, señalen de manera acusadora, e incluso festejen marrulleramente, el desatino de los diputados al postergar la designación de los consejeros electorales. Lo menos que podría decirse es que esos legisladores les regalan a sus adversarios una espléndida ocasión para denostar al Congreso. Pero es inevitable recordar que las posiciones más críticas respecto de las empresas de radiodifusión privada se han extendido especialmente en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados. Y uno de los operadores del fallido intento para acordar la designación de los consejeros electorales ha sido nada menos que Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priista a quien por muchos motivos se ha podido considerar, en distintas circunstancias, como abanderado de Televisa.

Claro que si Gamboa y su fracción han desempeñado un papel central en este diferendo ha sido por omisiones de los partidos que tienen más representantes en San Lázaro. Según distintas versiones, el desencuentro de los diputados se originó en la obcecación del PRD para no aceptar como presidente del IFE a nadie que no fuera don Genaro Góngora Pimentel. Los motivos del PAN para oponerse a ese ministro de la Corte no han sido claros y aparentemente están más fundados en suposiciones acerca de las simpatías de Góngora que en hechos o decisiones verificables.

Pero como quiera que fuese, era un hecho que ese personaje no reunía el consenso de los tres partidos que se ha considerado necesario para que la nueva autoridad electoral tenga suficiente respaldo político. Al aferrarse a una sola opción el grupo parlamentario del PRD, comenzando por su coordinador Javier González Garza, se convirtió en simple correa de transmisión de las fobias y los vetos de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ellos, el ex candidato presidencial consiguió boicotear la designación de la autoridad electoral.

Los diputados del PRI y el PAN, al carecer de una política precisa que orientara esa decisión, quedaron atrapados en el regateo por posiciones coyunturales. Con el vulgar trapicheo al que quedó supeditada esa designación y junto con los ya mencionados atropellos legales, el IFE quedó más maltratado que nunca.

En ese contexto adquiere mayor sentido la decisión de Luis Carlos Ugalde. Con su renuncia, anunciada el viernes 14 de diciembre, el consejero presidente les reviró a los diputados la bofetada política que le habían propinado al destituirlo. Quienes han incumplido la ley y ponen en riesgo la estabilidad del IFE son ellos. Los promotores de la remoción jamás demostraron que Ugalde hubiera cometido alguna falta legal. En cambio, quienes lo separan de ese cargo no son siquiera capaces de cumplir los plazos y las formas de las modificaciones constitucionales que ellos mismos aprobaron.

La renuncia de Ugalde tiene alcances políticos y también éticos. Allí se dice, con toda razón: “El IFE no puede ser sujeto de los vaivenes y desacuerdos de los partidos. El IFE merece respeto porque lleva a cabo una función central en beneficio de los ciudadanos. La dignidad del IFE está por encima de los intereses de los partidos”.

La torpeza política de los diputados le dio al doctor Ugalde la oportunidad de reivindicar una dignidad que nunca dejó de tener como presidente del IFE pero que ha sido especialmente ostensible en la última decisión que tomó al ejercer esa responsabilidad. Luis Carlos Ugalde se va del IFE con la certeza de que cumplió razonablemente bien con las complejas obligaciones de ese cargo. Las equivocaciones políticas que pudo haber tenido nunca fueron resultado de la mala fe y jamás implicaron contravención de la ley.

El patético espectáculo que ofrecieron los consejeros electorales, que cuando tuvieron necesidad de reemplazar a su presidente se interesaron más en dirimir rencillas domésticas que en preocuparse por el IFE, contribuye a explicar algunas de las dificultades que enfrentó Ugalde durante su gestión. Es difícil llegar lejos con la mayor parte de esos consejeros, que no han sido capaces de mirar más allá de la esquina de Tlalpan y Periférico Sur. Andrés Albo, uno de los más rescatables de entre ellos y que en distintas circunstancias ha manifestado prudencia y talento, quedó provisionalmente a cargo de la presidencia.

 


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