Libertad de expresión: errores y sinrazones

La Crónica, jueves 3 de enero de 2008

La demanda de amparo que varios escritores y periodistas promovieron contra una de las fracciones de la reforma constitucional en materia electoral confirma que, en ocasiones, los buenos propósitos marchan por senderos tortuosos y contradictorios. Esos intelectuales, la mayor parte de ellos muy destacados, consideran que la prohibición a la contratación de propaganda electoral en radio y televisión “conculca su libertad de expresión”.

   Para llegar a esa afirmación, los promotores de la demanda parten de varias suposiciones erróneas. Persuadidos quizá por una información parcial, confunden la libertad de expresión con la posibilidad de comprar espacios en medios electrónicos. Y entonces, ofuscados por el disgusto que les suscita esa taxativa, consideran que todas sus posibilidades para expresarse públicamente quedan impedidas por la nueva disposición constitucional.

   En la petición de amparo que presentaron en diciembre esos escritores y periodistas estiman, según la información periodística: “En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Allí aparecen varias contradicciones.

   La reforma constitucional, en el tema que es motivo de esa demanda, no cancela derechos de particulares debido a la actividad que realizan. Simplemente establece que nadie, absolutamente nadie, podrá contratar espacios para propaganda política en televisión o radio. En esa restricción están incluidos los poderes públicos, las instituciones civiles o privadas, los ciudadanos a título individual y desde luego los partidos políticos. La única propaganda de carácter electoral que se podrá difundir en medios electrónicos será aquella que, a petición de los partidos, encauce el Instituto Federal Electoral en los tiempos de carácter estatal que ya existían en televisión y radio y que ahora serán utilizados para transmitir tales mensajes.

   Los motivos de esa disposición han sido ampliamente argumentados. La contratación de propaganda electoral en televisión y radio llegó a ser una fuente de distorsiones cada vez más graves en contra de la equidad deseable en la competencia electoral. Las empresas televisoras, beneficiaban o perjudicaban a los partidos al ofrecer tarifas y horarios de transmisión discrecionales. El gasto en contratación de spots en esos medios ascendió a cerca de 2 mil millones de pesos en las campañas electorales de 2006. Y, por otra parte, la intervención de particulares que produjeron y financiaron anuncios electorales añadió un ingrediente más de arbitrariedad a la competencia entre los partidos.

   Cuando estaban por realizarse las elecciones de aquel 2006, el Consejo Coordinador Empresarial promovió una campaña mediática contra la candidatura de López Obrador. Independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con los contenidos de esos anuncios, se trataba de mensajes ilegales. Desde tiempo atrás el Código Federal Electoral, en su artículo 48, establecía que solamente los partidos políticos tenían derecho a “contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto”.

   Los escritores y periodistas que ahora se inconforman porque la reforma constitucional reitera esa prohibición nunca reclamaron contra ella durante los más de 10 años que estuvo vigente en el Cofipe. En 2006 los empresarios que pagaron spots pudieron burlar esa disposición porque no estaba acompañada de sanciones a quienes la infringieran. Ahora sí habrá multas para quienes quebranten esa norma pero, desde luego, no se encuentran establecidas en la Constitución sino en el Código Federal Electoral aprobado por el Congreso en diciembre pasado y cuya promulgación ha sido inquietantemente demorada por el Presidente de la República. Las sanciones que allí se establecen son especialmente severas con la empresas de radiodifusión que acepten dinero por difundir propaganda electoral.

   La reforma constitucional y su ley reglamentaria ratifican y precisan una restricción que ya existía y la hacen extensiva a los partidos políticos. Nada, absolutamente nada, cambiará en el ejercicio de la libertad de expresión. Los promotores del juicio de amparo se equivocan cuando dicen que ahora “estarán automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Esa exclusión ya existía. Quizá no se habían dado cuenta porque nunca tuvieron interés ni necesidad para contratar espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos porque muchos de ellos son asiduos participantes en espacios de discusión y opinión que hay en los medios electrónicos.

   Los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole. La libertad para expresarse en ellos no cambia ni un ápice debido a la reforma constitucional. Allí se encuentra el meollo del preocupante error en el que incurren los escritores y periodistas que promueven el amparo judicial. La libertad para expresarse en los medios no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de contratar espacios pagados en ellos. Sin embargo, en una voltereta retórica tan arriesgada como desatinada, a partir de esa inexactitud se llega a la conclusión de que la opinión y la discusión en los medios electrónicos quedarán limitadas.

   En la demanda de amparo, de acuerdo con las versiones periodísticas, se dice que la reforma constitucional elimina “el derecho de los quejosos para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad”.

   Pero el ejercicio de tales atributos –igualdad y equidad– no ha dependido jamás, hasta donde sabemos, de la capacidad que esos escritores y periodistas, o cualquier ciudadano, puedan tener para pagar spots en televisión y radio. Estamos seguros de que a ninguno de ellos les han cobrado por difundir sus declaraciones y opiniones –al contrario, en vista de que con frecuencia se trata de un trabajo profesional, son las televisoras y radiodifusoras las que tienen que remunerarles a esos opinantes frecuentes sus interesantes contribuciones–.

  El politólogo Federico Reyes Heroles, que ha encabezado la solicitud de amparo, ejemplificó en una entrevista una de las consecuencias que le preocupan de la reforma reciente: “si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra” (Milenio, 22 de diciembre). En efecto, los ciudadanos inconformes con ese presunto candidato no podrían contratar un anuncio pagado, en el también hipotético caso de que reunieran los fondos suficientes para ello. Pero tendrían la posibilidad de impugnarlo a través del mismo medio o de otros, ya fuese en sus propias colaboraciones periodísticas o haciendo valer el derecho de réplica, que precisamente en esta reforma, fue incorporado al artículo 6º. de la Constitución y cuya reglamentación está pendiente.

   En los últimos día de diciembre, la solicitud de amparo fue desechada por una juez federal. Los demandantes habían anticipado que insistirían por otros cauces legales. Es plausible que quienes no estén de acuerdo con una disposición legal tengan instrumentos jurídicos para impugnarla. Sin embargo en este caso hay un impedimento formal porque resulta bastante peregrino objetar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Por eso, igual que la que mencionamos, distintos jueces han rechazado otras demandas de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial contra la misma reforma constitucional.

   Al margen de esa discordancia jurídica lo más importante es el hecho de que varios escritores y periodistas, entre ellos algunos que habitualmente defienden sus puntos de vista con razones y hechos de reconocible solidez, en esta ocasión hayan incurrido en una postura tan desacertada. Acaso, en su adhesión a esa demanda influyó el disgusto contra los partidos políticos que han tomado decisiones tan inicuas como la destitución de los consejeros del IFE. Seguramente muchos de ellos están sinceramente convencidos de que hay una transgresión grave a la libertad de expresión.

   Quienes así lo consideran olvidan que la convivencia social obliga a que, siempre, el ejercicio de las libertades tiene limitaciones. Aunque la libertad de tránsito es una garantía constitucional, no tengo derecho a entrar al Periférico en sentido contrario. Aunque hay libertad para trabajar, la Constitución misma aclara que existen actividades ilícitas e incluso, hay profesiones cuyo ejercicio requiere de un título legal. Aunque la de expresión es una de nuestras libertades esenciales, hay reglas para ejercerla. No tengo derecho a pintarrajear con una opinión mía las paredes de un domicilio particular ni a pegar carteles en un monumento público, ni lo tengo para entrometerme en la vida privada de nadie, porque la libertad de expresión jamás se ejerce de manera irrestricta.

   Esas limitaciones, que son normales pero además necesarias en cualquier sociedad y sistema político, se les olvidan a los promotores del amparo. Algunos de ellos han llegado a decir que, a causa de la reforma constitucional, ahora no será posible criticar a los funcionarios públicos ni a los dirigentes políticos. Si así fuese, yo hubiera querido estar entre los primeros en oponerse a dichas modificaciones legales. Pero no es verdad que la reforma tenga tales consecuencias. Lejos de vulnerar libertades la actualización constitucional, en ese tema, propicia una competencia política menos inequitativa.

   En otros momentos he cuestionado aspectos que me han parecido indeseables de esa reforma constitucional en materia electoral. Junto a ellos, considero que ha sido un acierto terminar con la discrecionalidad que la radio y sobre todo la televisión han ejercido al manejar la propaganda electoral. No fue inesperado que Televisa y TV Azteca se inconformaran, incluso de manera tan tramposa y pendenciera como hizo la empresa de Salinas Pliego, contra esas nuevas disposiciones legales. Tampoco lo fue el respaldo de varios organismos patronales a esa causa de las televisoras. Lo que ha resultado preocupante es, por las exageraciones y confusiones que implica, la demanda de amparo de escritores y periodistas. Debido al respeto y aprecio que les ten a muchos de ellos he querido tomar en serio sus razones y señalar por qué me parecen erróneas y desafortunadas.

 

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