Legalidad

La Crónica, 7 de febrero de 2008

Para conmemorar el aniversario de la Constitución, antier en Querétaro, el presidente Felipe Calderón leyó un discurso de aproximadamente 7 cuartillas. En ese espacio se refirió por lo menos 28 veces a la ley, las leyes o a la “Ley Fundamental” que es el documento que cumplió 91 años. En otras 10 ocasiones el presidente mencionó, aunque no definió, el término legalidad. Dos de ellas las utilizó para convocar al país todo –poderes constitucionales, gobiernos municipales, estatales y federal, “a la sociedad entera”– a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.

   Nadie que apueste por la política institucional, ceñida a reglas y compromisos entre los actores de la vida pública, querrá ni podrá rehusarse a un arreglo de esa índole. El solo hecho de formar parte de alguno de los poderes constituidos ya sea como gobernantes, legisladores o jueces, hace de los servidores públicos sujetos obligados a un acuerdo tácito, pero también a reglas muy explícitas, con la legalidad. Y entre los ciudadanos, aunque a veces las leyes existentes no nos gusten es indudable que al tener derechos contraemos obligaciones y la primera de ellas es el acatamiento al orden jurídico.

   Todo eso resulta demasiado evidente. Pero al parecer no lo es tanto para el presidente Calderón porque si no se le nutre de contenidos específicos, el acuerdo al que emplazó en el Teatro de la República quedará en pura palabrería.

   La vieja política mexicana está repleta de discursos huecos. La redundancia en el lugar común y el abuso de una retórica que se agotaba en sí misma formaron parte de las rutinas del poder político. Quienes lo encabezaban, en buena medida por carecer de un proyecto de país o debido a que para ellos el proyecto nacional era aquel que se ajustaba a sus conveniencias, acudían con frecuencia a esos discursos repletos de fórmulas grandilocuentes pero ayunos de precisiones conceptuales y programáticas.

   Sería prematuro considerar que el discurso que el martes 5 de febrero ofreció el presidente Calderón para homenajear a la Constitución recala en esa triste y gastada tradición. Si le da contenido al pacto por la legalidad y la seguridad, ese mensaje quedará registrado como preámbulo de una cadena de decisiones posiblemente importantes. Pero si queda en la retórica sin sustancia estaremos ante una nueva expresión de la política que, a falta de fondo, se constriñe a las formas.

   A la legalidad, en ese discurso, el presidente Calderón la consideró como la vía que le permitió al país pasar a una convivencia ordenada y armónica después de los tiempos turbulentos que dieron origen a la Constitución. Legalidad e igualdad, dijo luego, son las garantías consagradas por la Constitución liberal de 1857. Es la vía para acercarnos “a los sueños e ideales de nuestros próceres”. También constituye el principio que debe regir a todo acto de autoridad. La formulación que más se acercó a explicar ese término la ofreció el presidente cuando consideró: “los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad”.

   Calderón, además, estimó que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad deben ser sancionados. En la lucha por la legalidad, añadió, ningún miembro de la sociedad debe quedar excluido. De allí su convocatoria al acuerdo “por la legalidad y la seguridad”.

   Legalidad es, en términos llanos, la cualidad de legal y el conjunto de normas legales que rigen en un país. Cuando el presidente de la República exhorta de manera tan enfática a que compartamos y cumplamos la legalidad, evidentemente anuncia él mismo su compromiso con ella. Pero el pacto que anuncia difícilmente podría ir más allá de una mera enunciación de reiteraciones porque todos, querámoslo o no, estamos obligados por el orden jurídico.

   Quizá, entonces, más que esa exhortación resulta relevante el hecho de que el presidente Calderón considere necesario formularla. Si el titular del Ejecutivo Federal cree que los responsables de instituciones y los ciudadanos todos, que de cualquier manera están obligados con el orden jurídico, deben hacer explícito ese compromiso, no puede ser sino porque advierte que el cumplimiento de la legalidad es débil o insuficiente. Y entonces podemos preguntarnos si una exhortación como la de Querétaro es la vía más pertinente para propiciar que las leyes se cumplan en nuestro país.

   Si esa admonición hubiera sido formulada por algún comentarista, o por un actor de la vida política sin responsabilidades institucionales, no habría motivo peculiar para ocuparnos de ella. Pero quien convocó a un pacto por la legalidad fue nada menos que el Presidente de la República. Como gobernante que es de todos los mexicanos resulta explicable que el presidente Calderón presente recomendaciones y amonestaciones. Pero además de ellas a la ley se le cumple, valga la perogrullada, haciéndola cumplir.

   Allí es donde falla la exhortación del presidente Calderón y no porque se pueda decir que su gobierno incurre en ilegalidades, sino porque se desempeña en un contexto acotado por ellas. Cuando los partidos políticos –incluyendo el partido del presidente de la República– transgreden la reforma constitucional que ellos mismos establecieron como sucede con la designación de los consejeros del IFE, para mencionar uno de los casos en donde con mayor impudor los legisladores disponen, modifican y rectifican a sus anchas, evidentemente es difícil reivindicar la legalidad.

   Con ese entorno tiene que lidiar quienquiera que se proponga propiciar el cumplimiento de la legalidad. Lograrlo no es solamente asunto de aplicar el orden jurídico, ni podrá conseguirse únicamente predicando con el ejemplo. Además hace falta consolidar una cultura de la legalidad comenzando por la todavía en buena medida cerril clase política que tenemos.

   Junto con esa clase política, hay actores de la vida pública para los cuales no hay más legalidad que aquella que ampara sus negocios e  intereses. Esa es la idea que prevalece acerca de las leyes en varios de los consorcios mediáticos más importantes del país. Para algunas de tales empresas se ha vuelto costumbre despotricar contra los políticos –y no faltan motivos para eso– sin reconocer los muchos atropellos que ellas mismas cometen tanto contra sus audiencias como con los mecanismos de competencia salvaje que practican a menudo. No habrá cultura de la legalidad sin un auténtico compromiso de los medios de comunicación. Allí se encuentra uno de los principales escollos para cualquier cruzada por el cumplimiento de las leyes.

   En ese panorama, además de incitar a la legalidad y de desempeñarse en observancia a ella el presidente de la República está obligado a conciliar entre las principales fuerzas nacionales, especialmente con los partidos. Gobernar, en la actual circunstancia mexicana, requiere de diálogo y arreglos constantes. En su discurso de Querétaro el presidente Calderón mencionó el término “acuerdo” en 3 ocasiones. Pero solamente una vez, y no en referencia a la conciliación que se requiere ahora sino para aludir a la pluralidad que había en el Constituyente de hace 91 años, mencionó la palabra “política”.

   Hace un siglo, en vísperas del movimiento social que luego daría lugar a la Constitución de 1917, había quienes sostenían que para gobernar se necesitaba poca política y mucha administración. Luego tuvimos gobiernos que, por ausencia de capacidad y/o voluntad, quisieron hacer lo contrario. Hoy en día México requiere de sus gobernantes mucha administración pero también mucha política. Sin ambos atributos, no habrá legalidad ni admoniciones que valgan.

  


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