Ridículo, marrullería, perplejidad

La Crónica, jueves24 de abril

Quizá es impropio de su investidura y sobre todo políticamente impertinente que lo diga, pero será difícil que alguien, sensatamente, ponga en duda la afirmación del presidente de la República acerca de la imagen del PRD y sus aliados: sus comportamientos recientes, “simple y sencillamente los ponen en ridículo”.

Es cierto, aunque no hacía falta que lo dijera. Pero se trata de una verdad parcial. El PRD y socios en esta aventura no son los únicos que están quedando en ridículo.

Al atraco político que cometen esos partidos, se opone el escarnio mediático de la ultraderecha. Frente a la intolerancia cerril de los lopezobradoristas, ha destacado la generalización maliciosa de quienes los comparan con el fascismo corriente. Se trata de exageraciones tan mayúsculas que resultan grotescas, estrafalarias.

La ocupación de las tribunas parlamentarias ha constituido una reiteración, cruda y dura, del talante antidemocrático que impera en el PRD así como de la inhabilidad del gobierno, el PAN y el PRI para asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les asignaron los ciudadanos. Pero ese asalto a los recintos legislativos no ha sido golpe de Estado, ni secuestro del Congreso, como se ha dicho con ligereza.

Las precisiones conceptuales no son, en este caso, florituras académicas. Hace falta definir qué está ocurriendo para entender de qué se trata. Lo que hemos presenciado desde hace dos semanas es un abusivo caso de extorsión política que ha tenido como propósito demorar el debate acerca de la reforma energética. En aras de ese objetivo Andrés Manuel López Obrador, y sus abiertos o vergonzantes seguidores, se han desplegado en tres terrenos simultáneos.

El primero ha sido el ámbito de los recintos legislativos gracias a la adocenada disciplina de senadores y diputados perredistas que, independientemente del bando que asuman dentro de la encarnizada disputa dentro de su partido, resolvieron ceñirse a los dictados del caudillo que hoy por hoy sustituye cualquier decisión o voluntad dentro del PRD.

Su segundo territorio es el de la calle, que no resulta ajeno a las prácticas de las izquierdas pero que en esta ocasión ha sido ocupado no para defender una reivindicación popular y mucho menos democrática –como solían hacer los agrupamientos de esa vocación ideológica– sino para impedir la discusión y en todo caso la decisión nacionales sobre el petróleo. En empleo de las “adelitas” ha sido por sí mismo suficientemente autoritario, caudillista –e incluso machista– para describir la índole antidemocrática de ese movimiento.

El tercer ámbito donde López Obrador y los suyos despliegan influencia y presencia es el de los medios de comunicación. Con la especie de que se les margina y censura, mantienen atemorizados a muchos de los medios y operadores mediáticos más relevantes que, entonces, se esfuerzan para darles cabida con tal de no resultar políticamente incorrectos o, en este caso, propagandísticamente condenables por parte del lopezobradorismo.

En esos tres frentes, los adversarios de las iniciativas presidenciales para la reforma de la industria petrolera han alcanzado un triunfo inicial. Lo que querían antes que nada era impedir la discusión de esas propuestas antes de que terminase el actual periodo de sesiones del Congreso y así lo consiguieron. Un logro adicional para esa controvertible causa ha sido la densa nube de confusión que se ha cernido sobre las propuestas del presidente Felipe Calderón y, en general, acerca de la cuestión petrolera.

Estamos, hasta ahora, ante un triunfo de la marrullería y el atropello políticos. No se trata de un recurso habitual en el litigio parlamentario como se ha querido decir en descargo de los legisladores perredistas. Ocupar la tribuna para defender su derecho a expresarse puede ser legítimo cuando a un diputado o senador se le quiere marginar en la discusión o la decisión legislativas. En ocasiones, la presentación de largas peroratas se convierte en recurso para dificultar la discusión parlamentaria. Lo que hacen ahora los legisladores del PRD, sin embargo, es impedir cualquier intercambio, cualquier debate en los recintos por excelencia adecuados para ello.

Se trata de un atentado a la política, a la deliberación y al desempeño del Congreso. Pero eso no es golpe de Estado como no lo constituyó, tampoco, el desafuero de López Obrador que hace tres años fue considerado de esa manera por algunos apologistas de ese personaje. Tampoco estamos ante un secuestro del Congreso porque, como a pesar de incomodidades y limitaciones ha demostrado la mayoría de sus integrantes, ambas Cámaras han seguido trabajando.

Esa expresión de marrullería política ha prosperado ante la perplejidad del resto de las fuerzas políticas y la confusión de buena parte de la sociedad. En ese río revuelto algún exaltado tuvo la ocurrencia de comparar a López Obrador con Hitler, Pinochet y Victoriano Huerta y, además del beneplácito de las televisoras, obtuvo recursos para comprar tiempo en ellas.

Se trata de un completo despropósito. Si nuestro ambiente público no estuviera tan crispado, el conocido spot habría pasado con más pena que gloria y sería reconocido como expresión de barbaridad e intolerancia. Pero con los ánimos políticos tan soliviantados, hay quienes han querido encontrar razonable la equiparación que se hacía en ese anuncio realizado para denostar a López Obrador y a los partidos que lo respaldan. Más allá de todo eso, el spot es ilegal de acuerdo con las normas aprobadas a fines del año pasado para la difusión de propaganda política.

El anuncio de marras viola la Constitución. No hay vuelta de hoja. Y esa transgresión constitucional ha sido alentada o dispensada por los grupos o personas que hayan contribuido a la difusión del spot, por las empresas de televisión y radio que lo transmitieron, por los medios de comunicación que aplaudieron esa difusión y, hasta ahora, por las autoridades del Instituto Federal Electoral que asisten extrañadas y apocadas ante esa violación de la ley que tienen la responsabilidad de hacer cumplir.

Tendría que ser innecesario, pero a menos de medio año de su promulgación hace falta recordar la más importante de las disposiciones de esa reforma al artículo 41 de la Constitución Política:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

El artículo 41 constitucional se refiere a la propaganda política en cualquier momento y no solamente cuando hay campañas electorales, como se ha llegado a suponer. El Código Federal Electoral, a partir de las reformas recientes, ratifica esas disposiciones y señala sanciones muy precisas para quienes las infrinjan.

En este caso el grupo que suscribe y que aparentemente pagó la difusión del spot, pero además las televisoras y radiodifusoras que lo transmitieron, tendrían que ser sancionados por el Instituto Federal Electoral. Al incumplimiento de la ley en el que ya había incurrido, Televisa añadió una infracción más al seguir transmitiéndolo después de que, el viernes pasado, el IFE había dispuesto que fuera suspendido.

Los consorcios mediáticos están poniendo a prueba la capacidad de los actuales consejeros del IFE para hacer cumplir la ley. Todavía está pendiente la sanción que impondrán –si se animan a hacerlo– a Televisión Azteca y a los partidos que conforman el llamado Frente Amplio Progresista por el spot que hace varias semanas anunciaba un mitin de López Obrador y que fue contratado al margen de la autoridad electoral. Después de esa contravención, hace apenas un mes, la difusión del spot que equipara a AMLO con personajes del fascismo histórico es un abierto desafío a los consejeros del IFE. Ellos reaccionan con tanta parsimonia que pareciera que no se enteran, o no entienden lo que ocurre.

Ante los abusos del ex candidato presidencial y su estridente claque, los promotores del engañoso spot promueven la ofuscación y la polarización. Sería igualmente maniqueo considerar que se trata de fuerzas equivalentes. El de Guillermo Velasco Arzac es, independientemente de los apoyos que pueda tener, un exceso cometido por un ciudadano frente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales en el que han incurrido senadores y diputados federales de PRD, PT y Convergencia. La del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno, A.C.” es una campaña mediáticamente vistosa pero nada más que eso, que realiza un pequeño grupo privado frente a omisiones y acciones de esos tres partidos nacionales que están empecinados en estropear el trabajo legislativo.

El saldo, hasta ahora, es que no hay debate sobre el petróleo. Y cualquiera que sea, cuando ocurra, la decisión acerca de las reformas para esa industria habrá quedado oscurecida por suspicacias y distorsiones promovidas por los prosélitos de López Obrador pero favorecidas, también, por la inhabilidad política del gobierno y el PAN. Ah, claro, y por la taimada actitud del PRI que no encuentra provecho en comprometerse con la reforma petrolera.

Así que el ridículo resulta evidente, pero no es patrimonio de una sola fuerza política.

Ahora que, si atendemos a la acepción precisa y advertimos que ridículo es aquello que provoca risa, entonces habrá que reconocer que la situación nacional se encuentra en las antípodas de ese adjetivo. Está, digámoslo claramente, para llorar.

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