Respuesta a Sánchez Susarrey

Publicado en La Crónica, jueves 10 de julio

Versión completa. Ver nota al final.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En aquel artículo de hace una semana La Crónica, como recordarán los lectores, sostuve que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde las ideas, con los eslóganes. A él le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y, víctima de su propia caricaturización, al final de su artículo ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que existe entre la deliberación y la propaganda.

Cuando él afirma, orondo con su capacidad de síntesis, “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, está citando lugares comunes que solamente tienen sentido político y sobre todo autoridad intelectual si son respaldados por datos, hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Octavio Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas pero no gracias a una inspiración súbita sino a la información que supo entender y decidió compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna muy manida pero discutible.

Si el debate público y específicamente la tarea de analistas y comentaristas como el propio Sánchez se limitara a concebir y recitar frases contundentes, y si tales máximas tuvieran que transmitirse en anuncios pagados en radio y televisión para alcanzar algún efecto, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que muchos otros colegas que analizan los asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

Así que Sánchez y quienes como él han considerado que la reforma constitucional acaba con la libertad de expresión pueden estar tranquilos. Lo que cancela esa reforma es una modalidad de propaganda electoral. Pero la discusión de ideas con razones, evidencias, argumentaciones, de ninguna manera desaparece. El problema con el vehemente Sánchez es que, al menos en esta ocasión, confunde el debate de ideas con el marketing.

Por otra parte, Sánchez dedica la cuarta parte de su artículo a reprocharme algo que no he dicho cuando reprueba otro aspecto de la reforma constitucional, el que se refiere a la prohibición para que los partidos denigren a las instituciones y a sus propios rivales. Asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania y me acusa de no percibir “ninguno de esos peligros”. La comparación entre la situación mexicana de hoy y la que había en la Alemania nacionalsocialista es bastante forzada, pero allá Sánchez con sus metáforas. Pero si vamos a ocuparnos de nuestras aptitudes perceptivas, lo menos que le puedo reconvenir es que no se haya tomado la molestia de leer mi artículo completo.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo, en otras ocasiones, he señalado sus contraluces. Pero en el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda por parte de particulares me parece pertinente, también hay aspectos de ella que están suscitando excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa disposición coloca a la autoridad electoral en una situación difícil al obligarla a establecer de qué manera entiende los alcances del verbo “denigrar”. En todo caso, y así lo he sostenido desde hace más de medio año, ese aspecto de la reforma electoral me parece innecesario, riesgoso y deplorable. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos mutuos. Por eso considero que la prohibición a las “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Precisamente por eso la mencioné en mi artículo del jueves 3, para recordar que los intelectuales que se ampararon contra un aspecto, uno solo, de la reforma constitucional, no tomaron en cuenta ese otro apartado discutible. Allí escribí: “Otro tema que Los Quince no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sánchez me recrimina no tomar en cuenta ese asunto, cuando fueron él mismo y sus compañeros de amparo quienes lo soslayaron en su demanda.

También me he referido al abuso que hacen las televisoras privadas al explotar la demanda de los quince escritores en beneficio de sus intereses corporativos. El señalamiento de esas implicaciones lleva a Sánchez a considerar que mi argumentación resulta estalinista (“no importa lo que se reclama sino quién apoya y a quién le favorece”). Encarrerado por el envión que él mismo se da, Sánchez recuerda la intolerancia de quienes defendían a los viejos burócratas soviéticos y al dictador cubano. Acelerado y sin freno de mano, rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo. Todo eso, porque escribí que los quince promotores de la demanda de amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial y entre ellas, el interesado respaldo que han encontrado en las televisoras.

¡Qué retorcida intolerancia de Sánchez Susarrey! Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquieta no sólo la pobre concepción que Jaime, por lo visto, tiene del análisis político. También me preocupa esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, Sánchez se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, entre otros motivos porque estoy convencido de que entre esos 15 ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él cuando embrolla lo que he dicho para eludir uno de mis cuestionamientos. Es incontrovertible que las televisoras han aprovechado la demanda de Los Quince para respaldar las quejas que tienen contra la reforma constitucional. Por eso escribí: “Resulta demasiado esquemático suponer que todo asunto que concite el aplauso de Televisa y Televisión Azteca resulta, solo por eso, cuestionable y sospechoso. Pero en este caso vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad. Esa es una implicación que Los Quince promotores de la demanda de amparo todavía no explican”.

En mi mismo artículo, que Sánchez leyó por lo visto solamente a retazos, reconocí que el día anterior, en Milenio, uno de los promotores más destacados de la demanda, Héctor Aguilar Camín, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Así que Sánchez me llama estalinista y totalitario por señalar alcances de su demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

ALACENA: Censura en Reforma

Una versión del texto que aparece en los párrafos anteriores, abreviada para que tuviera exactamente las mismas dimensiones del artículo de Sánchez Susarrey, fue censurada por el periódico Reforma que se negó a publicarla. Creo que más allá del debate con Sánchez, en este caso hay una flagrante transgresión al derecho de réplica que garantizan la Ley de Imprenta vigente y el recientemente adicionado Artículo 6º. de la Constitución. Es lamentable que un periódico como Reforma, que ha querido crear una reputación de seriedad, infrinja la ley y quebrante, además del derecho de réplica, el derecho de sus lectores a conocer la respuesta a un texto aparecido en sus páginas.

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